Mundo Obrero. Cuando dirigen los K: el convenio lechero, flexibilización y corrupción

Normalmente, el sindicalismo kirchnerista nos quiere vender que ellos sí pelean. El “resistiendo con aguante” se convierte así en un lema de “lucha” contra el gobierno. Sin embargo, la realidad es otra. Cuando los sindicalistas kirchneristas dirigen nuestros sindicatos, la flexibilización avanza y la corrupción -que no es otra cosa que el enriquecimiento a costa de millones de trabajadores- está a la orden del día.

El caso de ATILRA, dirigido por Héctor Ponce ligado a la Corriente Federal, es un buen ejemplo. Incluso, el año pasado ATILRA dejó pasar un convenio de flexibilización. Se trató de una negociación atada a la crisis de SanCor: el gobierno condicionó un salvataje al avance sobre el convenio, lo cual arrastró a todo el sector. De este modo, la patronal recibió favores: por ejemplo, se redujeron los aportes permanentes por trabajador. Sancor, por su parte, debió “reestructurar”, o sea, cerrar plantas, despedir y flexibilizar. ¿Qué hizo la burocracia K? En lugar de pelear por mantener todas las conquistas y los puestos de trabajo, dio vía libre a la iniciativa y al cierre de varias plantas. Todo con la excusa de “evitar  resultados peores” y a cambio de que no le desfinancien la caja del sindicato.

Cuando el gobierno debía librar otra partida, se llevó a cabo la negociación del convenio con los ministerios de Trabajo, Agroindustria y Producción y las corporaciones lecheras (CIL y Apymel). Allí se consolidaron iniciativas patronales que ya existían de hecho en las fábricas. En primer lugar, las horas extra tenían un sobrecosto de 150% por el trabajo durante los fines de semana. Ahora, en cambio, se incorporará la modalidad de trabajador contratado a tiempo parcial para los francos y los feriados, con un recargo del 100%. Un liso y llano ahorro patronal. Otro elemento será la polifuncionalidad y la eliminación de categorías por las tareas desempeñadas, así como un cambio en el régimen del presentismo, que se vuelve más exigente sobre los trabajadores, al calcularse de forma mensual y no semanal.

Claro, sobre esto, los trabajadores no tomaron ninguna decisión. El acuerdo bajó desde el sindicato, aprobado por los delegados de la burocracia. La oposición del sindicato (Agrupación Celeste y Blanca) tampoco hizo demasiado. En las fábricas no hubo asambleas ni reuniones informativas.

El asunto se agrava si atendemos al enriquecimiento de Ponce y compañía. Es sabido que la plata de ATILRA ha llegado a ser utilizada para auspiciar boxeadores, clubes o artistas, o construir boliches. De hecho, recientemente, diversos establecimientos de ATILRA en Sunchales (un supermercado, un Centro Educativo Tecnológico y una clínica, entre otros) fueron allanados. ¿Los motivos? Aún no son claros, dado el secreto de sumario: se habla de malversación de fondos, irregularidades en el manejo de las obras sociales, entre otras posibilidades. Como sea, está claro que un burócrata-empresario como Ponce difícilmente pueda representar los intereses de sus afiliados.

Como en todos los gremios, los trabajadores lácteos necesitan una salida obrera que ponga fin a las recetas patronales de cierres, suspensiones, despidos y entrega de conquistas laborales. La estatización bajo control obrero de todo el sector tiene que ser el horizonte. Para conseguirlo, no necesitamos burócratas que nos quieren convencer de votar a Cristina. Necesitamos una Asamblea Nacional de Trabajadores para decidir sobre nuestro futuro.

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