De marchitos y filántropos. Un nuevo avance de la precarización en la Universidad de Buenos Aires

a67nataliaNatalia Alvarez Prieto
Grupo de investigación de educación argentina-CEICS

Parece que la existencia de miles de docentes ad-honorem y de estudiantes-trabajadores precarizados como “pasantes” no ahorra lo suficiente. Hace falta un mayor ajuste. Una nueva ofensiva de la gestión de la UBA intenta convertir masas de estudiantes en mano de obra gratuita y cesantear a cientos de docentes. Un botón de muestra más de las luchas que tendremos que afrontar en los tiempos venideros.

Como vimos en números anteriores de El Aromo, el kirchnerismo -con el apoyo de la totalidad de las fuerzas políticas burguesas- se ha encargado de profundizar la precarización laboral de los estudiantes y docentes universitarios. Para ello, dispone de distintas herramientas, como el régimen de pasantías educativas y el trabajo no rentado de los ad-honorem1. Los gremios estiman la existencia en la Universidad de Buenos Aires de alrededor de 10.000 docentes en esa situación, lo que constituye aproximadamente un 30% del total.  Por si todo ello fuera poco, asistimos hoy a una nueva ofensiva. Esta vez, desde dos flancos aparentemente distintos. Por un lado, se introducen trabajos “solidarios” como condición obligatoria para graduarse y, por el otro, se recurre al cesanteo masivo de docentes “jubilables”. Se trata, nada más ni nada menos, que de un nuevo capítulo dentro de un gigantesco proceso de ajuste que intenta acabar con todas las conquistas de los trabajadores y estudiantes logradas al calor del Argentinazo.

Cesanteados

Desde principios de año, la Universidad de Buenos Aires busca cesantear a cientos de docentes, amparándose en el artículo 51 del Estatuto Universitario2.  Éste supone que todo profesor cesa en sus funciones el 1º de marzo del año siguiente a aquél en el que cumple sesenta y cinco años de edad. Sin embargo, tal artículo se contrapone a la Ley Nº 26.508, sancionada en el 2009, luego de un largo proceso de lucha, que establece el régimen jubilatorio para los docentes universitarios. Allí se indica que éstos pueden optar por permanecer en su actividad durante 5 años más, una vez cumplidos los 65. Desde el momento de su sanción, la gestión de la UBA pelea por echar por tierra la ley jubilatoria, utilizando la autonomía universitaria como caballito de batalla.
A través de la Resolución 2067, sancionada en marzo de 2011, el Consejo Superior de la Universidad dispuso habilitar la opción jubilatoria sólo para los profesores regulares (concursados), excluyendo a los interinos y a los regulares con concurso vencido. La resolución fue rechazada por los gremios en tanto, no sólo ataca al sector más precarizado de la planta docente, sino que claramente se orienta a dividir y debilitar el reclamo. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que la mayor parte de los cargos docentes se ven afectados en la medida en que la UBA no llama a concursos para cubrirlos.
La mayoría de los docentes afectados pertenece a las facultades de Ciencias Sociales (185), Filosofía y Letras (122) y Ciencias Económicas (103)3. En cuanto a los cargos, se trata en su mayor parte de Titulares, es decir, del nivel más alto del escalafón docente (un total de 244, 118 con dedicación simple, 59 semiexclusivas, 56 exclusivas y 11 Ad-Honorem). A ellos se suman unos 165 docentes Adjuntos (105 con dedicación simple), 97 Jefes de trabajos prácticos (57 con dedicación simple), 79 Ayudantes de Primera (71 con dedicación simple), 62 Asociados y 5 Ayudantes de segunda4.
Ahora bien, uno de los problemas más graves es que buena parte de estos docentes, dada la inestabilidad propia del trabajo que desarrollan, no llega a reunir los 25 años de aportes exigidos por la ley jubilatoria de los universitarios. En esos casos, quedan encuadrados bajo el régimen previsional general, establecido por la Ley 24.241, que desconoce el 82% móvil. En ese marco, en caso de jubilarse, los docentes pasarían a cobrar menos del 50% de su salario en activo (sin tomar en consideración los descuentos realizados por la ANSeS durante los primeros años en calidad de moratoria por no contar con 30 años de aportes). Por ello, jubilarse  significaría para muchos un retroceso profundo en sus condiciones de vida.

¡Así no!

Desde fines del año pasado, los gremios intentan impedir la implementación de la medida, presentando recursos de amparo frente a la justicia, denunciando la situación en los medios y en las calles, publicando petitorios, juntando firmas y dictando clases públicas. Todos ellos denuncian el desconocimiento por parte de la Universidad de la Ley jubilatoria conquistada en 2009. La Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), único sindicato clasista con representación docente en la Universidad, se ubicó al frente del reclamo realizando numerosas acciones contra las cesantías junto con la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). El sindicato llevó a cabo una campaña que incluyó miles de afiches denunciando la situación, reuniones y asambleas y la publicación de una solicitada que logró reunir más de 3.000 firmas de docentes, intelectuales, escritores y artistas. Durante el mes de marzo, junto a CONADU Histórica,  convocó a dos paros, sumando el reclamo a la pelea por la paritaria y por la reincorporación de los delegados del gremio despedidos del Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente del Rectorado de la UBA. En el mes de junio, el gremio organizó una “clase magistral” a cargo de un grupo de docentes afectados por la medida a la que asistieron, aproximadamente, mil personas. Por su parte, tanto la -kirchnerista- Gremial Docente de la UBA (FEDUBA-CTA), como la -moyanista- Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), tuvieron que posicionarse a favor del reclamo, si bien intentan limitarlo a un enfrentamiento con las autoridades universitarias, procurando no correlacionar el problema con el ajuste más general que pesa sobre la universidad pública. Recordemos que ambos sindicatos entregaron la última paritaria con un magro aumento (21%, en cuotas) en el contexto de una inflación galopante.
Por su parte, la gestión de la Universidad apela al desgaste de las acciones en tanto renovó unos 700 cargos docentes pero sólo hasta el 31 de julio de este año. Al mismo tiempo, a través de fuentes extraoficiales, hizo trascender la promesa de que los contratos se extenderían hasta fines de diciembre.
Uno de los argumentos más perversos esgrimidos por la UBA para justificar la medida es el que supone que los “mayores” deberían ceder su lugar a los más jóvenes, intentando caracterizar el problema como un conflicto generacional. En ese sentido, el Secretario General de la UBA, Carlos Más Vélez (UCR), sostiene que es necesario que “se pueda producir una renovación” en tanto habría “profesionales jóvenes con doctorados y maestrías que no pueden cumplir con su vocación docente”5. Por supuesto, se trata de un argumento falso por donde se lo mire, propio de una perspectiva darwinista de lo social. En tanto la mayor parte de la planta docente ejerce sin percibir un salario (ad-honorem) o se encuentra en los escalafones más bajos, el mentado conflicto “etario” muestra su verdadero contenido: se trata de un problema presupuestario. En ese marco, la creación de más cargos rentados y de cátedras -para, entre otras cosas, eliminar el difundido sistema de cátedra única y ampliar la oferta educativa- no es una posibilidad barajada por la gestión universitaria.
Ahora bien, una de las cuestiones que ha sido poco discutida, y que sin embargo resulta de primer orden, es el propio régimen jubilatorio. En ese sentido, no sólo debería pelearse contra el carácter compulsivo de las cesantías que pretende efectivizar la UBA, sino también por cuestiones centrales tales como la cantidad de años requeridos para acceder a la jubilación y el monto de los haberes. En relación a la edad de jubilación, está claro que debe variar en función de la actividad que se desempeñe. En ese sentido, a los 65 años, probablemente los docentes universitarios se encuentren en una excelente etapa de producción y desarrollo intelectual, dado el carácter de largo plazo que posee la generación y difusión del conocimiento científico. Ahora bien, tan importante como ello resulta que los haberes jubilatorios no sean una miseria y que los docentes universitarios, dada la precariedad laboral que caracteriza al sector, no deban trabajar más años para alcanzar el tiempo de servicio necesario para acceder al 82% móvil que promete la Ley (25 años). De no pelear por ello, se caería en la trampa de hacer propia la perspectiva de la docencia como vocación y apostolado. Al mismo tiempo, no se le ofrecería una alternativa real a los docentes en tanto, hasta el momento, continuar trabajando significa el único medio para mantener las condiciones de vida y no ver disminuidos sus ingresos. De mejorar las condiciones de vida de los jubilados, tal vez más de un docente que hoy no opta por jubilarse lo hiciera. Hecho que, por cierto, le posibilitaría, tal vez, un desarrollo mayor de su trabajo intelectual. En ese sentido, debemos pensar más seriamente las condiciones de la producción intelectual luego de la jubilación y, por tanto, las exigencias que debemos imponerle al Estado en ese terreno.

¿Solidarios?

Otra medida “sui generis” de la actual gestión universitaria es la implementación de la Resolución 520, aprobada por el Consejo Superior en mayo de 2010. De acuerdo a la resolución, a partir de 2013 los alumnos que ingresen a la Universidad de Buenos Aires deberán desarrollar trabajos “solidarios” para graduarse. De ese modo, se incorporan las “Prácticas Sociales Educativas” en el currículum que, en teoría, estarán relacionadas con la formación del educando. Los estudiantes de todas las carreras que dicta la UBA deberán realizar un mínimo de 40 horas de “educación solidaria”, a lo largo de su carrera, en “zonas vulnerables”. Con un repentino e insospechado amor por la militancia social, el rector señaló que la medida puede ser “un instrumento de cambio, acercando a la universidad a los sectores más desfavorecidos y ayudando a promover su desarrollo”6.
Por supuesto, en el claustro estudiantil hay oposición. Así, Alejandro Lipcovich, militante del Partido Obrero y presidente de la FUBA, denunciaba que “están disfrazando de solidario el trabajo gratuito de los estudiantes” y prometió iniciar una campaña en rechazo de la medida. Por su parte, Igal Kejsefman, militante de La Mella y también presidente de la FUBA, cuestionó la transformación del plan de estudios, si bien señaló su acuerdo con el “espíritu” de la iniciativa. Incluso, para sorpresa de pocos, la agrupación planteó una propuesta sumamente regresiva. A saber, ante el “riesgo” de que los estudiantes vayan a trabajar a empresas “con fines de lucro”, sostuvo que el “trabajo solidario” debería realizarse en ONG`s y organizaciones sociales. La agrupación debería enterarse que buena parte de las ONG´s se encuentran constituidas por organismos punteriles, pequeños capitales ineficientes en búsqueda de subsidios estatales (que sobreviven gracias a sus elevadas tasas de explotación) y organizaciones de lo más truchas del tenor de la secta del Maestro Amor.
Sin embargo, lo cierto es que el “nuevo” proyecto de la UBA fue resuelto hace ya dos años y, hasta el momento, las agrupaciones estudiantiles no han impulsado ninguna medida de lucha. Más aún, al momento de ser sancionado, dio lugar a un profundo desconcierto que no ha hecho más que demorar la respuesta estudiantil. En ese sentido, en 2010, el claustro de estudiantes se abstuvo de votar el proyecto en el Consejo Superior en tanto, en palabras del presidente de la FUBA por aquel entonces, Cristian Henkel (PO), no había sido definido claramente y, por tanto, desconocían “para dónde lo puede llevar la actual conducción de la universidad”7. Por otro lado, no debe descartarse la existencia de cierta mezquindad por parte de más de una agrupación que ve en estas prácticas la posibilidad de ganar espacios políticos y territoriales.
Esta medida se suma a la precarización laboral promovida por el régimen de pasantías del kirchnerismo, el cual proporciona mano de obra barata al capital. Ahora, con el nuevo plan, se agregarán cientos de miles de estudiantes como mano de obra gratuita (algo que ya sucede en el caso de las pasantías realizadas por estudiantes secundarios) que no sólo permitirán recortar buena parte del presupuesto estatal en materia social sino que, también, impondrán una baja en las condiciones laborales de los demás trabajadores. Por otro lado, con la implementación de la medida se impondrá un nuevo límite a la teórica “gratuidad” de la universidad pública. Es decir, la imposición de un mecanismo de “devolución” de lo que la sociedad le estaría dando a los estudiantes no es más que la exigencia de una contraprestación por un “servicio” educativo. Para la clase obrera supondrá doble paga, en tanto la universidad, al igual que la totalidad de la economía, se sostiene a partir de su explotación.
En teoría, las nuevas “Prácticas Sociales Educativas” se pondrán en relación con la formación del educando. Sin embargo, la realidad de los pasantes  muestra que no todo lo que brilla es oro y que puede mediar un abismo entre las formulaciones teóricas y la práctica. Es de público conocimiento que la mayor parte de los estudiantes que realizan pasantías lo hacen en trabajos que no tienen ninguna relación con su formación académica. Para ellos, se trata de una estrategia para obtener un ingreso y competir en el mercado laboral en mejores condiciones. A su vez, si se toma en consideración la política del kirchnerismo para Ciencia y Técnica, puede anticiparse fácilmente cuál será el contenido de esas “prácticas educativas”, en teoría vinculadas a las “necesidades sociales”: asistencialismo y socorro al capital8.

Próximas batallas

Bajo el régimen de pasantías, la venta de la fuerza de trabajo de los estudiantes por debajo de su valor se camufla bajo la idea de una supuesta “formación integral”. Ahora, se sumará la perorata de la “solidaridad” y la demagogia de la universidad al servicio de la población “vulnerable”. Al mismo tiempo, de efectivizarse las cesantías de los docentes “jubilables”, serán destruidos cientos de cátedras, equipos de investigación así como la trayectoria académica de numerosos intelectuales. Por ello, la lucha debe concentrarse no solo en la reincorporación de los cesanteados, sino en el régimen jubilatorio y en los beneficios post-jubilatorios, dadas las características del trabajo en la rama científica.
Esta situación suma un nuevo jalón en la profundización de la precarización laboral de los docentes de la UBA. Como señalábamos al comienzo, la universidad cuenta con aproximadamente 10.000 docentes ad-honorem (es decir, que no poseen un salario, ni aportes jubilatorios, ART y antigüedad, entre otros) y unos 12.000 que se encuentran en los escalafones más bajos (Ayudantes de Primera y de Segunda con dedicación simple) y que, por tanto, cobran entre 1.000 y 2.000 pesos. Esas tres categorías constituyen aproximadamente un 50% de la planta docente de la UBA.
Tanto las cesantías como las “Prácticas Sociales Educativas” expresan un hecho cada vez más visible: nos encontramos en la antesala de un ajuste feroz sobre la universidad pública. En ese contexto, dar las batallas correctas, será determinante. Se impone, entonces, pelear contra las jubilaciones compulsivas pero también contra el régimen jubilatorio actual y el vaciamiento de la ANSES. También, por la eliminación de las pasantías (y su reemplazo por becas) así como un rechazo total a cualquier tipo de trabajo estudiantil gratuito encubierto bajo el lema que sea.

NOTAS

1 Véase Álvarez Prieto, Natalia y Carlos Di Paolo: “Pase libre para el capital. A propósito del nuevo régimen de pasantías para la educación secundaria”, en El Aromo, n° 64, enero-febrero 2012.
2 Las cifras fueron calculadas en base al listado de docentes reincorporados hasta el 31 de julio de 2012.
3 A estos números se adicionan más de 30 cargos en los colegios Nacional Buenos Aires y Pellegrini
Página12, 23/03/12.
5 Clarín, 22/05/12.
Página12, 28/05/12.
7 Véase: De Luca, Romina: “Adiós a la ciencia: la nueva política nacional de investigación” en El Aromo.

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