El Hospital del Centro Gallego (Congreso, Ciudad de Buenos Aires) viene de una larga crisis, que llevó a su intervención en 2012, y de la que no parece salir. Actualmente, la situación reviste de mucha gravedad. Los trabajadores se encuentran en la mayor incertidumbre: la intervención a cargo del interventor judicial Martín Miguel Moyano Barro, ha avanzado con el cierre de varios sectores del hospital. Entre ellas, maternidad, pediatría, neonatología, farmacia, odontología, entre otras. Se redujo el número de camas: de unas 360 camas que disponía el hospital, se ha pasado a 50 en uso. Y es que el hospital ha restringido la atención a los mismos socios y a pacientes por obras sociales. Varios pacientes por PAMI son derivados. Ello se suma a la falta de insumos y equipamiento.
¿Cuál es el futuro de todo esto? Se tiene poca información precisa: en el pasado, la intervención ya amenazó con cerrar o concesionar el hospital. Incluso, desde hace siete meses, la misma advierte que es una posibilidad la negociación con la Fundación Favaloro. Algunos rumores indican que se trataría de testaferros de Ribera Salud y Centene Corp. Por lo pronto, es evidente que avanza una feroz “reestructuración” de la planta. El cierre de sectores supone despidos y aprietes de todo tipo sobre los trabajadores para aceptar nuevas condiciones de trabajo. Ello se ve acompañado de unos 100 retiros voluntarios y 150 vacaciones adelantadas. Son un preaviso claro de más despidos. No resultaría nada extraño que una futura venta suponga entonces una mayor precarización, cambiando trabajadores de planta por monotributistas o contratados, y avanzando sobre los convenios colectivos y la antigüedad. Efectivamente, es la estrategia de los capitalistas para reducir costos laborales, en consonancia con la reforma laboral que se viene. Respecto a los atrasos salariales, hay que decir que gran parte de los trabajadores no han percibido sus haberes de agosto. Y otros tan sólo han cobrado el 75%.
Al respecto, recientemente, los trabajadores Héctor Santiago y Sebastián Bustamante fueron despedidos. A ellos se sumó el despido de Elena Reta, del Sindicato de la Salud -enrolado en la CTA Autónoma-, el día 30 de agosto, recientemente reincorporada con la lucha. Se trata de despidos que se engloban dentro de una estrategia patronal más general: avanzar sobre las condiciones de los trabajadores, comenzando por el descabezamiento de sus activistas. En efecto, los mismos despedidos se habían puesto al frente de una lucha contra el pago en cuotas de salarios adeudados por la actual gestión.
La burocracia de ATSA, por otro lado, es cómplice de esta ofensiva patronal, exponiendo al conjunto de los trabajadores a sus efectos. Como si eso fuera poco, la misma patronal ya ha sido denunciada por defraudación, asociación ilícita, estafa y malversación de fondos públicos según consta en el Expte. Ccc 11212/2017.
Como se ve, para el capital siempre somos la primera variable de ajuste. Cuando los números no “cierran”, arremeten contra los trabajadores, haciéndonos pagar su propia crisis y argumentando que le “sobran” trabajadores. En realidad, no hay ningún trabajador ni servicio que “sobre”. Los pacientes que hoy se atienden en el hospital Gallego necesitan de todos y cada uno de ellos. Los que verdaderamente sobran son esta misma clase capitalista que lucra a costa de los trabajadores. Una muestra más de cómo funciona el servicio de salud bajo el capitalismo: se priorizan los “números” (es decir, que sea rentable para unos pocos) y no el nivel de la atención médica.
Por ello, para hacer frente a este ataque, que es un ataque al conjunto de la clase obrera, se vuelve más urgente que nunca construir herramientas de coordinación, que permitan articular las luchas que hoy se encuentran parcialmente aisladas. Debemos dar una respuesta de conjunto y con independencia de clase, para que finalmente la crisis la paguen los capitalistas. Apoyemos a los trabajadores del Centro Gallego contra el cierre y los despidos.
