Por: Rafael Vázquez
Misiones fue la primera provincia que cerró su acuerdo paritario con el gobierno. El acuerdo exprés concertado entre el Gobierno Provincial y UDPM se hizo de espaldas al conjunto de la docencia
cuando aún ni siquiera habíamos regresado a las escuelas. En la primera mesa paritaria, la central mayoritaria alineada con la CTERA suscribió el acuerdo sin siquiera consultar con sus bases. ¿Qué fue lo que se acordó? Bien, en 2018 se llevará el salario inicial a partir de abril – en el cargo testigo maestro de grado- a $11.400 con un básico de $4.500, mientras que el docente con un cargo de máxima antigüedad pasará a percibir $18.164. En el nivel medio esto es el equivalente a 15 horas cátedra. Por su parte un preceptor cobrará en el inicial $11.400 y el de máxima $18.040. Si bien el acta establece la posibilidad de revisión -una suerte de cláusula gatillo de acuerdo a las variables inflacionarias-, la experiencia 2017 sirve como antecedente de que tal revisión nunca se realizará. El acuerdo es más que vergonzoso si atendemos a la letra chica. Veamos.
¿De dónde obtiene el aumento el gobierno que la burocracia avala? De la ejecución de la cláusula
del +20% sobre el SMVyM (Salario Mínimo Vital y Móvil). Si el compañero con 0 años percibió,
por un cargo, en diciembre pasado $9.672, en febrero debería percibir los mentados $11.400 por
ejecución de dicha cláusula firmada por CTERA en la paritaria nacional 2016. Entonces, UDPM,
¿de qué aumento habla? Su acuerdo con la patronal no agrega un solo peso a un salario que los
compañeros que recién se inician ya sabían que iban a cobrar a partir de febrero. Para el resto el
escenario no es más alentador. Todo el supuesto aumento es financiado por los trabajadores
docentes vía reducción de aportes previsionales, es decir, desfinanciando al IPS. Según el acuerdo,
los aportes pasarán del 19% actual al 14% en el mes de abril. El propio acta acuerdo establece que
este punto es producto del proceso de Armonización de las cajas jubilatorias que todavía no fueron
transferidas a Nación, como es el caso de Misiones. Recordemos que en más de una oportunidad
funcionarios provinciales descartaron la posibilidad que la Armonización. Pues bien, la
Armonización llegó y además vamos a financiar nosotros nuestro propio “aumento” salarial. Otra
vez, ¿de qué aumento hablan?
En suma, el gobierno provincial y la burocracia adomista acaban de sellar un acuerdo que expresa la realidad del pacto fiscal: la crisis la pagaremos los trabajadores públicos con hambre y miseria. Para suavizar el golpe, la patronal aceptó prolongar la titularización a los cargos y horas vacantes
2016, en un proceso que está lejos de haber finalizado. La estrategia claramente rindió frutos el año
pasado donde se jugó con la desesperación de cientos de compañeros en situación de precariedad
absoluta. De esta forma se canjeo miseria por estabilidad. Hoy observamos la reedición de esa
exitosa fórmula pero el detalle es que la titularización pasada avanza a cuentagotas, la «recompensa” tarda demasiado en llegar. Entonces, al analizar el acuerdo alcanzado estamos muy
muy lejos de una recomposición salarial. La provincia no va a poner un solo peso y el supuesto
aumento no es más que dinero de nuestros aportes patronales.
En resumidas cuentas, la burocracia celeste estampó su firma en un nuevo acuerdo paritario que
significa un ataque frontal a las condiciones de vida de todos los compañeros ya degradadas. Como
si no fueran parte del problema, se plegaron al paro por 48hs de la CTERA y el Frente Gremial
opositor convocó a otras 72 hs. El paro fue flaco en la provincia y resta ver cuál es el horizonte que
se le va a ofrecer al conjunto de la docencia. Motivos nos sobran: salarios de miseria, crisis de infraestructura, reforma previsional en marcha, reforma educativa. El principal problema es que el frente opositor no toma los problemas que debería (reforma educativa, infraestructura) pero tampoco le marca un camino claro y diferente a los compañeros sobre cuál debería ser la lucha salarial a dar.
Un acuerdo de hambre
Ahora bien, ¿cómo ponderamos el aumento?, bajo qué parámetros medirlo. Si tomamos el maravilloso número del INDEC el docente y su familia necesitaban para superar la línea de pobreza e indigencia, en enero pasado, 16.973,83$. O sea, el docente que recién inicia se ubica por debajo de la pobreza oficial. Pero el cuadro se agrave si tomamos como referencia los datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. Una familia tipo (dos adultos, dos menores) necesitó en diciembre de 2017, 27.262$ para vivir. Si desarmamos los números nos encontramos con que necesitamos $8,847 solo para alimentarnos, con el resto deberemos pagar los gastos de la casa o el alquiler, el tarifazo de EMSA (según denuncias de varios consumidores arriba del 100%), el Gas con subas del 45%, el boletazo al transporte suba del 20% -falta la actualización de igual proporción en junio-, el agua, vestirnos, pagar los útiles escolares, etc. De ir al cine o salir a comer ni hablar. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Que ni siquiera un docente con máxima antigüedad cubre lo mínimo e indispensable para vivir, no olvidemos que hablamos de una canasta de miseria. Ni siquiera aquellos docentes que resignan su vida con dobles cargos y horas cátedra interminables, escapan de la situación. El docente “consume”, además, una canasta especial que debería ser remunerada reconociendo el conjunto de bienes culturales inherentes a nuestra labor. Deberíamos pelear por eso. El deterioro de nuestro salario es tan grande que hoy nos parece utópico un dato de la historia:
en la década del ’30 un docente que recién se iniciaba en la docencia cobraba por un solo cargo el
equivalente a dos canastas familiares completas de la época. En pesos de hoy, ese salario equivaldría a 38.100$. El tobogán descendente que siguió nuestro salario hace que hoy ese horizonte nos parezca impensado. Seguramente, no lo vamos a recuperar en esta paritaria. Tal vez, ni en la próxima, ni en la siguiente. Pero que fue posible nos tendría que llevar a sacar una única
conclusión: ese debe ser nuestro objetivo. Debemos caminar hacia esa recomposición. Como hoy
estamos muy lejos se impone el reclamo que nos permita alcanzar la canasta familiar REAL para un
solo cargo, canasta que debería ser una canasta docente. Pero ese no puede ser el punto de llegada
sino el de partida para más organización y lucha que nos garanticen una vida verdaderamente
humana. De lo contrario, seguiremos como los convidados de piedra de una historia olvidada. Pero
nuestra lucha tampoco puede limitarse a eso. ¿Qué educación queremos para nuestros hijos? ¿En
qué condiciones? Son preguntas indispensables que no solo debemos hacernos sino también generar respuestas. Al paso que peleamos por nuestro salario, si queremos sumar a la comunidad a pelear con nosotros, debemos encarar esa lucha de conjunto y mostrarles que nuestro salario importa pero también pelear por una educación científica, laica y socialista que combata la degradación. Un congreso educativo urge no solo para mostrar la degradación profunda de nuestro salario sino la del conjunto del sistema educativo e hilvanar respuestas posibles. De no hacerlo, le cedemos siempre la iniciativa a nuestro enemigo.
