Manos negras. El manejo de los precios del combustible para favorecer a los capitalistas, antes y después de la estatización

Damián Bil¹
OME-CEICS

Antes de la estatización parcial de YPF, el gobierno ya tenía una fuerte influencia en el reparto de la renta de la tierra petrolera en beneficio de los capitales radicados en la Argentina. ¿Cree que el cambio de manos de la ahora empresa semi pública es para dar un giro popular? Esta nota muestra que la trayectoria seguida apunta a lo contrario.

La estatización parcial de YPF abrió una serie de debates sobre los alcances de la medida. El gobierno plantó la bandera de la recuperación de la “soberanía hidrocarburífera”². O sea, reducir el déficit en la balanza energética. Además, a comienzos de junio se lanzó el plan estratégico 2013-2017, en el cual se enumeran los puntos a cumplir: aumentar la extracción, explotar yacimientos no convencionales (más costosos) y elevar la producción de derivados son los ítems principales. Para ello, precisa una inversión de 39.000 millones de dólares³.
Más allá del discurso nacionalista, la propuesta no es novedosa. Por el contrario, es lo que hizo el Estado argentino a lo largo de su historia. Es decir, afrontar la elevada inversión en ciertas industrias básicas como la siderurgia (ver en este número el artículo sobre SOMISA) o hidrocarburos. El fin: compensar la menor competitividad del capital local a partir de la provisión de insumos subsidiados, comprando insumos caros (como los tubos sin costura para la explotación petrolera a Siderca)⁴ o bien capturando porciones de renta mediante impuestos y otros mecanismos para transferir al capital. En este punto, la propuesta para la “nueva” YPF plantea más de lo mismo.

Subsidios al capital

Desde 2003, uno de los caballitos de batalla del kirchnerismo fue la “distribución de la riqueza”, con una política de precios favorable a la clase obrera y al mercado interno. Esto se habría reflejado en el precio de los combustibles y la energía. En efecto, el crudo en Argentina se vende por debajo del precio internacional: entre 2003 y 2011, el barril para el consumo interno se vendió un 37% más barato que el precio WTI y que el APSP⁵.
No obstante, esta relativa baratura del crudo no se trasladó al consumidor, debido a que los derivados de mayor circulación no respetaron esta proporción: el precio interno de los combustibles se encontró igual (gasoil), en un 8% menos (naftas) o 16% menos (kerosene) en comparación al precio de referencia⁶. Por si fuera poco, luego de que lo hiciera Shell, en los últimos días YPF aumentó entre un 1,4% y un 7% (según la región del país y el octanaje) el precio de las naftas en el mercado interno⁷. Si bien se argumentó que era una medida para atraer inversiones al ajustar la relación costo/precio⁸, no puede desligarse del déficit en la balanza energética. Ante el crecimiento de las importaciones, se reduce la posibilidad de mantener menores precios para subsidiar al resto de los sectores de la economía. En definitiva, a lo largo de la historia, la existencia de un crudo barato no se refleja en el precio de los derivados. La pregunta que surge es adónde va a parar esa diferencia.
La mencionada brecha se debe, en mayor medida, a que el Estado captura ese diferencial a través de impuestos a los combustibles, tanto a los líquidos como al GNC. Pero esa renta no es apropiada de forma íntegra por el Estado. Por diversos mecanismos, una porción fluye hacia otros sectores. Un carril es la venta de derivados exentos de gravamen a sectores de la industria básica, como la gasolina natural (para refinadoras) y la nafta virgen (para la industria petroquímica). Otro es la venta de fuel oil con precio preferencial para centrales eléctricas (desde hace varias décadas). Con el esquema de subsidios que se montó luego de la devaluación, el gasoil tiene un precio preferencial o reintegros que benefician a diversos sectores: transporte de cargas terrestre, fluvial y marítimo, y también de pasajeros⁹, entre otros. Lo mismo ocurre con las aeronaftas. Entonces, si bien el precio interno se acerca más al estándar internacional, hay vías en las cuales se reduce para destinatarios específicos. Los subsidios y las tarifas diferenciales abaratan los costos generales para la acumulación de capital en Argentina, al mantener bajos los precios del transporte, bien que entra en la determinación del salario, y las tarifas de la energía derivada de hidrocarburos. La política de precios, que no es otra cosa que una forma de distribuir la renta petrolera, no tiene un destinatario general, sino que apunta a favorecer al capital que opera en el país.

Ninguna novedad

La transferencia de renta a sectores de la burguesía no es algo nuevo: mediante las empresas públicas y luego durante la privatización, el Estado contó con diferentes mecanismos para favorecer al capital local. Este, con menor competitividad que el capital medio a nivel internacional, precisa mecanismos de compensación para reducir su ineficiencia. La energía y combustible subsidiado fue uno de ellos. Bajo el kirchnerismo, esta política tuvo su momento de esplendor en el período 2006-2009, cuando el precio de los combustibles se ubicó por debajo del estándar mundial. No obstante, comenzó a mostrar límites. Sobre todo durante 2010 y 2011, cuando la Argentina, hasta entonces autosuficiente en hidrocarburos, tuvo un balance deficitario en este producto¹⁰. Detrás de esto se encuentra el progresivo agotamiento de petróleo y gas, por la reducción de las reservas conocidas y por la contracción en la extracción por parte de Repsol-YPF.
Ya desde 2011, la petrolera española inició un proceso de desinversión vendiendo de forma progresiva los activos. Como señalamos en números anteriores, la tasa de ganancia de Repsol-YPF comenzó a caer desde 2006, con una leve recuperación en el último año gracias a la parcial liberación de tarifas¹¹. No obstante, la rentabilidad de YPF continuaba siendo mayor a la del capital general de la sociedad: para el período 2006-2009, 22% contra 17%¹². A pesar de la caída en los últimos años, los datos muestran que la extracción no era un mal negocio. Pero dada la necesidad del aumento de precios, apostar a tarifas más elevadas parecía ser una medida empresarial razonable para obtener una ganancia futura mayor. Posibilidad cierta, debido a que el petróleo a diferencia de otras mercancías puede mantenerse en stock sin perecer. Por eso, la expectativa de precios mejores permitiría contraer su extracción o suministro, a la espera de un panorama más proclive para los negocios.
Esto generaba una contradicción al gobierno al darse de bruces con la necesidad de favorecer, mediante las políticas energéticas, no a una empresa individual sino al conjunto del capital radicado en el país. Esto es lo que se encuentra, junto a la búsqueda de controlar la salida de divisas por el déficit energético, detrás de la mentada nacionalización.

El desarrollismo devaluado

Como mencionamos en números anteriores¹³, con el control de YPF el Estado busca expandir la producción manteniendo la política de precios subsidiados al capital, ahorrándose la importación de combustibles. O bien como alternativa, en caso de tener que liberar los precios, la propiedad compartida de YPF le permitirá asegurarse la captura de una porción de renta petrolera (que fluía hacia otros sectores) y redirigirla al financiamiento del conjunto del capital, sin que esa riqueza termine en el bolsillo de un capital privado particular como Repsol. De una u otra manera, la estatización parcial tiene como objetivo el beneficio del capital que acumula en el país.
Pero ante estas posibilidades se presenta un límite que cabe mencionar. Repsol no solo contrajo la extracción, sino que no reinvirtió en la esfera de la exploración. En este sentido, mientras que para la explotación la política oficial puede tener alguna efectividad en el corto plazo debido a que puede resignar ganancia propia y trasladarla a otros capitalistas con el nivel de precios del crudo y del combustible (algo que Repsol no podía hacer), en la exploración la situación es distinta. La falta de inversión en este terreno parece tener una limitación aun mayor. Mientras que la rentabilidad en la extracción y procesamiento es suficiente para reproducir a un capital e incluso le otorga ganancias extraordinarias, en la exploración el negocio es mucho más riesgoso. Durante los últimos años, ninguna empresa encontró yacimientos de importancia en el territorio. Dadas las dificultades geográficas de la distribución de petróleo en la Argentina, el costo de seguir explorando sin un resultado cierto parece ser la determinación principal. Por otra parte, la posibilidad de mantener el precio o los subsidios se ve acotado por el tipo de fósil existente. Es decir, los denominados “recursos no convencionales” (shale oil y shale o tight gas), que requieren una tecnología más costosa para ser extraídos. Eso llevaría a un incremento en los costos de la refinación y, ante los problemas de caja, a una necesidad de mayor ajuste en las tarifas.
Cabe mencionar que la exploración, por la incertidumbre de sus resultados, fue emprendida en general por el Estado. Se asumían los mayores costos y, una vez descubiertos los yacimientos, en buena medida pasaban a la explotación privada a través del contratismo o las concesiones. Esta forma de subsidio al capital privado industrial es el camino que se vislumbra con la estatización parcial. La estatización presenta la perspectiva de la posible disputa de los trabajadores por la renta petrolera. Pero si la clase obrera no plantea una alternativa política, la medida solo está destinada a reproducir el carácter particular de la intervención estatal en Argentina como representante del capital. Intervención que ya mostró su agotamiento.