Corrupción, Estado y burguesía en la Argentina
Estamos frente a un grupo de burgueses que se liga al Estado, y cobra más de que lo debe o que cobra por lo que no hace. O sea, roba. Saca plata de prepo y sin nada a cambio. La diferencia entre el kirchnerismo y el resto de los gobiernos es que, por haber estado más tiempo y con más plata, pudo conformar un lumpenaje burgués más grande. Con el tarifazo, Macri demuestra sencillamente que se dispone a seguir reproduciendo la misma lógica.
Nicolás Grimaldi y Federico Genera
Laboratorio de Análisis Político – CEICS
La escena roza lo bizarro. Una persona arrojaba bolsos con dinero por encima del muro de un convento a altas horas de la madrugada, y termina siendo arrestada por la policía. El hombre en cuestión era nada menos que la segunda autoridad del ministerio que manejó la caja más importante durante estos doce años. Nada menos. Los kirchneristas se quedaron sin palabras y sin “resistencia”. Los macristas parecen relamerse, aunque tienen sus propios casos. Todo esto bien podría ser un guión de alguna película de poca monta, pero es la expresión de la forma de reproducción de una parte de la burguesía argentina.
Hacete amigo del juez…
La persona que arrojaba los bolsos con 9 millones de dólares era José López, ex secretario de Obras Públicas desde el 2003 al 2015, dependiente del Ministerio de Planificación de De Vido, que merced al voto que, nos decían, no le hace “el juego a la derecha” (es decir, el voto al FPV) terminó ocupando un puesto en el Parlasur. López manejó más de 90 mil millones de dólares, tuvo a su cargo el Plan Federal de Viviendas, con el que entregó solo 197.000 casas en diez años. Fue investigado por irregularidades en el proceso licitatorio de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”. Sin embargo, Carnicoba Corral cerró la causa en el 2014. También fue investigado por enriquecimiento ilícito debido a que su patrimonio creció unas catorce veces. Esta causa se inicia con la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, en el 2008, cayendo en el juez Daniel Rafecas. El fiscal, Federico Delgado, cree que López había favorecido la empresa Rovella & Carranza SA, de Mario Rovella, recibiendo dinero a cambio.
Rovella ganó obras estatales por un valor de 16.806 millones pesos entre 2003 y 2014, iniciando su “recorrido” en San Luis, donde construyó buena parte de las obras de los Rodríguez Saá. Delgado también impulsa una denuncia por la adjudicación ilegal de una obra en el 2013, por la que le solicitó Rafecas que investigara si López se había enriquecido gracias a su vínculo con Rovella Carranza. El juez entendió que no había conexión, por lo que mandó la denuncia a sorteo, cayendo en…. Oyarbide. Y adivine el lector…..Sí, obvio, la cajoneó.
López ya había sido denunciado por el gobierno de Macri por fraude contra el Estado, acusándolo de digitar en forma discrecional los pagos que debía hacer la Dirección de Vialidad Nacional y favorecer a Báez. Entre las pruebas que presentó el gobierno, se encontraba documentación en la cual López ponía a las empresas del Grupo Austral, como prioritarias en los pagos de las obras. En esa lista de también aparece Rovella Carranza. Para más, en el allanamiento realizado a la casa de López en Tigre, se encontró un contrato de alquiler en Santa Cruz con Austral Construcciones. Y la casa en la que vivía, era rentada a Andrés Galera, un empresario sospechado de cobrar coimas en las obras públicas.
Ahora bien, en el credo burgués, la Justicia es ser la encargada de castigar este tipo de delitos. Sin embargo, los jueces y fiscales de las principales causas han hecho nada o casi nada para para que esto suceda. Ercolini -ligado a Esteban Righi, ex Procurador General de la Nación y a Alberto Fernández- sobreseyó por enriquecimiento a Néstor, que era defendido por el estudio de Righi, y retrasó la investigación por la asociación ilícita con Báez, aunque sí procesó a Jaime por la compra de trenes, como para tener un chivo emisario. Desde hace un mes lleva adelante la causa Hotesur, luego del apartamiento de Bonadío y Rafecas, que no habían avanzado en la causa.
Bonadío, el juez estrella, trabajó en la secretaría de legal y técnica de Menem, cercano a Carlos Corach. En su momento, su “seriedad” lo llevó a absolver anda menos que al entonces interventor del PAMI, Víctor Alderete, uno de los monumentos de la corrupción menemista. En el 2013, apartó al fiscal Delgado, porque buscaba avanzar sobre De Vido, de la causa de Once. A De Vido lo procesó recién este año. Es decir, mientras estuvo Cristina en el gobierno, no avanzó sobre la responsabilidad del ahora diputado. Sin embargo, y al igual que Ercolini, sí procesó a dos cadáveres políticos como Jaime y Schiavi. Bonadío fue quitado de la causa Hotesur (lobbie de Scioli mediante) que pasó al camarista Jorge Ballesteros, quien también evitó que se juntasen las causas Hotesur y el lavado de dinero, y además desestimó la denuncia de Nisman.
También tenemos al juez Rafecas, promovido por Néstor, responsable de que no haya avances en la causa Ciccone y de que no se haya investigado a López con anterioridad. Otro juez apuntalado por el kirchnerismo es Casanello, quien participó en la Sala 1 de apelaciones que dictó los sobreseimientos en la causa Skanska. Por su parte, el juez Sebastián Ramos lleva adelante las causas de administración fraudulenta contra Guillermo Moreno y el caso Transener. Esta causa solo se reactivó cuando los arrepentidos del Petrolao reconocieron el pago de coimas por parte de De Vido y Gerardo Ferreyra. Como vemos, cuesta creer que Cristina y sus secuaces sean “perseguidos políticos”. Más bien, tuvieron una buena cobertura durante doce años.
Bien, vayamos a los fiscales. Allí encontramos a Jorge Di Lello, también responsable de que la causa Ciccone no haya llegado a juicio oral, que tiene una larga operatoria a favor del kirchnerismo, principalmente cuando investigó irregularidades en la financiación de la campaña de Cristina, dejando la causa en manos de Oyarbide, que, ya sabe, la cajoneó. En el 2012, esta causa pasó a las manos de Ariel Lijo, pero recién con la salida de Cristina procesó a Cappacioli, ex superintendente de Servicios de Salud. En esta causa aparecen aportes de las droguerías de la esposa de Forza, que manejaba el negocio de la efedrina en contacto con los narcos mexicanos, de Carlos Torres, procesado por la mafia de los medicamentos, y de Gabriel Brito, que aparece como el firmante de los cheques entregados a Néstor Lorenzo, apuntado como uno de los recaudadores.
Siguiendo con los fiscales, encontramos a Guillermo Marijuán, quien investiga junto a Casanello las causas de lavado de dinero con la obra pública. Marijuán está ligado a Gabriel Hochbaum, cercano a la esposa de De Vido. También está Eduardo Taiano, quien se distingue por no haber hecho lo que hace cualquier fiscal ante cualquier sentencia desfavorable: apelar. En este caso, aceptó sin chistar los sobreseimientos por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Incluso dejo sentado la “inexistencia del delito”. Es decir, hizo más bien el trabajo de un abogado defensor. El fiscal Alfredo Lijo es hermano de Ariel, el juez. Alfredo impulso la salida de Delgado de la causa de Once. Su hermano quitó al fiscal Carlos Rívolo de la causa Ciccone, que buscaba avanzar contra Boudou, y colocó a Di Lello, más amable.
Carlos Stornelli es aliado de Macri y llegó al estrellato de la mano de Menem, a quien investigó por la causa del tráfico de armas. Fue ministro de Seguridad de Scioli, aunque su principal vínculo es con Angelici, con quien compartió lista en Boca. De allí conoce a Soledad Spinetto, esposa a Di Zeo, a quien nombró como asesora en su Ministerio. Stornelli desembarcó recientemente en la causa Hotesur y comparte el trabajo con Gerardo Pollicita. Ligado a Macri y Angelici por su apoyo en Boca, Pollicita impulsó varias investigaciones contra el kirchnerismo. Cercano a Nisman, cerró la causa de Gustavo Béliz contra Stiusso.
Como vemos, la Justicia no busca que se sepa la verdad y, mucho menos, que los culpables paguen. Menos aún va a encargarse de la plata robada vuelva a la población. Es decir, no investiga, no juzga a los verdaderos responsables y no se ocupa de restituir el perjuicio social. Simplemente, usa su poder para trazar alianzas políticas.
Esto sucede porque los jueces y fiscales son nombrados o apuntalados por el gobierno burgués de turno, a los que les deben favores. Son reclutados dentro de la propia burguesía, no son votados por nadie y no hay ningún tipo de control social sobre ellos. Sólo los puede amenazar el Senado. Es decir, los miembros del partido gobernante. Por este motivo, se dan el lujo de mantener causas paradas, quitar o poner fiscales, sin ningún tipo de problemas. Mientas las víctimas permanecen ajenas Un ejemplo de este verdadero blindaje de clase es el mismísimo Bonadío, que sigue repartiendo condenas y absoluciones a pesar de tener 17 denuncias en su contra. El pedido de “Justicia” de varias organizaciones expresa, entonces una confusión importante. La Justicia actual no va a resolver absolutamente nada. La eliminación de la corrupción es imposible en un régimen de propiedad privada, pero en un capitalismo débil como el argentino, donde buena parte de la burguesía depende del Estado para su reproducción, es tan consustancial a la acumulación de capital como la explotación del trabajo. Como consigna democrática y por su carácter propagandístico, la elección popular de los jueces federales y de los miembros de los tribunales superiores, aunque su marco de acción sería siempre el orden jurídico burgués (y, por lo tanto, limitado por la propiedad burguesa), significaría la introducción de una contradicción en el seno del Estado burgués que, en momentos de crisis como ésta contribuiría a su despliegue.
Las ratas del barco
El episodio López parece haber sido la gota que rebalsó el vaso. Muchos políticos e intelectuales dijeron que hasta ahí llegaban, en lugar de preguntarse cómo llegaron hasta ahí. Parece, entonces, que los escándalos de corrupción promovieron las rupturas en el kirchnerismo, cuando fue exactamente al revés. Son los desgajamientos del peronismo los que fueron dejando a los funcionarios sin cobertura política, judicial y mediática. Y eso es consecuencia de aquello que anticipamos: con el presupuesto más importante (Capital, Buenos Aires y Nación), Macri puso de rodillas a todo el PJ. Como dijimos en alguna oportunidad: “billetera mata aparato”.
El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, anticipó que realizará un Consejo partidario, para resolver la separación de López, y evaluar sanciones contra otros dirigentes con casos abiertos de corrupción. Maurice Closs y su tropa votaron junto al oficialismo por el pago de la deuda con los jubilados y el blanqueo de capitales. Ya en marzo, Closs votó a favor de la ley del pago a los fondos buitres, en contra del FPV. A esta salida podría sumarse Alperovich, quien está evaluando la huida junto a José Orellana y Miriam Gallardo. Manzur ya anticipó que “el kirchnerismo se terminó”. Por su parte, algunos diputados provinciales de Formosa, San Juan, Entre Ríos y los bonaerenses Dulce Granados o Cristina Álvarez Rodríguez, podrían sumarse a la ruptura. El que ya se alejó es el Movimiento Evita, que conformó el bloque “Peronismo para la Victoria” repitiendo lo que había hecho en la Cámara de Diputados bonaerense. En este contexto, el macrismo podrá avanzar en ampliar sus alianzas y tener mayoría para impulsar ciertas leyes.
Todos en el bolso de José
Macri deberá tener mucho cuidado, porque ha desatado una crisis que difícilmente pueda cerrarse tan fácilmente sin salpicarlo, en un contexto de un gran descontento generalizado con el personal político burgués. Por ejemplo, la empresa Teximco, vinculada a De Vido en una causa por sobreprecios, ganó licitaciones en la gestión porteña de Macri, para las remodelaciones en Parque Roca, y el Metrobus de la Av. San Martín, que terminó costando el doble de lo cotizado. Antes había sido beneficiada con la construcción del Centro de Exposiciones de Barracas, que nunca se empezó.
Esta empresa también trabajó con los Kirchner. En el 2003 el gobierno de Néstor licitó las obras de restauración de la basílica de Luján, con López a la cabeza, que las entregó a Teximco, y Creaurban S.A. (del primo de Mauricio, Ángelo Calcaterra), que presupuestó la obra por 47 millones pesos, y terminó costando 127 millones. Calcaterra, a través de IECSA, realizó obras para Macri y para el kirchnerismo, incluyendo una participación en el Plan Federal de Vivienda, manejado por López, con sobreprecios del 100%.1 Finalmente, De Vido dio a conocer un listado con las principales empresas que recibieron dinero de la obra pública, buscando demostrar que había empresarios que recibieron más dinero que Baéz.2
En el gráfico 1, vemos el listado de las principales empresas constructoras que participaron en la obra pública en los últimos años. Encontramos no solo empresarios ligados al kirchnerismo, sino también al macrismo. Y no se trata solo de empresas “argentinas”, sino de siete transnacionales.
Sin embargo, la contratación se extiende más allá de la obra pública. Abarca también las compras estatales. Según los datos emitidos por la Oficina Nacional de Contrataciones, encontramos que entre el 2006 y el 2012, el Estado argentino emitió un total de 226.501 órdenes de compra, por un total de 24.724 millones de pesos, con un promedio de 6.259 proveedores por año.3 Como vemos, el kirchnerismo no combatió a las empresas, sino que más bien las atrajo. Por monto recibido, los principales proveedores han sido Sinergium, Mastellone, Abott, Sancor, Gador, BGH (ligado a Macri), Prevención ART, La Sibila, Tandanor, Turbomeca Sudamericana y Dinatech, implicado también en casos de sobreprecios. Por su parte, por cantidad de órdenes de compra, aparecen Moral José, Automóvil Club Argentino, Distribuidora Gana, Centro Ferretero Minorista, Abons, Texxor pinturas, Rosmar SA, Menber SRL, Papelera República, Madlyn SA y MBG, entre otras. Mastellone se comprometió con Macri a incorporar 3 mil empleados, mientras que Abott se comprometió a invertir 100 millones de dólares. Por su parte, Gador aportó a la campaña de Macri, mientras que Tandanor fue una de las primeras empresas que Macri visitó. Texxor y Rosmar han sido también proveedores de Macri en la ciudad. Sin embargo, esta relación no es una anormalidad de la burguesía argentina, sino todo lo contrario. La burguesía argentina busca maximizar sus ganancias como cualquier otra. En el contexto de un capitalismo chico y poco competitivo, los negocios con el Estado aparecen como la forma dominante de garantizar una tasa de ganancia superior a las que les correspondería. La coima, es entonces una de las formas que permite a estas empresas entrar en el negocio estatal.
La irracionalidad hecha política
Pues bien, para tratar de entender cuál es la dimensión del problema y ver la “racionalidad” del Estado burgués en Argentina, cuyo comportamiento bajo el kirchnerismo no es más que la exacerbación de su normalidad en los últimos sesenta años, hicimos un cálculo (véase gráfico) sobre alguno de los problemas sociales que se podría haber afrontado con el presupuesto que manejó De Vido. Estamos hablando de la vivienda.
Tal como se puede ver, con sólo un cuarto del presupuesto, les habríamos dado vivienda a todos los habitantes de villas del país. De todas. Eso quiere decir que ningún compatriota estaría viviendo en una casa precaria y en un barrio sin calles y sin servicios. Y no se trata solamente de la población que vive ahí. Estamos hablando también de la calidad de vida de los barrios aledaños, de ciudades más dignas, de menor delincuencia y descomposición social, de mejores condiciones para la educación… ¿Comprende el lector la magnitud de lo que cuesta mantener el capitalismo en las condiciones de existencia que lo caracteriza en la Argentina? ¿Se entiende por qué decimos que esta experiencia histórica llamada Argentina solo tiene futuro si se la rescata de la clase social que la gobierna? No hay plan económico burgués que saque al país de esta situación, porque todos ellos responden a la naturaleza de esta clase.
A la deriva
Aunque Macri crea que todo esto lo beneficia inmediatamente, en realidad es el producto de una crisis política, que el elenco gobernante debe afrontar. Macri subió sin estructura, y debe realizar una tarea que se presenta más dura de lo que parecía: desarmar el bonapartismo. A las condiciones políticas, que se creían tan favorables, se agrega la ausencia de una renta agraria que pueda lubricar el plan de ajuste.
Indefectiblemente, debe acumular poder, destruyendo lo que queda del kirchnerismo y deslegitimar a cualquier movimiento opositor con la excusa de la lucha contra la corrupción (“quien me enfrenta, es porque es corrupto”). La estrategia es agitar el descontento generalizado que anida en la población producto del proceso del 2001 y usarlo para destruir las estructuras políticas adversas. Es el papel de Carrió, a la que para eso se le dio una incómoda autonomía. Una estrategia similar a la de Néstor, solo que éste construía el bonapartismo con amplios recursos y Macri debe desarmarlo con mucho menos.
Las causas judiciales sirven para avanzar en ese desarme y conseguir consenso de la población. Si esta tarea llega a buen puerto, Cambiemos emergerá con un doble caudal. Primero, con una estructura propia. Segundo, tendrá el oxígeno necesario. Pero es un movimiento peligroso, en medio de un ajuste, que se lo puede llevar puesto.
Argentina vive un proceso similar al de Brasil y Europa: el repudio generalizado al personal político burgués. Un descontento que todavía no se plasmó en una salida hacia la izquierda, sino hacia hombres “nuevos”, la mayoría con posiciones conservadoras (Macri, Trump, Capriles). Frente a todos estos escándalos, la clase obrera queda como un espectador entre acusaciones mutuas, sin poder intervenir y a merced de lo que los jueces K o M quieran hacer. Si la clase obrera no interviene con independencia de clase, tarde o temprano las fracciones burguesas llegarán a un acuerdo y descargarán todo el peso de la crisis ya se sabe sobre los hombros de quién. Esa independencia tiene nombre: Socialismo. Ha llegado la hora de pensar en otra sociedad y dejar de buscar un conductor en el burgués que se nos aparece, en lo inmediato, como “menos malo”.
Notas
1http://goo.gl/bhO0Qj
2La Nación, 18/08/2015
3Oficina Nacional de Contrataciones, Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria, Jefatura de Gabinete de Ministros. Disponible en https://goo.gl/sptCO
