Los pizarrones tienen oídos (segunda parte) – Marina Kabat

Represión a los docentes durante el peronismo
Desde 1952 se intensifica la vigilancia sobre los docentes con el objetivo de depurar el magisterio de maestros no compenetrados con la doctrina nacional. Comienza una ola de cesantías. Al principio los gremios la avalan, pero se oponen a ella cuando termina afectando a los mismos peronistas.

Marina Kabat

Grupo de Investigación sobre la Historia de la Clase Obrera Argentina

Una visión simplista de cómo se construye la hegemonía tiende a separar en forma esquemática los momentos de coerción y de consenso. Sin embargo, ambos están imbricados. La aceptación obrera del régimen capitalista requiere siempre cuotas de violencia, ya sea actualizada o en forma de amenaza latente. La política educativa peronista es muchas veces interpretada solo como un mecanismo de construcción de consenso, pero esto pierde de vista las operaciones represivas necesarias para tal construcción.

Usar la educación como medio de propaganda peronista requería una fuerte coacción sobre el cuerpo docente. A su vez, el consenso del que goza Perón le permite ejercer esa coacción en forma más amplia e incontestada. La actitud de gremialistas del sindicato docente ADA en defensa de las cesantías es una muestra de esto, así como las delaciones espontáneas de docentes a sus pares.

En la edición anterior de El Aromo analizamos los objetivos del Servicio de Enlace y Coordinación del Ministerio de Educación.¹ En esta segunda entrega examinamos informes de inteligencia sobre docentes, las cesantías a las que dieron lugar y el rol de los gremios frente a las mismas.

Atropellar por el bien de la patria y la niñez

La Agremiación del Docente Argentino (ADA) era un sindicato docente formado por iniciativa oficial. En su asamblea ordinaria de 1951 diferentes delegados se quejaron de la permanencia en el cargo de docentes opositores: “debemos incendiar a esos viejos compañeros que todavía no quieren entrar, que no quieren entender después de seis años la doctrina justicialista del general Perón (¡muy bien! Aplausos) Es menester que dejemos las contemplaciones. Hemos esperado seis años, no se puede aguantar más. (…) Creo que cuando hay cargos concretos debemos atropellar porque se trata del bien de la patria y de la niñez (APLAUSOS). Por eso es que todos los delegados debemos ser centinelas de la patria, porque ahora debemos consolidar esa doctrina.”²

Cargos concretos no faltaron porque los servicios de inteligencia se ocuparon de conseguirlos. Un expediente secreto del Ministerio del Interior da cuenta del espionaje sobre tres docentes rionegrinos. A dos de ellos se los empieza investigar cuando quisieron desafiliarse del partido peronista y al tercero por haber sido fiscal de la UCR en las elecciones.³ Otro expediente de esa provincia muestra el espionaje a tres maestras, una por presentar su renuncia al Partido Peronista Femenino y dos que participaron en actos radicales. Los informes incluyen la lista de actos peronistas a los que no habrían concurrido las docentes y sus actitudes en la escuela durante actos donde se homenajeaba al gobierno.⁴ En un tercer expediente, también de 1952, el Ministerio Asuntos Políticos informa al Gobernador de Chubut sobre 8 profesores del colegio Nacional de Trelew considerados no peronistas o no identificados totalmente. Los informes detallan aspectos de vida pública y privada de los docentes (se indica quien bebe, quién es “amanerado”, etc.). Como en otros informes similares, se da la lista completa de cargos y horas de cada docente para que puedan tomarse las medidas pertinentes. En ciertos casos, en vez de la cesantía se aconseja la jubilación.⁵

En otro caso, la denuncia de una maestra a su director por antiperonista motiva una indagación del conjunto de la comunidad educativa del establecimiento (docentes, padres y alumnos).⁶ El informe más amplio de inteligencia sobre docentes se produce en Córdoba, donde no se investiga a algunos docentes o a algún establecimiento educativo específico, sino que al conjunto del personal docente de varios colegios de la provincia. En la misma, se consigna información pública y privada– similar a la ya descripta en otros casos de los planteles de estos establecimientos, desde los cargos de preceptores hasta los de directores.⁷

Muchos de los docentes acusados de opositores estaban o habían estado afiliados al peronismo. Pero los informes evalúan esta afiliación como oportunista. Una prueba indeclinable que ameritaba la cesantía, era el haber actuado como fiscal de un partido opositor. Parecieran haberse producido numerosas cesantías con tal motivo.

Entre los papeles secuestrados en el Ministerio de Asuntos Técnicos dirigido por Raúl Mendé se hallaba una carta de un amigo de su localidad natal, quien le pide que interceda por una profesora despedida de la Escuela Normal. A mal puerto fue por leña: Mendé mismo había denunciado a la docente por ser fiscal de la UCR. No extraña, entonces, la respuesta:

“Estimado Z., en mi poder tu atenta del 3 del corriente, en la que te refieres al sumario iniciado a la señora x. El mismo se ha iniciado en razón a que la misma ha actuado como fiscal de la Unión Cívica Radical en las últimas elecciones.

Los principios democráticos que sustenta la doctrina del Excmo. Señor Presidente de la Nación, General Perón –estoy seguro que nunca, hasta ahora, en nuestro país se ha gobernado democráticamente- exigen que todo aquel que se desempeña en un cargo público esté identificado con el Gobierno; el General Perón ha sido elegido por una mayoría abrumadora, razón por la cual como presidente de la Nación tiene la obligación de cumplir fielmente el mandato del pueblo. No se debe, pues, admitir obstáculos al cumplimiento de su cometido.

Los vulgarmente llamados ‘contreras’ son unos de esos obstáculos en la tarea que realiza el general Perón, pues por no estar identificados con el espíritu popular, no pueden hallarse en condiciones de colaborar con el Gobierno en el cumplimiento del ese mandato. Por una razón elemental de ética, por imperativo de conciencia, quienes no están con Perón, quienes no están con la mayoría del pueblo deben comprender que no pueden permanecer ni un minuto más usurpando una posición que no les corresponde.

Si ellos no lo entienden así nosotros debemos enseñarles el camino: esto es para nosotros una obligación de lealtad para con la gran mayoría de los argentinos. Si no procediéramos así violaríamos las más elementales normas de ética democrática. Esto no quiere decir que todos, absolutamente todos tengan la obligación de ser peronistas. No, ello no es indispensable, ni necesario, ni siquiera conveniente. Quien no esté con el gobierno, quien esté en contra de los fundamentos de la Doctrina Justicialista del general Perón, que se dedique a la actividad privada –en la Nueva Argentina hay trabajo y posibilidades para todos- y que desde allí ejerza su oposición. Este es un derecho que nadie les podrá negar y para cuyo ejercicio nosotros les daremos todas las garantías que emanan de esos mismos principios democráticos que han sido fundamento y esencia de la Constitución Justicialista del General Perón.”⁸

Culpable hasta que demuestre lo contrario (y después también)

Las cesantías docentes alcanzan una magnitud preocupante: llegarían a 1.500 hacia el momento de la caída del régimen.⁹ A esto es necesario sumar jubilaciones que eran cesantías encubiertas, debido a que solo se jubilaba forzosamente a los opositores.¹⁰ Menos drásticos, pero también se aplicaron traslados como medidas punitivas. El gremio docente, ADA, inicialmente reclamaba por la remoción de los docentes opositores. Su sucesora, UDA, pasa a la acción al expulsar del gremio a un delegado docente mendocino, quien es inmediatamente cesanteado por el gobierno.¹¹ Pero, como vimos en la primera parte de este texto, el servicio de información que actúa en el Ministerio de Educación, no sólo debía detectar y expulsar a los docentes antiperonistas, sino a todos los que criticaran medidas de gobierno o exteriorizaran disconformidad con órdenes superiores. Por eso, pronto, los propios docentes peronistas van a ser víctimas de la depuración del magisterio.

En este contexto, UDA inicia una tibia defensa de algunos de los docentes cesanteados. El tribunal de disciplina de UDA evalúa cada caso antes de elevar alMinisterio un pedido de reconsideración (no reclaman la restitución inmediata en el cargo sino la revisión de la cesantía por medio de la apertura de un sumario). Para que UDA empezara a evaluar el caso, el docente cesanteado debía elevar su expediente con pruebas fehacientes de su adscripción peronista. Es decir, el docente debía probar su “inocencia”, léase su peronismo, y UDA solo lo defendía realmente si había sido cesanteado por “error”. Por esto, fueron pocos los docentes que solicitaron ayuda gremial, alrededor del 10% de un total aproximado de 1.500 cesanteados.¹² De los 162 expedientes de reclamo iniciados ante UDA, 12 se paralizaron porque el docente no aporta pruebas suficientes de su filiación peronista o por que se comprueba su adscripción a otros partidos.

UDA toma como caso testigo a un docente al que llamaremos Q, quien había sido directivo de la escuela de Chascomús. Tras pedir, informes a la Policía y entrevistar a colegas del docente sobre su actuación profesional, gremial y política, el sumariante designado por UDA concluye que Q es un peronista de activa militancia víctima de una falsa denuncia originada en rencillas locales dentro del partido. El gremio reclama la reposición en el cargo del docente, quien va a tener prioridad en los reclamos, pero aun así no tendrá respuesta del gobierno.¹³

Pero el caso más significativo es el de X, profesora de matemáticas de la escuela normal de Santa Fe, cesanteada en marzo de 1953 cuando tenía 16 años de antigüedad. Se trata de una docente responsable y dedicada, al punto que tenía perfectamente archivadas las evaluaciones de todos sus alumnos de toda su carrera docente. Por la evidencia que consta en el expediente, X. aparece como una docente peronista comprometida, aunque no necesariamente obsecuente o acrítica y esto le traerá problemas.

X. se dirige a UDA en abril de 1954, brindando todo tipo de pruebas de su vocación justicialista: copia de su carnet de afiliación al Partido Peronista Femenino, lista las clases especiales que dictó asociadas a la difusión de la doctrina peronista y al Segundo Plan Quinquenal, resumen de estas clases y cuadros sinópticos que los alumnos copiaron en su cuaderno. X también enumera todos los actos y misas peronistas a los que concurrió antes y después de ser cesanteada. También adjunta copia de los bonos de ayuda a Fundación Eva Perón que compró y su foto jurando la Constitución Justicialista. Luego agrega una carta en la que Perón responde una misiva suya. X señala que cuando ella titularizó horas a las que otros aspiraban hubo malestar y esto motivó la falsa denuncia que partió de los mismos dirigentes de ADA.¹⁴

UDA pide informes a la policía y a distintas autoridades partidarias requiriendo el concepto moral, profesional y “cualquier otro antecedente que permita una apreciación profunda de una conducta política de la citada profesora”. La intervención del partido peronista de Santa Fe, responde con la lista de todos los actos peronistas a los que X asistió. Pregunta obvia: ¿el partido tenía un listado de la asistencia a los distintos actos? La delegada censista (responsable del Partido Peronista Femenino) responde el número de afiliada y fecha de afiliación (este dato era central porque una fecha tardía era considerado indicio de oportunismo y falso peronismo), pero asegura que no consta colaboración de X. con el partido y que no frecuentaba los actos políticos. El sumariante entrevista a los colegas de X. Les pregunta si ella ha llevado o no luto tras la muerte de Eva Perón y otras cuestiones referidas a su posicionamiento político. Un docente dice que ella habla poco de política, pero la considera peronista consecuente. Otro profesor dice que ella no milita, pero que por años de observación la considera concordante con el movimiento, agrega que en los últimos años ha tenido “fuertes expresiones contra los adulones y simuladores infiltrados en las filas revolucionarias que exageran sus manifestaciones exteriores para disfrazar sus realidades de contrarios oportunistas. Estimo que estas expresiones fueron producto de su temperamento emotivo y sincero”. Ambos docentes destacan las cualidades morales y profesionales de X.¹⁵ El sumariante también se entrevista con X quien reconoce que la discusión familiar que diera lugar a su denuncia existió, pero que ella solo la presenció en silencio o formuló alguna crítica constructiva al gobierno.

Con estos elementos el sumariante que UDA presenta un informe crítico a la docente. Por una parte aduce que un verdadero peronista no puede presenciar callado como se ataca al gobierno; por otra, rechaza que las críticas pudieran ser constructivas (X había dicho en la discusión familiar que en la Facultad no había completa libertad y que las pensiones estudiantiles estaban más caras que antes). Agrega “la certificación de afiliación peronista no es prueba concluyente para la calificación ideológica del ciudadano, como lo muestra la experiencia diaria y la exigencia de otros requisitos para el ejercicio de cargos docentes”. Tampoco considera una prueba válida de su carácter peronista haber dictado clases especiales sobre el gobierno o asistido a cursos de formación peronista. A su juicio, al igual que dar clase o cumplir horario, estos hechos solo demuestran que es “una docente cumplidora de sus deberes y de las directivas superiores, y por ende su acatamiento a ellos no puede interpretarse como demostración de fe política”.¹⁶ En la misma tesitura evalúa sus aportes a la Fundación Eva Perón en forma de aportaciones de sueldos y compra de bonos y la jura de la Constitución Justicialista. Destaca que nadie le reconoce una militancia activa en el Partido Peronista.

En el listado de los actos a los cuales X. asiste, el sumariante distingue aquellos de participación voluntaria, de otros que implícitamente se reconoce no serían espontáneos, pues estarían “auspiciados” por la escuela. De esa manera, la nómina incluye una asistencia “voluntaria” a una conferencia sobre justicialismo, pero las misas por Eva Perón serían “auspiciadas” por escuela, la asistencia a curso del Segundo Plan Quinquenal sería “dictado por disposición superior” y así sucesivamente. Cabe señalar que la docente que estaba peleando por recuperar su cargo asistió con posterioridad a su cesantía, al homenaje del Partido peronista masculino ante el aniversario del fallecimiento de Eva Perón, fue alumna del Instituto del Justicialismo y asistió a una misa auspiciada por UDA. Pero, en el informe el sumariante de UDA enumera todos los actos peronistas en Santa Fe en los que la docente no estuvo o no se pudo confirmar su presencia. Pese a este informe negativo del sumariante UDA agrega a X a la lista de casos por los que reclama, aunque no hace especial hincapié en el mismo.

UDA: de la defensa de los peronistas a la lucha por la estabilidad laboral

UDA solo parece haber tenido éxito al revertir una cesantía de seis maestras y un director de Chaco, denunciados por la responsable del Partido Peronista Femenino debido a rencillas internas del partido.¹⁷ Con este antecedente, UDA hizo una presentación al Consejo Superior del Partido Peronista solicitando limitar la facultad de organismos locales del partido (unidades básicas, intervenciones, etc.) de tomar sanciones, para evitar que problemas partidarios se resolvieran por la vía punitiva sobre el empleo estatal, dado que estas prácticas estaban engendrando desazón en el magisterio.¹⁸

El pedido es muy ilustrativo: el gremio se dirige al Partido Peronista (y no al Ministerio de Educación u otro organismo estatal) para que éste limite las medidas disciplinarias tomadas en la esfera laboral. Pero este pedido no niega la injerencia del partido en este ámbito, o su potestad para señalar a los docentes que debían ser cesanteados, sino que solicita exclusivamente que esta prerrogativa quede circunscripta a las máximas autoridades partidarias y no se reconozca a dirigentes locales de menor jerarquía. Del mismo modo, no se cuestiona que la falta de afiliación o militancia peronista sea una causante de cesantía, sino que por internas partidarias se despida a militantes peronistas. Por eso, se pide al Ministerio que certifique afiliación e “identificación con la doctrina nacional” para luego proceder a rever la medida aplicada sobre los docentes cesanteados.

En junio de 1955 UDA consigue la personería gremial e inicia una política más activa (aunque igualmente ineficaz) en contra de las cesantías, a las cuales reconoce como el principal problema gremial del momento. Pide, entonces, la aplicación integral del estatuto del Docente (que establecía la estabilidad laboral) y como consecuencia del mismo, substanciación de las causas de los docentes cesanteados sin previo sumario. Incluso plantean el estudio y solución de los problemas asociados al sistema de la ficha aval (por la cual el gremio daba fe de la pertenencia peronista de los aspirantes a cargos docentes).¹⁹ De este modo, el sindicato docente termina por actuar contra las medidas que había propiciado. Todo un signo de cambios en la relación de fracciones de la clase obrera y el peronismo. Una fuerte represión dentro del magisterio era una condición necesaria para un más amplio control ideológico del conjunto de la clase obrera. Pero esta represión erosiona el vínculo del gobierno con los sindicatos, a los cuales poco se les había dado: la única conquista fijada en el Estatuto docente de 1954 era la estabilidad laboral y esta era violada sistemáticamente.

NOTAS

¹Ver primera parte de esta nota en: http://goo.gl/jdlNtv

²Actas de asamblea ordinaria de ADA del 12/12/1951. ADA Libro de actas, AGN, AI. FNRP. com. n° 20, caja 3, fs. 277/8.

³AGN AI, Ministerio del Interior, expedientes secretos, confidenciales y reservados (ESCyR), caja 118, expte. 137 R.

⁴Memorándums del Comisario Inspector al Gobernador, 25/7/1952, AGN. AI, MI, ESCyR, caja 118, expte. 138 S.

⁵AGN. AI, MI, Exptes. secretos…, caja 118, expte. 193 S.

⁶Expediente se inicia con carta fechada en Villa Constitución, 11/8/52. AGN. AI, MI, ESCyR, caja 118: carpeta 162 S.

⁷AGN. AI, MI, ESCyR, caja 118, carpeta 164.

⁸AGN, AI, FNRP, com. 31, expte. 152. carta del 28/3/52. En el mismo expediente consta el memo de Mendé denunciando a la docente.

⁹La cifra aparece en AGN, AI, FNRP, com. 20, expte. 23965 2°cuerpo, testimonio de José A. Nuñez, Secretario General de UDA, fs. 273.

¹⁰AGN, AI, FNRP, com. 20, caja 1, expte. 1945-55, fs 2.

¹¹P. A. era maestro y delegado de la escuela n° 65 de Mendoza. AGN. AI, FNRP, com. 20, caja 2, expte. 23965, 2° cuerpo, fs. 277/278.

¹²Ídem, fs. 332. También en ídem expediente 23965 segundo cuerpo, entrevista a José A. Nuñez, fs. 273.

¹³Ídem, fs. 243/255.

¹⁴Ídem, fs. 88 y ss.

¹⁵Ídem, fs. 143, 159, 154-155.

¹⁶Ídem, fs. 233

¹⁷AGN. AI, FNRP, com. 20, expte. 23965, fs. 305.

¹⁸UDA Tribunal de disciplina, Resolución 105, Bs. As., 8/6/1955. En: AGN, AI, FNRP…, com. 20, expte. 23965 2° cuerpo, fs. 279.

¹⁹UDA Boletín informativo, octubre de 1955, fs. 3 y 4 en AGN.AI, Fiscalía, com. 20 caja 1.