La vivienda, un problema nacional

Las dificultades para acceder a los alquileres y la imposibilidad de obtener una propiedad han generado tomas de predios en distintas localidades de las provincias del interior del país. Incluso en la capital sanluiseña, muy a pesar del spot utilizado por Adolfo Rodríguez Saá en su campaña electoral según el cual en San Luis “la vivienda no es un problema”. Contrariamente, desde el mes de agosto de 2010 a la actualidad hubo tres tomas cuyos ocupantes fueron desalojados por la fuerza policial. La más numerosa fue de 300 personas en una zona ubicada detrás del hipódromo de la ciudad. Otra sucedió en tierras de una empresa contratista de obras públicas perteneciente a la familia Rodrígez Saá (Green S.A.).

Crisis habitacional en Jujuy

En la región del norte argentino, se calcula que 9 de cada 10 habitantes padece problemas habitacionales. En este marco, sólo en la provincia jujeña hay 33.269 solicitudes presentadas para tramitar la obtención de una casa ante el Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ), de las cuales algunas se remontan hasta hace 10 años. La mayor cantidad de trámites iniciados corresponde a la capital que representa el 51% de los pedidos totales, mientras que las localidades donde hubo mayores ocupaciones (Perico, Libertador Gral. San Martín, San Pedro y Palpalá) suman el 35% de solicitudes formuladas.

Por su parte, el Estado comenzó a ejecutar políticas de construcción de vivienda. A partir del 2006, la cantidad de construcciones efectuadas empezó a ser relativamente más elevada. El promedio de ejecuciones anuales entre 2006 y 2009 fue de apenas más de mil. Sin embargo, las obras fueron suspendidas por la falta de presupuesto tanto provincial como nacional. De este modo, muchos hogares quedaron a medio construir.

En este contexto, la crisis habitacional dio lugar a las ocupaciones. Estas últimas se efectivizaron en terrenos privados, públicos, ingenios azucareros y casas a medio terminar, que no poseían infraestructura como servicio de red cloacal, electricidad y agua. La Corriente Clasista y Combativa calculaba entre 2.500 y 3 mil familias ocupantes, mientras que la organización de Milagro Sala, Tupac Amaru, aseguró que el día 5 de agosto había empadronado a más de 5 mil.

La situación habitacional es en extremo precaria. Uno de los ocupantes manifestó que vivía en una casa en la cual, por cada cuarto, residía un matrimonio con sus hijos. Es decir, cerca de 16 personas compartían un solo baño y la cocina. Otra pareja señaló que alquilaba una casa de dos ambientes, sin servicio de gas y pavimento, y pagaba 900 pesos. Este monto representa aproximadamente el 30% de la sumatoria de los ingresos de ambos miembros (3 mil pesos). También los trabajadores de la zafra azucarera de la empresa Ledesma ocuparon predios. Uno de ellos sostuvo que su familia estaba compuesta por su matrimonio y tres hijos, y alquilaba una pieza con baño compartido por 650 pesos.

El perfil de los ocupantes

Los protagonistas de las ocupaciones fueron, además de los trabajadores precarizados, temporales y desocupados, los obreros agremiados, específicamente los municipales, de sanidad y docentes. Esto evidencia, por un lado, la pérdida de su capacidad adquisitiva y, por otro, el grado organizativo de las tomas por parte de los trabajadores, situación que difiere de los sucesos en el Indoamericano.

En las localidades de Perico y Libertador Gral. San Martín, cientos de maestros y docentes agremiados en el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) ocuparon varios predios. Muchos de ellos deben trabajar doble jornada para obtener sueldos que no llegan a cubrir el costo de la canasta familiar. La mayoría no posee vivienda propia y la suba de los precios de alquileres los obliga a vivir en hogares con espacios reducidos, en condiciones de hacinamiento. Ciertos docentes también se unieron a las tomas de desocupados en otros predios. Así lo relata Juan Córdoba, docente de nivel secundario de la localidad de San Martín, quien ocupó un predio en La Vuelta. En una entrevista radial manifestó que su sueldo mensual era de 5.500 pesos, pero explicó que resultaba insuficiente para obtener un crédito hipotecario.

Por su parte, grupos de trabajadores del Sindicato de Sanidad ocuparon casas a medio construir por el IVUJ, que estaban destinadas al personal de planta de la empresa Ledesma. También participaron grupos de enfermeras de hospitales municipales que intentaron ingresar al predio ocupado por las esposas de policías, aunque no disponemos de datos suficientes para dar cuenta del carácter organizativo de su participación. Los empleados municipales también protagonizaron tomas, sobre todo en Perico, donde el Sindicato Independiente de Empleados y Obreros Municipales (SIEOM) manifestó su apoyo a estas ocupaciones. Hasta una tropa de bomberos perteneciente a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Perico ocupó un predio en la finca El Pongo, el día 4 de agosto. Su demanda por terrenos para edificar su cuartel se remonta hasta hace varios años. Según sostuvo el jefe del cuartel, Juan Eduardo Herrera, las dependencias donde desarrollan su labor son alquiladas y tienen un costo de mil pesos mensuales. Para peor, el financiamiento corre por cuenta de los propios bomberos.

Una comisión de esposas de policías también ocupó predios de manera organizada. Unos días después del desalojo en Libertador Gral. San Marín, un grupo perteneciente a dicho organismo se instaló en casas a medio construir. Su situación habitacional es semejante a la del resto de los trabajadores. Un ejemplo se observa en un matrimonio con dos hijos, quien manifestó que vivía junto a otras dos familias en una vivienda de tres habitaciones. Otra pareja señaló que a su casa le había “agregado” habitaciones, cuya infraestructura era precaria. Otro ejemplo es el de un matrimonio que alquila una habitación con baño compartido y paga 800 pesos mensuales. Cabe destacar que un policía con cargo de oficial mayor cobra 2.700 pesos mensuales en mano, es decir, destina hasta un 30% al pago de alquiler de una casa en un barrio precario. La participación de empleados públicos en las ocupaciones evidencia la agudización de la crisis social en el interior del país. También muestra la semejanza de sus condiciones de vida con la de otras fracciones de la sobrepoblación relativa.

Por último, los migrantes bolivianos también protagonizaron tomas en distintos predios. Se trata de trabajadores que se emplean por temporada en la zafra azucarera. Por este motivo, se instalan en la zona con su familia a la espera de la próxima temporada, una vez finalizada la cosecha. Para esta población no habría ningún tipo de solución habitacional por parte del Estado. El Gobierno jujeño se encargaría de deportarlos a su país de origen con la aprobación del cónsul boliviano, Hugo Ramírez, luego del lanzamiento del plan “Un lote para todos” (con este plan se habría prometido destinar una parcela de tierra a toda familia habitante de Jujuy con dos años de radicación comprobable y problemas de vivienda). Desconocemos si los inmigrantes ocuparon tierras de manera organizada pero, al parecer de las autoridades gubernamentales, los censos realizados para entregar parcelas señalarían una gran cantidad de bolivianos. Desde esta perspectiva, el gobierno utiliza el elemento étnico como filtro para impedir la entrega de viviendas a una porción de los demandantes. Por su parte, las empresas azucareras emplean inmigrantes para explotarlos con mayor intensidad, situación por la cual el Estado jujeño no hace nada para revertir.

Como vemos, casi una década de kirchnerismo no ha resuelto, sino que ha agravado los problemas de vivienda del país. Nada puede esperarse de un próximo mandato de Cristina. Nada, excepto nuevos intentos de las masas de solucionar el problema por sus propias manos.