La Juventud Trabajadora Peronista frente a la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales (1973)
El problema de la JTP y de Montoneros no fue ni la ausencia de una vocación antiburocrática o de “basismo”, ni la falta de capacidad de lucha. Su límite fue su programa que, defendiendo la necesidad de un proceso de liberación nacional cuyo motor era el Movimiento Peronista, condujo a una indiscutida subordinación al liderazgo de Perón.
Guido Lissandrello
Grupo de estudio de la Lucha de Clases en los ‘70
Contra lo que sostiene el grueso de la bibliografía sobre la lucha de clases en los ’70, Montoneros –y el conjunto de las organizaciones político-militares– no se limitó a la política del fusil sino que también contempló la creación de frentes de masas. El más importante de ellos fue la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), el frente sindical con el cual la organización hizo llegar su línea política a amplias fracciones de la clase obrera. Con la JTP, Montoneros logró conquistar numerosos cuerpos de delegados y comisiones internas de importantes fábricas e incluso llegó a ganar seccionales de sindicatos nacionales. Sin embargo, esa construcción de base chocó contra los propios límites programáticos de la organización. La lucha iniciada en torno a la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales de 1973 es un botón de muestra de ello.
El blindaje de la burocracia
El 25 de julio de 1973 lo más granado de la burocracia sindical peronista entregó al por entonces presidente provisional Raúl Lastiri un proyecto de reforma de la ley 14.455 que regulaba las Asociaciones Profesionales. La comitiva estaba encabezaba Ricardo Otero, Ministro de Trabajo y secretario general de la UOM Capital Federal, y lo acompañaban por la CGT, Otto Calace –secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA)–, Antonio Baldassini –secretario general de Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT)– y Florencio Carranza, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio; por las 62 Organizaciones, Lorenzo Miguel –líder de las 62 y secretario general de la UOM–, David Diskin –dirigente de Empleados de Comercio–, y Estanislao Rosales –Secretario General de la Federación de Trabajadores Aceiteros–; finalmente un grupo de diputados de origen sindical, Rodolfo Ponce –Secretario General del gremio de elevadores de granos–, José Lumelo –dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines de Córdoba (SUTIAGA) –, y Jorge Salmón.
Los artículos centrales del proyecto de ley atendían a la cuestión del reconocimiento legal de los gremios, eliminando las dobles personerías y sindicatos por empresa. En caso de que se intentara legalizar un sindicato de este tipo, no se le concedería la personería si ya existiera una asociación profesional de primer grado que la tuviera. Esto se complementaba con la facultad otorgada a las federaciones, que las habilitaba a investir el carácter de asociaciones de primer grado en aquellas zonas o empresas donde no hubiera organizaciones de ese tipo. Además, podrían intervenir seccionales de grado inferior. En este punto, la burocracia no escondía sus intenciones. Calace defendió el proyecto como una herramienta que evitaría la “pluración (sic) sindical” y Otero señaló que “[contribuirá a] la eliminación de los sindicatitos [y] evitará el daño que éstos actualmente producen al movimiento obrero”.1
Además de limitar los sindicatos por empresa y habilitar la intervención de filiales y seccionales, el nuevo proyecto de ley facultaba a los sindicatos a caducar mandatos de comisiones internas y ampliaba el mandato de sus dirigentes de dos a cuatro años. De este modo, constituía un evidente refuerzo a las conducciones vigentes en un momento en que, el congelamiento salarial propiciado por el Pacto Social requería la contención de la conflictividad obrera. Era una respuesta de la dirigencia gremial frente al crecimiento de la izquierda en general en el seno de la clase obrera. Con ella, Otero, Miguel y el resto de sus promotores buscaba poner un coto a ese crecimiento. No debe sorprender entonces, que la JTP, con sus ojos puestos en la conquista de los sindicatos, haya hecho de la lucha contra esta ley una de sus principales batallas.
La crítica y la propuesta
Como señalamos, el proyecto fue presentado por la burocracia a Lastiri. Su figura resulta importante para enmarcar la crítica que la JTP realizó del proyecto de ley. A tres días de su asunción presidencial, el frente sindical montonero emitió un comunicado en donde planteaba dudas en torno a su rol en el proceso en marcha, al caracterizarlo como un “desconocido que como único título ostenta el de ser yerno del Ministro de Bienestar Social” y por tanto genera “un vacío de poder y una situación de desgobierno que frena y pone en peligro el proceso de reconstrucción nacional”.2
En efecto, el gobierno de Lastiri fue leído por Montoneros como un momento de avance del imperialismo norteamericano que, ante la inminencia del retorno de Perón, busca reforzar a su principal aliado en el interior del Movimiento Peronista, la burocracia sindical:
“La herramienta fundamental para la toma del Poder son los trabajadores organizados y por eso quienes responden al imperialismo se esfuerzan en impedir o en retrasar el día en que los dirigentes respondan a los intereses de las bases y del movimiento. Para eso tratan de infiltrar en un proyecto de reformas a la actual ley de Asociaciones Profesionales ciertos artículos que les permitan mantener maniatados a los únicos que pueden garantizar el proyecto de liberación de nuestro general.”3
La reforma de la ley aparece así como un proyecto ajeno e incluso contrario a la voluntad del Líder del Movimiento, pues su proyecto es la “Reconstrucción nacional”, mientras que la ley apuntaría al fortalecimiento del imperialismo.
Veamos ahora cómo fue analizada en concreto el nuevo proyecto legislativo. En principio, se resalta como positivo la existencia de una legislación que regule la actividad de los sindicatos, los derechos de los afiliados, la relación que se establece entre los distintos sindicatos y entre estos y el Estado y que imponga límites a la patronal. Particularmente, en un momento que, caracterizado como de Liberación Nacional, requeriría poner a punto las estructuras propias de su protagonista, los trabajadores. En función de ello, tres son los aspectos que se rescatan de la ley. Por un lado, los artículos que fortalecen y consolidan un “Movimiento Obrero Organizado”, que evite la “atomización de los sindicatos y funcione como un dique de contención a “grupos de diferentes tendencias sin ninguna representatividad”.4 En segundo lugar, se respaldan aquellos artículos que garantizan la estabilidad e inmunidad de aquellos trabajadores que se desempeñan en cuerpos gremiales de representación. Por último, se reivindica la posibilidad de los sindicatos de expresarse políticamente.
Con todo, la JTP se concentró en la crítica al proyecto, en tanto éste atentaba contra la democracia sindical y la libre expresión de las bases. Por ello cuestionó fundamentalmente el artículo que duplicaba los mandatos de las dirigencias y habilitaba la reelección indefinida (art. 11), aquel que establecía periodos de dos años para Asambleas Ordinarias y un 20% del padrón para la convocatoria de Asambleas Extraordinarias (art. 13), los que habilitaban la intervención de federaciones sobre seccionales y de las conducciones sobre los delegados (arts. 34 y 57), y aquellos que impedían la intervención de un tercero (ya sea magistrados judiciales o el Ministerio de Trabajo) para resolver conflictos internos o evaluar los procesos eleccionarios (arts. 45 y 46). Por otra parte, señalaba la necesidad de que en el cuerpo de la ley se reglamentaran garantías que aseguraran comicios sin trabas ni trampas, y que se estipulara la afiliación obligatoria.
Buscando superar la mera crítica, la JTP abocó sus esfuerzos en la confección de un proyecto de ley propio. Para su elaboración, el frente echó mano a su equipo de abogados especializado en legislación laboral y con conocimiento técnico para la escritura, y a sus agrupaciones de base que fueron convocando plenarios y asambleas donde discutió la problemática y se fueron delineando los ejes centrales que debía contemplar la propuesta alternativa.
Tomando como base el texto-ley de la burocracia, las modificaciones propuestas fueron las siguientes: en el art. 2 se estableció la afiliación obligatoria de todos los trabajadores nucleados en la actividad; en el art. 9 se estableció una extensa normativa para garantizar comicios limpios; en el art. 11 se estipuló mandatos de dos años y una única reelección, a la par que se redujo de 2 a 1 año el tiempo de trabajo en la actividad para aspirar a un cargo; en el art. 13 se fijó el mínimo de Asambleas ordinarias en 1 por año y un 5% de firmas del padrón para convocar a extraordinarias; en el art. 19 se estipuló que si una asociación aspira a la personería gremial podrá alcanzarla siempre y cuando tenga una cantidad de afiliados superior a la asociación que ya detenta la personería (el proyecto de la burocracia en este punto tenía una mayor cuota de discrecionalidad al señalar que debía ser “considerablemente superior”); en el art. 34 se señala que no existe posibilidad de intervención de federaciones sobre seccionales y, en igual sentido, se elimina el art. 57 que habilitaba al cese de delegados por parte de las conducciones; en los art. 45 y 46 se establecen modificaciones tendientes a posibilitar la intervención del Ministerio de Trabajo en diferendos internos que no se saldaran y en la convalidación de la legitimidad de los comicios, una garantía de dudosa eficacia pues éste estaba bajo control del burócrata metalúrgico Otero.
Como puede verse, la JTP centró su crítica en aquellos artículos que atentaban contra la democracia sindical, ya sea por la vía de prolongar la frecuencia o dificultad la convocatoria de las instancias de deliberación de las bases (asambleas y congresos), la falta de claridad y regulaciones en materia de comicios gremiales y la imposibilidad de apelar a una instancia de arbitraje por fuera de la esfera sindical. En este punto, debe reconocerse que al frente sindical montonero no le faltaba vocación democrática ni antiburocrática, bien que limitado al campo peronista y concediendo a la propia burocracia encumbrada en el ministerio, el control de esa “vocación”.
El plan de lucha
En un comunicado aparecido el mes de septiembre, la JTP se declaró “en estado de movilización, frente a la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales”, convocando “a la movilización y discusión en la base de esta ley fundamental para la marcha del movimiento obrero organizado”.5 Para ello, anunció la puesta en marcha de una campaña de agitación para dar difusión tanto a los aspectos que se apoyaban como los que se criticaban del proyecto. Esta campaña tomó la forma de “mesas de esclarecimiento” que se desarrollaron entre septiembre y octubre en Capital Federal y el conurbano. Estas mesas se instalaron en puntos neurálgicos de las ciudades (plazas, estaciones de subte y tren, terminales de colectivos y calles de alto tránsito del microcentro, y en horarios “pico”).
Para esta actividad se confeccionó un boletín especial, de cuatro páginas, que presentaba la posición frente al proyecto. Para la ocasión también se contaba con el cuadernillo de Lineamientos políticos (documento fundacional de la JTP) y el primer número del periódico Jotatepé. De modo que, además de difundir y promover la lucha contra la reforma, la acción permitió la difusión del proyecto de la JTP, sus objetivos políticos y la llegada de su línea política a un amplio sector de trabajadores, a pocos meses de su lanzamiento en abril.
Una de las actividades de agitación se desarrolló el 2 de octubre y contamos para su reconstrucción con la crónica de El descamisado. Allí se afirma que en las cuatro horas en que se desarrolló la agitación, cerca de mil militantes distribuidos por todos los puntos alcanzaron a distribuir 300.000 ejemplares del boletín.6 En algunas mesas, como las de San Martín, se registraron amenazas de matones de los sindicatos e incluso militantes fueron apuntados con armas, obligándolos a levantar la mesa.
El siguiente paso del plan de lucha fue una movilización hacia el Congreso, que se concretó el 5 de octubre y convocó a siete mil trabajadores. Tras el acto, una comisión integrada por Guillermo Greco (referente máximo de la JTP), representantes de la conducción de la regional Gran Buenos y un asesor letrado, ingresó al Congreso acompañados por los diputados del FREJULI Carlos Kunkel, Armando Croatto y Roberto Vidaña. En el interior del recinto tuvieron una reunión con ocho senadores del bloque peronista, reunión que se prolongó hasta que se obtuvo la palabra de los senadores de que el proyecto no sería sancionado hasta la asunción de Perón. Luego de ello, la comisión se retiró, anunció a la multitud en la puerta del Congreso el acuerdo logrado y se comprometió a continuar la campaña de esclarecimiento.
Este hecho que evidencia dos aspectos. Por un lado, que la lucha se presenta como una victoria parcial, al conseguir un simple “acuerdo entre caballeros”. El otro elemento significativo, es la condición negociada: hasta que Perón sea presidente. Está presente aquí la convicción (o las ilusiones) de que, efectivamente, el líder del movimiento repudiaba la ley pro-burocrática y a la burocracia misma, y que, en realidad, el gobierno de Lastiri le era completamente ajeno.
Finalmente, la última y más importante acción que significó la culminación del plan de lucha de la JTP, fue la celebración de un Plenario Sindical, en tiempos en que ya Perón había asumido la presidencia. El objetivo era aglutinar a los sectores gremiales que enfrentaban a la burocracia sindical, estaban de acuerdo en repudiar la ley y coincidían con el proyecto esbozado por la JTP. El aliado fundamental en esta acción fue el Peronismo de Base ligado a las Fuerzas Armadas Peronistas, aunque también participaron, sin derecho a voz, organizaciones trotskistas como el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y Política Obrera (PO). La convocatoria fue fijada para el viernes 2 de noviembre a las 18 hs en el Luna Park, y se difundió ampliamente mediante volanteadas, afichadas e incluso con un avión comercial, que sobrevoló Capital Federal y el Gran Buenos Aires difundiendo la actividad.
El “plenario” logró aglutinar unas 20.000 personas,7 cifra sin lugar a dudas significativa si se tiene en cuenta que la JTP se había lanzado apenas seis meses antes. En base a la solicitada con detalle de convocantes, encontramos la adhesión de 88 regionales de sindicatos de Capital Federal, Mar del Plata, Olavarría, Bahía Blanca, Córdoba, Neuquén, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Corrientes, Formosa y Misiones. Se destacan UOCRA Bahía Blanca, STILCA Buenos Aires, UTA Córdoba, Vialidad Nacional Capital Federal, Mendoza y Misiones, Tabaco Rosario, ATE Castelar, Rosario y Córdoba y Asociación Bancaria Córdoba. Y también más de 200 agrupaciones de todo el territorio nacional, adheridas a la JTP.
En rigor de verdad no se trató de un “plenario” sino de un acto con cinco oradores previamente acordados entre JTP y PB: Mario Aguirre –Secretario General de ATE Rosario, quien trabajaba en estrecha vinculación con la JTP–, Alberto Canovas –de la Comisión Interna de FIAT Concord–, Jorge Di Pascuale –Secretario General del Sindicato de Farmacia, vinculado al PB–, Custodio Ramallo –Secretario General de ATE Córdoba, primer sindicato recuperado por una lista de la JTP– y, finalmente, el cierre a manos de Greco. Todos los discursos coincidieron en señalar que la ley traía consigo un reforzamiento de las conducciones gremiales vigentes, atentando contra la democracia sindical y liquidando las experiencias de base, lo que redundaba en beneficio del imperialismo yanqui y obturaba el proceso de liberación nacional.
Allí no se acordó ninguna otra acción de lucha, únicamente se confeccionó una carta que sería enviada a Perón para hacerle llegar “modificaciones esenciales que consideramos importantes introducir en él [refiere al proyecto de ley] con el objeto de que sí así lo estimare oportuno las tenga en cuenta en el momento de impartir sus directivas”.8 Todo en un tono muy cordial…
A pesar de todo, el 16 de noviembre de 1973 el Senado, tras ocho horas de debate ininterrumpido, dio media sanción al proyecto de reformas al régimen de la Ley 14.455. En el recinto, contó con la encendida defensa de Afrio Pennisi, senador santafesino por el FREJULI, secretario general de la UOM Rosario y miembro de las 62 Organizaciones de esa provincia. Lorenzo Miguel (secretario general de la UOM y de las 62 Organizaciones), observó todo el debate desde el palco. El 29 de noviembre obtuvo su aprobación final en diputados, cuando Ferdinando Pedrini, líder del bloque de diputados del FREJULI, logró los 139 votos para plantear el tema sobre tablas. Curiosamente, contó para ello con los votos de los llamados “diputados de la tendencia”, quienes “Por razones de disciplina […] aportaron sus votos para la obtención de los dos tercios, pero luego no participaron ni en el debate ni en la votación final de la ley.”9 Sucede que la semana anterior, en una reunión de todo el bloque legislativo justicialista, Ricardo Otero defendió los 80 artículos de la ley y advirtió que su aprobación era una orden directa del Presidente Perón. Podría sospecharse de un acto de “traición” por parte de los diputados, si no fuera porque la JTP emitió ese mismo día un comunicado en el que señalaba que, ante el aval dado por Perón a la ley, “acata los términos de este apoyo de nuestro conductor a dicha Ley”.10
Bajo el liderazgo el enemigo
Como puede verse, la lucha contra la Ley de Asociaciones Profesionales ocupó un rol fundamental en los primeros meses de existencia de la JTP. Una ley que venía a convalidar y reforzar a las conducciones gremiales que el frente sindical montonero combatía en las fábricas, no podía dejarse pasar sin más. Trascendiendo la crítica, la JTP buscó incluso promover un nuevo proyecto de ley que intentaba fijar garantías para el respeto de las decisiones de las bases, por la vía de evitar las intervenciones y garantizar una mayor frecuencia de asambleas. En arreglo a ello estructuró un plan de lucha tendiente a la difusión de ese proyecto entre las filas de los trabajadores. Aún con sus limitaciones (como las misivas cordiales al General o la ausencia de una movilización al centro del poder político), el plan mostró cierta eficacia al lograr aglutinar a buena parte de la oposición a la ley (PB, PST, PO), lo que quedó de manifiesto en el acto masivo del Luna Park.
El problema de la JTP y de Montoneros no fue ni la ausencia de una vocación antiburocrática o de “basismo”, ni la falta de capacidad de lucha. Su límite fue su programa que, defendiendo la necesidad de un proceso de liberación nacional cuyo motor era el Movimiento Peronista, condujo a una indiscutida subordinación al liderazgo de Perón. Los planes del general no requerían la organización de los trabajadores que comenzaban a cuestionar a sus dirigencias sindicales. Muy por el contrario, requería a esas conducciones para contener a la clase obrera y cerrar el ascenso de la fuerza social que cuestionaba el capitalismo. La estrategia movimientista de Montoneros lo condujo a acatar una ley que en los hechos significaba la liquidación de su propia construcción sindical. Era el precio que tenía que pagar por no sacar los pies del plato. La prenda de negociación, entonces, fueron los propios trabajadores.
NOTAS
1Clarín, 26/07/73.
2Comunicado de Prensa del Consejo Nacional Provisorio de la JTP, en: El descamisado, 17/07/73
3“La trampa del ‘yerno’ no debe pasar”, en: El descamisado, 16/10/73.
4Juventud Trabajadora Peronista: Ley de asociaciones profesionales, 1973. Evidentemente, en este punto hay un guiño a la propia burocracia sindical, en tanto no se cuestiona la represión a los opositores no peronistas a la que esta frase está dirigida.
5El descamisado, 29/09/73.
6“Democracia sindical como manda el General”, en El descamisado, 09/10/73.
7Esta es la cifra que surge de órganos montoneros o afines, como El descamisado y Ya! Es tiempo de pueblo, de órganos del PB, Militancia peronista para la liberación y de Política Obrera. Un informe policial ofrece una cifra levemente superior: 22.000 asistentes (Archivo DIPBA, Mesa A, Carpeta 37, Legajo 271).
8Ídem.
9Noticias, 30/11/73.
10Ídem.
