En estos días estuvo en discusión la posible pérdida de vigencia de la Ley de Emergencia Territorial que promoviera hace algunos años el kirchnerismo. La cuestión parecía poner blanco sobre negro las diferencias entre Cristina y Mauricio. Mientras que uno protegería a los llamados pueblos originarios, preservando sus tierras, el otro pretendería expulsarlos y reprimirlos. La “década ganada” contra el “cambio”.
“Bueno”, piensa el lector, “pero si usted mismo me está diciendo que el kirchnerismo sancionó esa ley, ¿qué le va a reprochar?”. Como siempre decimos, hay que superar la superficialidad de los problemas y escarbar un poco. A veces, no demasiado.
La ley en cuestión, que lleva el número 26.160, fue impulsada por Alicia Kirchner en 2006, cuando oficiaba de senadora. El texto ordenaba al Estado realizar un relevamiento territorial para determinar cuáles eran las tierras que pertenecían a los llamados pueblos originarios y, mientras tanto, suspendía los desalojos.
Hay que aclarar, sin embargo, que la normativa no establecía nada respecto a la titularización de esas tierras. A la vez que solo reconocía a las comunidades que tenían personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. No era para “todos y todas”. Corresponde, además, situarla en contexto: lo que se buscaba era descomprimir las movilizaciones de las organizaciones indigenistas en un momento en que sus luchas eran judicializadas y criminalizadas.
Inicialmente, se fijó un plazo de tres años para realizar esa tarea, que se le encargó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con un presupuesto de 30 millones de pesos. La ley se prorrogó en 2009 y 2013, llegando su presupuesto a 60 millones ¿Qué se hizo con eso? Prácticamente nada. A más de 10 años de su sanción original, queda claro que nunca existió ningún interés real en llevar a la práctica el pretendido relevamiento. Todo un saludo a la bandera.
En 2012, la Auditoría General de la Nación señalaba que solo se había relevado a 62 comunidades sobre un total de 1470 inscriptas. Esos pocos casos, además, se ubicaban fundamentalmente en provincias sin mayores conflictos por tierras. En cambio, en provincias “calientes” como Chaco, Formosa o Neuquén, casi no hubo avances. En Chaco, por caso, donde se registran 101 comunidades, solo se censaron 2. En Formosa, donde se reconocen 182, no se había hecho absolutamente nada.
¿Y toda esa plata para que se usó? Para financiar la caja política del kirchnerismo, al mismo tiempo que lograba cooptar a gran parte de la dirigencia indigenista. Una muestra: el INAI transfirió a la Universidad Nacional de Lanús de 22 millones de pesos para tareas sin especificar.
“Todo lo que dice compañero, es cierto y es condenable”, sigue pensando el lector, “pero no es lo mismo que la ley esté a que no esté”. Lo que hay que decir es que es falso que el problema central de estas poblaciones sea la tierra. Incluso, en muchas oportunidades, la burguesía no tiene problema en cederlas, porque carecen de valor y permiten resolver el conflicto dándoles a los “pueblos originarios” un lugar en donde caerse muertos. Basta con decir que Mauricio no tuvo finalmente ningún problema en prorrogar la Emergencia.
Pero ni la ley ni sus propuestas alternativas dicen nada sobre la necesidad de garantizar cuestiones vitales de esta fracción de la clase obrera. Los principales conflictos giran alrededor de la falta de trabajo, la suspensión de planes sociales, la falta de vivienda digna y de agua potable. El principal problema de los “pueblos originarios” son sus condiciones paupérrimas de vida, las mismas que sufren el grueso de los trabajadores. Las mismas que el kirchnerismo no solo no combatió, sino que reprodujo y agravó.
