En el mes de abril, un niño de 12 años se suicidó en la localidad de Temperley. Según su abuelo, “lo mató la escuela”. Desde ámbitos oficiales intentarán convencerlo de que se trata de algo excepcional. Lea esta nota para enterarse de las respuestas que improvisan los funcionarios frente a casos similares.
Natalia Álvarez Prieto
GES– CEICS
Cada tanto, distintos episodios de violencia escolar suelen golpearnos en la cara. Los hechos se nos presentan en forma aislada, separados temporal y espacialmente. Esa manifestación contribuye a la construcción de una interpretación de cada hecho como excepcional.
En efecto, las explicaciones oficiales sobre la violencia escolar se ubican en esa sintonía y sustenta aquella definición. Se trata de un relato construido por el Estado desde los ámbitos ministeriales y los organismos oficiales dedicados al estudio del tema, así como por los funcionarios que administran el día a día escolar. Dentro de los tópicos más frecuentes, unos y otros afirman, sin aportar ninguna evidencia, que violencia escolar hubo (hay y habrá) siempre. La novedad residiría en que ahora parece que somos más “sensibles” al respecto. El arraigo de la democracia como estilo de vida habría forjado nuevos umbrales de sensibilidad que nos harían intolerables ciertas cosas aceptadas o naturalizadas en el pasado. Por otro lado, buena parte de nuestra sensibilidad estaría influenciada por la machacona insistencia que los medios masivos de comunicación colocan sobre “lo excepcional”. En otras palabras, se generaría una “sensación de violencia escolar” que alteraría nuestra percepción. En segundo lugar, como no hay grandes matanzas todos los días en las escuelas, suele afirmarse que los casos que trascienden son hechos puntuales y aislados, de la índole de lo patológico-individual y del orden de lo impredecible o de lo excepcional. Como veremos en esta nota, resulta contraria a las evidencias empíricas la regularidad con la que se recurre al tópico de la excepcionalidad. Intentemos comprender el sentido de esa explicación y las contradicciones en las que incurre.
La regla
Llama la atención la coherencia y unicidad de las respuestas oficiales frente a los casos de violencia escolar. Al analizar uno de los períodos en los que venimos trabajando, encontramos que desde el soldado raso (director de escuela) hasta el más encumbrado general (Ministro de Educación) se ensaya un mismo clishé: el de la excepcionalidad. Veamos algunos testimonios de los protagonistas tomados de las noticias publicadas entre septiembre de 2007 y julio de 2008 en diarios nacionales1.
En septiembre de 2007, un estudiante de 12 años amenazó con un arma de fuego a un compañero en una escuela pública de Capital Federal. Al enterarse del hecho, su padre fue hasta el establecimiento y, “en forma violenta”, intentó llevarse el arma, siendo retenido por los directivos. Inmediatamente, desde el Ministerio de Educación, se anunciaba a los medios que se trataba de una escuela sin “antecedentes de violencia”. Pocos días más tarde, luego de otro episodio de similares características en la provincia de Neuquén, una madre golpeaba a una docente en una escuela cordobesa. ¿Qué dijeron las autoridades?: “Esta escuela no tiene una tradición violenta, al contrario, […] nunca nos había ocurrido esto”. Dos días después, en Rosario, tres alumnas eran filmadas por sus compañeros mientras se golpeaban. Al igual que en la mayor parte de los casos, la vicedirectora afirmó que las estudiantes no tenían antecedentes de mala conducta.
A pesar de la mentada excepcionalidad, en el transcurso de un mes se sucederían varios casos más de violencia escolar. En ese contexto, un alumno de 12 años asesinaba a un compañero en la provincia de Corrientes. Luego, un estudiante de una escuela de Misiones fue con un revólver a clases y 35 alumnos de otra escuela de la misma provincia se tajearon los brazos y las manos. En relación a este último caso, la intendenta de la ciudad sostuvo que se había tratado de “un juego”.
En marzo de 2008, un alumno de primer año golpeó y pateó a una de sus profesoras en la ciudad de La Plata. De acuerdo al subsecretario de Educación de la Provincia, Daniel Belinche, se había tratado de “un hecho aislado” (aún cuando, unos días antes, un estudiante mataba a otro en una escuela de Villa Gesell “porque le había tirado papelitos”). También afirmaba que la escuela no tenía dificultades sociales o de comportamiento y que, por tanto, el conflicto debía resolverse dentro de la institución. Dos días después, un alumno de 16 años murió tras ser apuñalado con un cortaplumas por un compañero a la salida de otra escuela misionera. En relación a la asiduidad de los casos, Mario Oporto, Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, explicó que “son mínimos si tenemos en cuenta que 4,5 millones de niños y adolescentes comparten todos los días un lugar común”2.
El orden de lo excepcional o lo mínimo remite a algo poco frecuente. Sin embargo, la secuencia con la que los distintos episodios se suceden pareciera indicarnos que lo anormal se convierte, más bien, en regla. Resulta paradójico encontrar importantes contradicciones en el relato de los propios entrevistados. En ese sentido, por citar un ejemplo, en abril de 2008 dos alumnas golpeaban y cortaban a otra “porque estaba mirando cómo se peleaban”. La vicedirectora de la escuela sostendría -cuándo no- que se trataba de un caso aislado. Sin embargo, también afirmaba que la escuela no sufría un incidente de esa magnitud desde hacía tres años. Menuda excepcionalidad ésta que se repite con esa frecuencia.
Una semana después, un estudiante de 16 años era apuñalado durante una pelea grupal, en el baño de una escuela nocturna de Paraná. A tono con el relato oficial, el director afirmó: “fue una cosa aislada, que lamentablemente sucedió”. Entre estos últimos dos casos mediaron, por lo menos, siete más en todo el país. Como puede verse, los actores directos parecen no poder reconstruir la conexión entre unos y otros. Sin embargo, la misma explicación se repite una y otra vez…
Caídos del cielo
Si damos por sentado que sólo una ínfima proporción de los episodios de violencia escolar trascienden a los medios, puede observarse fácilmente su sistematicidad. Sin embargo, tanto funcionarios como directivos caracterizan el fenómeno de manera opuesta, es decir, como algo excepcional. Veamos, sino, dos hechos más que, en su momento, cobraron gran notoriedad: el asesinato de una docente en Olavarría (2000) y de tres alumnos en una escuela de Carmen de Patagones (2004), provincia de Buenos Aires. En el primer caso, los funcionarios de la cartera educativa evitaron hacer declaraciones ante la prensa. Por el contrario, la directora de la escuela expresaba su desconcierto: “Este alumno siempre fue muy bueno. Jamás había tenido un problema con nadie. Realmente no podemos saber qué pasó por su cabeza.”
En el caso de Patagones, las autoridades sentaron rápidamente posición. En ese sentido, la subsecretaria de educación bonaerense, Delia Méndez, señalaba inmediatamente que “Junior” no tenía antecedentes de inconducta, por lo que difícilmente se hubiera podido anticipar el hecho. Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, sostenía que se trataba de un caso particular, en tanto el chico había tenido acceso a un arma. Al mismo tiempo, Felipe Solá, en ese momento gobernador de la provincia, individualizaba el problema al adjudicárselo a determinados sujetos patológicos. En ese sentido, afirmaba:
“Tenemos que actuar sobre las personalidades que manifiestan depresiones o alguna frustración y darles asistencia psicológica. […] Después habrá tiempo para conocer qué fue realmente lo que convirtió a este chico taciturno en un asesino peligrosísimo”.
Ahora bien, probablemente sea cierto que, a nivel de cada institución, hechos tan graves como los reseñados aquí sean relativamente esporádicos. Por lo tanto, la respuesta que dan habitualmente los docentes y directivos, a tono con la ideología construida por el Estado y sus intelectuales, posee cierta racionalidad. Sin embargo, interpretar los casos de violencia escolar como algo “excepcional” da cuenta de la incomprensión de su carácter sistemático a nivel más general. En el caso del personal político burgués, supone la construcción de un discurso ideológico que intenta desdibujar y eludir las causas más profundas del fenómeno.
¿En qué quedamos?
Por otro lado, el relato oficial afirma que la escuela puede prevenir ese tipo de situaciones. En ese sentido, en un cuadernillo para los docentes, desde el Ministerio de Educación se plantea que:
“desde la escuela no sólo debemos resolver los problemas coyunturales, como los eventuales hechos de violencia que pudieren suscitarse, sino plantearnos un trabajo anticipatorio”3
Ahora bien, si la violencia es algo insólito para las instituciones educativas, no se entiende cómo éstas podrían hacer algo para anticiparlas. Más aún, por qué perderían el tiempo previniendo situaciones improbables. Pues bien, el relato oficial, al mismo tiempo que sostiene la tesis de la excepcionalidad de la violencia, afirma que las dinámicas escolares inciden en ella. En ese sentido, un informe del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas (OAVE) sostiene que los factores institucionales serían claves a la hora de entender la aparición y el desarrollo de la violencia escolar4. Por ello, bregan por la “democratización” de las relaciones en el interior de la escuela y el “trabajo conjunto” de la comunidad en la creación de sus reglas. A pesar de que las evidencias empíricas han dado prueba de su rotunda ineficacia, aquella ideología logró calar muy hondo en el seno de la docencia. Aún más, hoy goza de una gran popularidad gracias a su relación íntima con la incuestionada “inclusión educativa”, la cual supone que los niños y adolescentes deben estar dentro de la escuela a como dé lugar. Veamos sólo dos ejemplos.
En septiembre de 2009, un alumno le puso un revólver en la cabeza a otro y disparó al aire. En relación a la posibilidad de una expulsión, el director de la escuela señaló: “Así no solucionaríamos nada y el chico, que tiene problemas, perdería el punto de contención que tiene: la escuela”. En otro caso de suma gravedad, ocurrido en abril de 2008 cuando un estudiante apuñaló a otro en el baño de una escuela, se argumentaba que no era posible expulsar al joven ya que ello implicaría negarle el derecho a la educación.
Finalmente, existe otra explicación que pretende ser un tanto más refinada que las anteriores: la violencia en las escuelas es social. Así, en la Jornada Institucional “La violencia y las instituciones educativas”, realizada a fines del año pasado a raíz de las agresiones sufridas por un director en una escuela de Pergamino, la DGCyE afirmaba que las situaciones de violencia “ingresan a las escuelas sin pedir permiso”5. Discurso que, rápidamente, deslinda de responsabilidades.
No chamuyés…
Como hemos visto, el relato oficial sobre la violencia escolar construye una poderosa ideología, plagada de contradicciones, que oculta todas las evidencias de la relación del fenómeno con la descomposición de la sociedad capitalista argentina. De ese modo, las responsabilidades se dirigen al cuerpo docente (“el problema es institucional”) o se diluyen (“el problema es social” o “individual”). Salta a la vista la contradicción de señalar que la violencia es excepcional al mismo tiempo que es institucional y social. Se trata de distintos recursos, intercambiables, que eluden el núcleo del problema: su magnitud, sus características y su evolución así como la responsabilidad del Estado y del sistema social que lo sostiene. La gravedad del fenómeno requiere una explicación seria al respecto que, difícilmente, provenga del campo enemigo.
Notas:
1 El relevamiento se hizo en base al diario Clarín y a testimonios relevados por nosotros.
2 Clarín, 06-04-08.
3 Ministerio de Educación de la Nación: La convivencia en la escuela. Recursos y orientaciones para el trabajo en el aula, Buenos Aires, 2010, p. 6.
4 Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas: La violencia en las escuelas desde una perspectiva cualitativa, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, 2008.
5 Dirección General de Cultura y Educación: Jornada Institucional: la violencia y las instituciones educativas, Buenos Aires, 2011, p. 1.
