De las aceiteras a los portuarios ¿y de ahí al campo? La huelga de los obreros de Rosario

Diego Ghigliazza
Colaborador TES

El pasado 26 de enero, en Rosario, estalló  un conflicto gremial de impredecibles consecuencias. En el complejo oleaginoso del sur de Santa Fe, desde donde se exporta el 78% de granos, aceites y harinas de todo el país, se efectuó una huelga por tiempo indeterminado lanzada por la CGT regional San Lorenzo. Se reclamaba un sueldo mínimo de 5 mil pesos y mejores condiciones de seguridad e higiene para una porción de los trabajadores de las cerealeras Cargill, Dreyfus, Vicentín, Molinos y Bunge. Para ello, decidieron bloquear alrededor de 10 terminales agroexportadoras ubicadas entre las localidades de San Lorenzo y Timbúes, más el Puerto General San Martín.

A la medida de fuerza se adhirió el personal de seguridad, de la Marina Mercante, portuarios, camioneros, administrativos y obreros de la construcción que, según estimaciones empresariales, representan sólo un 13% del total de los trabajadores del puerto. Sin embargo, los piquetes en las entradas a las terminales hicieron que la medida de fuerza tuviera un acatamiento total. El grupo mayoritario, que no se plegó al conflicto, pertenece a los aceiteros, quienes en diciembre del año pasado habían conseguido un aumento que les permitió elevar el piso salarial hasta 5 mil pesos, y cuyo sindicato no responde a la órbita de la CGT de Moyano. Cuando en enero la CGT San Lorenzo exigió la misma paga para el resto de los trabajadores, desde la Cámara de Comercio de San Lorenzo se le respondió que ella no podía discutir salarios, sino que debían hacerlo los gremios de cada sector. Ante ello, desde el 26 de enero hasta el día 2 de febrero los trabajadores en conflicto paralizaron todas las actividades del puerto de Rosario y las terminales aceiteras de la zona.

Dentro de este marco, las aceiteras pidieron la intervención del Gobierno Nacional para descomprimir el conflicto. Al mismo tiempo, la Bolsa de Comercio de Rosario alertaba que la falta de biodiesel afectaría en el futuro a toda la cadena industrial y generaría un caos en la economía. A su vez, el 29 de enero las empresas afectadas solicitaron al Ministerio de Trabajo la autorización para suspender a los trabajadores en huelga. Ante dicha iniciativa, la CGT amenazó con desplegar los piquetes hacia las rutas.

En cuanto a las pérdidas empresariales, los diarios en su mayoría se hacían eco de las voces patronales: “Las 10 plantas bloqueadas generan una molienda diaria de 110 mil toneladas, a 500 dólares la tonelada de soja, basta multiplicar para darse cuenta de lo que pierde el país” decía Alberto Jacobson, de la Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo.(1)  Al cumplirse una semana de huelga y bloqueos, los títulos de algunos diarios capitalinos anunciaban que la pérdida total por día de las cerealeras era por lo menos de 2 millones de dólares y que la no intervención del Gobierno era motivo suficiente para temer que el conflicto se agravara aún más.

Por otra parte, el día 31, en medio de los piquetes de la CGT, un grupo de 300 trabajadores aceiteros de las empresas Cargill y Terminal 6 -representados por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) que dirige Pablo Reguera- se manifestaron frente a la sede de la gobernación de Rosario para que se les permitiera ingresar a sus puestos de trabajo. Con el objetivo de enfrentar a los trabajadores, desde la patronal anunciaban que los aceiteros representan un 87% del total y que apenas son 150 personas las que le prohíben la entrada al trabajo a otras 5 mil(2) . Sin embargo, Eduardo Quiroga, secretario gremial de la CGT-Rosario, sostenía que ellos estaban representando a 9 mil trabajadores y que la mayoría de los aceiteros los apoyaban, siendo una minoría los que se dejaban dirigir por los dueños de las empresas para boicotear la huelga. A su vez, respecto a la cuestión de las paritarias, Quiroga recordó que la CGT San Lorenzo “no tiene potestad para discutir paritarias” pero que según la ley puede “discutir el salario mínimo para una región acotada, como es San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, donde están emplazadas las 16 empresas oleaginosas del cordón industrial”.(3)  De esta manera, el dirigente respondía a las acusaciones empresariales sobre la incumbencia de la CGT en las discusiones salariales.

Negociación y acuerdos

El 2 de febrero, en Santa Fe, la presidenta Cristina Kirchner concurrió a un acto con las autoridades de la provincia por la inauguración de la autovía Santa Fe-Paraná. En su discurso, exhortó a los trabajadores en huelga a reencauzar el diálogo y a tener mayor responsabilidad en las medidas de fuerza que se llevaban a acabo, anunciando también que había viajado con el ministro Tomada para que personalmente se hiciera cargo de la situación. Según el diario La Capital, bastó un llamado telefónico del Ministro de Trabajo a los dirigentes en huelga, pidiendo que levantasen la medida como gesto hacia la presidenta que los había retado, para que se solucionara en horas un conflicto que llevaba una semana.(4)  De esta manera, ese mismo día el Ministerio de Trabajo de la Nación convocaba a una conciliación obligatoria por 10 días hábiles para que las partes pudieran ponerse de acuerdo y terminar con el conflicto. Al día siguiente, se realizó una reunión con los empresarios y los sindicatos (Unión Obrera de la Construcción, Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos), quedando de lado la CGT San Lorenzo, como pretendían las patronales. Mientras tanto, en Rosario, las actividades en el puerto y en las terminales cerealeras comenzaban a funcionar normalmente.

Durante el plazo de la conciliación obligatoria, las negociaciones estuvieron signadas por una serie de cuartos intermedios e intrigas sostenidas. El día 14 de febrero, a 2 días de finalizar la conciliación obligatoria, el secretario general de la CGT-San Lorenzo, Walter Cabrera, sostenía en los medios que la semana anterior las empresas habían realizado una propuesta que fue rechazada por los gremialistas, la cual proponía un pago único de 1600 pesos en cuatro cuotas. El dirigente también advertía que la táctica fue dividir a las organizaciones sindicales, otorgando aumentos a algunos y a otros no.(5)

No obstante, el 16 de febrero, el mismo día en que vencía el plazo de la conciliación obligatoria, empresarios y dirigentes gremiales llegaron a un acuerdo por un elevado porcentaje de aumentos salariales. Según cifras expuestas en la prensa, el promedio de los aumentos alcanzaría un 70%, incrementando el salario mínimo hasta alcanzar los 3.800 y 5.100 pesos, según cada caso. Esto beneficiaba a 4 mil trabajadores, un 15% del total. Pero este acuerdo sería implementado sólo sobre los trabajadores cuyo sindicato tuviesen convenios con las aceiteras. En el caso del SUPA, la escala salarial quedaba supeditada a la tarifa que las industrias acordasen con la Cooperativa de Trabajos Portuarios, donde el dirigente titular de ese sindicato, Hermes Juárez, es al mismo tiempo presidente de la cooperativa, al mejor estilo Pedraza. Por otro lado, quedaron pendientes las discusiones salariales para los empleados agrupados en la Marina Mercante y Controladores Navales, aunque igualmente se dejó plasmado en actas un mínimo de 4 mil pesos. El caso sobresaliente en la ronda de negociaciones es el que concierne al aumento que consiguió el Sindicato de Vigiladores quienes de 1.800 pesos pasaron a cobrar 3.800, lo que equivale a un 110% de incremento salarial, sin que su representación gremial participara en ninguna de las negociaciones. Lo cierto es que en este mosaico de situaciones la estrategia conjunta entre el gobierno y los empresarios de dividir a los obreros dio resultado y gran parte de los trabajadores quedaron lejos del mínimo de 5 mil pesos que se reclamaba.

Conclusiones

El conflicto pone una vez más sobre la mesa la fragmentación de la clase obrera. Aquí vemos actuar a un sector que, por su ubicación en la estructura productiva, posee una capacidad de presión que otros carecen. Su capacidad de interrumpir el flujo de las exportaciones agrarias es la base su fortaleza.

Sin embargo, también al interior de este grupo aparecen divergencias. Como vimos, en principio los obreros aceiteros -que ya habían negociado sus salarios con anterioridad- no se plegaron a la huelga. Nuevas divisiones aparecieron al momento de los acuerdos que dan resolución al conflicto: mientras algunos obtuvieron importantes incrementos, otros salieron del conflicto sin un monto establecido. Nuevamente, los empleados de las cooperativas manejadas por la burocracia sindical son quienes se encuentran en peores condiciones.

Finalmente, cabe resaltar que, históricamente, en la Argentina en las oleadas de huelgas en el ámbito rural fue fundamental la puesta en movimiento de portuarios, estibadores, y otros obreros vinculados con la exportación de cereales, nucleados muchas veces en sindicatos de oficios varios. Éstos, asentados en el medio urbano y generalmente con empleos más estables, actuaron como soporte organizativo de los obreros rurales en su zona de influencia. Quizás, en medio de pleitos internos de la burocracia sindical y sus cambiantes alineamientos políticos, hayamos visto cómo, en Rosario, se encendía nuevamente esa chispa.