Recientemente, el macrismo ha firmado una serie de acuerdos de competitividad con diferentes sectores de la economía. La intención declarada del gobierno es mejorar la acumulación capitalista. ¿Cómo? Renovando la infraestructura interna, pero sobre todo, reduciendo los costos laborales para atraer inversiones privadas.
Vayamos por partes. ¿Qué son los acuerdos de competitividad? Se trata de actas de compromiso entre los empresarios, los sindicatos y el Estado. Los primeros se comprometen a invertir. El estado a reducir impuestos y costo logístico, así como favorecer importaciones de insumos básicos. Por ejemplo, el gobierno apunta a reducir el costo del petróleo, el acero, el aluminio, buscando un efecto “cascada” sobre los sectores consumidores, como la construcción o la metalmecánica. ¿Y los sindicatos? La burocracia, por su parte, acordará con ellos las reformas para aumentar la productividad en los convenios. Negocian nuestro sudor y nuestra salud. Ya se avanzó en petróleo y gas, automotriz, motos, textil, calzado, construcción, siderurgia, aluminio, y en producciones agropecuarias.
Los acuerdos se producen en un contexto de recesión. Por eso, uno de sus objetivos inmediatos es fomentar el consumo en ramas como calzado, indumentaria y textil (además de otorgar el Repro Express para sostener el empleo de empresas en crisis). Como se ve, nada muy diferente a lo que ya proponía Kicillof y compañía. Difícilmente podría ser de otra manera, en tanto son sectores donde la Argentina es poco competitiva, limitados al mercado doméstico y que precisan de la asistencia estatal para subsistir. Otra pata para la expansión del consumo es la exportación. Para ello, se propone incentivos fiscales, o sea, reintegro de impuestos a exportadores. Es decir, las mismas medidas que se implementan desde mediados de los ’60, sin demasiado éxito.
Pero el nudo de los acuerdos reside en la reforma laboral. Los “costos laborales” son el quid de la cuestión. Un reciente informe de competitividad del Foro Económico Mundial -indicador del “clima de negocios” internacional- ubica a Argentina en el puesto 130° en eficiencia del mercado laboral. Entre las respuestas de los empresarios encuestados, uno de los problemas más mencionados son las regulaciones laborales. Para estos parásitos las indemnizaciones por despido, las ART, entre otras cosas, son costos que hay que reducir. Quieren sacarnos lo que nos queda de nuestras conquistas históricas.
Efectivamente, ya Joachim Maier, CEO de Mercedes Benz, reclamó medidas sobre las cargas sociales, la rigidez de contratación de personal temporario y los convenios. También, avanzar sobre el adicional por antigüedad, abonar parte del salario atado a la productividad, revisar los incentivos, retirar de la jornada el tiempo de comedor, revisión de indemnizaciones, entre otras. Como se ve, quieren flexibilizar cada vez más.
Dado que la reducción impositiva tiene sus límites (porque el Estado va a querer financiamiento) y la incorporación tecnológica en escala no aparece en el horizonte, la burguesía profundizará entonces el ataque al salario. En esto Macri no es nada original. Es lo que vienen haciendo los capitalistas desde hace más de 60 años. Quizás les sirva para sostenerse a corto plazo pero serán inviables en términos estructurales. ¿Por qué?
Porque mientras la burguesía argentina se impone sobre nosotros, el capital mundial avanza más rápido. Un paso de la burguesía argentina equivale a diez del capital internacional. Como vemos, nos quieren ajustar para nada. El incremento de la productividad del trabajo y el aprovechamiento de sus resultados para el conjunto del población solo se podrá plantear, sacándonos de encima a los capitalistas y reorganizando la producción y la vida social bajo otras relaciones. Una salida socialista.
