Por María Cecilia Luiso
Durante septiembre se presentó en Junín, provincia de Buenos Aires, el Plan Escuelas Inclusivas lanzado en el marco del «Plan de acompañamiento a Escuelas 2017”. Este pretende instaurar un «nuevo paradigma» en relación a la integración, ahora con nuevo titulito de «inclusión» de los alumnos con discapacidad en el llamado Modelo Social de la Discapacidad.
El foco de la jornada estuvo puesto en el compromiso ético y la voluntad de los docentes para superar las múltiples barreras que la sociedad y la escuela presentan para los chicos discapacitados. No se hizo mención, en cambio, a las
condiciones materiales del sistema educativo; lo ya repetido hasta el hartazgo: escuelas destruidas, falta de equipos de apoyo y orientación, capacitaciones vacías, docentes sobrecargados, etc.
Esta jornadas no merecerían mayor mención si no fuese porque se anticipó que a partir del próximo año se elimina
la acreditación por Educación Especial, que es la Dirección que se ocupa de determinar parámetros para la aprobación de los alumnos integrados, que gestiona los equipos de apoyo y otras funciones. Ahora, todos los alumnos «incluidos», acreditarán por el nivel.
Algo más que palabras
El cambio se inscribe en una resolución del Consejo Federal de Educación (CFE N1 311/16) sancionada durante el 2016. La normativa buscaría garantizar los derechos y la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Si bien son las escuelas especiales las encargadas de “asegurar” el cumplimiento de ese derecho, se debían revisar los mecanismos de la inclusión para el acompañamiento de las trayectorias escolares. El documento de la provincia de Buenos Aires (la Comunicación Conjunta 1, del 24 de febrero de 2017) agrega que se busca superar el paradigma de la “integración” en tanto forma de denotar y connotar la inclusión de niños con discapacidad en la escuela común por otro verdaderamente “inclusivo”. ¿Cómo hacerlo? Deconstruyendo el discurso y estableciendo formas de “corresponsabilidad”. En concreto, la normativa de Nación fija que todo el nivel inicial se realizará en escuelas de modalidad común (la familia puede optar por una escuela especial) aunque debe iniciarse una orientación de su trayectoria desde ese nivel. El nivel inicial debe “orientar, brindar apoyos y recursos especializados”. Son los equipos educativos los que deben realizar los ajustes necesarios para garantizar la inclusión,
comprendidos en el PPI (proyecto pedagógico individual para la inclusión).
El pasaje al nivel primario es automático. Es este nivel el que va a certificar y reconocer los saberes adquiridos para cada estudiante, contemplando promoción asistida y automática así como los acuerdos establecidos. Se explicita que todos los estudiantes que acrediten el nivel primario deben ser inscriptos en la escuela secundaria “aunque sus aprendizajes hayan guardado escasa relación con el diseño curricular” del nivel primario.
Lo que tenemos que pensar es cuál es el contenido real de esas palabras. En primer lugar, no existe ni integración ni inclusión real carente de recursos. ¿En qué condiciones se va a hacer la inclusión? Si hoy no existe un equipo de orientación escolar por escuela, entonces ¿qué personal va a seguir la trayectoria individual, qué docentes de braile o de lenguaje de señas, quienes van a atender a los niños con trastornos como el autismo? Escuelas derruidas y sin rampas, cómo van a garantizar la inclusión.
Hay que decirlo, las escuelas especiales requieren muchos recursos, mucho personal, que el paradigma “inclusivo”
torna oportunamente prescindible. Por eso, consideramos que esta reforma es un primer paso para la eliminación de
la Secretaría provincial y por lo tanto de los equipos de apoyo que esta gestiona. Puesto que, si un alumno acredita por el nivel, según los contenidos comunes, seleccionados y adecuados por el docente ¿qué sentido tendrá que haya un maestra integradora, de apoyo en la escuela? Que se trata de una inclusión falsa basta con enumerar todas las carencias de recursos en los que se pretende llevar a cabo la inclusión. Dicho sea de paso, una vez más, la escuela pasa a ser un sinónimo vacío de titulación.
Por eso, los docentes de la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro denunciamos que esta es otra medida que degrada la educación, que pone al docente en un lugar para el que no se lo prepara y una formación «personalizada» del alumno que no es más que condescendencia y vaciamiento. No hay peor inclusión que aquella que se convierte en estafa. Que todos estén en la escuela: cómo y para qué no importa. Al final se llevan el mismo papelito.
