Por Silvina Pascucci
La UTC y la comunidad boliviana
La Unión de Trabajadores Costureros (UTC), dirigida por Gustavo Vera fue formada en octubre de 2005. Nuclea a alrededor de 300 familias de costureros, muchos de los cuales trabajan en una cooperativa organizada en el Centro Comunitario La Alameda. Fueron ellos quienes iniciaron, unos meses antes del incendio, las denuncias junto a la Defensoría del Pueblo, por trabajo esclavo y contra las condiciones de superexplotación en que se encuentran los costureros en los talleres, que no cumplen con la legislación laboral. Las denuncias de Vera también incluyen casos de corrupción de funcionarios del Consulado (implicados en el paso ilegal de inmigrantes por la frontera), y situaciones de cohecho por parte de la policía, en total connivencia con los dueños de los talleres clandestinos.
La mayoría de los costureros son bolivianos, pero también, los dueños de los talleres que los explotan son, en muchos casos, bolivianos. El cónsul Álbaro Gonzáles Quin, acusado de avalar la ilegalidad de los talleres y de cobrar coimas por trámites de radicación truchos, también es ciudadano de Bolivia, al igual que muchos de los “camellos”, que es como se les llaman a los que organizan los viajes al país vecino e introducen mano de obra barata para trabajar en la Argentina1. Por otro lado, los policías y funcionarios corruptos son argentinos, del mismo modo que los son los miles de trabajadores de empresas terciarizadas que trabajan en condiciones similares a las que existen en los talleres de costura, por sueldos miserables y largas jornadas. Por último, podemos recordar que el Estado Argentino es el principal empleador de trabajadores en negro, al igual que lo hacen los talleristas bolivianos o coreanos.
Entonces, ¿qué papel cumple la nacionalidad en esta historia? El de encubrir las relaciones de explotación, por un lado; facilitar la explotación más extrema por otro. Primero, se hace pasar una disputa entre burguesía y proletariado (obreros contra talleristas) y entre una capa de la burguesía y otra (talleristas contra grandes fábricas), como si fuera un problema de “discriminación étnica”, cuando no es más que la disputa por el valor de la fuerza de trabajo y de masas de plusvalía, respectivamente. Se desvía así el problema, que ya no atañe al capital mismo sino a un problema “cultural” y “ético”. Después, la carencia de documentos (la expresión jurídica de la “nacionalidad”) permite los mayores abusos. Pero aquí hay una alianza general de fracciones burguesas de distinto origen nacional (argentina, peruana, coreana, china, boliviana) todas de acuerdo en mantener el mayor nivel de explotación posible de la clase obrera, también de distinto origen nacional. Las leyes del capitalismo no son xenófobas: sean argentinos, bolivianos, o de cualquier otra nacionalidad o etnia, la situación de clase es la que opera como determinación última.
Hermano contra hermano
El 3 de abril, una multitudinaria manifestación de ciudadanos bolivianos se concentró frente al local de La Alameda, en Parque Avellaneda, y protestó contra las denuncias realizadas por Gustavo Vera, que provocaron, luego del incendio, la clausura de más de 40 talleres de costura. Al grito de “Vera mentiroso”, los manifestantes aseguraron que no existe esclavitud en los talleres y que los bajos precios que se pagan a los costureros son responsabilidad de los fabricantes, que no abonan un “precio justo” por prenda. Este precio sería de un 20% del precio de vidriera, cosa que no es respetada. La UTC rechazó esta manifestación, por estar “organizada por el Consulado, los talleristas y los fabricantes”2. Entre los organizadores de la marcha, se encuentra la Asociación Argentina “Bolivia de Pie”, una organización de talleristas bolivianos que, según Vera, tiene relaciones con un sector del PJ ligado a Héctor Capaccioli, funcionario del gobierno de la ciudad y fiel defensor de Ibarra3. Esta organización también estaría vinculada a Omar Reta, presidente del Frente Vecinal Solidario (FREVESO), quien en varias declaraciones ha apoyado firmemente al gobierno de Kirchner.4
Si bien se puede entrever este trasfondo político, y más allá de que muchos de los que arrojaron verduras y huevos al local de Vera puedan ser dueños de talleres, es innegable el hecho de que allí también se hicieron presentes varios miles de costureros, que temían por la pérdida de sus puestos de trabajo, amenazados por la clausura de talleres. ¿Cómo puede entenderse, entonces, que tantos costureros aparezcan enfrentados, no ya a sus compatriotas, que como vimos, pueden ser sus peores enemigos, sino a sus propios hermanos de clase: ¿costureros que se encuentran en las mismas condiciones y que vienen denunciado las irregularidades a las que son sometidos? Justamente porque, hay un elemento que la UTC no ha tomado en cuenta, y que le costó la enemistad de buena parte de los trabajadores: el cierre de talleres, provoca la pérdida de trabajo de muchos obreros. ¿No debió haber hecho las denuncias? Obviamente que sí. Toda acción reivindicativa tiene sus costos, de lo contrario tampoco habría que hacer huelgas. La tarea que la UTC ha realizado es muy importante y significa un enorme paso adelante en la lucha de la fracción más explotada de los trabajadores argentinos. El problema, creemos nosotros respetuosamente, radica en la solución que busca la organización de Vera.
El principal reclamo de la UTC es la confiscación (sin indemnización) de las máquinas incautadas a los talleristas, que deberían ser entregadas a los costureros para trabajarlas en forma cooperativa. La solución es, entonces, la cooperativa. Pero, al margen de que expropiar a la masa de los talleristas crearía un problema político mayúsculo al conjunto del capitalismo argentino, que difícilmente sería llevado adelante por el mismo Estado cuya función es defender las relaciones capitalistas, eso no alteraría la estructura de la industria. Al contrario, reproduciría las condiciones actuales, con alguna pequeña mejora a corto plazo. La formación de cooperativas no presupone el fin de la explotación intensiva de la mano de obra, que tiene como causa central el retraso tecnológico de la rama. La cooperativa sigue estando presa de este inconveniente, y como ha sucedido con varias fábricas ocupadas convertidas en cooperativas, la experiencia de lucha puede quedar abortada por dos motivos: o la cooperativa se funde (ya que no puede competir en el mercado) o debe recurrir a los mismos métodos de los talleres clandestinos (bajos salarios, largas jornadas, incumplimiento de leyes laborales, etc.). En el peor de los casos, se produce una diferenciación interna que transforma a algunos miembros en patrones mientras proletariza al resto, o bien, la cooperativa termina como tercerizada del capitalista que viene en su “rescate” aportando materias primas o crédito “barato” a cambio de concesiones leoninas.5
En este conflicto hay dos grandes ausentes: las grandes fábricas y el Sindicato Obrero de la Industria de la Vestimenta de la Argentina (SOIVA). Resulta sospechoso, en este sentido, el silencio de los empresarios de la indumentaria al respecto. La Cámara de la Industria del Vestido se limitó a admitir que el 75% de la producción textil en la Argentina es “informal”, actuando de hecho como si el problema no le incumbiera. El SOIVA no ha dicho esta boca es mía. El conflicto puede ser desfigurado, entre otras cosas, porque los principales representantes de las fuerzas sociales en pugna, la Cámara y el SOIVA, miran para otro lado. Así lo que es una disputa entre capital y trabajo aparece como un enfrentamiento entre pequeño-burgueses y cooperativas, es decir, entre dos formas del pequeño capital. En parte, esta situación se ve facilitada por la forma en que la UTC ha planteado el problema, privilegiando la apelación legal al estado bajo la forma de lucha por los derechos humanos, en lugar de desarrollar la lucha sindical. Creemos, otra vez, respetuosamente, que volver a colocar el problema sobre ese eje, es decir, sindicalizar a los costureros, exigir la intervención en la lucha del SOIVA y disputar su conducción sobre la base de un pliego de reivindicaciones que contenga aumentos de sueldo, blanqueo de todos los trabajadores e integración de los talleres en las grandes fábricas, puede ser un camino más fructífero. Permitiría alejar el fantasma del cierre inmediato de los talleres y, por ende, la desocupación, eliminando la principal causa de la división actual entre los obreros, al mismo tiempo que los reinsertaría en el proceso de lucha actual que, con muchas similitudes, llevan adelante los obreros de las empresas tercerizadas.
Notas
1 Ver La Nación, 9/4/06
2 Página 12, 3/4/06
3 Ver, por ejemplo, las declaraciones de Capaccioli en relación con el juicio a Ibarra, en www.anibalibarra.org.ar
4 Ver sus declaraciones en www.la-floresta.com.ar
5 Véase sobre estos temas, Sartelli, Eduardo: “Cooperativas, crisis y capitalismo en el agro pampeano (1900-1935)” y Heller, Pablo: Fábricas ocupadas, Bs. As., Rumbos, 2004.
