Por: María Cecilia Luiso y Soledad Rodriguez Lorentz
Tal y como anticipamos en El Correo Docente Nº 13 se puso en marcha este año el nuevo Plan de “Educación Inclusiva” en la provincia especificado en la Resolución 1664/2017. En aquella oportunidad advertimos que estábamos ante la eliminación de la Modalidad Especial como órgano independiente y específico para educar a los chicos con discapacidades diversas.
Al leer la nueva Resolución no quedan lugar a dudas. Se fija allí que cada escuela debe analizar y resolver las “barreras” que obstaculizan la inclusión plena de los alumnos con discapacidad en los diferentes niveles y modalidades. Según esta perspectiva, se convocará a Educación Especial solo cuando sea imperioso y necesario: “la sola presencia de un niño, niña, adolescente, joven-adulto con discapacidad por sí sola no torna necesaria la intervención de la modalidad especial”. En criollo: la escuela y los docentes se las arreglan como pueden. Es el docente quien deberá recortar los contenidos, pensar las estrategias y metodologías para que el alumno incluido aprenda a la par de sus compañeros y, a la vez, evaluarlo adecuadamente.
El problema que no se pone sobre la mesa es cuáles son las condiciones reales para llevar adelante esa tarea. Empecemos. A las extensas jornadas laborales, los salarios de hambre que percibimos, las crecientes problemáticas de violencia en el aula se suman las adecuaciones. Para peor, de la noche a la mañana, debemos ser especialistas en discapacidades si es que queremos darle un contenido real a la idea de “inclusión”. Ante el cuestionamiento de que no nos han capacitado para tal cosa, las autoridades responden que “trabajamos permanentemente en la diversidad, la inclusión de la discapacidad es parte de esta diversidad”. Esta respuesta es, como mínimo, una simplificación absurda de la realidad áulica, a la vez que desconoce y menosprecia a quienes sí se han formado específicamente para trabajar con alumnos discapacitados. Pone, además, en igual nivel las discapacidades físicas, que podrían ser más fáciles de resolver si cada escuela tuviera infraestructura adecuada, que las cognitivas. Sin ningún tipo de capacitación específica, la inclusión ya se siente en el aula. Valga el siguiente ejemplo. En el partido de San Martín, hay un 1º año con una matrícula de 19 alumnos donde 12 son incluidos. Esos alumnos cuentan con una sola MAI (maestra apoyo a la inclusión). En Junín, tenemos un 1º año con más de 40 alumnos de los cuales 11 son incluidos, 9 no están alfabetizados. Condiciones de trabajo reales en dos escuelas de la provincia. Los ejemplos se multiplican de a cientos. En ningún caso, sus docentes fueron capacitados. Y esos niños pasaron de una escuela especial a una escuela común: dos lógicas institucionales que se deberá resolver sobre la marcha.
Pero lo más preocupante es que mientras se habla de igualdad y ejercicio pleno de derechos, la normativa pide la consideración de las trayectorias particulares, es decir, la adaptación propia para cada alumno. La resolución propone pensar “dispositivos” “intervención articulada de diferentes actores territoriales” “legajos de trayectorias”, “formas organizativas de trabajo docente” etc., etc. Ahora bien, la mayoría de las escuelas no cuentan con Equipos de Orientación Escolar que asesoren a los docentes en esas adaptaciones para elaborar un proyecto pedagógico para la inclusión. Ya dijimos que recurrir a especial es la última instancia que deberá atender la escuela. El resultado: voluntarismo puro.
La realidad es que hoy el proceso se lleva a cabo sin ningún tipo de recursos ni de materiales adecuados para realizar esa “adaptación”. Un nuevo ejemplo, ilustra la realidad. Si un alumno incluido ingresa a la escuela secundaria solo leyendo y escribiendo, con mucha dificultad, en imprenta mayúscula se lo considera alfabetizado. Para continuar con su trayectoria en la escuela secundaria común debe recibir los materiales adaptados en imprenta mayúscula. Este alumno deberá tener la “suerte” de que todos los profesores adapten sus materiales a ese formato. Para el docente implicará reescribir El Quijote, Romeo y Julieta o El señor de los Anillos según el caso. De hacerlo, recibirá el título secundario, pero al salir a la vida real se encontrará con que no es capaz de leer ni siquiera su propia libreta de comunicaciones ni qué decir del diario del domingo.
Estamos ante una nueva forma de degradación de la educación y un desprecio a la formación profesional de los docentes de Educación Especial. Lo más grave es que los principales perjudicados son los alumnos a los que se les “vende” una igualdad vacía. Como siempre los docentes recibimos una nueva sobrecarga de trabajo pero ese no es el verdadero problema sino los convidados de piedra de tanto cinismo educativo: los alumnos.
