En diciembre pasado, con un Congreso vallado y con mucha represión, el gobierno hizo pasar su reforma previsional. Sus objetivos: ajustar los números del fisco y, sobre todo, bajar costos laborales. ¿De qué manera? Primero, garantizando mejores condiciones para explotar jubilados, algo que ya de hecho ocurría, porque la mayoría sigue trabajando anotándose como monotributistas. Ahora, con la reforma, el asunto se blanquea: el empleador puede dejar de cotizar cargas patronales a la seguridad social, eliminar antigüedad y solo pagar obra social y ART. Todo un negocio para las patronales.
Asimismo, la reforma arremete contra la garantía del haber mínimo. A quienes se jubilaron con 30 años de aportes efectivos, se les garantiza un haber mínimo equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, lo que equivale hoy a $8.200. O sea: una garantía de hambre.
Por si fuera poco, no incluye a quienes se han retirado con alguna de las tres grandes moratorias previsionales. Ellos pueden cobrar incluso menos. Así, se elimina lisa y llanamente la universalidad del haber mínimo, produciéndose una fragmentación entre los jubilados.
Además, se discute la modificación de la fórmula para actualizar los haberes. El macrismo propone un nuevo cálculo que recompondrá trimestralmente las jubilaciones. Dicha recomposición nunca podrá ser inferior a la inflación, lo que también significa que sin inflación no hay aumento. Así, la mayoría de las jubilaciones no se van a levantar de ese piso tan bajo de $7.246. Encima hablan de una suma adicional en función de la variación del PBI. Pero veámoslo en cifras: si el PBI creciese 4%, haría que una jubilación de $10.000, se incremente en unos fabulosos… $20. Una vergüenza.
Ya bajo el kirchnerismo, los “aumentos” corrían siempre detrás de la inflación y la mayoría cobraba haberes mínimos de miseria. Incluso la jubilación con moratoria le quitó a muchos empleadores la responsabilidad de los aportes. Ahora el asunto se consolida: cualquier jubilado deberá seguir trabajando y su jubilación será más bien un ahorro para los patrones negreros, que contratan jubilados por menor salario, sin pagar aportes y con trabajos fuera de convenio. Este es el caso de muchas empleadas domésticas, acompañantes terapéuticos, jardineros, cocineras y mozos, maestros panaderos y pizzeros, entre otros oficios.
Otro ataque importante será a los regímenes “diferenciales”. En el decreto que aprobó la Reparación Histórica, Macri coló el asunto del “saneamiento” de las cajas provinciales, un asunto de larga data. ¿De qué se trata? Se busca que ninguna provincia otorgue una jubilación con menos requisitos o mejor haber que las que otorga ANSES. Así, por ejemplo, se ataca la jubilación de varios empleados públicos de distintas provincias.
También a trabajadores de varias actividades, que por insalubridad habilitan a la jubilación antes de tiempo: docentes, metalúrgicos, portuarios, mineros, petroleros, enfermeros y radiólogos, entre otras.
Si queremos revertir esta reforma, debemos unificar a los jubilados con los trabajadores en actividad. Debemos tomar la calle e impulsar desde cada lugar de trabajo, cada barrio, jornadas de lucha con paros y piquetes. Los sindicatos deben abrir sus puertas a sus jubilados, para que los sueldos y haberes jubilatorios puedan discutirse en paritarias nacionales. Tenemos que recuperar el derecho al retiro, a vivir con lo aportado. Para ello, es necesaria una discusión integral del sistema previsional nacional. Una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados puede ser la cita para esta y las demás luchas que los trabajadores tenemos por delante.
