Yuanes para pocos. Un análisis del actual Convenio de Cooperación entre Argentina y China

 

 

El acuerdo con China no resuelve la crisis. Simplemente permitirá estirar un poco más el estallido de la crisis, reproduciendo las particularidades de un país agrario que no ha alterado su matriz económica.

 

Verónica Baudino

Grupo de Investigación de la Burguesía Argentina

 

 

La gira presidencial por China en el contexto del Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones fue exaltada como una posibilidad de desarrollo nacional de la mano de un acuerdo de pares con el país asiático. Sin embargo, el tratado replica las relaciones con otras potencias y expone una vez más los límites del capitalismo argentino y la continuidad de una estructura asentada en las mercancías agropecuarias. Como veremos, consiste en financiamiento para sostener el entramado económico actual a cambio de garantizar rentabilidad a los capitales chinos y provisión de materias primas. La burguesía local, en sus desacuerdos con el Convenio, muestra una vez más su impotencia. Ante un Estado que ya no puede sostenerlos a todos, se lanza a una lucha por capturar una porción de riquezas que los sostenga. Así, como manifiesta más claramente Techint, piden protección estatal para unos y mercado para el resto, señalando antes que una estrategia propia del capital monopólico, la agudización de las disputas interburguesas en un contexto de crisis.

 

Entre acuerdos…

 

El principal aspecto del acuerdo con China es el financiero. En ausencia de otras fuentes externas, y ante la urgencia de dinero por parte del gobierno, se firmó un acuerdo entre el Banco Central y el Banco Popular de China por transferencias de swaps por USD 11.000 millones a efectivizarse durante un plazo de 3 años. Hasta el momento Argentina solicitó USD 3.100 millones que permitieron mantener las reservas del Banco Central. Aunque aparezca como una entrada limpia de dinero, los swaps en realidad vienen a cubrir el déficit comercial con China. En 2014, se acumularon USD 5.789 millones[1] de déficit producto del incremento de las importaciones chinas y estancamiento de las exportaciones argentinas. Durante este período mientras las exportaciones fueron de alrededor de 7%, las importaciones chinas significaron el 15% del total. Así los swaps no engrosan las Reservas del Banco Central, sino que garantizan el flujo comercial con China, pues no están disponibles para otro destino. El sentido del acuerdo se asemeja al mecanismo de financiamiento de las exportaciones chinas a EE.UU. Este país constituyó durante los últimos años el principal mercado para China, junto con Europa. Las dificultades de pago por parte de EE.UU. obligaron a China a comprar bonos del Tesoro como forma de garantizar su capacidad de compra.

La otra parte del acuerdo consiste en inversiones en Argentina. YPF firmará un acuerdo de inversión con la petrolera asiática SINOPEC con motivo de avanzar en la explotación de Vaca Muerta. La futura inversión tiene como antesala el pago por parte de SINOPEC de USD 2.450 millones por las áreas concesionadas de la estadounidense Occidental Petroleum Corporation, así como la compra del 50% de Bridas por la china CNOOC, con el objeto de explorar y desarrollar la industria de petróleo y gas.

A su vez, China aportará USD 4.700 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner-Jorge Cepernic. Este acuerdo, implicará al menos USD 5.000 millones de swaps que se aplicarán una vez que las obras comiencen. También se proyecta la instalación de una base espacial en la Patagonia, en tierras concedidas por el gobierno, que cuentan con una exención impositiva por 50 años.

El mencionado conjunto de inversiones se suma a las que China viene realizando en América Latina, cuyo mayor exponente es la construcción del canal de Nicaragua que le permitirá el transporte de petróleo. Argentina constituye, en este escenario, un socio menor en un esquema en el que el gigante oriental busca asegurarse la rentabilidad de su capital en un contexto de crisis internacional. En efecto, las inversiones chinas parecen encontrar en Argentina ganancias futuras garantizadas por sobreprecios estatales, al estilo de lo que ya ha ocurrido con la compra de ferrocarriles a precios superiores a los producidos internamente. Informes periodísticos muestran que Argentina compró vagones chinos aceptando sus condiciones, que no se correspondían con las necesidades de los planes de soterramiento (importaron vagones para cielo abierto) y pagó un sobreprecio del 30% (más costos de importación) en durmientes de hormigón que también se producen en el país.[2]

La vinculación con China replica aquella establecida con otras potencias, como Estados Unidos, que ha consistido en la instalación de plantas (por ejemplo automotrices y químicas) con tecnología obsoleta en sus países matrices. Estos capitales operan a escala reducida sólo para abastecer al mercado interno (no exportan desde Argentina) gozando de protección y subsidios especiales. No implica, sin embargo, una nueva expresión de la subordinación argentina en tanto semicolonia, como quiere el trotskismo,[3] sino la forma que adopta la acumulación de capital en un país capitalista plenamente desarrollado, pero aún así débil frente a la competencia extranjera.[4] Así, es la debilidad del capitalismo argentino la que condiciona las negociaciones frente a las potencias mundiales y no a la inversa.

 

… y desacuerdos

 

La burguesía argentina más preocupada por el efecto de los acuerdos es la industrial, nucleada en la Unión Industrial Argentina (UIA). Su opinión no ha sido unívoca, y se evidenció una vez más la interna que la recorre.

En enero de este año, la entidad hizo circular un comunicado en el que cuestionaba “la posibilidad de adjudicación directa de proyectos de infraestructura con horizonte a cinco años, a cambio de financiamiento de origen chino”. Y continuaba señalando que “excluiría de forma manifiesta la provisión local de bienes y servicios argentinos, que no cuentan con dichas posibilidades de financiamiento”.[5] Advertía también sobre el permiso a ciudadanos chinos para realizar actividades económicas en igualdad de condiciones que los argentinos.

Quienes se constituyeron en los voceros del sector crítico en la UIA fueron José Ignacio de Mendiguren (además diputado del Frente Renovador) y Luis Betnaza, directivo de Techint. Ambos participan activamente de los encuentros y propuestas del Foro de Convergencia (FC), que nuclea a los grupos capitalistas situados en la vereda opuesta al gobierno, muy cercanos a Sergio Massa. Ese espacio pugna por más mercado en la falaz disputa mercado versus Estado, aunque como está claro no es una orientación sin contradicciones. Betnaza, por ejemplo, ante el Foro reclamó la necesidad de implementación de medidas económicas tendientes a la “liberación de las fuerzas productivas”, relajando la excesiva intervención estatal. Sin embargo, ante los acuerdos con China se quejó: “los chinos van a pedir que se abra todo el comercio”.[6] Es que China es el principal productor de acero a escala internacional, y los directivos de Techint temen que los desplacen del mercado interno. Así, por un lado aparece la oposición a la “excesiva intervención estatal”, por ejemplo con la Ley de Abastecimiento, cuya intención manifiesta es el control de precios y ganancia empresaria (aunque solo sea efectivamente una medida de propaganda del gobierno). Por otro, el pedido de protección del mercado interno frente a la competencia extranjera. Inclusive, Techint se queja de los acuerdos cuando va a ser beneficiario de los mismos en la construcción de la represa El Tamboral, en San Juan, con financiamiento chino.

Del lado de los “conformes” se encuentran el presidente de la UIA, Héctor Méndez y Juan Carlos Lascurain, quienes se mantienen cercanos al gobierno. Criticaron la difusión del comunicado, supuestamente no consensuado, y fueron a la reunión solicitada a la presidenta e intentaron calmar los ánimos: “Nosotros, lo que queremos es defender el interés de las empresas y no dudamos que el gobierno ha hecho lo mismo, y lo ha hecho de buena fe. Después, algunas cosas se escapan al manejo de lo que uno hace todos los días”. [7]

La interna de la UIA, aunque se pueda suponer que responde a modelos de desarrollo diferentes, son dos caras de la misma moneda. Expresa la contradicción de una burguesía débil que requiere subsidios estatales y protección del mercado interno. Una burguesía que cuando no alcanza la riqueza para sostener a todos pretende protección para sí, y libre mercado para el resto. Hoy, el Estado argentino no tiene recursos suficientes para solventar ese esquema y requiere de financiamiento externo. En un contexto de crisis internacional donde este no abunda para las condiciones en las que se encuentra la Argentina, China aparece como la única opción. La contrapartida que exigen los préstamos chinos es mercado interno. Es decir, competencia para la burguesía local. Esta se encuentra en la disyuntiva de desaparecer por falta de financiamiento estatal o intentar capear la competencia de capitales más productivos.

El acuerdo y sus reacciones, que aparecen como desavenencias en las políticas a implementar, son reflejo de la debilidad de la burguesía nacional que no puede sostenerse sino artificialmente mediante ingentes subsidios estatales. Esta fuente de compensación de su falta de productividad es suplida, desde la dictadura militar, con bajos salarios. Es la alternativa que ofrece la burguesía hoy: bajos salarios y ajuste. Un esquema al estilo 2002 que reduzca considerablemente los salarios, devaluación mediante.

 

Efectos

 

El acuerdo con China parece venir a dar cierto aire al gobierno que, en ausencia de una resolución a corto plazo del tema “fondos buitres”, y ante la caída del precio de las mercancías agropecuarias, siente hace rato los efectos de la crisis económica. De todas formas, son acuerdos a cinco años, por lo cual no todo el dinero entrará antes de las elecciones. No resuelven la crisis, pero pueden evitar el descalabro en lo inmediato. Esto no implica mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, cuyos salarios se mantienen por debajo de una inflación que los corroe día a día.[8] Tampoco potenciará a la burguesía nacional, ya que no habilitará un proceso de acumulación de capital que saque al país de la crisis recurrente y la dependencia de las mercancías agropecuarias. Simplemente permitirá estirar un poco más el estallido, reproduciendo las particularidades de un país agrario que no ha alterado su matriz económica, pese a los kirchneristas y al “cambio de modelo”. El problema lo tendrá el gobierno próximo, que deberá cancelar los créditos otorgados al Banco Central, de una duración de 12 meses.

1http://goo.gl/A05zN1

2Perfil, 4/8/2014

3Es la caracterización asumida por el Partido Obrero (http://goo.gl/CwSp7Q). Con una línea dependentista similar, el PTS denunció que los acuerdos acentúan la “primarización” de la economía argentina (http://goo.gl/CP6f4r). Por su parte, la CTA los caracterizó como una profundización de la dependencia (http://goo.gl/De7AUG).

4Para un análisis crítico de las concepciones imperialistas ver Kornblihtt, J.: Crítica del marxismo liberal, Ediciones ryr, 2008.

5Infobae, 2/2/2015

6Página/12, 15/2/2015

7TELAM, 12/2/2015

8La CGT, actuando como vocera de la burguesía, denunció la posibilidad de entrada de trabajadores chinos, utilizando una vez más el recurso de la competencia entre trabajadores (en este caso extranjeros-nacionales) como explicación a los bajos salarios y desocupación.

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