Un solo corazón. La burguesía agraria y el golpe de Onganía

a68gonzaloGonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación de la Historia de la Burguesía Argentina
 
El progresismo suele separar a “oligarquía” de los “pequeños productores”. En realidad, ambos son explotadores. La historia muestra justamente una unidad burguesa de larga data. Aquí presentamos la actitud de patrones chicos y grandes frente al golpe de 1966. 
 
El golpe de Onganía constituyó un nuevo intento de la burguesía de poner fin a una serie de dificultades que se arrastraba desde mediados de los ’50. Una crisis de acumulación cuyas raíces se encontraban en los límites de la renta agraria para seguir empujando el desarrollo de las fuerzas productivas. Las divisiones en el seno de la clase dominante, y la resistencia de los explotados a convertirse en variable de ajuste, comenzaron a minar las bases de la dominación social, y eso se manifestó en la sucesión de crisis, a nivel de gobierno y de régimen. La presidencia de Illia, surgida de la crisis, no pudo imponer una salida y rápidamente se vio flanqueada por las fuerzas enfrentadas, que comenzaron a operar a favor del golpe. Por un lado, una clase obrera, organizada en torno a la CGT y dispuesta a defender sus conquistas. Por el otro, las corporaciones empresarias que demandaban orden y disciplina, pero sobre todo, poner en caja a los sindicatos. Illia osciló entre una y otras sin conformar a nadie.
La CGT recibió al nuevo gobierno poniendo de relieve su ilegitimidad, emanada de la proscripción del partido mayoritario, y desplegando la segunda etapa de su Plan de Lucha, votado en 1963. Éste contemplaba la toma escalonada de establecimientos fabriles, que se desplegó entre mayo y junio de 1964, movilizando a casi 4 millones de obreros. A pesar de condenar virulentamente las acciones, el gobierno no dispuso el desalojo por la fuerza, sino que recurrió a la poco efectiva vía judicial, lo que encrespó los ánimos de la burguesía. Los conflictos continuaron a lo largo de 1965 y 1966, con paros parciales y generales, ocupaciones aisladas y algunos enfrentamientos localizados con fuerzas del orden. El presidente intentó minar las bases del poder sindical atacando su organización, a través de dos medidas: el intento frustrado de crear una central paralela y la reglamentación de la Ley de Asociaciones Profesionales, que facilitaba la creación de sindicatos por empresa, quitaba poder a la cúpula para regimentar las disidencias y prohibía a los sindicatos realizar “actividades políticas partidarias”. Poco tardaron los dirigentes gremiales peronistas en comenzar a coquetear con los militares que preparaban el golpe.
Por su parte, las cámaras empresarias presenciaron alarmadas, no solo el despliegue de poder sindical, sino la actitud del gobierno, que juzgaban permisiva. Demandaron abiertamente que doblegara a los sindicatos y garantizara condiciones estables de acumulación. Más allá de que las demandas gremiales no superaran los límites capitalistas, su presencia constituía una amenaza. La necesidad de sanear la economía exigía disciplinar a la clase obrera organizada. A su vez, existía el temor a que las bases desbordaran por izquierda a la dirigencia reformista. El contexto internacional, con la Revolución Cubana y las guerras de descolonización, no hacía más que agitar un fantasma cada vez más palpable: el comunismo. A los reclamos puntuales en materia económica, se sumaba la demanda imperiosa de resolver la crisis de acumulación y la crisis política planteada por la presencia del peronismo. Todo confluía en un único reclamo: restablecer el orden. En ese contexto, eran los elencos militares los depositarios de semejante demanda.
 
Los reclamos agrarios
 
A mediados de los ’60, una serie de conflictos enfrentaban a las diferentes capas de la burguesía agropecuaria. En primer lugar, la segmentación de la carga impositiva: los más chicos pretendían, mediante una serie de instrumentos como el impuesto a la renta potencial, que los grandes pagaran proporcionalmente más impuestos. En segundo lugar, la cuestión de los contratos de arrendamientos, congelados desde principios de los ’40. Este último problema se encontraba en el centro del debate desde el golpe del ’55, momento en el que comenzó a discutirse la liberación del mercado de arriendos, que, según como se la instrumentara, podía derivar en el acceso a la tierra o el desalojo masivo de los arrendatarios. De estos conflictos se nutría una división que ubicaba, de un lado, a la burguesía terrateniente de mayor tamaño, representada por CARBAP y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Del otro, a la burguesía pequeña, propietaria y no propietaria, y al cooperativismo, todos representados por Federación Agraria (FAA) y CONINAGRO.
Sin embargo, en los meses previos al golpe del ’66, tendieron a primar los acuerdos y las coincidencias entre ambos bloques. Algunos elementos estructurales habilitaban la confluencia: el acceso a la tierra de buena parte de los socios de FAA y el aumento de la escala merced a la unión en cooperativas. Como sea, lo cierto es que la coyuntura encontró a la Sociedad Rural y a Federación Agraria actuando juntas. Uno de los reclamos en los que coincidieron fue la disminución de la presión gubernamental sobre la renta agraria. Los ruralistas, de conjunto, exigieron la disminución de los impuestos sobre el sector y una devaluación que restableciera sus ingresos. Consecuentemente, exigieron un recorte en los gastos estatales, que se financiaban con las transferencias de renta, lo que implicaba despidos en la administración pública, menor gasto social y menos concesiones a la burguesía industrial, lo que redundaría en cierre de plantas y aumento del desempleo. Estas demandas, profundamente impopulares, no sorprenden en boca de CARBAP o SRA, pero pocos saben que FAA compartía estas posiciones asociadas al “liberalismo”. Así lo expresaba una editorial de su periódico oficial, a comienzos de 1966:
 
“Se continúa cargando al agro con el peso de presupuestos siderales para seguir manteniendo una burocracia frondosa e inoperante, que se aferra a su permanencia en cargos oficiosos e inútiles para la comunidad y que aumenta en número cada vez que se aproxima una contienda electoral, sin percatarnos del tremendo mal que le ocasionamos a la democracia.”1
 
Pero no era esta la única demanda con que FAA y sus aliados de la “oligarquía” pretendían avanzar sobre los intereses de la clase obrera. El problema de los “bajos” ingresos del sector rural fue relacionado también con la política laboral de Illia, que las entidades rurales juzgaron “populista” y “permisiva”. Una serie de huelgas en el sur santafesino, a comienzos de 1966 (que reconocían antecedentes en las cosechas de 1964 y 1965), pusieron de manifiesto la posición anti-obrera de FAA. Ante la aparición de los primeros conflictos, el presidente de FAA se reunió con el gobernador de Santa Fe para demandar una solución al “proceso de distorsión que se viene advirtiendo en las relaciones laborales que […] se genera en las explotaciones agropecuarias en oportunidad de las cosechas.” Reclamaron de las autoridades locales “una actitud firme frente a los alzamientos que contra las disposiciones [oficiales] se vienen sucediendo en los departamentos del sur de la provincia”. Es decir, en un reclamo que poco tenía de “popular”, exigieron reprimir las huelgas de peones. En respuesta, el gobernador se comprometió a hacer cumplir lo dispuesto, impidiendo “la actividad de perturbadores”2. FAA cargó con fuerza contra los obreros rurales y sus dirigentes sindicales, para finalizar demandando una respuesta represiva del Estado. No se privaron de agitar el fantasma del comunismo, que estaría detrás de las huelgas, ni de denunciar la “pasividad” oficial, que permitiría tales desbordes:
 
“Allí, un falso sindicalismo obrero en el que escudan algunos conocidos extremistas de izquierda, al servicio de intereses internacionales que pretenden subvertir el orden y la paz en el mundo, aprovechan la pasividad asombrosa de las autoridades para, con sus pretensiones desmedidas y en el momento más propicio, repartir el resultado de una explotación agraria entre quienes no tuvieron ninguna participación anterior y por ende no corrieron ningún riesgo.
Así como suena: un grupo de malos obreros rurales viene repartiendo un botín que no les pertenece, a vista y paciencia de las autoridades nacionales y provinciales, pese a todas las denuncias que […] se han venido y se viene realizando”3
 
La nota continuaba con la descalificación a la organización sindical: un puñado de “agitadores profesionales” que vivían “a expensas de los mismos obreros o, a lo mejor, pagados por algún comité internacional”. Detrás de lo que se presentaba como demandas legítimas, ocultarían “sus oscuros designios de confundir y engendrar el caos, para desencadenar el desorden institucional y así servir a sus amos foráneos, materialistas y ateos”. A su vez, el reclamo sería desmedido: los peones exigirían “salarios abusivos” y “disparatados”. Aunque era cierto que los salarios habían comenzado a ascender con las huelgas en 1964, no habían hecho más que recuperar la caída que experimentaron con el Plan de Estabilización, implementado en 1958 por Frondizi no sin una fuerte represión. La posición de FAA poco tenía para envidiar a la de SRA, que se expresó en una nota remitida al Ministerio del Interior demandando la intervención de las fuerzas del orden para aplacar el conflicto:
 
“Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E. solicitándole disponga con la mayor urgencia y energía la intervención de la fuerza pública nacional, dependiente de ese Ministerio, como el único medio viable para poner fin de inmediato a la gravísima situación que se vive en los establecimientos rurales del sur de la provincia de Santa Fe, a raíz de los delitos cometidos por obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Rurales para obtener salarios exorbitantes […] Es público y notorio que obreros y dirigentes gremiales han invadido las chacras, y en actitud y con procedimientos intimidatorios, empleando armas y secuestrando personas, […] paralizan los trabajos rurales e impiden recoger la cosecha amenazando malograr sus resultados […] A ello se agrega la pasividad de las autoridades provinciales”4 
 
Cabe aclarar que estos hechos, denunciados por SRA y otras corporaciones, fueron negados rotundamente por el gobernador de Santa Fe, que acusó a esa entidad de promover “los rumores más descabellados tendientes a lesionar la estabilidad institucional de la República”5. Fue respaldado por la dirigencia de FATRE, que señaló que las corporaciones empresarias “magnificaban” el conflicto para exigir una “enérgica represión”6. La nota de SRA continuaba su diatriba contra los sindicatos, situando el conflicto en el contexto más general de la ofensiva de la CGT, a la que calificaban como el resultado de un “plan subversivo”:
 
“La situación imperante en el sur de Santa Fe se suma así, a la ola de paros, huelgas, delitos y otros hechos similares que afectan a todo el país y tuvieron comienzo con el ‘Plan de Lucha’ ejecutado por la CGT con el objeto extragremial de lograr un ‘cambio de estructuras’ […] La indisciplina y la negación de las jerarquías se ha entronizado en todos los lugares de trabajo, como consecuencia de la debilidad con que se procede y de la pérdida del principio de autoridad, que es imprescindible restablecer para que impere nuevamente el orden, sin el cual la República no podrá recuperarse de la crisis moral y material que la afecta.
Este estado de cosas cada día más alarmante por su creciente gravedad, es el resultado de un plan subversivo que pretende sumir en el caos al país, para imponernos un régimen extremista, contrario a la idiosincrasia y el sentir nacional.”7 
 
Pero esta no fue la única muestra de fervor anti-obrero. FAA y el resto de las corporaciones rurales se sumaron también a un reclamo en contra de la reforma de la ley de indemnizaciones, que apuntaba a elevar los montos devorados por la inflación. La burguesía en su conjunto (desde la CGE hasta la UIA, pasando por las patronales agrarias) exigió, una vez aprobada la reforma en el Parlamento, que el Ejecutivo la vetara. Y así lo consiguió, frente a un gobierno completamente debilitado. Así, se imponía el reclamo de orden en las filas de la clase dominante, que la intervención militar vino a aplacar. No es extraño, entonces, que los patrones recibieran a Onganía de la mejor manera.
 
Todos con la dictadura
 
Luego del golpe, las primeras medidas de Onganía comulgaron con el objetivo de reestablecer el orden: se disolvieron los partidos políticos y el parlamento, y se intervinieron las universidades, único foco opositor. Las corporaciones empresarias respaldaron abiertamente al gobierno que habían impulsado. A nadie sorprende esta actitud de parte de SRA o CARBAP, pero sí de FAA, a la que a algunos autores adjudican una inexistente “vocación democrática”. Esta corporación respaldó la racionalización estatal y el despido de empleados públicos, y si filtró alguna crítica fue que no se avanzaba a fondo en este sentido. Alentó la represión que siguió a la huelga portuaria (una reacción a la reestructuración que avanzaba sobre el régimen laboral) y saludó también la pax militar que disuadió, por primera vez en tres años, los conflictos sindicales en la cosecha santafesina. No solo eso: exigió que se profundizase el “saneamiento” de las finanzas públicas y criticó por “populista” toda disposición, por mínima que sea, en favor de los obreros. Incluso apoyó, de la mano con la Sociedad Rural y CARBAP, el arribo de Krieger Vasena, precedido por un fuerte avance represivo contra la CGT y el vandorismo. Aunque con reticencias, se aceptó el restablecimiento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, pero se exigió que ese “sacrificio” fuera puesto al servicio de una reestructuración de la estructura productiva. Para ello, había que avanzar con mayor fuerza en la eliminación de las “industrias artificiales” subvencionadas por el erario público, reducir el déficit fiscal, eliminar a la “burocracia” de la administración pública y al “personal sobrante” en las empresas estatales. Y al que no le guste, represión. De esta manera, se aseguraban que a mediano plazo la exacción estatal de renta fuera disminuyendo para “restablecer el ingreso agropecuario”. Pidieron más despidos y más ajuste, lo que se consiguió mediante la represión militar sobre los trabajadores. Como vemos, más allá de las diferencias, los patrones del agro, chicos o grandes, coincidían en lo fundamental: de la crisis se salía eliminando capital sobrante y disciplinando a la clase obrera para disminuir el precio de la fuerza de trabajo. Nada tenía de popular la propuesta de FAA, más cerca de la “oligarquía” que del reformismo peronista.
 
 
NOTAS
1 La Tierra, 25/1/1966.
2 La Tierra, 4/3/1966.
3 Ídem.
4 SRA: Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1965-1966, p. 72.
5 Ídem, p. 74.
6 La Nación, 11/4/1966.
7 SRA: Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1965-1966, p. 72.

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