Un oscuro retorno. La burguesía nacional y el regreso de Perón

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La burguesía nacional y el regreso de Perón

Verónica Baudino y Dara Costas1
Grupo de Investigación sobre la Historia de la Burguesía

El retorno de Perón al país, en 1972, suele ser presentado como un triunfo de la izquierda peronista. Sin embargo, existe una historia negra de ese hito: la intervención de amplios sectores de la burguesía (incluso la vapuleada “oligarquía”) a favor de la “operación retorno”. Entérese quiénes trajeron al “tirano prófugo”, luego de proscribirlo durante casi 20 años.

“Luche y vuelve” era la consigna de Montoneros para agitar el regreso del líder, quien iniciaría el camino hacia la “liberación nacional”. Hoy en día, el retorno de Juan Domingo Perón en 1972 suele ser recordado por la izquierda nacionalista como una victoria. Inclusive, se instauró en el calendario el 17 de noviembre, aniversario del regreso de Perón al país, como el “Día del Militante”. Pero no sólo la “juventud maravillosa” estuvo implicada en la vuelta de Perón. Distintos sectores de la burguesía nacional, chica y grande, industrial y agraria, impulsaron su retorno con el objetivo de desarticular el proceso revolucionario abierto en 1969 con el Cordobazo.

Del Cordobazo a Perón

El Cordobazo estableció una ruptura respecto del curso de la crisis de hegemonía abierta en 1955. Las jornadas de mayo de 1969 abrieron paso a una tendencia insurreccional en el seno de la clase obrera, a la formación de una fuerza social revolucionaria y a la apertura de un proceso revolucionario.

El ciclo abierto implicó la crisis del gobierno de Juan Carlos Onganía, su reemplazo por Roberto Levingston y la búsqueda de soluciones por parte de las diferentes tendencias políticas. En 1970, el peronismo, los radicales y otros partidos emitieron una declaración, “La hora del pueblo”, en la que se solicitaba la restauración democrática, la distribución equitativa de la riqueza y la protección a la industria nacional. Pedían, además, elecciones sin proscripciones ni vetos. Así, la estrategia reformista comenzaba a reunificar sus fuerzas en un contexto de fuerte agitación social.
La presión ejercida por la profundización del proceso revolucionario implicó un nuevo golpe dentro de la Revolución Argentina: el derrocamiento de Levingston, el 23 de marzo de 1971. El poder fue asumido por los sectores liberales de las FF.AA., encabezados por Lanusse, quien se puso al frente del Estado y comenzó a gestar su propuesta de transición política como forma de cerrar la crisis: el Gran Acuerdo Nacional (GAN). El proyecto contemplaba un rol para las FF.AA. en tanto tutoras del gobierno democrático por venir y, a su vez, planteaba ciertas restricciones a la postulación de Perón al cargo presidencial. Sin embargo, la oposición ofrecida fue muy fuerte, centralmente del peronismo, que contaba con un importantísimo poder de movilización, proveniente de los sindicatos dominados por la burocracia y de la “juventud” referenciada en las organizaciones de la izquierda peronista, que se habían alineado en torno a la lucha por el retorno de Perón. Con él, se habían alineado el resto de los partidos políticos (el más importante de ellos, la Unión Cívica Radical) y los sectores nacionalistas del Ejército.
El proyecto de Lanusse se mostró ineficiente como táctica ante el frente democrático armado por Perón, que culminó hegemonizando la estrategia burguesa de resolución de la crisis. No obstante, en esencia, la estrategia de Lanusse de abrir paso al peronismo (más allá de las restricciones que intentó imponer) fue la que primó para el conjunto de la burguesía.

La “oligarquía” peronista…

El período 1966-1971 marcó un momento de unidad de las corporaciones agropecuarias, inédito hasta ese entonces. El apoyo a la dictadura de Onganía fue unánime, como así también su oposición al plan económico (y a las retenciones) de Krieger Vasena. Las corporaciones no solo actuaron como un polo opositor, sino que operaron en favor de la caída de Onganía y su ministro de Economía. Como cristalización de este proceso de unificación se conformó la Comisión de Enlace, compuesta por Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).
En el contexto de la discusión sobre la transición democrática, hacia 1972, se abrió una nueva situación política, que dividió al frente agrario. La vuelta del peronismo a la escena política partió aguas en el sector. FAA se pronunció abiertamente por la apertura y se alineó con quienes impulsaban el retorno de Perón. En enero de 1972, Humberto Volando, presidente de la entidad, señaló que “el país debe volver a sus causes democráticos”, acentuando la crítica a una conducción económica que consideraba “liberal, monetarista, conservadora e integrada a las estrategias de los grandes capitales internacionales”2. La Federación Agraria no solo se opuso a la continuidad dictatorial, sino que se encolumnó tras los postulados reformistas, pronunciándose abiertamente a favor del retorno de Perón, desde su lugar en la Confederación General Económica (CGE). Este giro de 180 grados respecto a las demandas de orden y represión al movimiento obrero3 encuentra su explicación en la coyuntura abierta tras el Cordobazo. Antonio Di Rocco, presidente de la entidad, así lo explicó en 1971. Luego de instar al diálogo entre todos los sectores sociales, llamó a los empresarios a realizar las concesiones que permitan recomponer la situación crítica:

“El empresariado argentino, más que nadie, tiene la obligación moral y material de campear permanentemente por la solución definitiva de los males que nos aquejan, muy especialmente la de tratar de evitar aquéllos mayores que puedan sobrevenir, dando origen a la descomposición social que precede y es caldo de cultivo para el comunismo materialista y ateo.”4

SRA y CRA, por su parte, no se pronunciaron explícitamente acerca de sus preferencias políticas, aunque canalizaron su rechazo al reformismo en los debates sobre la reforma agraria y los aumentos salariales. Ambas advirtieron sobre los peligros de las “salidas demagógicas”, en explícita referencia al peronismo, rechazando los proyectos elaborados por la alianza CGE-CGT. Se pronunciaron contra la promesa de aumentos salariales, la distribución de riquezas y las referencias a la “reforma agraria” presentes en las plataformas electorales de radicales y peronistas. También dividió aguas la reactualización, hacia 1972, de la discusión sobre el Impuesto a Renta Normal Potencial de la Tierra, impulsado por FAA y agitado desde círculos oficiales. Este tipo de reforma apuntaba a sancionar impositivamente las tierras que producían por debajo de su productividad potencial, desalentando la tenencia ociosa de parcelas. En este marco, las objeciones de CARBAP y SRA a tal proyecto no constituían sólo una defensa de sus intereses económicos inmediatos, sino que marcaban el terreno en relación a lo que estaba por venir.

La reconstitución de la alianza reformista, que clamaba por una apertura democrática sin proscripciones, caló hondo incluso en el interior de la Sociedad Rural. En las elecciones internas de 1971 y 1972 se presentó una lista opositora a la conducción: “Cultivar y Servir”. Un hecho inédito en la historia de la entidad, donde las elecciones generalmente se desarrollaban con una lista única. La lista opositora se posicionó defendiendo la “función social de la tierra”, los impuestos a la renta potencial y una economía concertada, en sintonía con los postulados de FAA y CONINAGRO (y del peronismo). El oficialismo proponía la defensa sin miramientos de la propiedad privada de la tierra, el rechazo a la concertación obrero-patronal y criticaba la renta potencial como incentivo a la inversión, señalando que para aumentar la productividad hacía falta recomponer los ingresos del sector rebajando los impuestos. Aunque la lista de oposición no logró imponerse en las elecciones, quedando la SRA en manos del sector liberal y antiperonista, la interna parece haber terciado en los posicionamientos posteriores de la entidad, a favor de los aumentos salariales y de apoyo, en un primer momento, a los planes agrarios de Cámpora y Perón.
Luego de las elecciones, y ya con el peronismo en el poder, el gobierno de Cámpora buscó el respaldo de las corporaciones, que se expresaría en la firma de un Acta de Concertación entre el gobierno y la burguesía agraria. La primera en manifestar su apoyo fue la FAA, que no sólo suscribió el Acta, sino que defendió el plan económico elaborado por el tándem CGE-CGT, señalando que con él se “crean condiciones propicias para el despegue socioeconómico que es necesario concretar”5. Inclusive aportó uno de sus cuadros a la Secretaría de Agricultura, Avelino Strólogo.
SRA, por su parte, manifestó “su satisfacción por el llamado a un acuerdo nacional efectuado por el Señor Presidente electo Dr. Héctor J. Cámpora”6. Apoyó el Acta de Concertación y sus objetivos en la asamblea convocada a tal efecto, organizada el 14 de junio. En ella, Rubén Carnaval, presidente de CRA, expresó su adhesión a los puntos del Acta. En el mismo encuentro el presidente de CONINAGRO, Alberto Mandel, manifestó “su firme y unánime decisión de contribuir a los propósitos de pacificación nacional y bienestar social, por lo cual nuestra entidad comparte los objetivos y propósitos del acta” 7. La única voz opositora que se alzó en el frente agrario fue la de CARBAP, que se negó a suscribir el pacto. Sin embargo, no pudo imponer su posición al interior de CRA, a la cual pertenecía. Es más, el rechazo a firmar el Acta se impuso por un escaso margen dentro de CARBAP (21 votos en contra, 16 a favor). Lo que muestra que, incluso en el interior de la corporación más fuertemente opositora al peronismo, existía un sector dispuesto a darle algún tipo de respaldo.
En conclusión, el retorno de Perón dividió al frente agrario, fuertemente cohesionado por el apoyo (y la posterior oposición) a la Revolución Argentina. Dentro de las corporaciones agrarias, tanto FAA como CONINAGRO se inclinaron a favor del retorno del viejo dirigente. Esta historia es relativamente conocida. No lo es tanto el que corporaciones tradicionalmente antiperonistas, las que reunían a los sectores más poderosos del agro, se dividieron y enfrentaron por la línea a seguir frente a la apertura democrática. Es decir, que hubo sectores de la “oligarquía” que impulsaron el retorno y apoyaron al gobierno peronista.

…y los señores industriales

Conocida es la alianza histórica de la Confederación General de Económica y el peronismo. Desde comienzos de los ’70 la entidad había comenzado sus negociaciones con Perón en Madrid, que terminaron cristalizando en la elaboración del plan económico del tercer gobierno de Perón, el “Pacto Social” encabezado por José Ber Gelbard.
Menos conocido es el apoyo de la UIA a Perón. Las aguas dentro de la entidad comenzaron a bifurcarse entre “liberales” y “reformistas” ante la creciente influencia de la CGE y un próspero panorama económico que hacía posible nuevamente la gravitación de los pequeños capitales. Una corriente interna liderada por la Asociación de Industriales de Córdoba, acaudillada por los dueños de Arcor, amenazó con separarse de la entidad si no se le otorgaba mayor representatividad. Dicho sector simpatizaba con el programa de la CGE, y su fuerza marcó el destino de las alianzas de la UIA, especialmente dentro de la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), que defendía los postulados “liberales”, tradicionalmente opuestos al reformismo peronista.

En julio de 1971, comenzó el conflicto entre estas dos orientaciones y pudo observarse en el debate que mantuvieron la CGE y ACIEL, liderada por dirigentes de UIA, SRA y la Bolsa de Comercio. El encuentro de Gelbard con Perón en España, mientras oficiaba como representante del empresariado argentino en la Conferencia Internacional del Trabajo, encendió la mecha. Se hicieron oír los reclamos de la dirigencia de ACIEL, quienes señalaron que la actitud de la CGE no era representativa del empresariado local. Meses más tarde, en septiembre de 1972, ACIEL criticó un documento elaborado por la CGT y la CGE, que prefigurando el “Pacto Social” ofrecía al gobierno un plan económico que proponía superar la etapa recesiva elevando la demanda interna a partir de un aumento salarial. Este conflicto ocurrió seis meses antes de las elecciones. Más que la política de Lanusse, lo que estaba en juego eran los lineamientos frente al próximo gobierno. En un primer momento, la oposición liberal se manifestó en conjunto en contra de esta medida. Pero, de a poco, la UIA comenzó a distanciarse de estos planteos y a defender la necesidad de un aumento salarial. La SRA, por su parte, mantuvo su crítica al documento de CGE, repudiando su “política estatista”. En relación a los aumentos salariales, reclamó “prudencia” y dejar en suspenso la convocatoria a paritarias (postura de la que luego se retractaría, acosada por sus propias internas). A lo largo del conflicto UIA y SRA, ambas en ACIEL, comenzaron a pronunciarse individualmente, dando cuenta de posiciones encontradas. Posteriormente, la UIA terminó rompiendo con ACIEL y acercando sus posiciones a las de la CGE. Los industriales se amigaban así con el reformismo.
Una vez consumado el triunfo peronista, Elbio Coelho, presidente de la UIA, elevó una nota a Cámpora a propósito de sus dichos en un discurso público. La entidad resaltó el rol que el mandatario adjudicó a los empresarios y se comprometió a contribuir con el nuevo gobierno al desarrollo económico nacional. El presidente electo respondió a las apreciaciones de la corporación en forma positiva. Resaltó su acuerdo con las consideraciones de la UIA acerca del rol económico y social del sector industrial. Asimismo, distinguió que su labor se ceñiría al programa con el que ganó las elecciones, cuyos puntos centrales eran la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Para su cumplimiento era condición la colaboración de todos los sectores del país.
El presidente de la UIA precisó posteriormente los puntos programáticos que los acercaban al nuevo gobierno: “mayor desarrollo industrial, la mejor protección y su adecuada distribución espacial, son objetivos que comparto por considerarlo como primera y auténtica necesidad nacional”8. Coelho resaltó que era condición para el desarrollo industrial un gobierno surgido del sufragio y el respeto por la Constitución Nacional (olvidando el apoyo de la entidad al golpe de Onganía…).
Con el tiempo, la UIA pasó de tibias declaraciones de apoyo a una defensa abierta del gobierno. El 6 de junio se firmó el Pacto Social, suscripto por los representantes de la CGE y la CGT, imponiendo el congelamiento de precios y salarios, y el compromiso de no promover huelgas. La UIA se pronunció a favor del acuerdo, condenando la “desastrosa política salarial que comenzó durante 1970”. Como segundo paso, la entidad llamó a una reunión a las 100 empresas principales de cada rama de la industria para acordar una disminución de los precios, con el fin de contribuir al cumplimiento de la política de estabilización emprendida por el nuevo gobierno. En efecto, 180 empresas asociadas a la UIA dispusieron rebajas en sus precios, que oscilaron entre el 7% y el 14%, para prestar ayuda al plan. Al poco tiempo, la UIA decidió ingresar a las Comisiones Sectoriales de Precios, integradas por el Estado, la CGE y la CGT.
Las posiciones adoptadas culminaron en la fusión de la UIA con la CGE. Con la llegada de Perón al gobierno, las ideas de unidad comenzaron a tomar cuerpo en las corporaciones industriales. La fusión tuvo como precedente un acta firmada por ambas entidades en el verano de 1974, donde manifestaron “su coincidencia con los objetivos generales enunciados en materia económica por el superior gobierno y con los propósitos que han originado el Acta de Compromiso Nacional”. El 29 de abril quedó ratificada la vocación de unificación empresaria al elegirse como miembros del consejo superior de la CGE a tres dirigentes de la UIA. El 3 de julio de 1974, la UIA y la Confederación General de la Industria (CGI) quedaron fusionadas en la Confederación Industrial Argentina (CINA), integrada a la CGE. En su primer discurso, el titular de la nueva entidad, Carlos Coquegniot, justificó la unión como un acto que tenía “presentes los superiores intereses de la Nación, que necesita alcanzar su plena independencia, de integración, de auténtica representatividad y de solidaridad social”9. En el primer plenario luego de la fusión, se acordó un documento en defensa del gobierno de Perón, llamando al conjunto de los empresarios a apoyarlo “incondicionalmente”. Los industriales expresaron su respaldo a la política económica y la defensa ante los “enemigos”, a izquierda y derecha.

Un retorno compartido

Como hemos visto, el retorno de Perón no fue un resultado exclusivo de la movilización impulsada por la izquierda peronista. En primer lugar, porque la salida democrática “sin proscripciones” fue avalada primero por los partidos burgueses que habían dejado a Perón fuera de juego durante años (el más importante de ellos, la UCR). En segundo lugar, porque los militares recogieron el guante e impulsaron el GAN, que más allá de ciertas restricciones, contemplaba también el retorno del peronismo. Por último, porque buena parte de la burguesía, que también convalidó los regímenes anteriores, militó por la vuelta del General. Conocidos son los casos de las corporaciones de la burguesía más chica, como CGE y FAA. Sin embargo, la impronta de la reconstitución de la alianza reformista inclinó hacia esa posición a representantes de los “monopolios”, como la UIA, y a sectores de la “oligarquía”, como aquellos que se expresaron en las internas de SRA o CRA. Y que esto sea así resulta lógico: las condiciones insurreccionales abiertas con el Cordobazo, la radicalización hacia la izquierda de sectores que hasta entonces habían actuado bajo el ala de la burguesía reformista, y la constitución de una alianza que amenazaba con destruir las bases del capitalismo local operaron en este sentido. El retorno de Perón daba una salida institucional y reencauzaba dentro de los marcos del sistema una situación social que comenzaba a desbordarlo. Como finalmente lo demostró, Perón pretendía ser una garantía para el mantenimiento de las relaciones sociales y, para ello, no dudó en blindar el sistema a sangre y fuego.

Notas

1 Colaboraron en este artículo Carolina Ledesma Golik y Laura Giaccaglia.
2 La Nación, 9/1/1972
3 Recordemos que la FAA dio su apoyo al golpe en 1966 e hizo una defensa cerrada de la renta agraria, impulsando el recorte de gastos estatales y los despidos de empleados públicos para no tener que pagar más impuestos.
4 La Tierra, 3/6/71.
La Nación, 26/5/1973
Memoria y balance de la SRA 1973.
7 Ídem.
La Prensa, 26/5/1973.
La Nación, 3/8/1974.

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