Todo por la caja. Oficialistas, opositores y la regulación del rural

Julia CajaJulia Egan*
TES-CEICS

Las generalizadas condiciones de extrema explotación en el ámbito agrario han tomado conocimiento público recientemente. El gobierno sacó a relucir un proyecto de ley para modificar el régimen de trabajo rural que no sólo no implica un progreso en los derechos de los trabajadores, sino que, en algunos aspectos, supone un retroceso.1 La oposición no se quedó atrás y un grupo de legisladores del Peronismo Federal, el PRO y la UCR presentó una iniciativa con el mismo objetivo, desarrollada por UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), con el aval de las asociaciones empresariales agropecuarias (Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y Confederación Intercooperativa Agropecuaria). Este padece las mismas deficiencias que el proyecto oficial y confirma la disputa por la caja generada a partir de las prestaciones por desempleo.

Negras y blancas… ¿y los peones?

De las coincidencias entre ambos proyecto, la más importante a destacar es que no incorpora a los trabajadores rurales dentro de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que es la que actualmente regula las condiciones de trabajo de la mayoría. Otra similitud con la propuesta del Ejecutivo es respecto a las remuneraciones. Se mantiene la atribución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) para fijar los salarios, no pudiendo ser en ningún caso inferiores al salario mínimo vital vigente, al igual que lo establecido por la ley de la dictadura, en su artículo 28. A su vez, se sigue habilitando el pago a destajo. En el proyecto sindical, también se establece la limitación de la jornada laboral a ocho horas diarias, pero la misma ya había sido sancionada por la resolución 71/08 de la CNTA. Por otro lado, la normativa facultaría a la CNTA a establecer medidas vinculadas con la duración de la jornada y a los empleadores a determinar la hora de inicio y fin de las tareas permitiendo extenderla cuando necesidades impostergables lo justificasen. Cabe aclarar que, nuevamente, no hay divergencias en estas dos cuestiones respecto al proyecto oficialista.

Sin embargo, el proyecto gremial se distingue del oficial al incorporar explícitamente a los trabajadores de la cosecha a este régimen, mediante su artículo quinto, punto a, según el cual la ley comprende a “toda actividad relacionada con las cosechas de cereales, oleaginosas, hortalizas, legumbres, uvas, caña de azúcar, remolacha, yerba mate, arroz, tabaco, té, todo tipo de frutales de pepitas, carozos, berries, fruta fina, citrus y cualquier otro fruto del agro”.

En este marco, otra divergencia se presenta respecto a las modalidades de contratación de los trabajadores estacionales. En el caso de UATRE se instrumenta, por un lado, el contrato de prestación discontinua, originado “por necesidades de la explotación o por procesos especiales propios de la actividad agropecuaria” (art. 125). Es decir, hace referencia a las personas contratadas cuando se presentan necesidades que provocan un aumento de la demanda de mano de obra. Por otro lado, se establece elcontrato de trabajo de temporada, el cual se celebraría cuando la relación entre las partes se cumpla en determinadas épocas y esté sujeta a repetirse cíclicamente en razón de la naturaleza de la explotación (art. 129). Pero el proyecto no especifica explícitamente los alcances del contrato permanente, aunque en la descripción de los anteriores se da por supuesta la existencia de esta forma de contratación.

En la propuesta del gobierno, en cambio, la primera figura es tratada como contrato temporario con las mismas características que en la propuesta sindical (art. 17). Para la última figura, el régimen creado por el Ejecutivo sanciona la figura del trabajador permanente discontinuo (art. 18). La diferencia fundamental radica en que el proyecto oficial exige que el trabajador sea contratado en más de una ocasión de manera consecutiva para ser encuadrado como trabajador permanente discontinuo. Es a partir de ese momento en que empieza a gozar de los beneficios que corresponden a esta categoría, a saber, adquirir los mismos derechos que los trabajadores permanentes. En cambio, la figura de UATRE, al imponer como determinante las características de la explotación y no del tipo de contrato, permite encuadrar al obrero bajo esta figura por el sólo hecho de emplearse en ese tipo de tareas.

La disputa

Más allá de las sutiles diferencias respecto a las modalidades de contratación, no pareciera haber grandes discrepancias entre ambos proyectos. Vale preguntarse, entonces, por las razones de la disputa. La respuesta está en el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), un ente autárquico de Derecho Público no Estatal en el cual deben inscribirse todos los empleadores y trabajadores rurales del país. Veamos cómo funciona antes de entender el conflicto en cuestión.

El Directorio del ente está conformado por cuatro directores del sindicato y cuatro de las asociaciones empresariales. Éstos eligen al presidente del organismo, quien ocupa el puesto por un año, y debe alternar entre un representante del sindicato y uno de las asociaciones empresariales. Desde el 15 de marzo de este año, la presidencia es ejercida por Alfonso Máculus de CRA (Confederación Rural Argentina), quien fue precedido por Gerónimo Venegas.

El funcionamiento del organismo se sustenta fundamentalmente mediante los aportes realizados por los empleadores, equivalentes al 1,5% de la remuneración de cada trabajador registrado, además de otros recursos provenientes de aranceles por la prestación de servicios, multas por infracciones y subsidios, entre otros. De acuerdo a los datos reflejados en los Boletines Mensuales de Seguridad Social emitidos por la AFIP, el RENATRE recibió en 2010 107.554.000 de pesos, producto de la recaudación de los aportes patronales. La dirección del ente declara que la utilización de estos fondos se destina principalmente a la instrumentación del seguro de desempleo.2 Esta prestación consiste en el otorgamiento a los trabajadores permanentes que quedan desocupados, del 50% de la mejor remuneración de los últimos seis meses trabajados. En tanto, a los no permanentes les corresponde el 50% del promedio de las remuneraciones percibidas en los 36 meses anteriores al inicio del desempleo. La duración de la prestación para los trabajadores permanentes puede extenderse hasta doce meses, durante los cuales el monto se reduce un 15% por trimestre, mientras que para los no permanentes se abona un único pago. Además de esta mayor desprotección, los requisitos exigidos a los trabajadores no permanentes son más restrictivos que los demandados a sus pares permanentes. A los segundos se les pide que hayan cotizado un período mínimo de seis meses durante los últimos tres años anteriores al inicio del desempleo, mientras que a los primeros se les exigen 18 meses. Pero los requisitos dejan a los trabajadores temporarios en una situación de mayor vulnerabilidad ya que exige que, desde la última relación laboral, haya transcurrido un mes sin vínculo laboral alguno y que, en caso de haber sido beneficiario de la prestación, haya transcurrido el plazo de tres años para volver a acceder a la misma.

Ahora bien, el eje del enfrentamiento radica en que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo dispone reemplazar el RENATRE por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), el cual dependerá del Ministerio de Trabajo. Ante esta medida, el secretario general del sindicato salió a denunciar que la intención del Ejecutivo de reemplazar al RENATRE es una propuesta malintencionada, vinculada a la pelea que el Gobierno mantiene con el sector agropecuario y con el “gremialismo opositor”3, para luego personalizar la cuestión acusando al oficialismo de “persecución política”.4 Lo que es claro es que, de aprobarse el proyecto del Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo pasaría a administrar los más de 100 millones de pesos anuales que actualmente maneja el organismo. Es decir, se pelean por quién se apropia del trabajo de los obreros, que en ambos casos va a hacer usado para la caja política patronal.

Una expresión propia y necesaria

Es evidente, entonces, que el foco de la contienda se centra en el control de este organismo y sus recursos. En ningún momento la voluntad de los diversos sectores se posicionó en favor del avance de la clase obrera. De un lado, ante un sindicato aliado a los empresarios, se impone la necesidad de la recuperación del gremio para que represente a los trabajadores. Del otro, el Gobierno Nacional promoviendo una medida que no implica una transformación de las condiciones laborales rurales. El intento de confiscación del RENATRE por parte del Estado da cuenta de la crisis financiera a la que se ve sometido.

Es necesario que los trabajadores se nieguen a que las organizaciones patronales usen sus ahorros para hacer política. Se trata de fondos que deben servir para la seguridad social de los obreros. A su vez, estos deben poner un límite a la explotación extrema a la que se ven sometidos en el campo. La formulación de una Ley de Trabajo Rural que incorpore todos los derechos de la Ley de Contrato de Trabajo junto con las especificidades del trabajo en el campo es necesaria, pero no suficiente. Debe completarse con un subsidio universal al desempleo equivalente a la canasta familiar real que evitaría que los trabajadores se vean forzados a optar entre paupérrimas condiciones de trabajo (salarios en negro, largas jornadas, accidentes) y la desocupación.

Notas
*Con la colaboración de Mariano Gentile

1 Julia Egan: “Farsa sobre farsa. El nuevo estatuto del trabajador rural y la realidad del discurso kirchnerista”, en El Aromo, n° 56, 2010.
2 Cadena3.com, 18/3/2011.
3 La Nación, 31/1/2011.
4 Cadena3.com, 18/3/2011.

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