Sin reservas ni reversa. La descomposición del Estado en Venezuela – Nicolás Grimaldi

1327015025119Sin reservas ni reversa. La descomposición del Estado en Venezuela

 Todas las organizaciones golpeadas por el chavismo y todos los trabajadores sindicalizados, que no quieran quedar a merced del MUD, deben llamar a la convocatoria de un congreso de trabajadores ocupados y desocupados, para votar un plan de lucha para enfrentar la escalada represiva y el ajuste y decidir una salida revolucionaria a la crisis política.

 

Nicolás Grimaldi

Grupo de Análisis Internacional-CEICS


Nuevamente Venezuela estuvo en la tapa de los periódicos y en el centro de los análisis políticos a nivel mundial. Sin embargo, la declaración de nulidad de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, las protestas, las internas del chavismo, y el aparente retroceso del gobierno, no son más que una nueva vuelta de tuerca de la descomposición del Estado venezolano. Este suceso, junto a la pauperización acelerada de la clase obrera, la represión y persecución de los trabajadores y sus organizaciones, dan cuenta de la necesidad de la organización alternativa para enfrentar el ajuste y darle una salida socialista al ajuste. Veamos entonces, cuál es la magnitud de la crisis que estamos hablando.

 

Los hechos

 

Son conocidos los hechos sucedidos en Venezuela hace pocos días, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió las sentencias 155 y 156, a través de las cual asumía las competencias de la Asamblea Nacional y se le otorgaban “poderes excepcionales” a Maduro para gobernar en temas relacionados a la delincuencia organizada, el terrorismo, la corrupción, y poder revisar el código penal y el código procesal. O sea, el Poder Supremo. En realidad, la Asamblea ya estaba declarada en desacato por el TSJ, a partir de la asunción de 3 diputados por la representación “indígena” de la MUD en el estado de Amazonas. Es decir, el TSJ se había convertido en el brazo político de Maduro para gobernar sin la Asamblea Nacional, luego de haber perdido la mayoría oficialista en las últimas elecciones legislativas. De esta forma, el TSJ había declarado nulas cada una de las propuestas de la oposición en la Asamblea Nacional, como fue el caso del pedido de juicio político a Maduro a fines de diciembre, o cuando intentó declarar el abandono del cargo por haber salido del país sin autorización de la Asamblea.

En el trasfondo de esta cuestión aparece la necesidad del chavismo para afrontar los gastos de un Estado en quiebra… Por este motivo, y ante la crisis terminal que azota al país, el Gobierno viene recurriendo a una serie de medidas de ajuste a la clase obrera: inflación galopante, desabastecimiento, represión a la actividad sindical. Como eso no alcanza, el chavismo recure lisa y llanamente a la venta de activos estatales: la privatización. Ya en 2015 había acordado la venta de un 35% de Petromonagas a la rusa Rosneft, por 500 millones de dólares. A fines del año pasado, le vendió el 49,9% de la empresa estadounidense CITGO, propiedad de PDVSA, a cambio de 1.500 millones. El 50,1% restante ya lo había hipotecado con bonistas de PDVSA por 3.400 millones de dólares al 8,5% con vencimiento en el 2020.

La piedra del escándalo fue el intento de Maduro de cerrar la venta del 10% de la empresa Petropiar a Rusia, que compartiría acciones con PDVSA y Chevron. La oposición ya había anunciado que iba a impedir el acuerdo y de hecho rechazó el contrato con Rusia del 2015. Es decir, estaba impidiendo la única forma que tiene el chavismo de sostener el Estado, acelerando su caída. Por este motivo, Rusia fue de los pocos países, junto a lo que queda de los bonapartismos latinoamericanos, que no cuestionaron la decisión de Maduro.

Como era de esperarse, la oposición denunció un golpe de Estado y pidió por la vuelta atrás del fallo del Poder Judicial. Contó además con el apoyo del grueso del mundo sindical, a través de la Unión de Acción Sindical y Gremial (UASG). Este grupo de sindicatos emitió un comunicado, que no fue apoyado por C-CURA, pero sí por otros sindicatos de peso como la CTV, UNETE, FAPUV, FADESS o CGT, donde manifestaba su solidaridad con la MUD. En este comunicado, los sindicatos expresan que el fallo del TSJ constituye un “desconocimiento de la Constitución” y exigía a la AN “ponerse al frente” de la lucha. Estas organizaciones, ya habían apoyado el referendo impulsado por la oposición, así como también la protesta conocida como “Toma de Caracas” del 26 de octubre. Es decir, el grueso del sindicalismo se opone al chavismo, bajo la dirección política de la MUD.

Pero lo más importante son los cuestionamientos al interior de chavismo. Principalmente, de la Fiscal General de la Nación, Luis Ortega Díaz, quien habló de una “ruptura constitucional” y solicitó al TSJ que revea su postura. Detrás de ella se encolumnaron personajes con peso significativo, como Cliver Alcalá, General retirado (que había sido nombrado comandante del Ejército Nacional por Chávez en el 2012 y ahora es  un férreo opositor de Maduro), Miguel Rodríguez Torres  (también militar y ex ministro del Interior enfrentado con el presidente), la ex asesora presidencial Eva Gollinger y unos 10 ex ministros de Chávez. Las voces críticas también se escucharon en algunos partidos que hasta hace poco se encontraban alineados ciegamente con Maduro, como es el caso del PCV, que habló de una lucha por el control y el poder en Venezuela, los colectivos asociados a REDES y  organizaciones que rompieron con el PSUV, como Marea Socialista.

Con esta situación, Maduro debió dar marcha atrás: convocó a una mesa de revisión de las sentencias y llamó, como lo hizo en otras ocasiones, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Borges, del caprilista Primero Justicia, que es uno de los sectores más dialoguistas de la oposición, aunque en este caso no concurrió a la mesa. Si bien Maduro cedió el poder absoluto y devolvió facultades al parlamento, logró por el momento cumplir su objetivo. Es decir, mantiene su potestad de firmar contratos de interés público con empresas privadas o Estados extranjeros sin pasar por la Asamblea Nacional. Pero esta gota de agua en el terreno de la economía no resuelve el verdadero problema de carácter político: la ausencia que tiene el Estado burgués de un comando que lo dirija y discipline al conjunto del personal político.

 

La proscripción

 

Como vimos, la situación sucedida con la Asamblea Nacional, se da por la intención del chavismo por sostenerse en el poder, recomponiendo la posibilidad de usar su principal fuente de financiamiento: la privatización de PDVSA. Sin embargo, el gobierno de Maduro también tiene la intención de recomponer lazos con la periferia del PSUV y de dividir internamente a la oposición. En marzo del año pasado, el TSJ, alineado con Maduro, impuso un proceso de renovación y legalización de los partidos. La sentencia salió publicada en la Gaceta Electoral N° 801, una disposición referida a la legalización de los partidos venezolanos. Según esa disposición los partidos que no alcanzaran el 1% de votos o no postularon candidatos el 6-D tienen que renovar la lista de militantes en 12 estados. De esta forma, el PSUV está excluido de realizar esta revalidación, por haber superado ese porcentaje en las últimas elecciones. Para renovar esa lista de militantes, los partidos políticos tienen hasta el 23 de abril para conseguir una voluntad de adhesión de 0,5% en 12 Estados, para mantener la legalidad y poder seguir participando, por ejemplo, en las elecciones a gobernador de fines de este año. Se prohíbe también la “doble militancia” o sea que un individuo aparezca adhiriendo a dos partidos diferentes. Se establece a su vez un criterio de inscripción dividido por grupos en cada fin de semana, por lo que los partidos tendrán que conseguir sus adhesiones en el fin de semana que le corresponde, para no perder la legalidad. De este proceso, por ejemplo, se bajó el PCV, cuestionando, por un lado el tiempo que tienen para realizar dicha recolección, y por el otro, que sean públicas las listas de los militantes de cada partido.1 Tupamaro, uno de los principales colectivos que integran el Polo Patriótico, también sostuvieron críticas hacia la forma en que se implementa la legalización de los partidos, aunque sostuvo que participará del proceso.2 Patria Para Todos y REDES, también aliados al PSUV, cuestionaron la validación y anunciaron que la impugnarán.3 La oposición de derecha también cuestionó el proceso, sosteniendo que todos sus partidos miembros continuarán siendo parte del frente, consigan o no su legalización. Vente Venezuela, de Corina Machado, anunció que no participará del proceso por considerarlo una farsa, e instó a que la AN nombré nuevos miembros del CNE.4 Voluntad Popular, de Leopoldo López, consiguió 150 mil adhesiones en 23 Estados en solo un día.5 Primero Justicia, de Capriles, consiguió 200 mil en 23 Estados, y habrían quedado unas 20 mil sin poder validarse.6 También consiguió la validación el tradicional partido Acción Democrática. La oposición también ha recibido la inhabilitación de Capriles por 15 años para poder presentarse a nuevos cargos, una vez finalizado su mandato en la gobernación de Miranda. Los motivos de esta inhabilitación, son por no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, pactar convenios internacionales sin autorización para ello, y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir con las normas. O sea, cuestiones muy similares a las que hizo Maduro con el petróleo. Con esta estrategia, el gobierno busca sacarse de encima al referente de la oposición que mayores adherentes capta y que podría ganarle a Maduro en unas elecciones.

Esto se combina con la intención de proscribir y atacar todo lo que rompe por izquierda con el PSUV, como el caso de Marea Socialista, que acudió en febrero a una audiencia en el TSJ para que le reconozcan el derecho de ser partido, pero la Fiscalía General objetó la posibilidad de que exista. El politólogo Nicmer Evans, su máximo dirigente, dijo que quedó sorprendido al oír que el Ministerio Público, prohibía la palabra socialista a Marea porque ya la tenía el PSUV. A esto, debe sumársele los ataques a las páginas web “laclaseinfo.com”, de Chirino, y el portal “Aporrea. El Gobierno entonces, busca eliminar todo aquellos que no pueda controlar, tanto por derecha como por izquierda, lo que demuestra su incapacidad por generar una hegemonía plena, incluso entre los propios adeptos al “Socialismo del siglo XXI”. Es decir, está blindándose hacia su izquierda mientras ataca a la clase obrera.

 

Vivir en Venezuela

 

Una de las cuestiones que están más a la vista es la degradación de la vida en Venezuela, que se expresa en las largas colas para obtener alimentos, a escasez de medicamentos y de elementos de higiene. Sin embargo, algunos números dan cuenta de lo que el chavismo y la oposición hicieron con la vida de la clase obrera venezolana. En enero, Maduro decretó un aumento del 50% del salario mínimo, llevándolo a 40.638 bolívares que hacían, junto a los 63.720 bolívares de cesta ticket, un total de 104.358 . Esta forma de contabilizar los ingresos de los trabajadores es, de por sí, una estafa, ya que el ingreso por ticket representa el 60% del ingreso de un trabajador, sin contabilizar  para nada cargas sociales, aguinaldo, vacaciones y obra social. Es decir, que más de la mitad del salario de los trabajadores se paga completamente en negro. Este “beneficio” a su vez, no es percibido por más de 9 millones de trabajadores. Ahora bien, según el Centro de Documentación y Análisis (CENDA), para los trabajadores, la llamada Canasta Alimentaria del mes de enero se posicionó en 486.878 bolívares, con una variación mensual del orden 10% e interanual del 614%. O sea que, con dos salarios mínimos y dos cesta ticket, un hogar solo llegar a comprar lo suficiente para comer 18 días al mes, mientras que si solo hay un ingreso, los días se reducen a nueve. Ni que hablar si incluimos, además de los alimentos, los bienes y servicios mínimos para vivir (vivienda, educación, salud, gas, electricidad). Con este agregado, el monto necesario es de 621.275,85 bolívares. De esta forma, se necesitan 15 salarios mínimos para alcanzar apenas a satisfacer las necesidades más inmediatas. Vale aclarar que el promedio de un asalariado en el sector formal ronda entre un salario y medio, a tres salarios como máximo. Esto es un crecimiento de casi el doble respecto al cierre que se había producido en el año 2015, cuando el costo total de la vida rondaba los nueve salarios. Por este motivo, por esta condena a la miseria, la clase obrera ha protagonizado más de 5.000 protestas y 700 saqueos el año pasado.7

Otro dato importante a tener en cuenta es el desabastecimiento.  Según el seguimiento realizado por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, la escasez de alimentos básicos (carne, leche, azúcar, aceite, queso, lentejas, aceite, entre otros) llegó al 31% para febrero. A lo que debe sumarse la escasez en otros productos esenciales como jabón, medicamentos, jeringas, papel higiénico, insecticida, detergente. Esta caída del salario es una tendencia que, si bien se acentuó en los últimos años, ya existía anteriormente. Oscar Meza, director del CENDAS-FMV, sostiene que hace 20 años, un salario mínimo alcanzaba para cubrir el 50% de la canasta alimentaria, mientras que hoy, un salario mínimo solo cubre el 5%. Las razones de esta verdadera pauperización acelerada de la vida las hemos señalado en diferentes ocasiones. A pesar de haber contado con records históricos de ingresos provenientes por la renta petrolera, el chavismo no ha cambiado la matriz económica rentística dependiente del petróleo. Hoy Venezuela debe importar desde alimentos a maquinaria. Tampoco ha modificado la relación de la distribución de los ingresos petrolero, ya que mientras entre 2004 y 2012, se destinaron 173.547 millones de dólares a misiones y programas sociales, 180.567 millones se entregaron se entregaron con tasa preferencial a unas 10.000 empresas, de las cuales 100 concentran casi la mitad de las divisas. De esas, 63 son privadas extranjeras, y 25 privadas nacionales. Este manejo, terminó con un 45% de la población económicamente activa en la informalidad o en la desocupación y un 64% ocupada en los sectores de servicios y comercios, las ramas que peores salario y condiciones ofrecen. Entonces, privatización del petróleo, el endeudamiento con Rusia y China, la transferencia de recursos al sector privado tanto nacional como extranjero y la pauperización extrema de la vida de los trabajadores es el legado final y real del chavismo.

No solo el gobierno venezolano ha llevado a hambrear a la clase obrera, también la viene reprimiendo salvajemente. Según el último informe presentado por la organización de DD.HH. venezolana llamada Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), se registraron un total de 460 asesinatos en el 2015, por parte de las fuerzas de seguridad, de las cuales 245 fueron reconocidas oficialmente por la Fiscalía General en el marco de la OLP. Las OLP son las siglas que describen la Operación de Liberación del Pueblo, creada en 2015 por Maduro, para operar en las barriadas más pobres de Venezuela. PROVEA considera que, hoy por hoy, esa cifra ha crecido a 850 ejecuciones y unas 18 mil detenciones arbitrarias.8 Este operativo tuvo un “reimpulso” a partir del 6 de octubre del 2016, y en dos meses había ocasionado 80 muertes. En Monagas se registraron 7, en el estado Bolívar 5, en Táchira, 3 y en Nueva Esparta y Lara (gobernados por la oposición) 2. A esto debe sumársele 61 muertos más en los operativos practicados en el Distrito Capital y varias entidades. También existe la conocida “masacre de Barlovento” en Miranda, tierras de Capriles, donde aparecieron 12 cuerpos en fosas comunes, que habían estado desaparecidos durante más de un mes. Es decir, hay 14 muertes se produjeron en las regiones que gobierna la oposición. La burguesía intenta recuperar su unidad a través del enfrentamiento directo con la clase obrera.

 

Por una unidad socialista

 

La situación entonces en Venezuela aparece como terminal. A la crisis económica, se le suma una crisis política que no se ha profundizado ni resuelto por dos factores. El primero es que las fuerzas armadas aún no han intervenido, ni a favor ni en contra, a pesar de los rumores que hablan tanto de lealtades como de conspiraciones contra Maduro, lo que demuestra un grado de división interna. El segundo, y el más importante, es que la clase obrera no ha entrado a participar en la crisis aún. Su accionar aparece muy disgregado, con un fuerte peso de las formas de protestas más embrionarias, como los saqueos. Es, también, la principal víctima de la represión y las políticas del Estado en su conjunto. Por eso, el proletariado debe entrar en la arena política y disputar la salida de la crisis. Ante todo, hay que exigir que se levante la proscripción para los partidos de izquierda que se denominen “socialistas”, lo que incluye a Marea Socialista. En segundo, que se levante cualquier forma de proscripción encubierta a las organizaciones de la clase obrera y el desmantelamiento de las unidades represivas contra los trabajadores y la libertad para los presos políticos pertenecientes a organizaciones obreras. Para conseguirlo, el primer paso es que todas las organizaciones golpeadas por el chavismo y todos los trabajadores sindicalizados, que no quieran quedar a merced del MUD, deben llamar a la convocatoria de un congreso de trabajadores ocupados y desocupados, para votar un plan de lucha para enfrentar la escalada represiva y el ajuste, y decidir una salida revolucionaria a la crisis política. Si en su momento nos prometieron Socialismo, Socialismo queremos.

Notas

1El Universal, 20/02/2017

2Última Hora, 13/02/2017

3El Carobobeño, 09/03/2017

4Tal Cual, 17/0272017

5El Nacional, 12/03/2017

6La Verdad, 20/03/2017

7“Conflictividad social en Venezuela en octubre 2016”, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

8El Universal, 18/12/2016

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