Siderurgia para todos (los capitalistas). El caso de SOMISA y el rol del capital de propiedad estatal en la Argentina

a67emilianoEmiliano Mussi
OME-CEICS

¿Usted piensa que las empresas estatales favorecen a los obreros? A continuación, le presentamos una historia de SOMISA. Comprenderá que la función de la empresa era beneficiar a la burguesía. Sepa también por qué se creó y por qué fue privatizada.

A mediados del siglo XX, el Estado argentino creó varias empresas propias para impulsar el desarrollo industrial del país y favorecer a un conjunto de capitales que, de otra forma, no habrían podido sobrevivir. Hoy, de la mano de la estatización parcial de YPF parece que la historia se repite. Para comprender qué significa la participación estatal en la economía a través de empresas propias, es bueno repasar el devenir de uno de sus casos emblemáticos: la Sociedad Mixta de Siderurgia Argentina.
SOMISA fue fundada en San Nicolás, Buenos Aires, en 1961. El Estado intervino para fabricar acero, en un momento en el que no era rentable producirlo para ninguna empresa privada. El objetivo era favorecer a los capitales que compraban la chapa, vendiéndosela por debajo de los precios de mercado. Aunque esta política implicase pérdidas para el Estado, se buscaba impulsar al conjunto del capital radicado en el país: chicos y grandes, nacionales y extranjeros. Esta forma de transferencia operó durante la vida de SOMISA, desde principios de la década del ‘60 hasta su privatización, a comienzos de los ‘90. La venta de SOMISA implicó el retiro del Estado de la producción directa de acero. En general, esta venta fue explicada por un cambio en la política económica y por una menor independencia del Estado frente a los grupos económicos. Sin embargo, la privatización responde al agotamiento de las condiciones que permitían al Estado favorecer al conjunto de los capitales y no al abandono de políticas populares por el triunfo del neoliberalismo.

El Estado como productor
A partir de la década del ‘40, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, una fracción del Ejército impulsaba la idea de la producción de material bélico propio mediante la creación de una fábrica de acero en el país. La propuesta cobró mayor importancia cuando a partir de la década ‘50 se hizo necesario reducir los dólares que se gastaban en las importaciones de acero, que generaban problemas en la balanza comercial. La propuesta del Ejército de que el Estado se hiciese cargo aparecía como la única alternativa. La producción de acero requería una alta inversión inicial, que se mantendría inmovilizada por más de 20 años, dado el largo tiempo de amortización. A ningún capital privado le resultaba atractivo este negocio. No solo por la magnitud del capital inicial necesario, sino por la pequeña escala del mercado interno. El hecho de que el Estado asumiese la tarea de desarrollar actividades de alta composición orgánica de capital, poco rentables al comienzo, es algo común en el capitalismo1. En América Latina, encontramos los casos de la siderurgia mexicana y brasileña. La primera con el establecimiento de Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA) y la segunda con la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), ambas de propiedad estatal. Junto con SOMISA, produjeron aceros planos, un insumo fundamental para ramas como la construcción, la automotriz y la metalmecánica.
En la Argentina, SOMISA comenzó a vender chapa a partir de 1961, cuando se puso en marcha el primer Alto Horno. La producción estuvo signada por una productividad del trabajo más baja que la media mundial, con costos laborales más caros. Esto redundaba en que vendía a un mayor precio que el que tenía el mismo producto en otros países. En promedio, en 1977 se vendía un 40% por encima del precio de la chapa en frío o caliente de Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos2. La intervención estatal no lograba revertir la tendencia general de la acumulación de capital en la Argentina al reproducir capitales poco competitivos en términos internacionales y que necesitaban para sobrevivir alguna fuente compensatoria externa o del proteccionismo. Pero entonces, ¿por qué una fracción importante de la burguesía apoyaba la intervención estatal? El hecho de que la empresa fuese pública implicaba una diferencia. De venderse a un precio rentable para SOMISA, el encarecimiento de la chapa sería aun más perjudicial para los consumidores de esos productos. Por eso, si bien la chapa se vendía a un precio mayor al del mercado mundial, estaba por debajo de lo que necesitaba una empresa para no perder plata. De esta forma, lograba un abaratamiento relativo de las mercancías que, en caso de estar producidas por una empresa privada, se venderían aun por arriba del 40% que encontramos en 1977. Con este precio, SOMISA daba déficit, que era cubierto con otros ingresos del Estado o con emisión, favoreciendo a sus compradores y a sus proveedores. De esta manera, las pérdidas de SOMISA financiadas con déficit estatal se convertían en ganancias privadas.
¿Quiénes eran los favorecidos? El 20% de la producción de laminados en caliente se destinaba a relaminadores, incluidos la industria automotriz. El otro 20% de la chapa se vendía a Propulsora Siderúrgica, otra empresa que convertía chapas laminadas en caliente a laminadas en frío, propiedad del grupo Techint. El resto se destinaba a la industria metalmecánica (maquinaria y equipos para el agro, artefactos para el hogar, muebles metálicos, etc.)3. Como vemos, SOMISA sostenía todo tipo de capital, sin importar su tamaño o nacionalidad. Tanto capitales nacionales (nucleados en la cámara de laminadores) como las automotrices (que reunían a un conjunto de capitales extranjeros). Incluso la venta de chapa a Propulsora Siderúrgica para su reelaboración muestra de qué manera se articulaba la transferencia. De esta forma, se alentaba la expansión de esos capitales individuales. Este mecanismo comenzará a entrar en crisis cuando SOMISA vaya quedando cada vez más relegada frente al avance de la productividad internacional y, al mismo tiempo, cuando el Estado se vea incapacitado de seguir sosteniéndola.
El fin del ciclo del capital estatal
En la década del ‘70, la siderurgia entra en crisis a nivel mundial. La caída de las empresas que dominaban el mercado permitió la incorporación de cambios tecnológicos que impulsarían la productividad del trabajo, abaratando los costos y requiriendo una inversión inicial menor. Gracias a esto, el capital privado del sector en la Argentina (Acindar y Siderca) amplió su capacidad de laminación e incorporó hornos eléctricos para producir acero con mayor productividad que la de SOMISA y a menores costos. Hasta ese momento SOMISA era la única empresa productora de acero. Se pasó de una relación de complementariedad entre el capital privado siderúrgico y el capital estatal (Techint le compraba planchas a SOMISA) a una relación de competencia. Ahora Acindar y Siderca disputarían uno de los mercados de SOMISA. Esta última tenía las de perder. Su producción se basaba en el Alto Horno, una tecnología que se estaba volviendo obsoleta. No podía incorporar tecnología de punta porque en 1974, pocos años antes de la aparición de la nueva tecnología, ya había incorporado su segundo Alto Horno. Para volver a cambiar su planta debía esperar la amortización de la anterior. Por eso, SOMISA se mantuvo con una tecnología cada vez más atrasada, en un contexto general donde la crisis de la rama ponía un límite a la producción basada en los Altos Hornos.
Este desfasaje tecnológico, producto de invertir en tecnología obsoleta, no solo lo tuvo la Argentina. Una de las principales causas de la decadencia de la siderurgia de los EE.UU. fue su imposibilidad de incorporar nueva tecnología, ya que tampoco había terminado de amortizar su inversión previa. Así, fue desplazada, entre otros, por Corea del Sur que, gracias a los nuevos hornos eléctricos, pudo aprovechar su disponibilidad de fuerza de trabajo barata para copar gran parte del mercado mundial. Aunque el Estado argentino quiso emular esta estrategia de competir vía bajos salarios con el ataque a la clase obrera a través de la dictadura militar del ‘76, no le alcanzó. La caída abrupta del costo laboral en los ‘70, a pesar de su profundidad, no permitió que SOMISA se volviese competitiva.
La crisis de SOMISA se profundizaba, pero la privatización no llegó de manera inmediata. Pese a la presión de quienes querían achicar los gastos del Estado -como las empresas siderúrgicas competidoras (Techint) que, además, querían quedarse con el negocio de aceros planos-, SOMISA no se vendió sino hasta llegados los ‘90. Se mantuvo estatal no solo para favorecer a los capitales que compraban acero barato y se oponían a la privatización, como los agrupados en la Cámara de laminadores CLIMA, sino porque implicaba un conflicto social. A pesar de la derrota infringida por el golpe del ‘76, la burguesía no podía expulsar tanta mano de obra y admitir que gran parte del empleo era, en realidad, población sobrante para el capital. En ese sentido, no solo son sobrantes para el capital los obreros desocupados, sino también aquellos ocupados empleados por un capital que no alcanza la productividad media, como era el caso de SOMISA4. Esto se pondría en evidencia cuando, luego de la privatización, SOMISA despida a 10.000 obreros, un tercio de lo que expulsó la rama entre el ‘70 y el ‘90.
La necesidad de privatizarla se hizo incontenible cuando el Estado no pudo sostener las crecientes pérdidas. A la agudización de la obsolescencia tecnológica de SOMISA se sumaba la creciente necesidad del Estado de endeudarse para levantar una economía derrumbada en el ‘89. El ciclo de endeudamiento que comienza en los ‘90 solo se pudo iniciar porque todavía quedaba algo para ofrecer. Las privatizaciones no solo le daban a la burguesía local y extranjera un nuevo negocio, sino que achicaban el gasto, dando la imagen de que pagar la deuda iba a ser posible. Agotada la utilidad de SOMISA para la burguesía, y con la clase obrera derrotada, se pudo realizar la venta que se posponía hacía unos años.
La historia de SOMISA nos muestra que el carácter estatal de una empresa responde a las necesidades del capital. Solo beneficia en forma parcial a la clase obrera si permite la disputa política de una porción de plusvalía pero, como salida de fondo, solo será efectiva si junto con la expropiación de industrias básicas como la siderurgia se avanza en la de los capitales que despilfarran la riqueza que la clase obrera produce. Tarea que solo puede realizar ella misma, ya que mientras fracciones de la burguesía pueden motorizar expropiaciones de ciertos sectores, avanzar sobre el resto implica cuestionar la propiedad privada en su conjunto.

NOTAS

1 Marx ya explicaba este fenómeno al analizar el peso del Estado en el desarrollo de los ferrocarriles.
2 SOMISA, Memorias 1976, Cuadro M.
3 Azpiazu, Daniel y Basualdo, Eduardo: La siderurgia argentina en el contexto del ajuste, las privatizaciones y el Mercosur, IDEP/ATE, Cuaderno Nº 33, Buenos Aires, 1995, p. 43.
4 Kabat, Marina: “La sobrepoblación relativa. El aspecto menos conocido de la concepción marxista de la clase obrera”, en Anuario CEICS 2009, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2009.

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