Santiago y la democracia asesina

El 1º de agosto, tras la brutal represión en la lof de Cushamen en Esquel (Chubut), la Gendarmería se llevaba a Santiago Maldonado. Desde entonces, su paradero es desconocido y recientemente, la causa tomó el estado de “desaparición forzada”. Contra esa decisión, se alzaron entonces las voces del gobierno, excusándose ridículamente de lo sucedido. El kirchnerismo, por su parte, pretende alimentarse del reclamo. De cara a octubre, claro.

Vayamos a lo concreto. ¿Quién lo desapareció? Algunos dirán que fue la Gendarmería, otros dirán el gobierno. Sin embargo, ninguna de las dos respuestas logra explicar el asunto. A Santiago Maldonado lo desapareció el Estado capitalista. El mismo Estado que desapareció a Jorge Julio López, que mató a Luciano Arruga, que reprimió y asesinó en múltiples ocasiones en protestas sociales y que carga sobre su espalda los más de 5000 casos de gatillo fácil desde 1983. Es el mismo Estado que desapareció, torturó y mató a nuestros compañeros en los ’70. Es el mismo Estado que pone palos en la rueda en todas las investigaciones como esta o la de López. Es el mismo Estado que mantiene ocultos sus archivos secretos.

Como ya sabemos, el Estado trasciende a los regímenes (dictadura, democracia) y a los distintos gobiernos. En ese sentido, su aparato represivo sobrevive a los cambios, aun con ciertas variaciones. De hecho, en la historia sobran ejemplos de represiones salvajes en democracia: los asesinatos durante el Argentinazo, los fusilamientos del Ejército bajo el gobierno de Yrigoyen en la Patagonia y Semana Trágica, la Masacre de Rincón Bomba en 1947, por instrucciones precisas del Poder Ejecutivo a cargo de Perón. Incluso hay que decir que el peronismo hizo escuela en el uso de la Gendarmería en las protestas sociales.

Ya luego de la dictadura, la burguesía debió adecuar la represión para los nuevos tiempos y mostrarse como un aparato enteramente legal. Eso no significó, sin embargo, que en los hechos descartara formas ilegales (y brutales) de reprimir y encubrir sus actos. Hay numerosas muestras de que a la burguesía, en el fondo, el asunto de los “derechos” ciudadanos y las libertades democráticas le tiene sin cuidado, sobre todo cuando se trata de liquidar una lucha obrera o de tapar los “excesos” de su aparato estatal. Allí entran a jugar represiones a cargo de patotas (como la que asesinó a Mariano Ferreyra en 2010), actos encubiertos de tortura y causas truchas (como la que armaron a los petroleros de Las Heras en 2006) o hasta el uso de sicarios.

De este modo, para exigir la aparición de Santiago Maldonado, tenemos que denunciar todos los crímenes y represiones del Estado. ¿Eso significa exculpar al gobierno de Macri en particular? No. Todos los gobiernos son los conductores del Estado. Por ende, son responsables y tienen que pagar, con renuncias o con la cárcel. Pero si nos limitamos tan solo a denunciar al gobierno, caemos en la ficción K: “si cambia el gobierno, estas cosas no suceden”.

El reclamo debe además denunciar al kirchnerismo, porque también son responsables. No solo porque hicieron cosas semejantes en el pasado que hoy prefieren olvidar, sino porque muchos de esos actos tienen su efecto en la actualidad. Pensemos en las leyes antiterroristas que le regalaron con moño a Macri para que ejerciera la represión a gusto. Pensemos en el reforzamiento de la Gendarmería, vía Berni, que fue entrenada, usada y probada en cada corte obrero. Como se ve, no se puede estar con dios y con el diablo. Si queremos quitarle el disfraz al Estado, no podemos dejarnos poner la mordaza K ni entregarle a Cristina la dirección de nuestra lucha. Debemos poner en pie un plan de lucha y una comisión independiente que ponga al Estado y sus personeros en el banquillo.

 

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