Rutas hacia la izquierda. El conflicto en torno a la carretera y los marchistas en Bolivia

Hace unos meses, la construcción de una ruta provocó un alzamiento general. Comenzó en las zonas afectadas, pero llegó hasta la misma capital. Una central obrera que pidió la renuncia de Evo, piquetes en las rutas, una marcha nacional y un proceso que amenaza resquebrajar el régimen boliviano. Lea y entérese.

Nicolás Grimaldi
LAP-CEICS

Mientras aquí el kirchnerismo se dispone a restablecer la plena hegemonía y, en el mundo, la clase obrera comienza su lenta reconstrucción política, Bolivia sufre un proceso particular. Evo representa un bonapartismo que logró detener, aunque no clausurar, el proceso revolucionario. Sin embargo, como veremos a continuación, la crisis de régimen va socavando lentamente la estabilización.

En marcha

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) tiene una extensión de 1,2 millones de hectáreas. Está situado entre los departamentos de Beni y Cochabamba, en las provincias Mojos y Marbán (Beni) y Chapare (Cochabamba). La Constitución define a esta extensión como una región protegida. La indefinición del límite departamental, la presencia empresarios de la madera, la pobreza, la carencia de guardaparques, las relaciones conflictivas con los “colonos” (pequeños y medianos productores) y la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio, son los problemas que sufren los habitantes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) TIPNIS. El territorio se encuentra habitado por la población sobrante que se define como “yucarés”, “caimanes”, “trinitarios” y “yuquis”. Estos grupos han sido los menos beneficiados por las políticas del MAS. Allí, justamente, comenzó el conflicto en torno al tramo de una ruta que debía pasar por ahí.

El tramo II de la construcción de la carretera, iniciada el 3 de junio, cuyo costo oscila los 415 millones de pesos con financiación brasilera realizado por empresa OAS (Brasil) es el detonante del problema, ya que atravesará el territorio del TIPNIS incumpliendo el derecho a la consulta previa, establecido por la Constitución Política del Estado (CPE). Esa ruta no sólo amenaza con desalojar a miles de habitantes, sino que la violación de los términos legales permitía sentar un antecedente para la intervención de las petroleras, lo que profundizaría la expropiación.

La falta de esta consulta derivó en la preparación de una marcha de los indígenas de tierras bajas desde Trinidad hacia La Paz, que se inició el 15 de agosto. El 1 de septiembre se sumaron también los estudiantes a la protesta considerando que la construcción de la ruta es un “atentado al medioambiente”. La marcha comenzó a conseguir adhesiones en la población obrera de todo el país.

El 2 de septiembre quedaba armada la contraofensiva gubernamental. Evo sostuvo que “no hay otra alternativa, no hay otro tramo. Es el único que tenemos”.1 Asimismo, desde La Paz, el alcalde de Palos Blancos, Nazario Escóbar, anunció que los pobladores de esa comuna iban a impedir la marcha de los manifestantes cuando llegasen a la zona, advirtiendo que “de continuar la marcha existirán enfrentamientos”. En el poblado de Yucumo, a 50 km de San Borja, se inició un corte de rutas para evitar que pasen los marchistas.

El conflicto produjo la separación de las organizaciones indigenistas y una nueva ruptura en el Pacto Unidad. Por un lado, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y un sector del Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (Conamaq) apoyan la marcha del TIPNIS, mientras la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa (CNMC-BS), y Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) respaldan el proyecto gubernamental e incluso han llegado a declarar que son mayoría y que el Pacto Unidad debería de acatar sus resoluciones. El dirigente de Conamaq, Rafael Quispe, convocó a sus representados del altiplano a apoyar las medidas de los marchistas mediante el bloqueo de caminos. El representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Tomas Huanaco, informó que esa entidad enviará un informe a las Naciones Unidas por el “acoso y amedrentamiento” que sufren de parte del Gobierno.

Para el 20 de septiembre el apoyo a la marcha creció. Habitantes de tierras bajas realizaron bloqueos en las vías principales del Chaco y la amazonia boliviana. En Yacuiba y Urundaiti hubo enfrentamientos entre “guaraníes” y efectivos policiales, con el saldo inicial de dos uniformados heridos. En La Paz, activistas alteños que apoyan a los marchistas fueron reprimidos por agentes en la plaza Murillo. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Aylllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), acudió ante la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) para denunciar al Gobierno por la violación a los derechos de los habitantes del Tipnis y anunciaba que el bloqueo de carreteras se replicará en las rutas del occidente del país.

En Santa Cruz, alrededor de 500 “guaraníes” de diferentes comunidades bloquearon el paso de vehículos en la zona de Urundaiti, de la misma manera, en Tarija, en la localidad de Palmar Chico (unos 40 kilómetros antes de llegar a Yacuiba), otro grupo grande de “guaraníes” cortó el tránsito en la carretera hacia Argentina, además los pueblos “indígenas” de Riberalta iniciaron un bloqueo de la carretera que vincula a la amazonia con el interior del país. La dirigencia de la marcha convocó a la Iglesia católica, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, al Defensor del Pueblo, a la Asamblea de Derechos Humanos y a la prensa libre a atestiguar los hechos que puedan ocurrir cuando lleguen al punto de control de la Policía, dos kilómetros más adelante del campamento “indígena”.2

Represión y después…

El 21 de septiembre se produjo el primer enfrentamiento en Pando, donde la policía reprimió a los manifestantes que bloqueaban la ruta principal de acceso a Cobija. La protesta fue intervenida por cerca de 150 policías que actuaron al promediar la madrugada, dejando como saldo dos personas heridas. Más tarde se confirmaría otra represión en las proximidades de la ciudad de Riberalta (Beni). Como resultado, quedaron al menos siete personas afectadas.3

El 25 de septiembre, la marcha principal iniciada en agosto fue brutalmente reprimida por 500 policías en la localidad de San Lorenzo. Alrededor de las 4:30 horas de la tarde, un operativo policial y militar cercó el campamento del puente San Miguel, a 5 Km de Yucumo, donde estaban descansando alrededor de 800 marchistas, incluyendo más de dos centenares de niños y bebés. Para las 5 horas de la tarde, se arrojaron gases lo que provocó una confusión que derivó en el extravió de muchos niños que estaban junto a sus madres. Como saldo quedó un total de 37 desaparecidos al intentar huir de la represión (que luego irían apareciendo con el correr de los días), varios heridos y la muerte de un bebé a causa de los gases lacrimógenos. La represión fue reconocida por el propio canal estatal. Este hecho desencadeno que los pobladores de la localidad vecina de San Borja salieran esa misma noche a cortar el puente de ingreso a esa localidad por donde deberían pasar los buses con los marchistas detenidos. La policía volvió a reprimir este corte, pero no logro desarmarlo, por lo que volvieron a Yucumo para ir por una ruta alternativa.

Las acciones de rechazo a la represión siguieron realizándose y, el 28 de septiembre, el “Comité Cívico del Beni” y el “Comité Cívico de Borja” manifestaron su decisión de huelga y mantenimiento del bloqueo en el departamento. En La Paz, se escucharon las protestas encabezadas por Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB, concentrándose la más grande multitud en contra de Evo desde que juró por primera vez a la Presidencia. Allí, en esa marcha, surgieron algunas divergencias sobre la consigna a levantar. Por un lado, los universitarios de La Paz y El Alto proclamaban “El TIPNIS no se toca”. Por el otro, los sectores más cercanos a la COB y los ambientalistas pedían la renuncia de Evo. Es decir, estamos ante la rebelión en el corazón de las bases del MAS.

En Santa Cruz, se realizaron dos marchas, Maestros Rurales y Urbanos, miembros de la Central Obrero Departamental (COD), Sindicatos Fabriles, del sector Salud y del petróleo se movilizaron el 18 de septiembre a la mañana reclamando la renuncia del presidente y de los ministros de la presidencia, Carlos Romero, de Justicia, Nilda Copa, y de Obras Públicas, Wálter Delgadillo. Por la tarde se sumó otra marcha convocada por la “Universidad Autónoma Gabriel Rene” y el presidente del comité Pro Santa Cruz, Herland Vaca Diez, amenazo con llamar a un paro cívico.

A nivel nacional, la directiva de la COB exigió que se permita a los indígenas llegar hasta La Paz y que se disponga, mediante Ley del Estado, la definitiva suspensión de la construcción de la ruta. Como respuesta a la agitación popular, Evo pidió perdón por la violenta represión policial y convocó nuevamente a los indígenas a dialogar. Sin embargo, no identificó quien dio la orden de reprimir y se desentendió del reclamo de los pobladores del TIPNIS. Desde el régimen, se buscó darle una salida institucional al conflicto presentando dos proyectos de ley. Uno para la aprobación de un mecanismo de consulta local, departamental o nacional que podría ser un referéndum para decidir sobre el futuro de la carretera. Otro, presentado por los diputados “indígenas” Pedro Nuni, Bienvenido Sacu y Justino Leaños, con mandato de la marcha por el Tipnis, que garantizaría que la ruta no pasará por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Todo este proceso de movilizaciones terminó en una catástrofe de Morales en las elecciones judiciales del 16 de septiembre. Si bien los resultados no serán definitivos hasta el 29 de octubre, los “boca de urna” y las encuestadoras arrojan un total de 45% de votos nulos, y alrededor del 15% de votos en blanco. El principal impulsor del “voto nulo” fue el ex alcalde de La Paz, Juan Del Granado, un centroizquierdista ex aliado de Evo. Más allá de si finalmente será Del Granado quien canalice el descontento popular hubo un claro rechazo a la gestión de Evo, después de haber sacado más del 50% en sus últimas elecciones. Ante este resultado, el gobierno tuvo que acordar con los marchistas y levantar la construcción de la carretera.

El régimen herido

El MAS, tan saludado aquí por el kirchnerismo, enfrentó a los manifestantes a puro garrote. Sin embargo, el gasolinazo y el conflicto por el TIPNIS han dejado debilitado al gobierno de Evo. Por un lado CONAMAQ y CIDOB han roto el “Pacto Unidad” dejando solamente a CSUTCB, CSCIB y “Bartolina Sisa” junto a los cocacoleros como los principales defensores del bonapartismo boliviano. La COB ha exigido la renuncia por primera vez a Evo Morales y ha encontrado respuesta en sus afiliados. El dato de La Paz es curioso, por que fue el gobernador de esa ciudad el que, como mostramos, llamó al pueblo a organizarse contra los marchistas. Como vemos, lo que obtuvo es todo lo contrario. En síntesis, desde el gasolinazo, se observa la activación de una creciente fracción de la clase obrera boliviana, particularmente de la población sobrante, que vuelve a retomar los métodos y parcialmente el programa de la Agenda de Octubre. El Pacto de Unidad, columna del bonapartismo, está en crisis. El país andino se dirige hacia un nuevo 2003. Pero, esta vez, con mayor experiencia a cuestas.

Notas

1 Periódico El Deber 2/9/2011.
2 Periódico El Deber 20/9/2011.
3 Periódico El Deber 21/9/2011

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