Resumen de “Getting screwed. Sex workers and the law”, de Alison Bass

Victoria Gout

Este libro constituye un alegato a favor del regulacionismo. Su análisis brinda una serie de argumentos por los cuales la prostitución debe ser despenalizada y regulada como cualquier otro trabajo. En el capítulo uno, se hace un recorrido por la historia de la prostitución en los EEUU desde finales del siglo XIX hasta la segunda posguerra; en el capítulo dos, se avanza sobre el surgimiento del movimiento norteamericano por los derechos de las trabajadoras sexuales en la década del sesenta; en el capítulo tres, se desarrollan las formas que asume la prostitución hoy en día, en el seno de un mundo globalizado; en el capítulo cuatro, se exponen las razones por las cuales hombres y mujeres ejercen la prostitución; en el capítulo cinco, la autora se propone desarmar los mitos que existen detrás de la trata de personas con fines de explotación sexual; en el capítulo seis, se detalla cómo los esfuerzos por combatir la trata redundan en un gran perjuicio para todas las mujeres que se encuentran en el negocio, tanto para las que están por voluntad propia como las que no; en los capítulos siete, ocho, nueve, diez y once, la autora desarrolla todos los abordajes gubernamentales que se han hecho en materia de prostitución (Nevada, Rhode Island, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, Alemania, los países asiáticos, Canadá, California, etc.) y concluye en que el modelo más exitoso es el neozelandés en tanto que logró regular el negocio sin exponer a la trabajadora sexual.

Para la autora, la prostitución debe ser regulada con el fin de garantizar a todas aquellas mujeres que quieran ejercer el trabajo, el acceso a los servicios de salud y seguridad social. Las leyes antitrata criminalizan a las prostitutas (a las que están en el negocio porque quieren y a las víctimas de trata), derivan en un gran despilfarro de recursos y, lo más importante, no amparan a las víctimas ni erradican las causas del flagelo.

La división Madonna-Puta

En la sociedad neoyorkina de la década de 1870, el doble estándar victoriano estaba firmemente arraigado. Hombres solteros y casados participaban de lo que se conoce como la “cultura deportiva masculina”1 (sporting male culture), mientras las mujeres se quedaban en sus casas. Las mujeres de clase media y baja no podían disfrutar del sexo; eran Madonnas castas, puras, asexuales que los hombres victorianos ponían en un pedestal. Dado que esto significaba que algunos deseos sexuales masculinos no podían ser satisfechos dentro de los confines del matrimonio, estos hombres recurrían a una clase de mujeres considerada el polo opuesto a la Madonna: la Puta. Mientras era aceptable que los hombres frecuentaran prostíbulos, cualquier mujer que tuviera sexo por fuera del matrimonio era considerada una prostituta.

Al mismo tiempo, la mayoría de los trabajos disponibles para las mujeres durante la pujante Revolución Industrial del siglo XIX, eran puestos mal pagos como sirvientas, empleadas de comercio, mozas u obreras en fábricas textiles. Las respetables mujeres casadas de clase media y alta no trabajaban, pero muchas obreras casadas y solteras suplementaban sus ingresos vendiendo sexo.

La prostitución no era, entonces, una ocupación de tiempo completo. Tampoco era un trabajo de larga duración; muchas mujeres trabajaban como prostitutas durante su juventud por razones económicas principalmente, para luego casarse o volver a su comunidad de origen. Hay estudios que sostienen que el crecimiento del número de mujeres que se dedicaban a la prostitución puede interpretarse como un indicador de un mejor nivel de salud comparado con otras trabajadoras y de que no eran más propensas  que otras a caer en el alcoholismo, la locura o el suicidio.

Durante la era colonial, la prostitución existía mayormente en la periferia de la sociedad (en las tabernas cercanas a los muelles) y estaba principalmente controlada por trabajadoras independientes. Antes de 1850, las mujeres tenían más control e influencia sobre la prostitución que lo que tuvieron en cualquier otro período de la historia norteamericana. Hacia la década de 1860, la prostitución se había vuelto una próspera actividad comercial en la ciudad de Nueva York de la cual comenzaron a sacar provecho los políticos locales (Tammany Hall2) y la policía. Esto se da en el contexto de una agudización de la división de género de la era victoriana. Los hombres comenzaron a querer dominar a las mujeres autónomas y sexualmente independientes. Las pandillas violentas amparadas políticamente, comenzaron a emplear la extorsión, la fuerza y el terror para asegurar la hegemonía masculina por sobre las ganancias que generaba la prostitución. Este fue el origen de los primeros proxenetas. La mujeres que administraban burdeles tuvieron que contratar protección contras las pandillas pagadas por Tammany Hall.

Aunque la prostitución ofrecía a las mujeres una mejor vida, era un negocio peligroso. La probabilidad de contraer enfermedades como sífilis o gonorrea era alta, como así también la de ser atacada o asesinada por un cliente. El estigma que recaía sobre la puta hacía que la violencia hacia ellas no fuera un asunto de la agenda policial. Muy pocos de sus asesinos seriales eran atrapados. La prostitución de menores de edad también era rampante en la década de 1870 en Nueva York.

Pero incluso entonces, menos de un quinto de las trabajadoras sexuales dijeron haber entrado en el mundo de la prostitución de manera forzada. Muchas venían de hogares rotos, donde había demasiadas bocas que alimentar y ningún hombre que aportara a la casa; otras eran inmigrantes recién llegadas tratando de sobrevivir en la ciudad.

En las economías mineras del oeste de los EEUU, hacia fines del siglo XIX, la mujer era un bien escaso y preciado. En 1860, las mujeres constituían sólo el 5% de la población de Virginia, Nevada. La prostitución, el juego y la bebida era el sostén de la economía local, y para 1870, el momento cumbre de la prosperidad de Virginia, la prostitución era la ocupación principal de las mujeres. Mientras que para algunas prostitutas la vida era difícil (las más veteranas o las que no eran lindas), otras sacaban provecho del comercio sexual. En los pequeños pueblos mineros, algunas obreras solteras regenteaban salones como prostitutas-propietarias independientes. En las economías mineras, las prostitutas gozaban de un cierto status.

Las madamas y prostitutas exitosas del siglo XIX tenían una relación cercana y mutamente benéfica con las fuerzas de seguridad locales: pagaban a los policías y políticos onerosas coimas para que hicieran la vista gorda y protegieran sus establecimientos de pandilleros borrachos y de abolicionistas que querían eliminar la prostitución.

En 1870, William Sanger y otros médicos profesionales, en conjunto con las fuerzas de seguridad, comenzaron a presionar por la legalización y regulación de la prostitución en los EEUU por razones de salud pública. Según ellos, esto permitiría a las autoridades testear y tratar a las prostitutas con enfermedades venéreas, a la vez que se endurecerían las medidas contra la prostitución infantil. Sin embargo, este proyecto no prosperó debido a la firme oposición que presentó una alianza entre sufragistas abolicionistas y grupos protestantes, hacia fines del sglo XIX y principios del XX. Los religiosos se oponían a la prostiución por atentar contra el orden sagrado del matrimonio y divorciar las relaciones sexuales de sus fines reproductivos. Sólo unas pocas ciudades en los EEUU, como Nueva Orleans, San Francisco y St. Louis, lograron sancionar ordenanzas a favor de la legalización y regulación de la prostitución.

El caballo de batalla de estos grupos abolicionistas era la amenaza de la “trata de blancas” que recorría a la nación, avivada por estadísticas erróneas publicadas en los periódicos de la época sobre las hordas de jóvenes blancas, nativas y extranjeras, secuestradas con fines de explotación sexual. Según estudios de la época, la imagen de la mujer blanca víctima de trata era un mito. Muchas mujeres vendían su cuerpo ya que ello les permitía ganar mejores salarios que en el servicio doméstico o en la fábrica. Muchas prostitutas venían de hogares pobres y necesitaban el dinero.

El terror provocado por la amenaza de la “trata de blancas” tuvo el efecto deseado: dio lugar a una serie de leyes federales que dificultaron el funcionamiento abierto y libre de burdeles y otra formas de prostitución. En 1910, el gobierno federal sancionó la Ley Mann, donde se prohibió el transporte de mujeres, de estado a estado, con “propósitos inmorales”.

Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, la represión se intensificó. Las autoridades federales, temerosas de que los soldados americanos pudieran acostarse con prostitutas enfermas, presionaron a los estados para cerrar los distritos rojos a lo largo del país. Hacia 1915, la mayoría de los prostíbulos habían sido cerrados.

Esto no acabó con la prostitución, más bien hizo que la actividad pasara de estar a la vista de todos (en teatros, salones y calles) a la clandestinidad. Las damas de compañía comenzaron a operar en departamentos privados y los proxenetas pasaron a ser una figura permanente, puesto que proveían protección, soporte emocional y asistencia legal en un contexto de mayor vulnerabilidad para las prostitutas.

Hacia 1920, el prohibicionismo se convirtió en ley suprema del país. Las prostitutas comenzaron a operar también en bares clandestinos que estaban emergiendo en sótanos y clubes privados a lo largo y ancho de los EEUU. El prohibicionismo y los bares clandestinos tuvieron el pardójico efecto de romper los tabúes acerca de que hombres y mujeres bailaran juntos en público. La “cultura deportiva masculina” fue siendo reemplazada por una mayor cantidad de formas de entretenimiento heterosexuales.

Al mismo tiempo, la actitud hacia el disfrute del sexo dentro y fuera del matrimonio comenzó a cambiar: las relaciones sexuales dentro del matrimonio comenzaron a ser vistas cada vez más como expresión de amor, y el sexo prematrimonial se volvió más común. El control de la natalidad contribuyó a este cambio. Un estudio de 1948 señaló que la frecuencia de los encuentros sexuales de los hombres norteamericanos con prostitutas se había reducido a la mitad o en dos tercios.

Los bares clandestinos de la era prohibicionista estaban regenteados por grupos del crimen organizado, que importaban alcohol de contrabando y pagaban a los policías para hacer la vista gorda. Esas mafias también comenzaron a controlar el negocio de la prostitución luego de la Primera Guerra Mundial, asegurando sus posiciones en alianza con las elites locales (policías y políticos que habían amasado fortunas años anteriores, cuidando a las zonas rojas). La única víctima de todo este proceso fue la prostituta, puesto que sus condiciones de subsistencia empeoraron y el estigma social la aisló aún más.

Durante la Gran Depresión, el número de mujeres que se volcaron a la prostitución aumentó. “Los hombres querían salir y olvidarse de sus problemas”. (pg. 22)

En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, las chances de ser acosada, arrestada o procesada por ejercer la prostitución crecieron notablemente. El Congreso aprobó una ley que prohibía la prostitución en ciertas áreas donde estaban las tropas, y los militares presionaron a las autoridades locales para endurecer las penas en un esfuerzo por combatir la transmisión de enfermedades de origen sexual entre los soldados. Aunque se constató que la mayoría de las infecciones entre los soldados no fueron provocadas por sus encuentros con prostitutas, miles de prostitutas fueron injustamente detenidas.

El moderno movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales

Hacia fines de la década de 1960, la revolución sexual estaba floreciendo en los EEUU y el movimiento de mujeres estaba tomando impulso. Millones de mujeres jóvenes a lo largo del país estaban descubriendo su independencia sexual y muchos predijeron que esta nueva era de liberación sexual significaría el fin de la prostitución. ¿Por qué los hombres pagarían ahora por sexo fuera del matrimonio cuando podían acceder a él en forma gratuita?

Sin embargo, la liberación de las “buenas costumbres” sexuales dio lugar al incremento de una ética del consumo que puso a la sexualidad en el exhibidor de una forma nunca antes vista. El sexo se convirtió en un producto y los publicistas comenzaron a venderlo como una forma arquetípica de entretenimiento con la que se asoció el consumo de fotografía erótica. Esta nueva permisividad se expandió al comercio sexual y hacia la década de 1970, proliferaron masivamente en los EEUU los clubes de strip-tease, las casas de masajes y la pornografía.

Si bien la liberación sexual hizo que muchos jóvenes dejaran de pagar por sexo, la mayoría de los hombres casados de clase media continuaron frecuentando prostitutas. Para ellos era más seguro pagar por un discreto encuentro casual que embarcarse en un romance impredecible capaz de acabar con sus matrimonios y con su respetabilidad social. Mientas que los clientes rara vez eran detenidos, las prostituas que trabajaban en la calle se llevaban la peor parte. La policía usaba a la prostitución como una forma de aumentar los arrestos y cobrar multas por ello. Esto significaba, además, que la policía ocupaba sus energías persiguiendo prostitutas en las zonas donde imperaba el crimen, mientras dejaba liberadas otras, al acecho de la violencia.

En San Francisco, las prostitutas callejeras afroamericanas eran con frecuencia detenidas y forzadas a pagar fianzas, mientras que la policía hacía la vista gorda con las prostitutas blancas que trabajan dentro de los hoteles. Usualmente recibían soborno o sexo gratis por parte de estas últimas.

La fundadora del movimiento por los derechos de las prostitutas en los EEUU fue Margo St. James. Por entonces Margo era una atractiva joven librepensadora que cultivaba marihuana en el fondo de su casa y formaba parte del movimiento hippie. En una ocasión fue arrestada injustamente por prostitución; ella no cobrara por sexo, sino que disfrutaba del sexo libre con muchos hombres. Este breve paso por la cárcel marcó su legajo, y tras idas y vueltas por diferentes trabajos terminó finalmente ejerciendo como prostituta.

Margo pudo ser testigo del doble estándar con el que la sociedad americana juzgaba a la prostituta a la vez que esclavizaba a muchas mujeres en sus casas, haciendo los trabajos de limpieza para sus maridos. Su inserción en la movida cultural de la época y sus contactos con diversas figuras del mundo intelectual la llevaron a crear la primera organización política por los derechos de las prostitutas: COYOTE (“Call Off Your Old Tired Ethics”).

En 1973, COYOTE celebró su primera convención con el propósito de generar conciencia sobre las arcaicas leyes estatales que criminalizaban la prostitución y que arrojaban a las prostitutas a las fauces de proxenetas explotadores y oficiales corruptos. Recibieron el apoyo de organizaciones como ACLU (“American Civil Liberties Union”) para ayudar a revocar los códigos antiprostitución del estado de California, así como también de algunas estudiantes de la Universidad de California, que pagaban su matrícula trabajando como damas de compañía. La descriminalización de la prostitución logró ser incluida en la plataforma de NOW (National Organization for Women) en 1973.

COYOTE organizó protestas frente a los hoteles de San Francisco, donde los policías arrestaban a las prostitutas callejeras negras mientras dejaban a las blancas hacer su trabajo siempre y cuando pagaran coimas. En 1974, celebraron el Hookers Ball (“Baile de las Putas”) para recaudar fondos. El baile se convirtió en una institución de San Francisco, que convocaba a artistas locales, músicos y celebridades.

Con la ayuda de abogados y médicos, Margo St. James y COYOTE lograron convencer a los oficiales de San Francisco de eliminar la práctica de la cuarentena3 en las cárceles de la ciudad. También consiguieron frenar el acoso policial sobre las prostitutas que trabajaban en las calles.

En 1975, un juez del Tribunal Superior de Justicia del condado de Alameda emitió un fallo donde se reconocía la discriminación que la policía de Oakland ejercía contra las mujeres en la aplicación de las leyes contra la prostitución. En respuesta, la policía aumentó temporariamente sus arrestos sobre clientes, usando a policías mujeres de civil como carnadas. Si bien la persecución al cliente no duró mucho, logró que se redujeran los arrestos a prostitutas callejeras.

La publicidad que se logró con esta victoria legal y con el Hookers Ball, hicieron que COYOTE cobrara renombre a nivel nacional y conformara un equipo de tareas nacional sobre prostitución (“National Task Force on Prostitution”).

En 1978, Carol Leigh, miembro de la organización y prostituta, acuñó el término “trabajo sexual”. Defendía la idea de que servir a las necesidades sexuales de un cliente era un trabajo y debía ser tratado como tal; no era peor ni mejor que otro tipo de servicios.

COYOTE no tuvo tanto éxito a la hora de modificar la legislación en municipios o estados en los que se prohibía el ejercicio de la prostitución. En varias ciudades de los EEUU el abuso policial sobre las trabajadoras sexuales continuó siendo un problema. Además, durante esta época la violencia contra las prostitutas empeoró  y el número de asesinatos aumentó diez veces. Decía Margo St. James que “la prohibición de la prostitución contribuye a la escalada de violencia, y la mezcla entre prohibición y legalización de facto da a proxenetas y policías un poder exacerbado y abusivo sobre la actividad privada de las mujeres”. (pg. 39)

El trabajo sexual se vuelve online y puertas adentro

Intenet transformó la industria del sexo, haciendo que sea más fácil para las trabajadoras sexuales controlar dónde y cuándo se encuentran con clientes y con quién. El modelo dominante de trabajo sexual desde la década de 1920 había sido el callejero, pero esto empezó a cambiar en los ’60 y ’70. Las tendencias socioeconómicas, incluidas la gentrificación de las grandes ciudades y la implacable vigilancia de la policía sobre las áreas donde estaban las prostitutas callejeras, forzó a gran parte de las trabajadoras sexuales a trabajar puertas adentro. Durante la década de 1980, sólo el 20% de las prostitutas de las grandes ciudades trabajaba en las calles. Internet y la gentrificación de ciudades tales como Nueva York y San Francisco reforzaron esta tendencia. Hacia 2001, sólo el 2% trabajaba en las calles.

Internet junto con otros avances tecnológicos estimularon una creciente demanda de servicios sexuales a escala global: turismo sexual, shows sexuales a través de cámaras web, realidad vitual (incluye juguetes sexuales conectados a una computadora que maneja el cliente desde donde esté), etc. Además brindaron una mayor autonomía a las trabajadoras sexuales en la medida que les pemitió atraer y filtrar clientes sin la necesidad de salir de sus casas. A pesar de esto, las trabajadoras más jóvenes, sobre todo las que recién se están iniciando en la industria, prefieren trabajar en lugares donde los clientes son filtrados para ellas y donde hay seguridad en caso de que alguno se ponga violento.

En el seno de la nueva sociedad postindustrial se desarrolló otra tendencia que es la “filosofía playboy”: durante las últims dos décadas, una creciente cantidad de hombres comenzaron a frecuentar prostitutas mientras estaban de viaje haciendo negocios. Para ellos, el sexo pago no es una compensación por lo que les falta en sus matrimonios sino que es una actividad recreacional que tiene lugar fuera de una relación monógama, que les permite tener relaciones con múltiples personas a la vez, y es algo a lo que todo hombre tiene derecho.

En economías que requieren trabajos de 24 horas al día, durante los 7 días de la semana, y extensos viajes, las relaciones monógamas se ven dificultadas. Las tasas de declinación de matrimonios, la duplicación de las tasas de divorcios, y el aumento en un 60% de hogares compuestos por personas solteras en las últimas décadas, nos hablan de los desplazamientos en la composición familiar que reconfiguraron la noción de intimidad. Los individuos tienden a una mayor movilidad y autonomía, sin ninguna clase de ataduras o condicionamientos. Muchos consumidores de sexo comercial son altos ejecutivos y hombres de negocios que viajan alrededor del mundo y que prefieren el confinamiento de un encuentro casual a los enriedos de una reación amorosa. Pagar produce un efecto clarificador que marca los límites de una relación.

En la América posmoderna, el sexo es intercambiado crecientemente como cualquier otro servicio (servicio doméstico, cuidado de niños o cocina). La diferencia es que deja más plata y esta es la razón por la que una gran cantidad de jóvenes mujeres trabajadoras y de clase media se está volcando al trabajo sexual. Incluso para muchas universitarias existen escasos puestos de trabajo bien remunerados. En comparación con hombres con el mismo nivel educativo y el mismo origen socioeconómico, las mujeres en la sociedad postindustrial tienen más chances de ocuparse en los trabajos peores remunerados del sector servicios o trabajos de tiempo parcial.

De por qué las mujeres y los hombres realizan trabajo sexual

El sentido común de muchas personas sostiene que una mujer que se vuelve prostituta lo hizo escapando de hogares disfuncionales donde sufrieron abusos en su infancia y/o adolesencia. Los grupos antiprosituticón sostienen que casi todas las prostitutas sufrieron abuso infantil. Sin embargo, hay estudios que proveen una realidad más matizada. Es cierto que existe una conexión entre los abusos y la prostitución: es más probable que las jóvenes que escapan de sus hogares y entran en la prostitución hayan sufrido abusos en sus hogares que las que empezaron a ejercer en edad adulta. Sin embargo, un estudio canadiense realizado en 1987 sobre la base del censo nacional reveló que sólo el 30% de la muestra había sufrido abusos en la infancia. “Es evidente que el trabajo sexual pueda resultar traumático para aquellas que fueron víctimas de abusos”. (pg. 62)

La razón principal por la que una mujer decide empezar a ejercer es la necesidad económica. Los proxenetas se abusan de adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad. Andrea Powell, directora ejecutiva de FAIR (“Free, Aware, Inspired and Restored”), una organización que lucha contra la trata y ayuda a chicas explotadas sexualmente, señala que la mayoría de las chicas que hoy son víctimas de la trata no están encadenadas o secuestradas. Están atadas a alguien que les ofrece un falso sentimiento de protección y amor. Pero cuando esta relación se torna abusiva y violenta, no tienen lugar al que recurrir.

Si bien la prostitución infantil constituye un problema en todo el mundo, la realidad es que la mayoría de las trabajadoras sexuales se iniciaron en la prostitución cuando cumplieron 18 años o más. Los estudios revelan que es más probable que sean las trabajadoras sexuales callejeras las que empiecen vendiendo sexo siendo menores; aquellas que trabajan puertas adentro se inician en el negocio siendo mayores de edad. También es más probable que las prostitutas que trabajan en las calles hayan sufrido abusos sexuales o físicos siendo menores.

Varios estudios han señalado que las secuelas psicosomáticas que presentan algunas mujeres que ejercen la prostitución no tienen que ver con la actividad en sí misma sino con otros factores: experiencias de abuso en la infancia (el trauma de esa experiencia es lo que les hace odiar el trabajo en realidad), condiciones de trabajo (las que trabajan puertas adentro están en una posición más ventajosa que las que están en las calles), el uso de drogas (muchas se prostituyen para poder sostener una adicción) y la capacidad de elegir al “cliente”.

Muchos estudios alrededor del mundo han señalado el efecto positivo que ejerció el trabajo sexual en la autoestima de muchas prostitutas, permitiéndoles desarrollar confianza en sí mismas y un sentido de desarrollo personal. A la vez, destacan la enorme satisfacción que comporta la actividad que realizan. Muchas trabajadoras sexuales, trabajen o no en la calle, no se perciben a sí mismas como víctimas. Pesa sobre ellas un gran estigma social en relación al trabajo que realizan.

Las culturas occidentales ven al trabajo sexual con malos ojos, en gran medida por la influencia de la moral judeo-cristiana, que desde siempre santificó la familia y condenó la prostitución. Sin embargo, la prostitución, en su forma, está presente incluso en las instituciones más respetadas de nuestra sociedad, como puede ser el matrimonio. La gran diferencia es los fines a los que cada una sirve. El matrimonio es valorado porque vincula la expresión erótica a la función más importante para nuestra civilización actual, que es la reproducción. En cambio, asociar placer al acto sexual supone divorciarlo de la función reproductiva y del tipo de relación sentimental que el matrimonio simboliza. En otras palabras, el sexo pago es enemigo de nuestras más sagradas instituciones (matrimonio y reproducción) y por lo tanto es condenado como un mal social.

Debe agregarse a esto, la influencia del patriarcado en la condena que recae sobre la prostitución: en sociedades machistas, las mujeres que se comportan sexualmente por fuera de las normas que impone el matrimonio son consideradas desviadas, mientras que los hombres promiscuos no sufren ninguna condena social.

Mientras que muchas feministas sostienen que las mujeres deben poder elegir cómo quieren expresar su sexualidad (incluso si ello implica vender su cuerpo), otras creen qe la prostitución es un mal a erradicar porque oprime y cosifica a las mujeres. Pero lo que las feministas antiprostitución no ven es que muchas trabajadoras sexuales consideran a su trabajo como algo liberador. Muchas trabajadoras sexuales sienten que su trabajo les permitió empoderarse y recuperar el control sobre sus cuerpos. Otras creen que lo suyo es un servicio valioso para clientes con insanos e inusuales impulsos sexuales, que sirve como preventivo contra el abuso sexual infantil, ya que los puteros pueden satisfacer sus fantasías con la prostituta y no con sus hijos.

La verdad sobre la trata sexual

Hacia fines de los ’90, la trata se había convertido en un problema creciente en los EEUU y Europa. Luego del colapso de la URSS, el número de mujeres traficadas desde el este europeo hacia el oeste de Europa y hacia los EEUU se había multiplicado. La globalización y el incremento de las brechas sociales estimularon el aumento de la trata de hombres y mujeres (para cualquier labor) desde los países pobres hacia los ricos.

Algunas feministas pronto tomaron a la trata como un nuevo argumento en su lucha contra un comercio al que ellas consideraban inherentemente dañino para todas las mujeres. Donna Hughes, una investigadora de la Universidad de Rhode Island, sostuvo en el año 2000, que el tráfico de mujeres se había convertido en un mercado altamente rentable para las redes del crimen organizado y etiquetó a la trata como “el comercio moderno de esclavos”.

En el año 2000, el Congreso de los EEUU aprobó la ley para la protección de víctimas de la trata, que introdujo una diferenciación entre la trata con fines de explotación sexual y cualquier otra forma de trabajo forzado, y que definió a la trata como una acción comercial inducida por la fuerza, el fraude o la coerción. Luego vino el 11 de septiembre que provocó una escalada dramática en los esfuerzos del gobierno de los EEUU por monitorear e impedirle la entrada a terroristas potenciales, así como también a inmigrantes ilegales que intentasen acceder a la nación más rica del mundo.

Con el país preparándose para la guerra y con la sanción de la Ley Patriota4 en el año 2001 (junto con otro paquete de leyes orientadas a ayudar al gobierno a combatir el terrorismo), la nación quedó sumida en la paranoia. La guerra que el Departamento de Estado había declarado a los inmigrantes ilegales encajaba perfectamente con la moralina conservadora de la administración Bush en su ataque a la industria sexual. Fue así como ciertos grupos conservadores aliados con algunas intelectuales feministas, comenzaron a argumentar que toda forma de prostitución era trata y que ninguna mujer estaba en el comercio sexual por elección propia. Insistían en que todas las trabajadoras sexuales eran explotadas por un tercero. Hacia el año 2005, la postura oficial de los EEUU había apuntado hacia este blanco, por considerar a la prostitución inherentemente dañina para hombres, mujeres y niños, y facilitadora de la trata de personas. Esta confusión entre prostitución voluntaria y trata se mantiene hasta nuestros días.

Muchos especialistas sostienen que las estadísticas que recogen funcionarios federales y activistas antitrata sobre el número de personas tratadas en los EEUU y a nivel mundial son imprecisas y están infladas. Por ejemplo, en el año 2003 el Departamento de Estado norteamericano estimó que entre 600.000 y 800.000 personas eran tratadas a través de las fronteras internacionales anualmente. Sin embargo, estas estimaciones pueden ponerse en duda ya que presentan debilidades metodológicas, lagunas en los datos y discrepancias numéricas. Existen estadísticas más confiables y realistas, como el informe sobre trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que identificó un total de 14.900 víctimas en el año 2006, sobre una muestra de 71 países, o la información provista por la Organización Internacional para las Migraciones, que reportó haber asistido 7.771 víctimas de trata entre 1999 y 2005. No obstante esto, los activistas antitrata argumentan que millones de personas son tratadas globalmente y que cientos de miles de mujeres y niños son trasladados al interior y a los alrededores de los EEUU anualmente. La confección de una estadística certera y confiable es aún una deuda pendiente.

La Ley de Protección a las Víctimas de Trata de Personas del año 2000 colocó a todas las prostitutas menores de edad, aún a aquellas que estaban en el negocio por elección propia, bajo el paraguas de la trata. Estipuló que toda persona menor de18 años que fuera encontrada vendiendo sexo debía ser considerada legamente como una víctima. Si bien esta parte de la ley estaba bien intencionada (ninguna persona razonable consentiría en la existencia de la prostitución infantil), muchos expertos sostienen que las cláusulas de la ley y la forma en que se reformuló la prostitución infantil contribuyeron a generar más confusión sobre las causas y las formas en que un menor termina vendiendo sexo en la calle.

La trata transmite la noción de que muchos de estos niños son sacados de sus jurisdicciones, o incluso traídos desde otro país, y esto no es cierto. Un estudio de la Universidad de New Hampshire sugiere que la mayoría de ellos está operando en sus ciudades y pueblos de origen.

Existe mucha información engañosa respecto a la prostitución infantil. Por ejemplo, en los últimos años, los activistas antitrata vienen sosteniendo que entre 100.000 y 300.000 niños son tratados año a año en los EEUU. Los medios de comunicación reproducen estas cifras sin siquiera chequear su veracidad. El estudio original de donde se extrajeron los datos alude, sin embargo, a “100.000 a 300.000” niños en “situación de riesgo” de ser física o sexualmente explotados debido a problemas en el hogar y a las condiciones en las que viven.

Un estudio de la Universidad de New Hampshire registró alrededor de 1.450 detenciones a menores que ejercían la prostitución en los EEUU en el año 2005. Tampoco puede decirse que esta sea la cifra correcta, ya que no se sabe a ciencia cierta el número de niños en situación de prostitución. Sin embargo, esto no impidió que los activistas antitrata difundieran información falsa por todos lados.

Además de la difusión de estadísticas imprecisas, los activistas antitrata han modificado deliberadamente el lenguaje con el que se refería a problema que existió por décadas. Los proxenetas, en su mayoría hombres que apuntan a jóvenes que huyeron de hogares disfuncionales y les prometen afecto y seguridad, ahora son llamados tratantes. Esta nueva narrativa es más efectiva a la hora de captar la atención de la opinión pública. Sin embargo, aunque sirve para incrementar los fondos públicos que reciben las organizaciones que luchan contra la trata, esconde las verdaderas razones por las que los jóvenes terminan en la calle vendiendo sexo. Y eso, termina obstaculizando los esfuerzos por dar una salida real a la problemática. Hay muchos menores que, huyendo de sus hogares, caen en las garras de un proxeneta que los explota sexualmente, pero hay otros que están en la calle vendiendo sexo como una manera de sustentarse a sí mismos. Un estudio que se hizo sobre prostitutas adolescentes en la ciudad de Nueva York reveló que la mayoría de ellas no había sido reclutada ni estaba bajo el control de un proxeneta. Otro estudio de 2014 sobre las trabajadoras sexuales de Atlantic City sostuvo que los proxenetas jugaban un papel muy menor en la iniciación de la prostitución callejera: la mayoría de las trabajadoras sexuales dijo no estar bajo la custodia de un proxeneta y las que manifestaron estarlo, señalaron que era una relación más igualitaria y fácil de cortar que lo que los estereotipos sugieren. “La narrativa convencional acerca del engaño, de la coerción o de la esclava cautiva, reclutada y atada a un proxeneta por lazos afectivos, económicos, por adicciones, por autoridad o por el uso de la fuerza no encajó con la historia de la mayoría de las trabajadoras sexuales estudiadas” (pág. 94).

Las prostitutas adolescentes que sí declararon trabajar para un proxeneta, se refirieron en términos negativos hacia ellos: manifestaron haber sido golpeadas y abusadas emocionalmente, y muchas dijeron no sentirse a gusto con el hecho de que no se les permitiera gastar el dinero que ganaron por su cuenta.

Existen muchos estudios que señalan que las estrategias exitosas para ayudar a niños que escapan de sus familias y que acaban en la prostitución como una forma de sobrevivir, deben incluir tratamiento psicológico para los traumas por abuso infantil, formación laboral, vivienda decente y servicios educativos especiales. Poner énfasis en que el problema es la prostitución en sí puede llevar a pensar que la solución es sacar a los jóvenes de allí. Pero esta no es la manera en que la población afectada se ve a sí misma o a sus problemas.

Por ejemplo, un estudio reveló la existencia de un número mayor de menores varones que de menores mujeres vendiendo sexo en las calles de Nueva York. Si bien esto no significa que haya más menores varones que mujeres trabajando en el comercio sexual (muchas mujeres menores de edad podrían estar trabajando puertas adentro), el estudio indica que una porción importante de la prostitución infantil (varones homosexuales y heterosexuales) no es tenida en cuenta por la narrativa antitrata convencional. Hay un número coniderable de chicos gays involucrados que escapan de sus hogares por no recibir la contención necesaria que les ayude a asumir su homosexualidad. Una aproximación preventiva a este subgrupo podría ser la existencia de un soporte en cada comunidad que ayude a la juventud gay a adaptarse a ese mundo particular. Pero este aspecto del problema ha sido completamente ignorado.

Esta complejidad también se observa en la prostitución de población adulta. En los EEUU existen: a) personas que realizan trabajo sexual por propia elección y que llevan adelante pequeños emprendimientos; b) trabajadoras sexuales adictas a las drogas y al alcohol que están desesperadas por conseguir dinero para seguir consumiendo y que por lo general están bajo la tutela de algún proxeneta; c) migrantes que fueron traficados al interior del país bajo su consentimiento y que venden sexo con el fin de llevar un nivel de vida al que de otra manera no accederían; d) personas que fueron verdaderamente introducidas al comercio sexual por la fuerza. Un estudio de 2005 sobre la prostitución puertas adentro en la ciudad de Nueva York reveló que sólo el 8% de la muestra había sido introducido al país con fines de explotación sexual. El 67% (que trabajaba en forma independiente o para prostíbulos, agencias de escorts o clubes privados) dijo haber ingresado a la prostitución por no encontrar alternativas laborales que le permitiera ganar un sueldo con el que vivir. Si bien existen trabajadoras sexuales adultas que son explotadas por proxenetas, hay otras que trabajan con hombres a los que las fuerzas de seguridad etiquetarían como proxenetas, pero que en realidad son amantes, guardaespaldas o choferes con los que comparten ganancias. Estos hombres, muchas prostitutas insisten, no son sus explotadores, sino sus compañeros de trabajo. Esto no suele diferenciarse en el debate sobre la prostitución.

La ironía es que incluso los estudios antitrata idican que son más las personas tratadas para realizar trabajos forzados en el servicio doméstico, en el campo, en la industria hotelera o en la construcción que las que son tratadas con fines de explotación sexual. “Sin embargo, la prensa se centra en la trata porque vende más periódicos.” (pág. 97)

En consecuencia, las autoridades federales y estatales disponen una mayor parte de recursos en combatir a la trata sexual que a otras formas más extendidas de trabajo forzado. Se pone demasiado énfasis en el aspecto punitivo del problema y no en erradicar las causas de la prostitución infantil (como puden ser la presencia de padres que abusan física o psicológicamente de sus hijos o el consumo de alcohol o de drogas).

Ocuparse de las causas es complejo, difícil y caro. “Entonces, aunque el secuestro por parte de un extraño sea lo menos frecuente, es aquello de lo que hablamos más porque es lo más simple de entender.” (pág 97)

En los últimos años, el Congreso norteamericano ha reautorizado la Ley de Protección y Justicia para Víctimas de la Trata de Personas en varias ocasiones, estableciendo fuerzas especiales para investigar delitos de trata e invirtiendo U$S 64 millones en el entrenamiento y soporte de estas divisiones. Al mismo tiempo, 43 estados aprobaron una legislación antitrata.

Algunos estudios han señalado que estas leyes federales y estatales terminaron perjudicando a las víctimas. Por ejemplo, desde la aprobación de la Ley de Protección en el 2000, se incrementó el número de arrestos de menores que ejercían la prostitución; si bien deberían ser tratados como víctimas, muchos terminan siendo procesados por el sistema de justicia penal. Algo similar sucede con las prostitutas mayores de edad.

Mientras que desde el Estado se sostiene que sin leyes que criminalicen la prostitución no se podrían atrapar a proxenetas o tratantes, muchos abogados e investigadores sostienen que dicha legislación en realidad genera una atmósfera de desconfianza y adversidad entre la policía y las trabajadoras sexuales, sean estas mayores o menores de edad. “¿Por qué recae sobre la víctima el peso de la ley y la pena para atrapar a los tratantes? Es más probable que las trabajadoras sexuales se presenten ante la policía si se les habla que si se las arresta.” (pág. 98)

De hecho, la exposición ante el sistema de justicia penal puede terminar empeorando la situación para las víctimas de trata. En ocasiones, los jóvenes arrestados por prostitución son enviados a correccionales y orfanatos donde son traumatizados y abusados nuevamente. Se han detectado casos en los que la policía abusaba y obligaba a los menores a proveerles sexo en forma gratuita.

Los inmigrantes víctimas de trata también son dañados por la legislación puesto que es más probable que sean deportados a sus países que que se les otorgue una visa especial o servicios contención. Esto explica por qué algunas víctimas se rehúsan a buscar ayuda en las fuerzas de seguridad.

En once jurisdicciones de Nueva York, incluyendo Brooklyn y Queens, las trabajadoras sexuales arrestadas son consideradas automáticamente víctimas de trata y pueden asistir a cinco o seis sesiones de un programa de prevención a cambio de no ser condenadas como criminales. Sin embargo, los cargos por prostitución quedan registrados en sus legajos (de acceso público) durante 6 meses, limitando las posibilidades de las trabajadoras sexuales de conseguir un empleo por fuera del comercio sexual. Las Cortes de Intervención de Tráfico Humano de Nueva York colocan a las víctimas de trata y a las trabajadoras sexuales en una misma bolsa, inflando, en consecuencia, las estadísticas sobre la trata y violando los derechos de las mujeres de decidir por su cuenta cuándo y cómo dejar el trabajo sexual, e incluso si quieren hacerlo.

Se ha creado un sistema desbalanceado que recae principalmente sobre las prostitutas y no sobre los tratantes o proxenetas explotadores. Incluso, algunos departamentos policiales están utilizando los fondos que reciben con el objetivo de luchar contra la trata para perseguir la prostitución adulta consensuada. Este patrón se reproduce en muchos estados de los EEUU como Las Vegas, San Francisco, Rhode Island, Ohio y Alaska.

De las malas leyes a los malos policías y a la violencia contra las mujeres

Durante largo tiempo, las trabajadoras sexuales han sido consideradas como material descartable tanto por las fuerzas de seguridad como por la sociedad en su conjunto. Esta indiferencia podría explicar por qué es más probable que una prostituta sea asesinada antes que cualquier otro grupo de mujeres. Un estudio forense de 2006 reveló que las prostitutas son principalmente asesinadas por clientes y que el 35% de los homicidios cometidos sobre ellas eran perpetrados por asesinos seriales.

Otro estudio de 2004, estimó que alrededor de 124 prostitutas fueron asesinadas anualmente en los EEUU en la década del ‘80 y que la tasa de homicidios correspondiente a las trabajadoras sexuales era 50 veces más elevado que el de la segunda ocupación más riesgosa: empleados de licorerías.

Los grupos conservadores sostienen que la prostitución en sí misma genera estos niveles de violencia, pero los estudios muestran que dicha profesión no es inherentemente violenta. Aquellas que trabajan puertas adentro están menos expuestas que las que están en las calles. Por ejemplo, un estudio hecho en Nueva Zelanda, luego de la despenalización de la prostitución de 2003, sobre una muestra de 772 prostitutas, señala que el riesgo de ser violentadas dejó de ser un problema para las trabajadoras sexuales, en tanto que la mayoría dijo no haberla experimentado nunca. (pág. 112)

Muchos asesinos seriales no eligen como blanco a las mujeres en general, sino que se focalizan en las prostitutas porque son fáciles de levantar sin que nadie se dé cuenta.

La ironía es que las prostitutas temen acercarse a la policía a denunciar a los predadores por temor a ser arrestadas. Este es uno de los argumentos más fuertes a favor de la despenalización de la prostitución: si las trabajadoras sexuales tuvieran la garantía de que no van a ser arrestadas cuando llaman a la policía, muchas podrían presentarse ante la ley y trabajar en forma conjunta con las fuerzas de seguridad para atrapar a los predadores, que con frecuencia terminan asesinando no sólo a ellas, sino también a las mujeres que no están en el comercio sexual. La violencia contra las prostitutas es parte del continuum de la violencia contra las mujeres en general.

Los estudiosos han descubierto que en los países con leyes más restrictivas sobre la prostitución (como es el caso de los EEUU o países del sudeste asiático) tienen los mayores índices de violencia contra las trabajadoras sexuales y contra otras mujeres, mientras que en los países con sistemas legales menos restrictivos (como Holanda y Alemania) la violencia es mucho menor.

En Holanda, donde la prostitución fue despenalizada en la década del ’70 y legalizada en el año 2000, muchas trabajadoras sexuales de la industria sienten que pueden denunciar crímenes ante la policía. El resultado: los niveles de violencia sobre las prostitutas se redujeron notablemente y los distritos rojos como Amsterdam y otras ciudades se convirtieron en lugares seguros donde pasear a cualquier hora.

En EEUU, donde la prostitución es ilegal, las trabajadoras sexuales no pueden ir a la comisaría, incluso cuando fueron robadas, violadas o amenazadas físicamente. Muchas prostitutas callejeras temen más a la policía que a los clientes. Los policías violan a las prostitutas callejeras, simulando arrestos; muchos de ellos les exigen sexo oral como soborno frente a una citación, otros revelan su identidad luego de que el servicio sexual finalizó y algunos incluso les roban su dinero.

En estados como Ohio, la policía encabeza las listas de los principales consumidores de sexo comercial, incluso cuando las prostitutas que frecuentan son víctimas de trata.

La mayoría de los policías no son así, pero la minoría que acosa a las trabajadoras sexuales y otros ciudadanos vulnerables tienden a ser hostigadores habituales. Son las malas leyes las que llevan a tener malos policías.

Arrestadas en la Ciudad del Pecado  

Nevada es el único estado en los EEUU que legalizó oficialmente la prostitución, pero solamente al interior de prostíbulos fuertemente regulados, localizados en distritos escasamente poblados y alejados de los centros turísticos como Las Vegas o Reno. Al contrario de lo que muchos creen, todas las demás formas de prostitución están prohibidas en Nevada. Sin embargo, el sexo está por todas partes en Sin City y es uno de los grandes atractivos para hombres de negocios y turistas.

A pesar de la atmósfera cuidadosamente cimentada de que todo vale en Las Vegas, la ciudad invierte muchísimo dinero en hacer cumplir sus leyes contra la prostitución. Al igual que el resto de los departamentos policiales del país, Las Vegas recibe fondos del gobierno de los EEUU para la lucha contra la trata. En 2012 y 2013, el departamento local recibió un premio del Departamento de Justicia por su labor en combatir este flagelo. Sin embargo, la policía utiliza las páginas amarillas y los anuncios online no para ir detrás de los tratantes sino para arrestar a las trabajadoras sexuales que están trabajando en Las Vegas por propia elección. La gran mayoría de las prostitutas arrestadas no son víctimas de trata, aunque luego dicen serlo para evitar ir a la cárcel. En consecuencia, las estadísticas sobre la trata son infladas.

Para muchos expertos, la bifurcación de la legislación sobre la prostitución en Nevada es hipócrita y discriminatoria. Muchos de los prostíbulos legales pertenecen a hombres de negocios que poseen estrechos vínculos con la infrastructura política estatal. De los 18 prostíbulos abiertos, sólo dos pertenecen a mujeres, el resto es manejado por hombres.

Las mujeres que trabajan en dichos prostíbulos deben pagar alojamiento, comida y varias licencias, y en muchos de ellos, tiene que trabajar en turnos de dos a tres semanas de duración. Por ejemplo, en Sheri’s Ranch (uno de los prostíbulos más grandes y exclusivos de Nevada) las trabajadoras sexuales pueden abandonar las instalaciones solamente durante 4 horas, en un día establecido de la semana, para hacer mandados o pagar cuentas. Los turnos duran 5 días: los primeros dos deben estar disponibles las 24 horas, y los días restantes trabajan 12 horas.

En algunos prostíbulos del norte de Nevada, fuera de Reno, se permite a las prostitutas abandonar el lugar luego de sus turnos diarios y no se les exigen guardias de 24 horas. Pero cada trabajadora debe firmar un contrato que estipula que no pueden ofrecer sus servicios por fuera del prostíbulo.

A algunas trabajadoras no les molestan estas restricciones y prefieren la seguridad que les confiere trabajar en un lugar en el que los clientes no pueden ingresar sin permiso. Pero muchas otras no se sienten a gusto ni con el reglamento ni con tener que compartir los salarios que con tanta dificultad ganaron con sus empleadores.

Las trabajadoras de los burdeles de Nevada cuentan con pocos derechos legales. No son tomadas como empleadas, lo cual significa que los prostíbulos no tienen que pagar aportes. Esto también hace que la empresa pueda despedir fácilmente a las mujeres que causen problemas o no generen dinero suficiente para ganar sus sustento. Muchas trabajadoras sexuales se oponen a este modelo de legalización del modelo de los burdeles de Nevada. Los sociólogos que estudian la industria sostienen que dicho modelo no podría funcionar en áreas urbanas, principalmente porque allí las prostitutas valoran su independencia y la flexibilidad que les da.

“No se puede exportar el modelo a otras ciudades y acabar con las escorts, eso no funcionaría. (…) No acabaría con la prostitución ilegal que ya existe. En los modelos más exitosos de prostitución legalizados por el gobierno, como en Australia o Nueva Zelanda, coexisten escorts independientes y prostíbulos.” (pág. 129)

La ironía es que Nevada no fue siempre tan paternalista en relación a la prostitución. Su historia de tolerancia y bienvenida a las mujeres de la noche se remonta hacia mediados del siglo XIX, antes de que Nevada adquiriera el estatuto de estado. Muchas mujeres trabajaban entonces como prostitutas y como dueñas de burdeles en los prósperos pueblos mineros del Antiguo Oeste – no sólo en Nevada sino también en otros estados del oeste como Colorado, Wyoming, Idaho y Montana. Había muchos más hombres que mujeres en el escasamente poblado Oeste, y las mujeres que vendían sexo y manejaban salones ganaron cierto status, e incluso honorabilidad, entre los residentes masculinos.

De hecho, parte de la razón por la cual Nevada se separó del territorio de Utah en 1861 fue el intento de la Iglesia mormona de imponer restricciones morales a los pueblos mineros. Incluso cuando los agentes federales tomaron medidas contra la prostitución a lo largo del país en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, los oficiales locales se resistieron a la purga. Mientras que los distritos rojos de Chicago, Nueva Orleans, San Francisco y Denver fueron clausurados, una serie de burdeles ubicados en la periferia de los pueblos mineros y de pequeños pueblos de abastecimiento como Las Vegas y Reno, mantuvieron sus puertas abiertas.

En 1919, la Prohibición logró cerrar los salones a lo largo del estado, pero los burdeles se mantuvieron abiertos. Mientras que la Prohibición exprimió a las mujeres que trabajaban como prostitutas autónomas y administradoras de salones, ayudó a cimentar el poder de los prostíbulos de Nevada, que proporcionaban a los clientes alcohol contrabandeado y mujeres bonitas. Cuando la Prohibición terminó, fueron los burdeles de Nevada, junto con el juego y la fascinación de la nación por los viejos tiempos del Lejano Oeste, los que ayudaron a crear la industria del turismo en dicho estado.

Durante la década de 1920 y 1930, la prostitución continuó creciendo abiertamente en las zonas rurales y urbanas de Nevada. Pero con la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso sancionó la Ley de Mayo (May Act) en 1941, que prohibía la prostitución en los alrededores de las bases militares y navales. El distrito rojo de Nevada fue clausurado y los pequeños prostíbulos rurales pasaron a la clandestinidad, ofreciendo sus servicios a civiles y militares a escondidas. Luego de la guerra, los dueños de los casinos de Las Vegas y Reno, bien conectados políticamente, decidieron que la prostitución obstaculizaría sus esfuerzos por colocar a sus ciudades como destinos glamorosos para las apuestas y el esparcimiento. Hacia 1947, el juego había sobrepasado a la minería como la industria más lucrativa. “La industria del casino sacrificó la prostitución libre para hacer ver al juego más legítimo.” (pág. 130) El último prostíbulo de Las Vegas cerró sus puertas a mediados de los ’50, y los únicos burdeles que permanecieron abiertos quedaron escondidos en las zonas rurales, a por lo menos media hora de distancia en auto desde Las Vegas o Reno.

En 1971, los propietarios de los casinos de Nevada hicieron lobby para que el estado prohibiera todos los prostíbulos, pero sus esfuerzos fracasaron. Los legisladores rurales lucharon contra la censura y en 1971, se sancionó una ley de compromiso, que permitía la existencia de burdeles sólo en los distritos con una población menor a las 200.000 personas. En 1980, la Suprema Corte de Nevada estableció que los distritos con menos de 400.000 habitantes podían regular y licenciar burdeles.

En los ’90, los prostíbulos más grandes de Nevada estaban camino a convertirse en grandes negocios corporativos, crecientemente manejados por empresarios que venían de afuera de la industria del sexo. La reglamentación de los burdeles de Nevada era (y todavía es) mayormente implementada por oficiales distritales y de la ciudad. Estos oficiales localmente elegidos tienen el poder de inspeccionar los prostíbulos de su jurisdicción cuando quieran y de decidir quién está en condiciones de obtener la licencia para abrir un burdel y a quién hay que revocársela. En consecuencia, es difícil que alguien de afuera que no cuente con las conexiones políticas necesarias pueda operar burdeles en el estado.

A diferencia de los dueños de los prostíbulos, quienes son miembros respetados en las comunidades donde viven, las trabajadoras sexuales, en su mayoría, no viven allí donde trabajan y su involucramiento con la comunidad puertas afuera del burdel es restringido. Algunos distritos incluso exigen a los prostíbulos que las trabajadoras sexuales abandonen el lugar mientras no están trabajando.

Malas leyes y despilfarro de los recursos    

La mayoría de las trabajadoras sexuales que han sido arrestadas en los últimos años no fueron detenidas para ser procesadas o sentenciadas, sino que fueron liberadas luego de un par de horas.

El estudio más abarcativo sobre la eficacia de las leyes norteamericanas vinculadas a la prostitución fue realizado por Julie Pearl, una abogada egresada de la Universidad de California. Ella descubrió que el 90% de los arrestos que se hicieron por prostitución entre los años 1985 y 1987 en veinte grandes ciudades norteamericanas, no arribaron a una sanción judicial.

Una década más tarde, el equipo de tareas de San Francisco que investiga la prostitución encontró más o menos lo mismo: la mayoría de las detenidas en 1994 no había sido procesadas. Luego de pasar varias horas en la cárcel, las mujeres, en su mayoría prostitutas callejeras, eran liberadas. Inmediatamente volvían a las calles a intentar recuperar el dinero que habían perdido. Esto no impidió que la policía continuara con sus arrestos. Otro estudio sobre la prostitución callejera en San Franciso, del año 1995, reveló que una misma trabajadora sexual callejera podía ir a la cárcel cerca de 4 veces en una semana. Un patrón similar se reproduce hoy en día en las grandes ciudades como Nueva York.

A lo largo del país, las trabajadoras sexuales mujeres son arrestadas cuatro veces más seguido que los hombres y son más propensas a ser sujetas a procesamientos, a pesar de haber casi tantos hombres como mujeres trabajando en la industria. El patrón de arrestos también tiene su cuota de racismo porque son las trabajadoras sexuales negras callejeras las principales víctimas.

Esta desigual aplicación de las leyes sobre prostitución del sistema de justicia penal norteamericano quizás tenga algo que ver con las leyes mismas. Mientras que existe una ley federal que prohibe el traslado interestados con fines de prostitución (la ley Mann), el estatuto legal de la prostitución es determinado por cada estado particular, de manera que todos ellos poseen leyes diferentes en relación al asunto y las aplican según su propio criterio.

Mientras que algunas formas de trabajo sexual, como pueden ser la pornografía infantil, el proxenetismo, el facilitar a un tercero una prostituta y el sexo como forma de pago, están prohibidos en muchos estados, otras formas de sexo comercial, como el sexo telefónico, el strip-tease, los bailes eróticos y la pornografía adulta están permitidos (y regulados hasta cierto punto). En California, y en muchos otros estados, las leyes contra el proxenetismo prohíbe a las personas vivir de las entradas de una prostituta, criminalizando principalmente a todos los compañeros domésticos de las trabajadoras sexuales.

Mientras que en la mayoría de los estados la prostitución es considerada un delito menor, en estados como Illinois, la acumulación de delitos menores puede convertirse en delitos graves. La promoción de la prostitución en segundo grado (obligar a una persona a través de la fuerza o la intimidación a ejercer la prostitución) es también un delito grave, como la trata y lucrar con la prostitución infantil. Muchos estados, incluyendo Nueva York, New Jersey, California, Colorado, y el distrito de Columbia, también regulan la prostitución a través de estatutos contra el vagabundeo, lo cual claramente afecta a las prostitutas callejeras.

En muchos estados, la policía puede usar la tenencia de preservativos como prueba del ejercicio de la prostitución. Las organizaciones de servicios llevan tiempo oponiéndose a esta política en la medida que desalienta la práctica de sexo seguro entre las trabajadoras sexuales y atenta contra su salud. En 2014, un grupo de abogados que provee servicios legales a sectores marginados de Nueva York, logró convencer a la policía de la ciudad y a la fiscalía que no utilizaran la tenencia de condones como prueba contra personas acusadas de prostitución y vagabundeo. Sin embargo, los preservativos sí pueden ser utilizados como evidencia contra clientes y en cargos por facilitación de prostitución.

Los estados también definen a las actividades sexuales ilegales de maneras completamente diferentes entre sí. En Carolina del Norte se requiere el acto sexual para su definición, mientras que en otros estados se incluyen fellatios, masturbación asistida, y cualquier otro contacto físico en la zona genital, glúteos y pechos.

Las leyes estatales también difieren en cuándo la policía puede hacer arrestos. Mientras que en algunos estados se necesita de la consumación del acto sexual para detener a alguien, en la mayoría, como en Nueva York o Massachusetts, la mera oferta o acuerdo de realizar un intercambio sexual es suficiente.

Las leyes que criminalizan la prostitución también suponen una pérdida enorme de recursos. En su investigación, Julie Pearl descubrió que la mitad de las ciudades estudiadas gastaban más en controlar la prostitución que en educación o en bienestar público.

Varios investigadores en los últimos años han criticado la aplicación de las leyes contra la prostitución por el hecho de que distraen la atención sobre crímenes más serios. Muchos oficiales de policía que arrestan a prostitutas callejeras no están patrullando otra clase de crímenes.

Arrestar a las trabajadoras sexuales no las ayuda a salir de la prostitución. Es un derroche masivo de recursos. Si no se gastara tanto en hacer cumplir la ley, se podrían usar más recursos para ayudar a que, quienes están en la prostitución por necesidad económica, puedan tener otras opciones para elegir.

Los EEUU han estado arrestando prostituas por décadas y la prostitución continúa floreciendo. Es tiempo de reconocer que la criminalización no es una solución efectiva a lo que constituye un problema esencialmente socioeconómico: daña a las trabajadoras sexuales mientras que permite que los predadores violentos se salgan con la suya.

Por su parte, la policía reconoce que las leyes contra la prostitución suponen un beneficio directo para ella (en términos de relaciones públicas y de los crecientes fondos federales para combatir la trata). Puede utilizar los arrestos a prostitutas, que son relativamente fáciles y seguros de hacer, para inflar las estadísticas criminales y mejorar su reputación en el combate del crimen. Tales números fomentan una falsa sensación de seguridad entre el público. Algunos policías directamente reconocen que prefieren arrestar prostitutas a perseguir criminales más peligrosos.

Estos arrestos suponen un enorme desperdicio de recursos que poco ayudan a acabar con la prostitución. El arresto de trabajadoras sexuales (muchas de las cuales son callejeras) marginaliza con mayor fuerza a las mujeres vulnerables, haciendo que sea más difícil para ellas obtener alojamiento u otra clase de empleo. Una vez que fueron arrestadas por prostitución, las mujeres tienen enormes dificultades para conseguir empleo fuera de la industria del sexo. También sufren discriminación en casos de custodia de menores. Tal marginalización ocurre incluso cuando no hay sentencias judiciales. En muchos estados, lo único que se requiere es un arresto para activar este círculo vicioso. Cuando alguien es arrestado por prostitución, dicho arresto queda asentado en los registros criminales del estado y pasa a formar parte de un legajo público al que pueden acceder empleadores e inmobiliarias para averiguar antecedentes.

La historia de Rhode Island

La historia de cómo Rhode Island se convirtió en el otro estado, además de Nevada, en el que algunas formas de prostitución eran legales y de cómo retuvo ese status por casi treinta años, es fascinante.

A mediados de la década del ’70, Margo St. James, la fundadora del movimiento de trabajadoras sexuales moderno, se encontraba viajando por todo el país intentando convencer a los norteamericanos de expulsar al gobierno de sus dormitorios. Durante una estadía en Rhode Island, conoció al dueño de un club de strippers de Providence (capital de Rhode Island) quien la persuadió para ayudar a conseguir la constitucionalidad de una ley que despenalizara la prostitución en dicho estado. En 1976, St. James y COYOTE presentaron una demanda federal, argumentando que el estatuto de Rhode Island, el cual hacía de la prostitución un delito grave condenable con hasta 5 años de prisión, era tan amplio que podía prohibir el sexo entre personas adultas solteras. La demanda también señalaba la discriminación en la aplicación de la ley, siendo las trabajadoras sexuales los principales blancos de los arrestos policiales antes que los clientes hombres. Como en muchos otros estados, el sistema de justicia criminal de Rhode Island operaba como una puerta giratoria: la policía arrestaba a las trabajadoras sexuales, fundamentalmente callejeras, para luego verlas desembolsar una fianza y volver a las calles nuevamente.

En una reunión de 1979, un juez del Tribunal del distrito estatal convenció a algunos residentes de Providence, molestos por la presencia de prostitutas callejeras en sus barrios, de que había que cambiar la legislación para hacer de la prostitución un delito menor y en consecuencia, acelerar el procesamiento de las trabajadoras sexuales en las cortes. En 1980, el conservador presidente de la Cámara impulsó un proyecto de ley que la prostitución dejara de ser un delito grave. Pero cuando revisaron la ley, los redactores de alguna forma eliminaron una sección que abordaba la cuestión de la comisión del acto de prostitución. Dicha omisión no fue descubierta y la Asamblea General aprobó el proyecto en forma unánime, dejando sin efecto la demanda de Margo St. James.

Este vacío legal pasó inadvertido hasta el año 2003, cuando la policía de Providence realizó un allanamiento en cuatro prostíbulos que se hacían pasar por salones de masajes. El abogado de una de estas casas argumentó que ninguna ley había sido violada ya que la legislación existente apuntaba a la prostitución callejera y no se podía utilizar para condenar a una persona que ejercía la actividad en un lugar privado. De esta manera, los cargos se desestimaron. Hacia el 2007, Providence se había convertido en una gran atracción turística para los hombres, con numerosos clubes de strippers, salones de masajes y prostíbulos.

En el año 2009, la legislatura de Rhode Island deicidió clausurar este bache jurídico de casi 39 años que posibilitaba la prostitución puertas adentro. Con anterioridad a la votación, grupos religiosos y feministas antiprostitución testificaron que muchas inmigrantes ilegales estaban siendo traficadas en los prostíbulos y spas, y que la laxitud con la que Rhode Island encaraba el problema de la prostitución daba al estado una mala reputación.

Para Joi Lo, una trabajadora sexual autónoma de Rhode Island, la nueva ley tuvo un impacto pernicioso sobre las mujeres más marginalizadas y en situación de desesperación económica. No se hizo ningún programa para ayudar a todas aquellas trabajadoras sexuales que quedaron sin trabajo. La ley empuja a las prostitutas a la calle, perjudicándolas mucho más.

Joi rutinariamente se hace chequeos de HIV y drogas y tiene sus resultados en mano por si algún cliente los solicita. Para ella, lo mejor sería que las trabajadoras sexuales posean una libreta y se les solicite hacerse exámenes periódicamente. Esto sería una manera de prevenir, a su vez, la prostitución infantil u otros ilícitos, ya que un menor de edad no podría tener una libreta.

Joi dice ejercer el trabajo sexual por elección propia. “Nunca fui tan libre. Puedo ir a los juegos de mis hijos y luego llevarlos de compras. En esta industria, puedo ser yo misma. No tengo que hacer lo que no quiero.” Su pareja, para ella, es un compañero, no su proxeneta. “Mi novio no me dice cuándo trabajar o cómo. Tengo mi propia cuenta bancaria. No cocino, no limpio, no lavo la ropa. Él hace todo eso por mí.” (pág. 166)

Para Joi, muchos americanos son hipócritas en cuanto al trabajo sexual. “En tanto prostituta, no soy considerada una persona. Si soy golpeada en la cara por un hombre, no puedo ir a la comisaría porque sería arrestada y tratada de muy mala manera antes de recibir la ayuda que necesito. Pero si un hombre blanco rico se está cogiendo a una rubia de veintidos años y le regala un BMW, ¿eso no es prostitución?”. (pág. 169)

El trabajo sexual en el exterior

En 1999, Suecia aprobó una ley que prohíbe la compra de sexo (criminalizando al cliente) pero no la venta de sexo por trabajadoras sexuales independientes. Conocido como el “modelo nórdico”, ha sido implementado también en Noruega, Islandia y, más recientemente, en Canadá.

El gobierno sueco aborda el problema de la prostitución de manera moralista: ve a las trabajadoras sexuales como víctimas de violencia machista y patriarcal y por lo tanto no las penaliza explícitamente por vender sexo. En cambio, cualquiera que obtenga o intente obtener sexo a cambio de dinero puede ser penado con una multa o con un año de prisión.

La ley sueca está muy conectada con la idea de que vender sexo es violencia de los hombres contra las mujeres. Sin embargo, quienes venden sexo no están haciendo nada malo en absoluto. Es más, vender sexo es considerado un comportamiento autodestructivo. Este abordaje esencialmente trata a las mujeres como niñas que deben ser protegidas de sí mismas a toda costa.

Al mismo tiempo, otras leyes suecas criminalizan a quienes promuevan o exploten financieramente el trabajo sexual. Esta legislación criminaliza eficazmente a las trabajadoras sexuales que trabajan puertas adentro (a menos que la trabajadora sxual se dueña del espacio donde trabaja). Al ser ilegal compartir ingresos derivados del trabajo sexual, las prostitutas se ven obligadas a vivir y trabajar solas (lo cual las hace más vulnerables a la violencia de los clientes). Incluso se ven obligadas a mentir para poder alquilar los locales en donde trabajan.

La ley sueca, que fue diseñada para proteger a las trabajadoras sexuales de los predadores, tuvo en realidad el efecto contrario, haciendo el trabajo menos seguro. Las prostitutas callejeras han denunciado un incremento de la violencia, en parte porque los clientes regulares dejaron de frecuentarlas por temor a ser detenidos y se volcaron a internet o a los espacios cerrados. Los clientes que quedaron en las calles son más propensos a ser violentos y a estar alcoholizados, y con frecuencia demandan sexo sin protección. Cuando los clientes están apresurados y temerosos de ser arrestados, se hace más dificultoso para la trabajadora sexual evaluar si son peligrosos o no.

Con la aprobación de la ley, la policía también se volvió más agresiva con las trabajadoras sexuales. En vez de ser una fuente de protección para las prostitutas (como pretendía la ley), muchas mujeres se sienten acechadas y son sometidas a invasivos cacheos e interrogatorios. Los controles policiales más estrictos provocaron el desmantelamiento de las redes informales que las trabajadoras sexuales habían formado para protegerse entre ellas mismas.

La Junta Nacional de Policía Sueca, que examinó la ley luego de su implementación, encontró que los clientes ya no están más dispuestos a colaborar en casos contra empresarios explotadores de trabajadoras sexuales. Anteriormente, los casos legales contra proxenetas o tratantes podían en ocasiones sustentarse en el testimonio de clientes, pero esto no sucede más porque los clientes temen ser arrestados.

A pesar de haber incrementado el control policial, la ley de 1999 no ha hecho mella en la industria del sexo sueca. Lo único que logró fue desplazar a las prostitutas callejeras, confinándolas a espacios más aislados y peligrosos. Mientras tanto, el número de condenas por la compra de sexo se ha mantenido bajo. La mayoría de las investigaciones policiales contra clientes están inconclusas debido a la ausencia de evidencia suficiente. El temor a ser detenidos y procesados también hizo que los clientes se rehusaran a darles a las prostitutas su información de contacto, haciendo que sea más difícil para ellas filtrarlos.

Tampoco es mucha la evidencia de que el modelo nórdico haya reducido la trata en la región. De hecho, desde que la ley sueca se aprobó, el número de prostitutas extranjeras que ingresaron a Dinamarca, Noruega y Suecia se incrementó, de acuerdo a un informe del gobierno sueco hecho en 2010. Luego de la ley, el número de mujeres provenientes de Nigeria traficadas hacia Noruega (que limita con Suecia en el este) se incrementó dramáticamente. Y después que Noruega aprobara una ley similar contra la compra de sexo en 2009, Gothenburg, una ciudad sueca cercana a Noruega, experimentó un dramático aumento del tráfico de prostitutas desde Nigeria.

El incremento del tráfico de trabajadoras sexuales en el territorio escandinavo fue mencionado por dos estudiantes de leyes de Nueva York en un estudio de 2012, en el que sostenían que la criminalización tiende a reducir el número de prostitutas que están voluntariamente en el negocio y a incrementar el número de aquellas que son tratadas contra su voluntad. Todo tiene que ver con una cuestión de oferta y demanda. Las trabajadoras sexuales por elección son más propensas a dejar el negocio cuando corren riesgo de ser arrestadas, y eso produce una elevación de los precios, haciendo que sea más lucrativo para los tratantes meterse y cubrir la demanda.

La ley de 1999 también tuvo consecuencias negativas sobre la salud pública. Al estar los clientes tan en apuros y temerosos de ser arrestados, las trabajadoras sexuales disponen de menos tiempo y poder para ficharlos y demandar sexo seguro (uso de condón). Además, el prohibicionismo sueco desalienta la distribución de preservativos    a las trabajadoras sexuales.

La Comisión Global sobre HIV y Derecho, un grupo independiente convocado por Naciones Unidas, realizó un informe en 2012 denunciando el modelo nórdico en gran medida por impedir la práctica de sexo seguro a las trabajadoras sexuales.

En el año 2000, Holanda tomó un camino totalmente diferente. Tras décadas de permitir tácitamente la prostitución, bajo una política de descriminalización de facto, el gobierno holandés legalizó el trabajo sexual en ciertos espacios puertas adentro, como prostíbulos, casas de masajes y vitrinas, y pasó a regularlos como cualquier otro negocio regular. Los dueños debieron obtener una licencia y atenerse a controles frecuentes . Las trabajadoras sexuales también tuvieron que registrarse si querían ser consideradas legales y tener acceso a los beneficios de seguridad social y atención médica.

La ley posibilitó a las prostitutas callejeras trabajar en plazas específicas, concidas como “tippelzones”. Estipuló, a su vez, que sólo las ciudadanas holandesas podían ser consideradas trabajadoras sexuales, lo cual hizo que de la noche a la mañana al menos 12.000 trabajadoras inmigrantes pasaran a ser ilegales. Una parte considerable de las trabajadoras ilegales migraron hacia Alemania o Bélgica, mientras que aquellas que se quedaron, o trabajan desde internet, o se mudaron a las tippelzones o fueron a parar a agencias de escorts clandestinas. La idea detrás de la legalización era hacer la prostitución más visible y frenar la creciente inmigración de mujeres no europeas hacia Holanda.  Era más una cuestión vinculada con la inmigración que con la prostitución.

La ley del año 2000 también estipuló penas para traficantes, para cualquiera que fuera encontrado culpable de forzar a una persona a involucrarse en la prostitución, y para cualquiera que recurriera a los servicios sexuales de menores de edad. Los prostíbulos hallados en estas condiciones serían cerrados bajo la nueva legislación.

Según un estudio financiado por el gobierno holandés, publicado en el año 2007, la nueva ley parece haber mejorado la seguridad de las trabajadoras sexuales que trabajan en el sector legal.

Desde la legalización, ha habido un cambio rotundo en la manera en que la policía holandesa trata a las trabajadoras sexuales y a los dueños de los prostíbulos. “La policía es nuestra mejor amiga en este momento, trabajamos en forma conjunta”, dice el dueño de un prostíbulo de Ámsterdam.

El pragmatismo holandés en el reconocimiento del negocio sexual como una esfera legítima de comercio y trabajo, redundó en mejores condiciones de trabajo y mayor legitimidad social. Las trabajadoras sexuales del sector legal ya no están más expuestas al acoso policial. También ha aumentado el número de dueños de prostíbulos que están en condiciones de pagar las licencias y los altos impuestos que tal negocio supone.

¿Qué impacto tuvo la legalización sobre el tráfico y la explotación sexual de menores y de inmigrantes ilegales? Muchos estudios señalan la inexistencia de menores en ambos sectores, legal e ilegal, de la industria del sexo holandesa. Prácticamente ningún menor se encontró trabajando en el sector con licencia y no hay indicios de una presencia importante en la parte ilegal tampoco.

El porcentaje de denuncias de tráfico de menores con fines de explotación sexual, en relación con el total de víctimas denunciadas, pasó del 28% en 2007 al 16% en 2011. La mayoría de estas víctimas menores son de nacionalidad holandesa-

No hay duda de que la trata con fines de explotación sexual existe en Holanda, pero no hay evidencia sólida acerca de que la legalización haya aumentado la trata. El número de prostitutas extranjeras que trabajan sin papeles decreció en los años siguientes a la legalización. Pero en los últimos cinco años, hubo un sustancial incremento del número de mujeres provenientes del este europeo (Bulgaria, Rumania y Hungría) que ingresan a Holanda. Sin embargo, estas mujeres no fueron forzadas a entrar al negocio contra su voluntad. Según las agencias de servicio social que trabajan con prostitutas del distrito rojo de Ámsterdam, la mayoría de las mujeres inmigrantes saben de antemano que trabajarán en la prostitución en Holanda. Muchas de estas mujeres fueron convencidas por amigas que se encontraban trabajando en el negocio.

La mayoría de las mujeres no europeas (incluyendo a las nigerianas y latinoamercianas) eligen trabajar en Holanda con el fin de mejorar su situación económica. El problema del tráfico humano es con frecuencia exagerado y malinterpretado en la Unión Europea como en otras partes del mundo. “En el debate público está más de moda hablar del tráfico humano, la violencia y la explotación que de la prostitución como un trabajo elegido a voluntad por la mujer.” (pág. 188)

(…)

El número de posibles víctimas de trata “registradas” por la policía holandesa en 2011 era 71% más alto que el registrado en 2007. Esto podría ser un indicador de que más víctimas están siendo identificadas y de que las denuncias y registros de las mismas ha mejorado.

Muchos estudios financiados por el gobierno holandés sostienen que con la legalización, la trata se ha vuelto más dificultosa, ya que los espacios puertas adentro que contratan mujeres ilegales son penalizados. “Antes de la legalización, el tráfico de personas y otros abusos criminales ocurrían en todos los ámbitos de la prostitución. Algunos de estos sectores ahora están bajo control y puede suponerse que han dejado atrás sus viejos excesos… Es posible que el tráfico esté creciendo en el sector ilegal, no regulado o no controlado. Si éste fuera el caso, no puede decirse que el crecimiento de la trata sea igual o mayor que antes de la legalización.” (pág. 189)

El número de prostitutas que están siendo tratadas y explotadas bajo el sistema holandés es mucho menor de lo que señalan los medios. “La imagen de Holanda como un país donde casi todo está permitido con la prostitución legal y donde van a parar mujeres traficadas desde cualquier parte del mundo es un mito. El debate público y mediático sobre la trata en Holanda se reduce a una vaga abstracción que no distingue trabajo sexual voluntario e independiente de casos de explotación.” (pág. 190)

Los medios, a su vez, omiten señalar que hay menos violencia contra las trabajadoras sexuales en países que legalizaron la prostitución y regularon el comercio sexual. Un estudio de 2005 sobre la prostitución en el continente europeo, encontró que países como Dinamarca o España, que tienen una legislación abolicionista (es decir, no criminalizan la prostitución pero no está regulada como cualquier otra forma de trabajo), tienen mayores niveles de violencia que países que legalizaron la prostitución, como Holanda o Alemania.

A pesar de estos descubrimientos, muchos estudiosos y abogados de trabajadoras sexuales son críticos con el abordaje alemán de la prostitución. En el año 2002, Alemania descriminalizó la prostitución y permitió a sus municipios decidir si querían legalizar y regular el comercio sexual. El trabajo sexual es legal en muchas de las principales ciudades, como Frankfurt, Berlin, Hamburg y Bremen. Las trabajadoras sexuales, al igual que en Holanda, provienen en su mayoría del este europeo. Sólo el 40% es de origen alemán. En la década posterior a la legalización, los crímenes relacionados a la prostitución declinaron notablemente , según estadísticas del gobierno alemán.

Sin embargo, todas las trabajadoras sexuales en Alemania son obligadas a registrarse como prostitutas, y muchas no lo hacen porque no quieren cargar con ese estigma. Ninguna quiere ser reconocida en público como prostituta.

El abordaje alemán es parecido al modelo de Nevada: paternalista, corporativo y dominado por hombres. El modelo de Nevada es muy demandante para quienes trabajan en la industria. Exige análisis obligatorios y los prostíbulos se quedan con el 50% de las ganancias de las mujeres. Los grandes prostíbulos alemanes hacen lo mismo.

Aunque la ley alemana de 2002 orotgó a las trabajadoras sexuales adultas el derecho de establecer contratos con los dueños de los prostíbulos y demandar a los clientes que no pagaron por los servicios brindados, en la realidad la mayoría de ellas no firma contratos ni presiona por mayores derechos. Las prostitutas temen que los contratos de trabajo pongan en riesgo su anonimato.

El abordaje gubrnamental más seguro y más exitoso que hasta el momento se hizo sobre la prostitución es el de Nueva Zelanda. En 1995, Nueva Gales del Sur, la región densamente poblada de Australia que contiene a su capital, Sydney, fue la primera área en el mundo en descriminalizar los prostíbulos y la prostitución callejera, permitiendo a los consejos locales regular dónde y de qué manera podían localizarse los burdeles. Sin embargo, vivir de las ganancias de una prostituta continuó siendo ilegal (excepto para los dueños de prostíbulos), como así también promocionar la postitución y facilitarla. En el año 2003, Nueva Zelanda fue más lejos, y eliminó todas las prohibiciones penales sobre la prostitución, el proxenetismo y el funcionamiento de lugares puertas adentro donde se vende sexo.

Esta reforma de la antigua ley mantuvo las prohibiciones acerca de la prostitución infantil y estableció penas muy severas para quienes vendan o compren los servicios sexales de menores de 18 años. La ley obliga a los prostíbulos, agencias de escorts y otros espacios a operar bajo una licencia y a someterse a inspecciones periódicas por parte de la justicia, y de distintas agencias de salud y seguridad social. Tanto en Nueva Zelanda como en Nueva Gales del Sur, las trabajadoras sexuales no son obligadas a registrarse. Si quieren pagar impuestos u obtener servicios de salud y seguridad social, pueden registrarse como proveedoras de servicios o trabajadoras independientes.

La eliminación de las prohibiciones a la prostitución mejoró las condiciones de trabajo para todas las prostitutas, tanto las que trabajan puertas adentro como las que están en las calles. Permitió a las trabajadoras sexuales callejeras exigir el uso de condón y a las que trabajan en lugares cerrados, rechazar clientes sin ser penalizadas. En un estudio hecho en 2007, sobre una muestra de 772 prostituas, la mayoría dijo esta mejor luego de la descriminalización; la policía ya no las acosa y pueden denunciar crímenes más abiertamente.

La descriminalización también facilitó la práctica de sexo seguro entre las trabajadoras sexuales, un innegable beneficio en materia de salud pública, en tanto que pueden tener acceso gratuito a condones.

Ni Nueva Zelanda ni Nueva Gales del Sur obligan a las trabajadoras a hacerse análisis de HIV u otras enfermedades de transmisión sexual. Sus gobiernos confían fuertemente en sus programas comunitarios de educación sexual que fomentan el uso de preservativos e informan a las trabajadoras sexuales sobre el HIV y otras enfermedades.

En cambio, los países asiáticos o del Pacífico Sur que criminalizan algunos aspectos de la prostitución o que regulan fuertemente algunos espacios (con análisis obligatorios) no fueron tan eficaces en prevenir epidemias de HIV entre las trabajadoras sexuales. La mayoría de las prostitutas de países como Camboya, China, Taiwan, Tailandia, y Filipinas, operan ilegalmente o por fuera del sector regulado. Y como temen ser arrestadas, es menos probable que usen condones o practiquen sexo seguro.

Las leyes contra la trata en Camboya, India, Malasia y las Filipinas han sido utilizadas para justificar allanamientos en prostíbulos que terminaron en abusos hacia las prostitutas y para socavar los esfuerzos en reducir el contagio del HIV.

La reforma en Nueva Zelanda no condujo a un aumento del número de menores en la protitución. La trata sigue siendo un problema menor allí, calificando entre los puestos más favorables mundialmente en un estudio nortemaericano sobre trata de personas de 2013.

El aislamiento geográfico de Nueva Zelanda colabora con el hecho de que la trata no sea un gran problema allí. En cambio, Alemania y Holanda, ubicadas en el centro de Europa, son más vulnerables a la migración voluntaria e involuntaria de trabajadoras sexuales desde otras partes de Europa, Latinoamérica y África.

El experimento de salud pública canadiense

En el año 1985, el gobierno conservador de Canadá aprobó una ley que prohibía la comunicación en espacios públicos con fines de comprar o vender servicios sexuales. Esto hizo que las calles se convirtieran en lugares mucho más peligrosos para las prostitutas, ya que por el temor a ser arrestadas no disponían del tiempo suficiente para fichar a los clientes antes de subirse a sus autos.

En Canadá, a diferencia de en los EEUU, vender o comprar sexo no constituye un crimen en sí mismo. Disponen, en cambio, de tres leyes para limitar la prostitución: una que prohíbe el funcionamiento de burdeles, otra que prohíbe el proxenetismo, y otra que prohíbe la comunicación con fines de prostitución.

Muchos estudios señalaron que estas tres disposiciones incrementaron el riesgo de violencia entre las trabajadoras sexuales de Canadá, dificultando el acceso a la práctica de sexo seguro y a los servicios de salud.

En una investigación reciente, se encontró que la violencia contra las trabajadoras sexuales no era intrínseca al trabajo sexual; las mujeres que trabajaban puertas adentro estaban menos expuestas a agresiones que las que trabajan en la calle. Más bien, las leyes que prohíben a las mujeres trabajar en prostíbulos, comunicarse con clientes y vivir de la prostitución ajena eran las principales responsables de la violencia que sufrían las trabajadoras sexuales. La criminalización puso obstáculos al hecho de que las prostitutas pudieran vivir y trabajar juntas en espacios cerrados, forzándolas a trabajar en las calles donde es más difícil negociar la práctica de sexo seguro.

La violencia normalizada en las culturas callejeras hace que las mujeres terminen relacionándose con hombres mayores en busca de protección, y estas relaciones pueden ser físicamente y económicamente abusivas. Las leyes canadienses sobre la prostitución dieron lugar a prácticas de vivienda discriminatorias y explotadoras que afectaron a las poblaciones más marginalizadas (mujeres pobres). Los estudios sobre el tema señalaron la necesidad de desarrollar viviendas exclusivas para mujeres, con el fin de fomentar la agencia y habilidad en las mujeres para reclamar derechos relacionados con la salud y la seguridad.

Otro estudio indicó que la descriminalización de la prostitución junto con una política de vivienda estable reduciría la propagación del HIV y de otras enfermedades. El vínculo estrecho entre la eliminación de las leyes antiprostitución y las mejoras en materia de salud pública es una de las razones por las que muchas organizaciones defienden la despenalización de la prostitución consensuada entre adultos.

Pese a toda esta evidencia, lo que produjo un cimbronazo en la opinión pública fue el caso de un asesino serial que había estado asesinando sistemáticamente a prostitutas callejeras aborígenes en Vancouver hacia fines de los años noventa. Robert William Pickton asesinó alrededor de 50 prostitutas y alardeó de ello al punto de que fue así como la policía logró descubrirlo.

Detrás de la lucha por modifcar la legislación antiprostitución estuvieron la organización de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, Sex Professionals of Canada (SPOC), y el abogado Alan Young. En 2007 presentaron una demanda señalando que las leyes canadienses violaban el derecho de las trabajadoras sexuales a la libertad y a la seguridad, que la prohibición sobre la comunicación las privaba del derecho a la libre expresión, y que ninguna de estas violaciones podían justificarse en una sociedad libre y democrática.

Tras idas y vueltas, en 2013 la Corte Suprema derogó las tres leyes antiprostitución por violar los derechos de las trabajadoras sexuales a la seguridad. Sin embargo, la alegría de los grupos regulacionistas duró poco ya que la Corte suspendió el fallo por un año para darle tiempo al Parlamento a responder. Los miembros del partido conservador en el poder dejaron entrever que no tenían intenciones de descriminalizar la prostitución en Canadá.

En el 2014, el Parlamento aprobó una ley que prohibió la compra de sexo (similar al modelo sueco); la venta de sexo cerca de parques, colegios o centros de día; la contratación de guardaespaldas, choferes o socios; los anuncios de servicios sexuales (aunque una trabajadora sexual no sería procesada si publicitara ella misma). La venta de sexo en sí misma no está prohibida.

Los abogados de las trabajadoras sexuales sostienen al criminalizar la compra de sexo, el gobierno obstaculiza que las trabajadoras sexuales puedan trabajar puertas adentro. Los clientes no van a ingresar a un lugar a esperar con los brazos cruzados a que los arreste la policía. Van a ir dando vueltas con sus autos en la oscuridad. De manera que la nueva ley crea más problemas, más violencia y deriva en lo que ningún canadiense quiere, es decir, en una floreciente prostitución callejera.

Además, la legislación ignora las razones por las que mujeres y hombres trabajan en la industria del sexo. Para muchos la decisión de realizar trabajo sexual es puramente económica; prefieren hacer eso antes que otras labores con salarios mínimos en el sector servicios y no se ven a sí mismos como víctimas sino como emprendedores. Si la preocupación fuera realmente las personas que ejercen la prostitución, el gobierno debería apuntar a la pobreza, la falta de educación y el uso de drogas. Pero a la nueva ley esto no le importa.

California

En 2012, el estado de California aprueba la CASE (Californians Against Sexual Exploitation) Act, conocida también como Proposition 35. La ley fue diseñada para endurecer las penas contra el tráfico sexual, pero muchos abogados estiman que lo único que hace es perjudicar a quienes dice proteger, es decir, a las prostitutas. La CASE Act impone sanciones más duras y prisión para quienes sean hallados culpables del delito de trata. Además, amplia la definición de trata incluyendo a aquellas trabajadoras sexuales que quizás están trabajando juntas por seguridad o para brindarse apoyo psicológico, desincentiva la colaboración con las fuerzas policiales y hace que las trabajadoras sexuales estén más expuestas a ser explotadas por un proxeneta.

Maxine Doogan es una trabajadora sexual que fundó ESPLER (Erotic Service Provider Legal, Educational and Research), una organización de San Francisco que lucha por los derechos laborales de las prostitutas. Sostiene que la legislación antitrata se hizo para castigar y acosar a las trabajadoras sexuales, violando sus derechos civiles, su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la privacidad.

ESPLER recogió el legado de Margo St. James. Como todos saben, California es el epicentro del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales, y si la prostitución llega a ser descriminalizada, lo será primero allí y más específicamente, en San Francisco, lugar donde todo es posible.

San Francisco fue la primera ciudad en reunir, en la década de los noventa, a un grupo de trabajo con el fin de examinar las leyes municipales antiprostitución (Margo St. James formó parte de él). Se elaboró un informe donde se recomendaba a la ciudad utilizar los fondos destinados a criminalizar la prostitución para programas de ayuda a menores que escaparon de sus hogares, inmigrantes, personas sin hogar y mujeres maltratadas. Pero a pesar de la popularidad de Margo St. James, las autoridades nunca prestaron atención a estas recomendaciones. Lo que sí se logró crear fue una clínica para trabajadoras sexuales de San Francisco, el St. James Infirmary, donde se brindan servicios de salud y análisis de HIV gratuitos.

Maxine Doogan incursionó en el trabajo sexual siendo muy joven. Vivía entonces en Fairbanks, un pueblo ubicado en el estado de Alaska. Allí, las prostitutas eran un segmento respetado de la sociedad. Hasta principios de los sesenta, Fairbanks contó con un distrito rojo a la vista de todos, pero una vez que se descubrieron yacimientos de petróleo, el gobierno federal empezó a presionar para cerrar los prostíbulos e introducir las mismas leyes antiprostitución que se habían aplicado en otros estados.

Doogan permaneció en Alaska hasta que el precio del petróleo se desplomó y con él la economía del estado. En 1988 se muda a Seattle, pero allí no había lugar para el ejercicio de la prostitución, excepto en las calles, que eran realmente peligrosas.

La lucha del movimiento de trabajadoras sexuales en los EEUU, dice Doogan, tiene más osbtáculos que el canadiense. En EEUU, es más valioso el derecho a la libertad de expresión que el derecho a la seguridad. Canadá, en cambio, contempla en su Carta de Derechos y Libertades de 1982, el mismo peso a ambos derechos, y sobre esto se fundó el fallo de la Corte Suprema contra las leyes antiprostitución. “La Carta de Derechos y Libertades de Canadá fue escrita en 1982, mientras que la Constitución de los EEUU fue escrita allá por la década de 1770, por un grupo de dueño de esclavos. (…) No se puede realizar un cuestionamiento jurídico basado en la seguridad porque eso no constituye un valor para la Constitución de los EEUU.” (pág. 234)


Notas

1 El concepto poco tiene que ver con deportes. Hace referencia a un tipo de vida hedonista, desarrollado entre los hombres de las clases medias y altas británicas y norteamericanas en la segunda mitad del siglo XIX, que incluía tener varias amantes, el consumo en exceso de comida, bebida, cigarros, apuestas y actividades de caza.

2 Tammany Hall: Partido Demócrata de los EEUU. Jugó un rol importante en el control de la política de Nueva York y en la ayuda para que los inmigrantes, principalmente irlandeses, participaran en la política americana.

3 La cuarentena era el procedimiento al que eran sometidas las prostitutas que eran arrestadas por la policía. Eran retenidas en prisión hasta que aceptaran darse una dosis de penicilina, aunque no tuvieran ninguna enfermedad venérea.

4 La ley reforzó y amplió el poder de policía de las fuerzas represivas en el combate contra el terrorismo.

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