Remeras prestadas – Gonzalo Sanz Cerbino

pegasoRemeras prestadas. La burguesía industrial y el programa de liberación nacional

El gran problema del programa de liberación nacional era el límite estructural que la economía argentina imponía a su propuesta: ¿cómo seguir sosteniendo la protección y los subsidios a la industria si los recursos ya no alcanzaban?

Gonzalo Sanz Cerbino 

Grupo de Estudio de la Historia de la Burguesía Argentina-CEICS


Ciertos partidos e intelectuales que se consideran de “izquierda” desconocen que muchas de las reivindicaciones que levantan tienen un origen burgués. El nacionalismo, la defensa del pequeño capital, el anti-imperialismo y la crítica a los “monopolios” o la “oligarquía” que trabarían el desarrollo nacional, son banderas que comparten con una capa de la clase dominante, la burguesía industrial más débil. En este artículo, analizaremos el programa de este sector de la burguesía, reconstruyendo la propuesta de sus representantes más característicos, el grupo de empresarios que dirigió la Confederación General Económica (CGE) entre 1952 y 1976.

Liberación o dependencia

Aunque toda la burguesía es nacionalista, no todas sus capas utilizan el nacionalismo de la misma manera. Para las capas más débiles de la burguesía industrial, el dilema de la Argentina se resumía en la contradicción entre nacionalismo o dependencia. El país, sostenían, debía afirmar su autonomía, y la base para ello se encontraba en avanzar en una estrategia de desarrollo industrial autónomo, por contraposición a estrategias que acentuarían la “dependencia”. Un texto publicado en 1969, que sintetizó estas posiciones, sostenía que “si utilizamos modelos y políticas económicas que busquen la prosperidad material a cualquier precio, corremos el riesgo de convertir al país en una colonia rica”.1

La industria sustitutiva de importaciones, y la política proteccionista que le dio impulso, eran defendidas en tanto habrían permitido al país avanzar por el camino de su independencia política y económica. Por eso, debía ser subsidiada y protegida de la competencia externa. Este punto era motivo de discusión en la época, ya que esa industria demandaba más divisas de las que generaba, lo que ocasionaba desequilibrios cíclicos en la balanza de pagos. Sin embargo, la burguesía nacionalista cuestionaba las explicaciones que achacaban a la industria las penurias por las que atravesaba la Argentina en los ‘60. Broner y Larriqueta, por ejemplo, objetaban la idea de comparar internacionalmente el desarrollo industrial a partir de criterios como la eficiencia, los costos o los precios. Con distintas excusas, evitaban una comparación que dejaría mal parada a la industria argentina, cuya ineficiencia no podían ocultar. En última instancia, con un argumento o con otro, la propuesta terminaban siempre en lo mismo: destinar recursos a la protección de una industria ineficiente, que como ellos mismos reconocían no podía competir con los productos importados, porque su preservación resultaría vital para la “independencia económica” del país. En ese sentido, su nacionalismo es un pretexto para la defensa de las capas más ineficientes de la burguesía frente a la concentración. No son portadoras de una potencia nacional, sino del atraso y la ineficiencia.

En defensa del mercado interno

La propuesta de estas capas de la clase dominante consistía en brindar una protección amplia que dé cobijo a todas las capas de la burguesía manufacturera, especialmente a las pymes y a las empresas de capital nacional. Recurriendo a todo el bagaje conceptual del nacionalismo y a las supuestas desventajas de los “monopolios”, estas capas de la burguesía elaboraron una ideología a su medida, en donde la defensa de los “intereses nacionales” aparecía como sinónimo de subsidiar a las capas más débiles de la burguesía industrial argentina.

Sin embargo, en la Argentina de los ‘70 había más de una “estrategia de desarrollo industrial” en discusión. El programa de liberación nacional se diferenciaba al centrar su propuesta en el abastecimiento del mercado interno, en lo que denominan el crecimiento “hacia adentro”. Planteaban que en la Argentina existía una demanda potencial no desarrollada, a la que se debían incentivar promoviendo la radicación de polos industriales y un mayor consumo en el interior del país. Esta era la única forma en que podía resultar compatible la idea de un mayor desarrollo industrial con una nula preocupación por los costos o la eficiencia: la industria que defendía la CGE solo podía expandirse en los estrechos límites del mercado interno. Por eso, Broner y Larriqueta cuestionaban las estrategias de expansión industrial que proponían como base las exportaciones, que consideraban “inviables”. La industria argentina no podría exportar en una magnitud suficiente para impulsar el desarrollo industrial, sostenían, ya que no había una situación de demanda insatisfecha en el mercado mundial. No se consideraba, por supuesto, que la industria argentina pudiera alcanzar una inserción internacional sobre la base de mejores costos. Una estrategia orientada al mercado externo implicaría dejar librado a su suerte a buena parte del entramado industrial, al tiempo que acentuaría la “extranjerización” y la “dependencia”. Así como los representantes del agro, “partidarios de una estrategia llamada de economía abierta”, presuponen que “la Argentina debe disminuir o incluso retrotraer el proceso de sustitución”, lo mismo se encontraría implícito en las propuestas que postulaban un desarrollo industrial orientado hacia la exportación. Quienes suponen que el país “debe optar por alguna forma de especialización industrial […] y concentrarse en el desarrollo de algunas ramas industriales con vistas a participar muy activamente en el mercado mundial”, limitarían las posibilidades de crecimiento del país y lo condenarían a nuevas formas de “colonialismo”. Este tipo de propuestas, a su vez, incentivaría el arribo de capitales trasnacionales, otra forma de acentuar la “dependencia”.2

¿Nacional y popular?

Los defensores del programa de liberación nacional suelen esgrimir las supuestas ventajas para la clase obrera de una propuesta que tiene como premisa ampliar la demanda interna. Esta burguesía suele asumir los reclamos de reformas que brotan de clase obrera, lo que les permite articular la alianza que los defenderá frente al avance de la concentración. Sin embargo, su reformismo solo aparece esporádicamente. La alianza entre la CGE y la CGT, que se articulaba sobre la base de defender un valor de la fuerza de trabajo capaz de dinamizar el mercado interno, solo se constituyó intermitentemente. Hacia 1966, por ejemplo, cuando la caída de la tasa de ganancia industrial impuso la necesidad de ajustar cinturones, la CGE rompió su alianza con la CGT. A comienzos de ese año, la CGE se opuso a los controles de precios para contener la inflación, una medida que había apoyado en el pasado. También se opuso, coincidiendo con el resto de la burguesía, a la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, alegando que por la crisis, las empresas no podrían afrontar la actualización de los topes indemnizatorios y otras mejoras en la situación de los trabajadores. La reforma, finalmente vetada por el Ejecutivo, desató la reacción de la CGT, que convocó a medidas de fuerza en las que se produjeron algunos incidentes. La CGE salió a rechazar el paro y exigió, en una carta pública, que la CGT tomara distancia de los “hechos de violencia”, a los que calificaba de “delitos comunes”. La respuesta de la central obrera, señalando que no podía salir a cuestionar hechos que eran producto de “la indignación […] de los trabajadores ante la injusticia”, ponía en evidencia que la CGE estaba a la derecha del peor de los burócratas sindicales.3

Ese año, la CGE terminó confluyendocon al resto de las corporaciones burguesas en el apoyo al golpe de estado de 1966. No solo eso: el primer ministro de Economía de Onganía, Néstor Salimei, era miembro de la CGE. Y no fue el único funcionario que aportó la confederación al gobierno dictatorial. La relación con el movimiento obrero no se recompuso hasta 1970, cuando las nuevas circunstancias abiertas por el Cordobazo habilitaron la resurrección de la alianza reformista. Sin embargo, esta historia no tiene un final diferente a la de 1966. A fines 1975, cuando un nuevo rebrote de la crisis volvía a poner sobre la mesa la necesidad de descargar el ajuste sobre los explotados, las bases de la CGE rompieron con sus dirigentes para sumarse a la alianza golpista, que entre otras cuestiones postulaba acabar con la indisciplina laboral fomentada por una “legislación permisiva”, aumentar la productividad (es decir, la explotación) y erradicar la “guerrilla fabril”. Como vemos, los empresarios partidarios del programa de liberación nacional solo defendían “intereses populares” o “democráticos” cuando les convenía.

¿Quién paga las cuentas?

El gran problema del programa de liberación nacional era el límite estructural que la economía argentina imponía a su propuesta: ¿cómo seguir sosteniendo la protección y los subsidios a la industria si los recursos ya no alcanzaban? Según la CGE, los recursos para financiar los subsidios a la industria debían surgir del agro, que podía producir más. Por razones estructurales, el campo se encontraba dominado por relaciones no capitalistas y los “terratenientes absentistas” no realizaban las inversiones necesarias para aumentar la productividad. La única solución, entonces, radicaba en la aplicación de herramientas que fuercen a la “oligarquía” a invertir (impuestos que sancionen la baja productividad) o una reforma agraria que permita el arribo al medio rural de “productores eficientes”. De esta manera se podría superar el “retraso agropecuario”, y arribarían a la Argentina las divisas necesarias para sostener la protección industrial generalizada por la que abogaban estos capitales. Sin embargo, la evidencia histórica contradice este diagnóstico: el agro pampeano, en los ‘60 y ‘70, lejos de encontrarse estancado, mostraba un gran dinamismo. La producción y los rendimientos se multiplicaron en esas décadas, al ritmo de la incorporación de tecnología: mejores máquinas, semillas híbridas, herbicidas y fertilizantes.

A pesar del aumento de la producción agropecuaria, la renta de la tierra, sobre la que el Estado avanzaba en forma creciente, seguía sin alcanzar para continuar sosteniendo las industrias creadas al calor de los esquemas proteccionistas. El límite impuesto por la merma de los recursos resultaba infranqueable y el programa liberación nacional chocaba una y otra vez contra él. Es la historia del Congreso de la Productividad de 1955, la caída de Perón y la “traición Frondizi” en 1958. Sin embargo, el programa de liberación nacional tuvo una oportunidad de jugar en primera. En 1973, Perón retornó al país. Los mismos que lo habían condenado al exilio fueron a buscarlo, para conjurar una crisis en la que la propia continuidad de las relaciones capitalistas estaba en juego. Perón puso al frente de la economía a José Ber Gelbard, histórico dirigente de la CGE. Las circunstancias eran excepcionales: todas las recetas habían fracasado y solo las promesas reformistas podían contener la crisis social. Además, los precios agrarios estaban por las nubes: Gelbard contó, durante casi dos años, con un ingreso de renta excepcional. Sin embargo, el programa de liberación nacional apenas pudo ofrecer a los asalariados una tibia recomposición de ingresos, que comenzó a esfumarse al poco tiempo, de la mano del desabastecimiento y el “mercado negro”. La “primavera” apenas duró un suspiro. Cuando el ciclo de precios altos llegó a su fin, en 1975, todo el esquema se derrumbó.¿Le suena conocida la historia? Debe ser casualidad…

NOTAS

1Broner, Julio y Daniel Larriqueta: La revolución industrial argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 1969, p. 156. Bronerera dueño de la autopartista Wobron y mano derecha de José BerGelbard en la conducción de la CGE, entidad que presidió entre 1973 y 1976.

2Broner y Larriqueta, op cit., pp. 47-48.

3Memoria y Balancede la CGE, 1966.

1 respuesta

  1. Martin dice:

    Es muy interesante el artículo, y quedan claros los límites de las dos opciones de industrialización. Pero, estando lejos hoy de tener condiciones objetivas para que los trabajadores tomemos los medios de producción, en el mientras tanto, que tipo de reformas a nivel industria nacional mejorarían el presente de la clase obrera?

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