Peleas de familia: Los límites políticos de la lucha antiburocrática montonera (1973)

Por Guido Lissandrello – La lucha de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) encontró su límite en su propio programa que, defendiendo la necesidad de un proceso de liberación nacional para un país que no tenía tareas burguesas pendientes, condujo a una indiscutida subordinación al liderazgo de Perón. La JTP y, con ella, Montoneros no desconocía la importancia de “hacer política” en los sindicatos. Tenía bien claro que debía ir allí al encuentro con la clase a reforzar o construir su adscripción al peronismo.


Todo partido que se declame obrero sabe que los sindicatos son un elemento central para cualquier estrategia revolucionaria. Es un espacio privilegiado para el encuentro de la clase obrera. Lo que no suele ser tan claro son las tareas que los revolucionarios deben asumir allí. ¿Qué relación debe tener el partido con el sindicato? ¿Alcanza sencillamente con impulsar los reclamos económicos, en particular, los salariales? ¿La lucha antiburocrática es revolucionaria? ¿Se pueden agitar allí ideas políticas? ¿Con dirigentes honestos, que convoquen asambleas y no traicionen, es suficiente?

Todos ellos son interrogantes que todo militante debería realizarse. En experiencias del pasado, pueden encontrarse algunas respuestas. En este artículo examinamos la construcción sindical que, en 1973 inició Montoneros, la más importante de las organizaciones de la izquierda del peronismo. La experiencia de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), nombre que adoptó la corriente sindical montonera, puede permitirnos iluminar estas cuestiones. Para ello hay que tener en cuenta que se trata de  la mesa la intervención gremial que desarrolló una organización que se mantuvo fiel a un programa reformista1, que se reivindicó peronista, definición que adoptaba el grueso de la burocracia sindical de los ’70. Sin embargo, la JTP desplegó una lucha antiburocrática, por ello su experiencia histórica, muestra los límites políticos de una lucha sindical antiburocrática que no trasciende el programa reformista.

En las páginas que siguen analizamos el programa político y la estrategia de la JTP, la caracterización que la corriente gremial montonera realizó sobre la burocracia sindical, y, para concluir, una de sus luchas centrales durante su primer año de vida: aquella que buscó enfrentar la modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales. El estudio de estos elementos muestra las concepciones montoneras sobre los sindicatos, su papel en su estrategia y los límites que encontró su propia construcción. 

Con la fuerza del general y la juventud

El 25 y 26 de agosto de 1973 en la ciudad de Río Ceballos, la JTP celebró su encuentro fundacional. Con la presencia de 35 delegados de sus siete regionales, se lanzó a nivel nacional y elaboró su documento programático.2

Este documento sintetizaba los postulados políticos del frente. Allí podemos distinguir cinco núcleos centrales: a) el carácter de la JTP; b) la identificación de clase; c) el tipo de revolución; d) la adscripción al peronismo; e) el socialismo nacional.

En primer lugar, la JTP se definió como una “corriente político gremial en el seno del Movimiento Obrero Organizado”, con el objetivo de “producir el trasvasamiento sindical para el Socialismo Nacional”.3 De esta manera, se dejaba en claro desde el comienzo, que la voluntad de la organización no era dar una lucha exclusivamente sindical, ligada a las reivindicaciones económicas inmediatas de la clase obrera. Al destacarse el carácter político de la corriente, y definir el socialismo nacional como objetivo, se hacía manifiesto que el desarrollo de la tarea gremial estaba subordinado al cumplimiento de un objetivo abiertamente político.

En segundo lugar, se otorgó centralidad a los trabajadores en aquella construcción política, al caracterizarlos como “el reaseguro histórico del proceso revolucionario”, “la columna vertebral del Movimiento Peronista” y “la clase social alrededor de la cual se aglutinan otros sectores populares”. Al asumir su carácter obrero, la JTP se reivindicaba como parte de la resistencia peronista y su “lucha por la recuperación de los sindicatos arrebatados a los trabajadores por la reacción gorila del ‘55”. Experiencias que abarcarían desde los combates en defensa del Frigorífico Lisandro de la Torre hasta la creación de la CGT de los Argentinos (CGT-A) y las movilizaciones del ’69 (el Cordobazo, Rosariazo y Mendozazo), pasando por las huelgas generales del ’60 y la ocupación de fábricas del ’64.

El recorte circunscribe la lucha de los trabajadores a la etapa posterior al derrocamiento del peronismo, por ende niega una experiencia de lucha previa al ’55, de las cuales la Patagona Trágica, la Semana Roja, la Semana Trágica, la huelga general del ’36, son algunos ejemplos evidentes. No se trata de un olvido, sino de la asimilación de la imagen que el peronismo construyó de sí mismo como movimiento político que inauguraría una etapa de conquistas obreras. Esto, a su vez, es solidario con uno de los fundamentos programáticos de Montoneros: la idea del peronismo como identidad única y monolítica de la clase obrera. Toda la experiencia previa del proletariado, no existe.

En tercer lugar, se planteó la necesidad de un proceso de liberación nacional y social, lo que era consecuente con la caracterización que se realizaba del Movimiento Peronista y de los “enemigos principales”. La JTP ratificaba su pertenencia al Movimiento Peronista, caracterizándolo como un “Movimiento de Liberación Nacional y Social que se va perfeccionando en la lucha y alrededor del cual gira todo el proceso revolucionario”. En sintonía con el programa montonero, el frente sindical de la organización asumía que la Argentina sufría una opresión imperialista. Para su liquidación, debían trazarse alianzas con otras clases que encarnaran “la defensa de los intereses de la Patria y el Pueblo”. De todas ellas, sin embargo, la centralidad le correspondería a los trabajadores, que “con la conducción del General Perón […] permitirá hegemonizar al movimiento y tomar el poder”. En consonancia con esta caracterización, los enemigos eran:

“a) Los monopolios del imperialismo yanqui; b) la oligarquía agropecuaria; c) la burguesía industrial, comercial, financiera y gerencial al servicio del imperialismo; d) aquellos dirigentes sindicales que encaramados en sus cargos por el fraude, la violencia y la corrupción sistemática han traicionado el mandato de su clase pasando a ser una avanzada del enemigo en el seno del movimiento popular”.

Si bien la enumeración establece una jerarquía donde “a” es más importante que “b”, lo que resulta claro es que, en el fondo, la contradicción está ligada al enfrentamiento entre Imperialismo y Nación, y no a una contradicción de clase que enfrente burguesía y proletariado. En efecto, lo común a los puntos “a”, “c” y “d” es que serían sectores ligados al imperialismo (los monopolios, la burguesía y la burocracia sindical). La burguesía, de este modo, no es cuestionada como clase sino en su subordinación al imperialismo.

En cuarto lugar, se ratificaba la identificación de la JTP con el peronismo y su pertenencia en el Movimiento Peronista. Por un lado, se asumían los tres principios doctrinarios elementales: independencia económica, soberanía política y justicia social. Asimismo, se reconocía “el liderazgo del jefe del Movimiento, el General Perón, quien ha representado históricamente nuestros intereses en la lucha del conjunto del Pueblo hacia su liberación”. Una declaración en la prensa de la JTP Entre Ríos realizada el día de su lanzamiento, profundiza este aspecto: “el peronismo [es] la expresión política de nuestro pueblo, por haber centralizado el enfrentamiento al sistema imperialista y por haberse delineado en su seno una estrategia de poder”.4 De esta manera, el peronismo se presentaba como la síntesis de la identidad política de los trabajadores y de la lucha por la liberación nacional, de allí que el Movimiento Peronista fuera motor del Movimiento de Liberación Nacional y Social.

Como parte de esta concepción movimientista, se reivindicaba a  las 62 Organizaciones, en tanto nucleamiento del sindicalismo dentro del Movimiento, “expresión organizativa de la Rama Sindical”. Se diagnosticaba, sin embargo, que estaba ganada por conducciones sindicales que no serían representativas de los trabajadores. De esto pareciera desprenderse una tarea de recuperación del organismo. Sin embargo, esa tarea no fue una prioridad, como sí ocurrió con la recuperación de instancias de representación gremial del movimiento obrero (cuerpos de delegados, comisiones internas, sindicatos, federaciones, etc.). En este sentido, Emiliano Costa, quien para el momento en que este documento salía a la luz integraba la dirección de la Mesa Capital de la JTP, señala: “eso de las 62 organizaciones fue más bien una cosa más declamativa. Digamos, como para estar dentro del movimiento peronista. Y además para abrir toda una cuestión de alianzas, digamos”.5 Roberto Perdía, miembro de la Conducción Nacional de Montoneros, reafirma este dato y confirma que nunca se tomó como política afiliar a los militantes montoneros a las 62 Organizaciones ni se peleó por un espacio en la mesa de la entidad.6

Inicialmente Montoneros parece haberse planteado la necesidad de ganar el Movimiento en tanto aparato. Eso coincidía con las declaraciones de Perón del 2 de agosto de 1973, en torno a la necesidad de institucionalizar el Movimiento y someter a sus diferentes conducciones (rama gremial, rama juvenil, rama femenina, etc.) a un proceso eleccionario. A tal fin se creó el Consejo Superior Provisorio, del que se esperaba convocara a elecciones en todas las ramas. De allí que Firmenich expresara en el acto de Atlanta del 22 de agosto:

“El General ha señalado que se acerca el momento de la institucionalización del movimiento. Esto tiene que ser uno de nuestros objetivos […] porque tenemos la necesidad de producir ahora el trasvasamiento generacional en el movimiento […] Hay que lograr dos millones de afiliados en el país, y cuando movilicemos dos millones de peronistas la burocracia se borra”7

Sin embargo, la realidad mostró que ese Consejo Superior de características “provisorias” se convirtió rápidamente en definitivo, y quedó en manos de representantes digitados por el propio Perón. En septiembre de 1973, emitió un comunicado instando a la depuración de elementos marxistas infiltrados en el movimiento.

Interesa en este punto señalar que en Montoneros existió en principio una voluntad de tener una participación orgánica dentro del movimiento, o al menos declamativamente la hubo. Pero luego, por la fuerza de los hechos, quedó descartada. Eso no quiere decir que se posicionara fuera del peronismo, sino que se seguía considerando a este como motor de la liberación que había que lograr poner bajo la hegemonía de los trabajadores. Aún sin disputar las 62 Organizaciones, esa estrategia existía. Cuando Firmenich señala la necesidad de movilizar dos millones de trabajadores, no lo plantea en un sentido exclusivamente de afiliación, sino como una muestra de fuerza que reduciría a las 62 Organizaciones, a pesar de ser parte orgánica del Movimiento, a un sello sin encarnadura real.

La reivindicación del Movimiento Peronista aparece no tanto ligada a la defensa del aparato, sino a su capacidad de constituirse en una herramienta de lucha por la liberación nacional, que estaría dada por su capacidad de aglutinar trabajadores y ofrecer un canal para la lucha contra el imperialismo. De allí que se buscara, a través de la JTP, organizar a la clase obrera bajo el liderazgo de Perón y para nutrir su frente de liberación, pero no necesariamente para que se incorpore orgánicamente a las estructuras del PJ y del Movimiento.

En este punto, se introduce un concepto que se convirtió en una consigna central del frente sindical montonero: el trasvasamiento generacional. Este  término respondía a una combinación de elementos políticos y generacionales. En lo político, implicaba la “profundización de una política que exprese las necesidades del conjunto del pueblo y los intereses de los trabajadores”, a partir de un “remozamiento general de nuestro Movimiento para perfeccionarlo y adaptarlo a las nuevas etapas del proceso revolucionario”. Lo generacional indudablemente se encuentra vinculado al carácter juvenil del frente sindical montonero que busca desalojar de los sindicatos a los viejos dirigentes burocráticos. No puede, por tanto, reducirse a un simple “proceso puramente biológico”, pero es notable que la transformación política aparece vinculada a cambio generacional en el personal político del Movimiento. Intentando explicar por qué el eje estaba puesto en la “juventud”, Perdía brinda elementos para comprender el sentido del trasvasamiento:

“por la edad, la inmensa mayoría de la militancia eran jóvenes. […] ¿por qué el eje en juventud? Porque de alguna manera, aún en el conjunto del trabajo, del agrupamiento de los trabajadores, lo que tenía como elemento más fuerte y común, era ser jóvenes. Inclusive la pelea contra los viejos aparatos, era desde ser jóvenes. Entonces nos pareció importante agruparnos como jóvenes peronistas, trabajadores, pero jóvenes peronistas. […] porque era la juventud lo que de alguna manera queríamos rescatar, saliendo de la vieja pelea, que la podíamos haber dado, pero preferimos dar otra pelea o dar la pelea desde otro lugar.”8

En quinto lugar, la cuestión del “socialismo nacional”, un concepto programático clave de la JTP y de Montoneros que, sin embargo, fue escasamente desarrollado. No se consideraba que el socialismo nacional estuviera en colisión con el peronismo sino que se lo presentaba como una creación suya, en tanto que el “proyecto del socialismo nacional” fue elaborado por los “trabajadores peronistas conducidos por el General Perón”. ¿Qué implica en concreto? “La construcción del Socialismo teniendo en cuenta la realidad nacional”. Intentando dar mayores precisiones el documento señala: “Queremos una Argentina donde los campos, las industrias, los bancos, los medios de transporte, etc. Sean propiedad de toda la sociedad y no de unos pocos privilegiados que se enriquecen con el trabajo de las mayorías”. Previo a esta construcción sería necesaria una “Reconstrucción nacional”, etapa “necesaria que debemos transitar antes de alcanzar el objetivo estratégico”. Con estas breves líneas, por demás genéricas, se planteaba el objetivo central de la organización. Otra vez, vemos la ausencia de una formulación de clase, dado que los resortes de la economía debían estar en manos de “la sociedad”. Además, se observa un claro etapismo, en tanto que la construcción del socialismo se presenta supeditada a un momento de reconstrucción del capitalismo nacional.

Finalmente, el documento cierra con un “programa mínimo, en el camino de la dignificación del trabajo, reconstrucción y liberación nacional”. Compuesto por seis puntos “políticos-económicos” y otros tantos “gremiales”: pleno empleo, impedir el cierre de toda fuente de trabajo y garantizar estabilidad laboral, plan de vivienda, salud y educación, “salario digno y una mayor participación de los trabajadores en el ingreso nacional”, “nacionalización de los resortes básicos de la economía, de las empresas consideradas de interés nacional, de los sistemas financieros, banco y comercio exterior, control de todas las empresas monopólicas”, y, finalmente, “participación obrera” en las decisiones de la producción.

Otra vez, aquí aparece implícita la alianza con sectores nacionales de la burguesía, que serían los beneficiarios de la expulsión de los capitales extranjeros. Incluso en materia de intervención obrera en la producción el planteo es limitado, pues no se habla de “control obrero” sino de “participación”. Evidentemente, se trataba de un “programa mínimo” para la “reconstrucción”. Va de suyo entonces que cumplidas estas tareas, allí comenzaría la construcción del “socialismo nacional”. Lo que resulta claro es, sin embargo, que la JTP reconoce como motor al Movimiento Peronista bajo el liderazgo de Perón y, por eso, reivindica su identidad peronista. Tras una etapa de reconstrucción nacional se iniciaría la construcción del socialismo nacional, una construcción que, según se desprende del documento, no es contradictoria con los planes de Perón sino que constituiría su objetivo.

Evaluemos ahora cuestiones estratégicas. Montoneros se planteaba como tarea imponer la hegemonía de los trabajadores dentro del Movimiento Peronista. Allí cobra relevancia la existencia de la JTP, pues se trató de una apuesta orientada a aglutinar a la clase obrera para enfrentar a la burocracia. De esta manera, el frente sindical se convertía, en la coyuntura abierta en el ’73 por el retorno del peronismo al poder, en el frente central de la organización. Al examinar el discurso brindado por el líder máximo de la organización, Mario Firmenich, en Cancha de Atlanta, el 22 de agosto de 1973, lo confirmamos:

“El General Perón plantea una estrategia que nosotros admitimos. Es la estrategia del frente antiimperialista para desarrollar este momento; pero no tiene sentido esta alianza de clases si no está conducida por la clase trabajadora. La clase trabajadora solamente puede entonces conducir hasta las últimas instancias este proceso si está verdaderamente organizada y su conducción de la alianza de clases también es orgánica”9

Allí confirma la centralidad de la clase obrera dentro de la alianza que promovería, bajo el liderazgo de Perón, la liberación nacional y social. Ahora bien, el diagnóstico que Firmenich realizaba advertía la carencia organizativa de los trabajadores y, por tanto, peligraría el triunfo del proceso revolucionario. De este modo, la construcción de la JTP se volvía central para liquidar a esos dirigentes del Movimiento que no representarían legítimamente a los trabajadores.

Por otra parte, la JTP defendía la estructura organizativa del movimiento obrero. Reivindicaba a la Confederación General del Trabajo (CGT) como “una organización de masas, objetivamente al servicio de nuestros intereses reivindicativos y un conjunto de intereses políticos”.10 A diferencia de lo que señalábamos en torno a las 62 Organizaciones, aquí sí se desarrolló una política de recuperación. Algo semejante ocurre con la caracterización y defensa de los sindicatos. Estos eran defendidos en tanto estructuras de organización masivas, que nuclean al grueso de los trabajadores y que, por lo tanto, son un espacio fundamental para desarrollar los objetivos gremiales y políticos de la organización. El problema no era la estructura, sino que “las conducciones sindicales no representan a los trabajadores, sirven a los planes del imperialismo y la reacción interna y lo que es más grave traicionan a nuestro líder”.11

La herramienta central para la pelea político-sindical de la JTP fueron las agrupaciones de base. En la estrategia de la organización, estas debían desplegar tres tipos de tareas. Por un lado, ser base de sustentación. Una agrupación, a diferencia de un sindicato o comisión interna, brindaría una estructura para aglutinar trabajadores situada por fuera de la legalidad. Mientras que un sindicato puede ser intervenido por el gobierno a través de una ley, aplicación de estatutos o intervención, la agrupación no puede ser disuelta. Posee las características necesarias para evitar “el ataque de los traidores y de la patronal”, y adoptar un funcionamiento clandestino.12 En tal sentido, al “ser una organización que nuclea a la base de los trabajadores, es asiento del poder real en el seno de los sindicatos.”13 Su construcción sería una tarea primordial que debía ser previa a la conquista del sindicato y tendría una mayor importancia. Es “una forma organizativa estratégica.”14

La defensa de esta función de “base de sustentación” se presentaba como una lección aprendida en la experiencia de 1955. La JTP argumentaba que, cuando se intervinieron los sindicatos a posteriori de la caída de Perón, el movimiento peronista se quedó sin organizaciones para responder, de allí habría surgido la burocracia representada por dirigentes que optaron por defender las organizaciones en lugar de defender a los trabajadores.

La segunda función de las agrupaciones debía ser la de constituirse en dirección política del sindicato. El planteo en este punto, era el siguiente. Las entidades gremiales como órganos de masas, nuclean a sus integrantes en calidad de trabajadores que defienden sus condiciones de trabajo. Por tanto, el sindicato no puede tener una identificación política abierta, lo que conduciría a excluir a quienes sí son trabajadores pero no la comparten. Por ello “la agrupación, moviéndose en su seno pero a otro nivel, debe adoptar una identidad política y actuar como dirección política, impulsando para el frente de masas una línea de acción que no excluya a ningún trabajador”.15 De la misma manera debe operar allí donde haya permitido la recuperación del cuerpo de delegados:

“la agrupación es la que orienta al cuerpo de delegados sobre las reivindicaciones a levantar y cuáles son los métodos para lograrlas. La agrupación elabora la política gremial y se la formula al cuerpo de delegados, este a su vez la discute con la agrupación y la lleva adelante.”16

Este punto merece ser destacado. La JTP y, con ella, Montoneros no desconocía la importancia de “hacer política” en los sindicatos. Tenía bien claro que debía ir allí al encuentro con la clase a reforzar o construir su adscripción al peronismo. Además, dejaba en claro que la agrupación debía elaborar la política para el cuerpo de delegados, y no ser un apéndice o un simple asistente de aquel.

Por último, la agrupación debía operar también como parte de la “organización popular integral”. La JTP y sus agrupaciones se insertaban en la estrategia general de Montoneros de “guerra integral”. Es decir, una guerra que debía desarrollarse no solo en el frente militar, sino en el conjunto de los espacios de lucha (sindical, territorial, etc.). Por tal motivo, las agrupaciones no servirían solo para recuperar el sindicato y mantenerlo en “manos honestas”, sino para progresivamente poner esos sindicatos “al servicio de una estrategia que permita a la clase trabajadora hegemonizar la conducción del proceso revolucionario”, contribuyendo así a “la construcción de la Organización Revolucionaria Integral”.17

La línea de trabajo de las agrupaciones pasó centralmente por la defensa de la democracia sindical, enfrentando de este modo directamente a las direcciones de la burocracia, que tendían a evitar las instancias de contacto directo con la base.

La JTP exaltaba la participación de los trabajadores en las instancias decisorias y cruciales de la vida gremial, como ser la fiscalización de los fondos del sindicato, el control de las elecciones internas y las discusiones paritarias. Estas medidas tendían a buscar la “transparencia” de los mecanismos internos del sindicato y evitar, particularmente en el caso de los fondos, una patrimonialización por parte de los dirigentes. La herramienta clave para lograr esta participación y actuación “fiscalizadora”, eran las asambleas convocadas en todos los espacios (nacionales, por sección, por fábrica), con participación libre de todos los trabajadores y no solo a congresales digitados. Estas asambleas serían espacios fundamentales para la disputa gremial de la JTP, pues allí los activistas de sus agrupaciones podrían intervenir y ganar adhesión.

En resumen, la JTP tenía en claro un horizonte político. Debía ser el puntal para garantizar la hegemonía de los trabajadores dentro del movimiento peronista. No tenía, en ese sentido, ningún prurito en reconocer la tarea política que debía encarar en los sindicatos. Tampoco su planteo adolecía de “basismo” o de prácticas asamblearias. Esa era la tónica que debía tener la lucha antiburocrática. Una lucha que aparecía como parte del enfrentamiento dentro del Movimiento, para desalojar a los que allí no representaban cabalmente a los trabajadores.

Los infiltrados 

En este acápite examinamos la JTP caracterizó a su principal enemigo, la burocracia sindical. Para este estudio dos fuentes resultan fundamentales: el documento Vandorismo: la política del imperialismo para los trabajadores peronistas, fechado en septiembre de 1974 y aparecido bajo la forma de suplemento especial en La causa peronista nº 4 (03/04/74), y una serie de notas presentadas entre los números 39 y 4418 de El Descamisado bajo el título La historia de la UOM.

La primera cuestión que resulta necesaria abordar, es la relación que la JTP planteaba entre peronismo y sindicalismo. Hasta la llegada de Perón al poder, el sindicalismo se encontraría en un estado incipiente, pequeño y disperso.19 A partir de 1944, desde su puesto en la Secretaría de Trabajo, el General habría desarrollado una acción que sentó las bases para un “movimiento popular de masas”, esto es: impulso al rápido mejoramiento salarial y en las condiciones de trabajo, avances en la organización sindical y nueva legislación laboral. Sobre la base de esos cambios, se dio un salto cualitativo en el movimiento sindical, que se observaría en tres elementos: 1. Multiplicación de la cantidad de afiliados, pasando de 400 mil en 1943 a 5 millones en 1955. 2. Los sindicatos se posicionaron como instrumento de organización, participación y movilización de los trabajadores, con lo cual “se organizan políticamente como peronistas en los sindicatos”.  3. Integración al Estado.

De este modo, el peronismo desarrollaría y potenciaría el aparato sindical, que pasaría a ser su base de sustentación, toda vez que con este los trabajadores alcanzarían mejoras materiales y desarrollarían su conciencia política. Resulta fundamental el punto 2 de la enumeración anterior, pues viene a ratificar lo que señalamos antes: el reconocimiento de los sindicatos como un espacio para la organización política de la clase.

El segundo elemento sobre el que debemos detenernos, es el papel que, en la lectura montonera, cumplieron los dirigentes sindicales en los primeros dos gobiernos peronistas. Allí se encuentra la clave para comprender la caracterización que la JTP realizó de la burocracia sindical.

Hasta 1950 el peronismo habría podido impulsar las mejoras de las condiciones obreras, sin entrar en colisión directa con los empresarios de la industria y el comercio. Lo que estos perdían vía aumento de salario, lo reconquistaban por medio de un incremento de las ventas por la ampliación del mercado interno. Hasta allí el único perdedor habría sido “la oligarquía rural e intermediaria y los capitalistas extranjeros, especialmente británicos”, por las medidas de control de la producción y la comercialización rural, y la nacionalización de los depósitos bancarios y del comercio exterior. En este marco de transformaciones, el movimiento sindical expresado en la CGT “acompaña […] pero no se convierte en un instrumento dinámico de profundización del proceso”. La CGT “actúa como intermediaria entre el gobierno y los trabajadores, bajando las propuestas político-sociales que surgían del poder ejecutivo”. Actuando como “oficinas públicas”, los sindicatos no cumplieron “la expectativa política depositada por los trabajadores” en un momento en que se requería el avance del proceso revolucionario.

Ese sería el principal déficit del sindicalismo en la etapa, su adaptación a la “evolución pacífica y lineal del proceso”, y su negativa a convertirse en agentes que garantizaran la hegemonía de los trabajadores en el proceso. Los burócratas prefirieron “la tranquilidad de sus cargos y no los riesgos de una profundización política y organizativa”.

Esta carencia organizativa mostraría su limitación a partir de 1952. Desde ese momento, la crisis económica pondría fin a las posibilidades de progreso y se iniciaría una ofensiva de los “agentes imperialistas” y una recomposición del “campo oligárquico-imperialista”. De modo que el escenario en el que acontece la liquidación de la experiencia peronista estaría signado por una paradoja en el ámbito sindical:

“Los sindicatos eran entre 1952 y 1955 poderosos maquinas administrativas, con millones de afiliados y una importante obra social. Pero políticamente estaban más desarmados que nunca. No impulsan la organización ni clarifican a los trabajadores sobre el sentido de la crisis. Los dirigentes están preocupados por mantenerse en sus cargos y porque dure su ‘tranquilidad’. Esta incapacidad e inoperancia de las direcciones sindicales sirvió para frustrar los intentos de organizar a los trabajadores en defensa del gobierno popular.”

Las conducciones sindicales se dedicarían a frenar los conflictos y a desarmar políticamente a los trabajadores, cuando era necesario “profundizar la liberación”. Las lecciones que dejan esta etapa son las lecciones que toma la JTP para su presente:

“En definitiva, las carencias del peronismo se evidencian en que no aparece la necesidad de una organización que conduzca globalmente al conjunto de las fuerzas populares representando auténticamente a los trabajadores. Ni siquiera se generan las agrupaciones político-gremiales que reuniendo a los mejores activistas peronistas, conduzcan al conjunto de los sindicatos”.

En resumidas cuentas, la clave de que el proceso de liberación nacional que estaba conduciendo en el peronismo en los ’50 se frustrara, se encontraba en la ausencia de organizaciones políticas y gremiales que garantizaran la hegemonía de los trabajadores. Es decir, faltaban Montoneros y su JTP. Esos lugares los ocuparon burócratas –tanto en el Movimiento como en los sindicatos– que, apegados a sus sillones, prefirieron el beneficio personal. Eso es lo que habría que evitar que volviera a suceder.

Así, la JTP caracteriza que la burocratización comienza en los gobiernos de Perón. Ahora bien, la expresión más cruda de la burocracia sindical se encontraría no en los dirigentes de los gobiernos peronistas, sino la dirigencia que vino después: el vandorismo. Una vez derrocado el peronismo en el ’55, se iniciaría la “contrarrevolución” que aniquila las conquistas obreras, persigue activistas y gremialistas, desmantela las organizaciones sindicales”, y avanza en la “concentración y desnacionalización económica”. Frente a ella, en el sindicalismo se producirían dos fenómenos: dirigentes sindicales que corren “a esconderse para ponerse a salvo, o hacia los grandes cuarteles para ponerse al servicio de la dictadura militar”; por el otro lado, la “resistencia peronista” con dos objetivos: uno político-estratégico, el retorno de Perón, y otro gremial, la reconquista de los sindicatos. Ricardo Otero, Paulino Niembro y Lorenzo Miguel serían expresión de la primera reacción, Vandor y “la mayoría de los dirigentes intermedios y el activismo sindical”, de la segunda.

¿Cuándo pasa Vandor a convertirse en burocracia sindical? Cuando privilegia la reconquista del aparato sindical por sobre el retorno de Perón. A partir de allí, prima la concepción del sindicalismo como una fuente de poder propio, que impulsa luchas para resolverlas en una mesa de negociación –el famoso “golpear y negociar”–. Los sindicatos dejan de tener “un carácter político de cuestionamiento al sistema vigente”, para volcarse a una tendencia a la integración al régimen basada en la defensa del aparato. La transformación plena del vandorismo se vería en el “Operativo Retorno” de 1964, la primera muestra de la nueva estrategia vandorista: presionar para un retorno de Perón que se sabía, no podía cumplirse.20 De ese modo se liquidaba al líder peronista de la escena política nacional. Al no ser posible su retorno, comenzaban a ganar margen de movimiento los actores locales del peronismo: el llamado “peronismo sin Perón”, que se fortalece en el dialogo con las dictaduras militares. Dicho más sencillamente, la burocracia sindical se muestra como tal cuando abandona el objetivo político que, según Montoneros, debiera tener: la defensa del peronismo.

¿Cuál es, finalmente, la base de la fortaleza del vandorismo? Según la JTP, la clave del éxito del vandorismo residiría en una particular alianza que teje entre burocracia sindical, imperialismo y monopolios. El vandorismo se consolida como un sindicalismo poderoso con el que indefectiblemente hay que negociar. Ese poder brota, según el documento que analizamos, de la decisión de Perón de fortalecer los sindicatos. Por esa fortaleza son capaces de negociar en mejores condiciones y, por tanto, conseguir mejores salarios. Es curioso que se elimina del análisis el peso económico de los gremios más favorecidos en la disputa salarial durante los ’60. Tampoco se entiende por qué, si el poder sindical era producto de la decisión de Perón de fortalecerlos, este poder se mantenía incólume durante el exilio del líder.

La habilidad de Vandor pasaría por dar la pelea por conquistas salariales, es decir consigue beneficios para los trabajadores, pero no enfrenta a los monopolios extranjeros, sino que los favorece. Esto ocurre porque mientras consigue subas de salario, aumenta en paralelo la productividad por obrero y se fortalece el “manejo patronal del mercado de trabajo”. Dicho de otro modo: mientras los obreros metalúrgicos ganan más dinero, aumenta su explotación (incremento de la productividad) y no se expande la fuerza de trabajo ocupada (control del mercado de trabajo). El resultado de esto, sería el fortalecimiento de los monopolios, pues “toda lucha reivindicativa por mayores salarios inevitablemente produce un mayor fortalecimiento de las empresas monopólicas y un debilitamiento de las pequeñas y medianas empresas”. Al favorecer la concentración del capital, y por tanto destruir la industria nacional, “la burocracia vandorista usa las demandas obreras para fortalecerse y destruir el frente de las fuerzas de liberación y por lo tanto consolidar el poder monopólico”.

En este punto, importa destacar que la organización reconoce un punto central de debilidad de su programa. Mientras busca una alianza con el pequeño y mediano capital, advierte la tendencia del capitalismo a la destrucción de estos y la concentración en “capitales monopólicos”. Incluso llega a señalar que la lucha salarial de la clase obrera favorece este mecanismo. Entonces ¿cómo se supera esta contradicción? Es necesario, señala el documento en cuestión, mirar por fuera de los sindicatos. Por lo que tendrían que luchar los sindicalistas no es solo por mejoras reivindicativas sino por una cuestión política, el manejo del Estado:

“La única forma de limitar, por medio de la lucha sindical, el proceso natural de concentración de capitales es controlando los ritmos de productividad y el mercado de trabajo, pero esta es una solución relativa que no revierte el proceso de concentración. […] El problema está afuera de los sindicatos y es básicamente político: se trata de quién maneja el Estado y de la definición revolucionaria de los dirigentes sindicales. […] En definitiva, la relación concentración monopólica y lucha sindical presenta un dilema irresoluble para la subsistencia de la pequeña y mediana empresa, que sólo puede ser resuelto políticamente si hay un Estado Popular que le quite el poder al imperialismo y acreciente la fuerza de los trabajadores y empresarios nacionales.”

Este análisis de la concepción de burocracia sindical muestra entonces elementos programáticos y estratégicos de la JTP. Por un lado, confirma la opción por un programa político que centra su contradicción principal entre las fuerzas nacionales y las imperialistas, siendo la burocracia un agente infiltrado dentro del movimiento obrero, contra la clase obrera y el capital nacional. De esta manera, los dirigentes burocráticos aparecen como un elemento ajeno a los trabajadores, al peronismo e incluso a la acción de la burguesía, pues su génesis responde a una necesidad de las fracciones monopolistas y extranjeras de esa clase, pero no del conjunto.

Es notable como su burocratización se completa, en esta explicación, cuando abandonan el objetivo político que debieran encarnar: la defensa del peronismo. A partir de allí se convierten en traidores. Esto está estrechamente vinculado a la idea de que los sindicatos no pueden ser simplemente herramientas para la lucha reivindicativa. Justamente, la JTP reconoce que eso Vandor lo hacía correctamente, porque conseguía mejoras salariales. Todo el problema era de corte político: el abandono de su tarea dentro del proceso de liberación nacional, como agentes de la hegemonía de los trabajadores en él y como sostenes de la alianza con el pequeño capital. A partir de allí ejercen la fuerza para que “los trabajadores peronistas más combativos […] [sean] marginados de la lucha gremial”,21 descalifican a las listas opositoras por medio del fraude, todo lo cual revelaría “la total falta de representatividad de los dirigentes electos”.22

En esta óptica, según la cual el problema es la representación, porque en las direcciones se enquistan por la fuerza agentes del imperialismo, se comprende la táctica de afiliación que promueve la JTP: las direcciones no son representativas dado que no las elige la mayoría que, si participara, elegiría dirigentes peronistas honestos, ya que porta una identidad peronista. Afiliar y establecer el voto obligatorio en los sindicatos permitiría borrar a la burocracia.

En nombre de la verticalidad 

En este apartado nos concentramos en analizar la caracterización y el plan de lucha que llevó adelante la JTP contra la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales. Un proyecto que, por su articulado, constituía una herramienta en manos de las conducciones sindicales vigentes, para contener el ascenso que se daba desde las bases, de nuevos activistas gremiales. Entre esas fuerzas, que provenían de la izquierda marxista y de la izquierda del peronismo, se encontraba la JTP. Interesa entonces, ver como leyó y actuó el frente sindical montonero ante este hecho que afectaba directamente a su desarrollo, aún en el marco de un gobierno que consideraba propio.

La legislación sobre Asociaciones Profesionales se remonta a los orígenes del peronismo, cuando Perón impulsó desde la Secretaría de Trabajo el modelo que se sancionaría bajo el decreto-ley 23852/45 en octubre de 1945. En el texto, que ya con Perón presidente sería la Ley 12.921,23 imponía el sindicato único por rama de producción, obligaba a su registro para la obtención de la personería gremial y habilitaba al sindicato a participar en actividades de tipo político. Este esquema fue eliminado tras la Revolución Libertadora, mediante el decreto 9270/56 de mayo de 1956. Sin embargo, fue recuperado dos años después con la presidencia de Arturo Frondizi a través de la Ley 14.455.

El 25 de julio de 1973 conspicuos representantes de la dirigencia sindical peronista acercaron al presidente provisional Raúl Lastiri dos proyectos de reforma de leyes laborales. La comitiva la encabezaba Ricardo Otero, Ministro de Trabajo y dirigente de la UOM. Lo acompañaban por la CGT Otto Calace –Secretario General de Sanidad–, Antonio Baldassini –Secretario General de Correos– y Florencio Carranza -Secretario General de Empleados de Comercio; por las 62 Organizaciones Lorenzo Miguel –líder de las 62 y Secretario General de la UOM–, David Diskin –dirigente de Empleados de Comercio–, y Estanislao Rosales –Secretario General de Aceiteros–; y finalmente un grupo de diputados de origen sindical: Rodolfo Ponce –Secretario General del gremio de elevadores de granos–, José Lumelo –dirigente de Aguas Gaseosas–, y Jorge Salmón.

De los dos proyectos, uno pretendía la reforma de la ley nº 11.729 sobre indemnizaciones por despidos y convenios de trabajo y, el que tendría más trascendencia política, proponía la reforma de la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales. Calace defendió a este último como un proyecto que evitaría la “pluración sindical”, y Otero completó: “[contribuirá a] la eliminación de los sindicatitos [y] evitará el daño que estos actualmente producen al movimiento obrero”.24

Efectivamente, parte de los artículos innovadores del proyecto se centraban en la cuestión del reconocimiento legal de los gremios, eliminando las dobles personerías y los sindicatos por empresa. Establecía, por ejemplo, que una nueva organización que pretendiera alcanzar la personería gremial, debía tener una cantidad de afiliados “considerablemente superior” al sindicato vigente. En el mismo sentido, en caso de que se intentara legalizar un sindicato por empresa, no se le concedería la personería si ya existiese una asociación profesional de primer grado con personería para representar a la actividad a la que pertenece dicha empresa. Este punto se complementaba con una nueva concesión a las federaciones y confederaciones: se les adjudicaría la facultad de investir el carácter de asociaciones de primer grado en aquellas zonas o empresas donde no hubiera organizaciones de ese tipo. Estas dos medidas buscaban, a partir de la experiencia de los sindicatos clasistas de Sitrac y Sitram, anular toda posibilidad de que emergieran gremios por empresa, pues se habilitaba a las federaciones a ocupar ese espacio. Asimismo, se reforzaba el poder de intervención de las federaciones sobre las asociaciones de grado inferior.

Por otra parte, un paquete de artículos (nº 47 al 55) ampliaba la extensión del fuero sindical, especificando normas que aseguraran la estabilidad laboral de quienes desempañaran cargos electivos en las asociaciones profesionales, a delegados y subdelegados, como también a representantes paritarios y a candidatos electorales, aún cuando no hubieran sido elegidos. En sintonía con ello, se restaba poder de injerencia al Ministerio de Trabajo, al que se le quitaba la posibilidad de decretar la caducidad de los mandatos directivos.25 Solo podría intervenir la administración pública en los diferendos entre afiliados y asociaciones o entre asociaciones mismas, una vez que se hayan “agotado los recursos posibles en la esfera asociacional”.26

Además de ilegalizar los sindicatos por empresa y habilitar la intervención de filiales y seccionales, el nuevo proyecto de ley facultaba a los sindicatos para caducar comisiones internas y ampliaba el mandato de sus dirigentes de dos a cuatro años. De este modo, constituía un evidente refuerzo a las conducciones vigentes en un momento en que, el congelamiento salarial propiciado por el Pacto Social, abría un periodo de gran conflictividad obrera. No debe sorprender entonces, que la JTP con sus ojos puestos en la conquista de los sindicatos, haya hecho de la lucha contra esta ley una de sus principales batallas.

La caracterización de la ley

La reforma era vista por la JTP como expresión del avance del imperialismo. En un contexto democrático, la injerencia extranjera no se garantizaría a través de la “camarilla militar” sino por la burocracia sindical. La Ley entonces favorecía a la intervención norteamericana que pretendía frenar el proceso de Liberación Nacional, por la vía de reforzar el poder su principal aliado interno:

“La herramienta fundamental para la toma del Poder son los trabajadores organizados y por eso quienes responden al imperialismo se esfuerzan en impedir o en retrasar el día en que los dirigentes respondan a los intereses de las bases y del movimiento. Para eso tratan de infiltrar en un proyecto de reformas a la actual ley de Asociaciones Profesionales ciertos artículos que les permitan mantener maniatados a los únicos que pueden garantizar el proyecto de liberación de nuestro General.”27

De este modo, el combate a la reforma de la ley se imponía como un eje fundamental de la lucha. Recordemos que los sindicatos debían ser reconquistados en virtud de que operaban como un espacio de organización de los trabajadores que debían liderar proceso de Liberación Nacional, hegemonizando el Movimiento Peronista. Por eso se caracterizó a la ley como un intento de evitar “que los trabajadores elijan sus dirigente” para “seguir manteniendo los sindicatos, para seguir traicionando. Para seguir frenando la liberación.”28

Por otro lado, la reforma era visualizada como obra directa de los sectores traidores del Movimiento, lo que incluía naturalmente a la burocracia sindical, pero situaba en la cabeza de la reforma a Lastiri. En un comunicado emitido en octubre del ’73 la JTP llamó a no dejar pasar “la trampa del ‘yerno’”.29 Se traslucía aquí la convicción de que Perón no la aprobaría.

Veamos cómo fue analizada en concreto el proyecto legislativo. En principio, se resaltó como positivo el hecho de que existiera una regulación a la actividad de los sindicatos, los derechos de los afiliados, la relación que se establece entre los distintos sindicatos y entre estos y el Estado, y que imponga límites a la patronal. En efecto, se destacó que la primera reglamentación de una ley de este tipo fue obra del propio Perón cuando, desempeñándose en la Secretaría de Trabajo en 1945, concretó “una vieja aspiración y una larga lucha” de los trabajadores. Además tenía detrás una aspiración política:

“El Movimiento Peronista, cuya columna vertebral es la clase trabajadora, necesita de su participación orgánica en el proceso iniciado en el ’45; consecuencia de ello es la sanción de la ley, que pone en manos de los trabajadores una herramienta de lucha sumamente importante: la CGT única.”30

De este modo, la ley se volvería fundamental al reglamentar la estructura propia de intervención de la clase obrera (la CGT, las federaciones, los sindicatos y los cuerpos de delegados) en un momento en que la apertura de un proceso de Liberación Nacional. Tres son los aspectos que se valoraron positivamente de la ley. Por un lado, los artículos que fortalecerían y consolidarían un “Movimiento Obrero Organizado” y que evitarían la “atomización de los sindicatos y funcione como un dique de contención a “grupos de diferentes tendencias sin ninguna representatividad”.31 En segundo lugar, se respaldaron aquellos artículos que garantizaban la estabilidad e inmunidad de quienes ocuparan cargos en cuerpos gremiales de representación: delegados, subdelegados y candidatos. En igual sentido se defendió la vigencia del fuero sindical. Por último, se reivindicó la posibilidad de los sindicatos de expresarse políticamente.

En las críticas, la JTP denunció que el proyecto atentaba contra la democracia sindical y la libre expresión de las bases. Por ello, cuestionó el artículo que duplicaba los mandatos de las dirigencias y habilitaba la reelección indefinida (art. 11), aquel que establecía periodos de dos años para Asambleas Ordinarias y un 20% del padrón para la convocatoria de Asambleas Extraordinarias (art. 13), los que habilitaban la intervención de federaciones sobre seccionales y de las conducciones sobre los delegados (arts. 34 y 57), y aquellos que impedían la intervención de un tercero (ya sea magistrados judiciales o el Ministerio de Trabajo) para resolver conflictos internos o evaluar los procesos eleccionarios (arts. 45 y 46). Por otra parte, señaló la necesidad de que en el cuerpo de la ley se reglamentaran garantías que aseguraran comicios sin trabas ni trampas, y que se estipulara la afiliación obligatoria.

La JTP fue más allá de la crítica y abocó esfuerzos en la confección de un proyecto de Ley propio que, mediante un régimen electoral estrictamente pautado, con estabilidad para los cargos electivos, con derecho a la revocabilidad por asamblea, con congresos ordinarios periódicos y basado en los “principios del federalismo” se oriente a constituir “una Ley de Asociaciones Profesionales para los únicos y verdaderos destinatarios del Gobierno Popular: los trabajadores”.32 Para su elaboración, el frente convocó a su equipo de abogados especializado en legislación laboral, y sus agrupaciones de base que emprendieron plenarios y asambleas de discusión.33

Tomando como base el texto-ley de la burocracia, las modificaciones propuestas fueron las siguientes: en el art. 2 se estableció la afiliación obligatoria de todos los trabajadores nucleados en la actividad; en el art. 9 se explicitó una extensa normativa para garantizar comicios limpios; en el art. 11 se estipuló mandatos de dos años y una única reelección, a la par que se redujo de 2 a 1 año el tiempo de trabajo en la actividad para aspirar a un cargo; en el art. 13 se fijó el mínimo de Asambleas ordinarias en 1 por año y un 5% de firmas del padrón para convocar a extraordinarias; en el art. 19 se fijó que si una asociación aspiraba a la personería gremial podría alcanzarla siempre y cuando tuviera una cantidad de afiliados superior a la asociación que ya detenta la personería; el art. 34  afirmaba que no existía posibilidad de intervención de federaciones sobre seccionales y, en igual sentido, se eliminó el art. 57 que habilitaba al cese de delegados por parte de las conducciones; en los art. 45 y 46 se plasmaron modificaciones tendientes a posibilitar la intervención del Ministerio de Trabajo en diferendos internos que no se saldaran y en la convalidación de la legitimidad de los comicios. Una garantía de dudosa eficacia pues este estaba bajo control del burócrata metalúrgico Otero.

Como puede verse, la JTP centró su crítica en aquellos artículos que atentaban contra la democracia sindical, ya sea por la vía de prolongar la frecuencia o dificultad la convocatoria de las instancias de deliberación de las bases (asambleas y congresos), la falta de claridad y regulaciones en materia de comicios gremiales y la imposibilidad de apelar a una instancia de arbitraje por fuera de la esfera sindical. En este punto, debe reconocerse que al frente sindical montonero no le faltaba vocación democrática ni antiburocrática, bien que concediendo a la propia burocracia encumbrada en el Ministerio, el control de esa “vocación”.

El enfrentamiento

¿Cómo se organizó la JTP para enfrentar la Ley de Asociaciones Profesionales? En un comunicado aparecido en El descamisado del 26 de septiembre, la JTP se declaró “en estado de movilización, frente a la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales”, convocando “a la movilización y discusión en la base de esta ley fundamental para la marcha del movimiento obrero organizado”. El plan de lucha se inició con una campaña de agitación para dar masividad tanto a los aspectos que se apoyaban como los que se criticaban del proyecto. Esta campaña tomó la forma de “mesas de esclarecimiento” que se desarrollaron entre septiembre y octubre en Capital Federal y zona sur, este y oeste del Gran Buenos Aires. Acontecieron en horarios de gran circulación en las calles, y tuvieron lugar en puntos neurálgicos de las ciudades como plazas, estaciones de subte y tren, terminales de colectivos y calles muy transitadas del microcentro porteño.34

Para estas mesas se confeccionó un boletín especial, de cuatro páginas, que presentaba sucinta y didácticamente todas las cuestiones referidas al proyecto. Para la ocasión también se contaba con el cuadernillo de Lineamientos políticos y con el primer número del periódico Jotatepé. De modo que, además de difundir y promover la lucha contra la reforma, la acción permitió la difusión de la JTP, sus objetivos políticos y la llegada de su línea política a un amplio sector de trabajadores.

Entrado octubre, se anunció una movilización y acto frente al Congreso, para el viernes 5 de ese mismo mes.35 Efectivamente, ese día se produjo la primera gran movilización del frente sindical montonero, desde su creación a fines de abril. Cerca de siete mil trabajadores marcharon hacia el Congreso Nacional al grito de “a la lata, al latero, sindicatos peronistas, sindicatos montoneros”.36 La marcha se detuvo en el cruce de Irigoyen y Combate de los Pozos, donde se improvisó un escenario y Guillermo Greco, principal dirigente de la JTP, inició el acto programado:

“Venimos a apoyar, [una ley] que en lo fundamental defiende la unidad del movimiento obrero […] Nuestra presencia aquí no es más que para introducir algunas reformas a la Ley de Asociaciones Profesionales que acaba de ser presentada en la Cámara de Senadores. Nuestra propuesta parte de que consideramos que solo con la democracia se lograrán las organizaciones sindicales fuertes que necesita el General”.37

Tras el acto, una comisión integrada por Greco, dirigentes regionales y el asesor letrado de la JTP, Alberto Montine, ingresó al Congreso. La acompañó un grupo de los diputados del FREJULI: Carlos Kunkel, Armando Croatto y Roberto Vidaña. En el interior del recinto tuvieron una reunión con senadores. Antes de comenzar, el senador Pennisi, quien oficiaba como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, advirtió a la delegación que él sólo consideraba como representaciones auténticas a las cuatro ramas del Movimiento. Con ello le quitaba entidad a la JTP.

Durante casi una hora, la delegación discutió con los ocho senadores explicando que la JTP no era un órgano de reemplazo de las 62 ni de las CGT, y que defendía el proyecto político de Perón. En cuanto a la ley, Greco explicó sus puntos de apoyo y sus disidencias. La discusión se prolongó hasta que se obtuvo la palabra de los senadores de que el proyecto no sería sancionado hasta la asunción de Perón. Luego de ello, la comisión se retiró, anunció a la multitud en la puerta del Congreso que continuaría la campaña de esclarecimiento y se produjo la desconcentración.

Aquí se pone en evidencia un hecho sustantivo, la condición negociada en la reunión: postergar la sanción hasta que Perón sea presidente. Esto lo que vuelve a mostrar es la confianza en que el líder del movimiento rechazaría esta ley, repudiaba a la burocracia y que las intenciones del gobierno de Lastiri le eran completamente ajenas. En breve, esto se mostraría falso.

El mismo día que se produjo esta movilización, las 62 Organizaciones hacían pública una solicitada, con el título “Alerta compañeros Peronistas”. Allí denuncian “maniobras tendientes a crear confusión dentro de las fuerzas del trabajo”, por “una llamada Juventud Trabajadora Peronista [que] renueva su acción disociadora y sus ataque a los hombres que en legítima representación de las bases, tienen a su cargo la conducción de la organizaciones gremiales”. Intentando minimizar su existencia, el texto de la solicitada señalaba que la representatividad de “estos señores” es “absolutamente desconocida para todos los trabajadores argentinos y para la opinión pública en general”, que solo reconocería a la CGT, las 62 Organizaciones y la Juventud Sindical Peronista integrada a la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA).38 La solicitada resulta significativa más que por su contenido, por su existencia. Que las 62 Organizaciones se hayan visto obligadas a hacer público este texto, donde intenta desprestigiar y minimizar a la JTP, da cuenta de que el frente montonero se estaba convirtiendo en un fenómeno con cierta trascendencia pública.

Finalmente, la última y más importante acción que significó la culminación del plan de lucha de la JTP, fue la celebración de un Plenario Sindical. El objetivo era aglutinar a los sectores gremiales que enfrentaban a la burocracia sindical, estaban de acuerdo en repudiar la ley y coincidían con el proyecto esbozado por la JTP. El aliado fundamental en esta acción fue el Peronismo de Base, ligado a las Fuerzas Armadas Peronistas.39 El Plenario fue fijado para el viernes 2 de noviembre a las 18 horas en el Luna Park. La convocatoria se difundió ampliamente en las páginas de El Descamisado y de Ya! Es tiempo de pueblo, mediante volanteadas, afichadas e incluso con un avión comercial que sobrevoló Capital Federal y el Gran Buenos Aires difundiendo la actividad. Las consignas de la convocatoria expresan los aspectos centrales de la crítica a la ley:

“Por la democracia sindical, contra la elección a dedo”, “Por el trasvasamiento contra el enquistamiento de los burócratas”, “Por el fortalecimiento de las organizaciones gremiales contra usufructuar las organizaciones gremiales contra los trabajadores” y “por la defensa de los delegados representativos contra el poder total en manos de la cúpula burocrática sindical”.40

La acción logró aglutinar unas 20.000 personas.41 Cifra sin lugar a dudas significativa, si se tiene en cuenta que la JTP se había lanzado hace apenas unos seis meses. En base a la solicitada con el detalle de convocantes al Plenario, encontramos la adhesión de 88 regionales de sindicatos de Capital Federal, Mar del Plata, Olavarría, Bahía Blanca, Córdoba, Neuquén, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Corrientes, Formosa y Misiones; destacándose UOCRA Bahía Blanca, STILCA Buenos Aires, UTA de Córdoba, Vialidad Nacional de Capital Federal, Mendoza y Misiones, Tabaco de Rosario, ATE de Castelar, Rosario y Córdoba y Asociación Bancaria de Córdoba. Y también más de 200 agrupaciones de todo el territorio nacional adheridas a la JTP. Cabe destacar que, si bien no fueron reconocidos como adherentes, participaron dos organizaciones del trotskismo: el Partido Socialista de los Trabajadores (PST)42 y Política Obrera (PO).43

Inauguró el acto Mario Aguirre –Secretario General de ATE Rosario, quien trabajaba en estrecha vinculación con la JTP–, luego siguió Alberto Canovas –de la Comisión Interna de FIAT Concord–, Jorge Di Pascuale –Secretario General del Sindicato de Farmacia, vinculado al PB–, Custodio Ramallo –Secretario General de ATE Córdoba, primer sindicato conquistado por una lista de la JTP– y, finalmente, el cierre a manos de Greco.

Los primeros cuatro oradores coincidieron en denunciar el Proyecto de modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales como una herramienta de la “burocracia sindical traidora” orientada a introducir, en una ley cuyo espíritu sería coherente con las máximas del peronismo, ciertos artículos afines al imperialismo. Exaltaron la necesidad de profundizar la organización de los trabajadores para defender e impulsar el proceso de Reconstrucción y Liberación Nacional bajo el liderazgo de Perón.

El discurso de cierre de Greco hizo hincapié en tres ejes. Comenzó denunciando una ofensiva general de la burocracia sindical, en la que se inscriben desapariciones y asesinatos de militantes y ataques a “leales” al Movimiento Peronista. Luego, trazó un panorama de lo que ocurriría en caso de aprobarse la ley: la liquidación de toda organización que verdaderamente respondiera a los intereses de la clase obrera. Finalmente, llamó a redoblar el esfuerzo en la construcción de organismos de base.

Con ello, concluyó el acto. No se acordó allí ninguna otra acción de lucha. Solo se confeccionó una carta que sería enviada a Perón para que considerase el tema. La misiva se dirigía a Perón en tanto presidente y en su carácter de “líder indiscutido de nuestro Movimiento”, para hacerle llegar un “aporte al proceso de Liberación y Reconstrucción nacional iniciado por el gobierno y el pueblo en nuestra patria”. Ese aporte, se señala, es el resultado del debate y la discusión del tema en sindicatos y agrupaciones, pues “era imprescindible que fueran los trabajadores mismos, columna vertebral de nuestro Movimiento, quienes expresaran su opinión sin intermediarios respecto del instrumento legal destinado a regir la vida de las organizaciones sindicales”. Seguidamente se enunciaban las ya mencionadas virtudes y defectos de la ley que esgrimió desde un comienzo la JTP, y se cerraba el texto señalando que estaba sometido a su consideración estas “modificaciones esenciales que consideramos importantes introducir en él con el objeto de que sí así lo estimare oportuno las tenga en cuenta en el momento de impartir sus directivas”.44

A partir de este acto, no encontramos nuevas medidas de acción significativas. El 16 de noviembre de 1973 el Senado, tras ocho horas de debate ininterrumpido, dio media sanción al proyecto de reformas al régimen de la Ley 14.455. En el recinto, el proyecto contó con la encendida defensa de Afrio Pennisi, senador santafesino por el FREJULI, presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, secretario general de la UOM Rosario y miembro de las 62 Organizaciones de esa provincia. También lo defendió Oraldo Norvel Britos (quien había sido en los ’60 secretario general de la CGT y de las 62 Organizaciones de Villa Mercedes, San Luis, y delegado de la Unión Ferroviaria). Lorenzo Miguel (secretario general de la UOM y de las 62 Organizaciones), observó todo el debate desde el palco.45

El 29 de noviembre finalmente el proyecto de ley obtuvo su aprobación final en diputados, cuando Ferdinando Pedrini, líder del bloque de diputados del FREJULI, logró los 139 votos para plantear el tema sobre tablas. Curiosamente, contó para ello con los votos de los llamados “diputados de la tendencia”, quienes “Por razones de disciplina […] aportaron sus votos para la obtención de los dos tercios, pero luego no participaron ni en el debate ni en la votación final de la ley.”46 Sucede que la semana anterior, en una reunión de todo el bloque legislativo justicialista, Ricardo Otero defendió los 80 artículos de la ley y advirtió que su aprobación era una directiva del Presidente Perón.

Podría sospecharse de un acto de “traición” por parte de los diputados cercanos a Montoneros. Sin embargo, el mismo día en que se aprobaba la Ley, llegaba a la redacción del diario Noticias una solicitada firmada por la JTP. Allí se señalaba:

“Ante el aval dado por el Presidente de la Nación y Líder indiscutido del Movimiento y la clase trabajadora, el Tnte. Gral. Perón al anteproyecto de Ley de Asociaciones Profesionales, la Juventud Trabajadora Peronista acata los términos de este apoyo de nuestro conductor a dicha Ley”47

Con esto, queda clausurada la lucha contra la Ley de Asociaciones Profesionales. Como puede verse, esa batalla ocupó un rol fundamental en los primeros meses de existencia de la JTP. Una ley que venía a convalidar y reforzar a las conducciones gremiales que el frente sindical montonero combatía en las fábricas, no podía dejarse pasar sin más. Trascendiendo la crítica, la JTP buscó, incluso, promover un nuevo proyecto de ley que intentaba fijar garantías para el respeto de las decisiones de las bases, por la vía de evitar las intervenciones y garantizar una mayor frecuencia de asambleas. En arreglo a ello, estructuró un plan de lucha tendiente a la difusión de ese proyecto entre las filas de los trabajadores. El plan mostró cierta eficacia al lograr aglutinar a buena parte de la oposición a la ley  (PB, PST, PO), lo que quedó de manifiesto en el acto masivo del Luna Park. Pero ese proceso, finalmente, cayó en saco roto al supeditarse toda acción a la decisión de Perón, quien finalmente avalaría la ley y le bajaría el pulgar a la propuesta de la JTP.

Serás lo que has sido 

De la experiencia que hemos analizado, pueden sacarse ciertas lecciones atendibles respecto a la cuestión gremial, la política y las tareas en ese ámbito. Lo primero que corresponde señalar, es la importancia que Montoneros le atribuyó a la batalla política en los sindicatos. Allí debía alinearse a los trabajadores bajo el proyecto del general y combatir a los dirigentes que atentarían con ello. A tal punto llegaba esta concepción de las tareas políticas en el sindicato, que la burocracia era definida no por su falta de “vocación de lucha” en el plano reivindicativo, sino justamente por la capitulación en las tareas políticas. El vandorismo, en su acepción negativa, surgió cuando el líder metalúrgico intentó iniciar un proyecto propio y despegarse del General.

Esto, en rigor de verdad, responde a un planteo muy propio del peronismo, movimiento que no ha tenido ningún prurito en hacer política en los gremios. La burocracia sindical adicta a Perón, particularmente cuando el clasismo amenazó sus posiciones en los ’70, no tuvo reparos en iniciar desde los sindicatos una campaña ideológica en defensa del Movimiento.48 Aquí encontramos, entonces, la primera lección: no hay ningún motivo por el cual los revolucionarios debamos negarnos la posibilidad de agitar las ideas del socialismo en los gremios. Ya sabemos que nuestros enemigos de clase y los reformistas no se privan de ello.

La segunda lección que de aquí puede desprenderse, atañe a la lucha antiburocrática. La JTP asumió esta tarea en los sindicatos. A tal punto que alcanzó a ganar un número importante de comisiones internas (Astilleros ASTARSA, Noel, Bagley, Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, solo por nombrar algunas) e incluso regionales de sindicatos (Ceramistas de Villa Adelina, ATE Córdoba, Madereros de Posadas, Gas del Estado Capital Federal, etc.). Allí llegó, la mayoría de las veces, a partir de la organización de base, impulsando asambleas y denunciando las prácticas burocráticas de las direcciones. Su problema, en definitiva, no estuvo en la ausencia de “honestidad”, “basismo” o “democratismo”.

Su principal déficit, estuvo en lo que señalamos al comienzo: la política que llevó a los sindicatos. La lucha de la JTP encontró su límite en su propio programa que, defendiendo la necesidad de un proceso de liberación nacional para un país que no tenía tareas burguesas pendientes, condujo a una indiscutida subordinación al liderazgo de Perón. En ese punto sí, no ofrecía ninguna alternativa a la burocracia sindical. Esta también se encolumnaba detrás del líder, hablaba de la reconstrucción nacional y de la liberación en enfrentamiento con el imperialismo. Pero, la diferencia radicaba en que los planes del general no requerían la organización de los trabajadores que comenzaban a cuestionar a sus dirigencias sindicales. Muy por el contrario, requería a esas conducciones para contener a la clase obrera y cerrar el ascenso de la fuerza social que cuestionaba el capitalismo. La aceptación del Líder condujo a Montoneros a acatar una ley que significaba un obstáculo a su propia construcción sindical y a acatar a un gobierno que aspiraba a su propia liquidación. Fue el precio pagado por no sacar los pies del plato.


Notas

1Lissandrello, Guido: “Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo ante el Pacto Social (1973-1974). Una perspectiva comparada”, en: Izquierdas nº 13, Universidad de Santiago de Chile, Instituto de Estudios Avanzados, Chile, 2012.

2Juventud Trabajadora Peronista: Lineamientos políticos, septiembre de 1973. El lanzamiento público de la JTP se realizó hacia fines de abril en la Federación de Box. Sin embargo, no cobró forma organizativa ni tuvo su programa propio hasta el encuentro de Rio Ceballos.

3Ídem, p. 1. Todas las citas corresponden a este documento hasta que se indique lo contrario.

4“JTP: ¡A organizar se ha dicho!”, en Ya! Es tiempo de pueblo, 06/09/73.

5Entrevista a Emiliano Costa, realizada por el autor, Archivo Oral del CEICS, 2016.

6Entrevista a Perdía, realizada por el autor, Archivo Oral del CEICS, 2016. En el mismo sentido, Perdía señala que tampoco fue política de Montoneros disputar la estructura electoral del Partido Justicialista, donde tampoco se hizo campaña de afiliaciones ni se presentaron listas en elecciones internas.

7“El discurso de Firmenich”, en: El Descamisado, 28/08/73.

8Entrevista a Perdía, op. cit. (el resaltado es nuestro).

9“El discurso…”, op. cit.

10JTP, Lineamientos…, op. cit., p. 2.

11JTP, Lineamientos…, op. cit., p. 2.

12Ídem, p. 3.

13“Propuestas para el trabajo sindical”, en: El Descamisado, 04/09/73.

14Agrupación Naval Peronista José M. Alesia: A todo el gremio, 1973, p. 1.

15“Propuestas…”, op. cit.

16Alesia, A todo…, op. Cit.

17“Propuestas…”, op. Cit.

18“Cuando la UOM tenía dirigentes peronistas”, en El Descamisado, 12/02/74; “Comienza la traición”, en El Descamisado, 19/02/74; “La muerte del lobo”, en El Descamisado, 26/02/74; “El fraude de los mediocres”, en El Descamisado, 05/03/74; “Miguel quiere ser Vandor”, en El Descamisado, 12/03/74; y, “La lucha de JTP será el fin del Vandorismo”, en El Descamisado, 19/03/74.

19“Vandorismo: la política del imperialismo para los trabajadores peronistas”, en: La causa peronista, suplemento especial, 03/09/74, citado en: Baschetti, Documentos (1973-1976). Volumen II: De la ruptura…, op. cit., pp. 154-177. Todas las citas de este acápite corresponde a este fuente, salvo se indique lo contrario.

20“Comienza la…”, op. Cit.

21Ibídem.

22“El fraude…”, op. cit.

23Esta ley, aprobada en diciembre de 1946, no regulaba específicamente la actividad sindical sino que ratificaba y le daba status de ley a todos los decretos dictados entre el 4 de junio de 1943 y el 3 de junio de 1946.

24Clarín, 26/07/73.

25Clarín, 27/07/73.

26Ídem.

27“La trampa del ‘yerno’ no debe pasar”, en El Descamisado, 16/10/73.

28“Sin los trabajadores”, en El Descamisado, 30/10/73.

29Ídem.

30JTP, Lineamientos…, op. Cit.

31Juventud Trabajadora Peronista: Ley de asociaciones profesionales, 1973.

32Juventud Trabajadora Peronista: Ley de Asociaciones Profesionales (Cuadernillo especial), 1973.

33Entrevista a Guillermo Greco, realizada por el autor, Archivo Oral del CEICS, 2016.

34“Mesas de JTP”, en: El Descamisado, 23/10/73; “Democracia sindical como manda el General”, en El Descamisado, 09/10/73; “‘Queremos democracia sindical’”, en Ya! Es tiempo de pueblo, 11/10/73.

35“JTP y los infiltrados”, en Ya! Es tiempo de pueblo, 11/10/73.

36Siete mil es la cifra que ofrece El Descamisado. Fuentes periodísticas señalan que se trató de “varios miles” (El Litoral, 06/10/73).

37“Para que se termine con la época del dedo”, en El Descamisado, 09/10/73.

38“‘Queremos…”, op. cit.

39Peronismo de Base manifestaba críticas similares a las que realizaba la JTP al proyecto. Su posición puede verse en: “‘Ley de asociaciones profesionales’, el estatuto de la burocracia”, declaración del Peronismo de Base Regional Córboba, publicada en:Liberación por la patria socialista, 19/10/73.

40Convocatoria en la contratapa de El Descamisado, 30/10/73.

41Esta es la cifra que sostiene tanto la crónica de El descamisado (“‘A la lata, al latero, sindicatos peronistas, sindicatos montoneros’”, El Descamisado, 06/11/73), como la de las revistas Ya! Es tiempo de pueblo (“La hora de los trabajadores”, Ya! Es tiempo de pueblo, 08/11/73), Política Obrera (“Es inminente la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales, en Palabra Obrera, 09/11/73) y Militancia peronista para la liberación (“No a la burocracia”, en: Militancia Peronista para la Liberación, 08/11/73) El informe elaborado por el Departamento de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (Archivo DIPBA, Mesa A, Carpeta 37, Legajo 271), ofrece una cifra levemente superior: 22.000 asistentes. El peronista eleva la cifra a 30.000 (“Contra la burocracia”, en: El peronista, tercera semana de noviembre de 1973).

42Archivo DIPBA, Mesa A, Carpeta 37, Legajo 271; Partido Socialista de los Trabajadores: Boletín Interno nº 66, 7 de noviembre de 1973.

43“Unidad de acción contra las reformas a la Ley de Asociaciones Profesionales”, en Política Obrera, 02/11/73; “Es inminente la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales”, en Política Obrera, 09/11/73; Política Obrera: La posición del frente único clasista ante la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales, 1973.

44Ídem.

45Noticias, 17/11/73

46Noticias, 30/11/73.

47Ídem.

48Harari, Ianina y Julia Egan: “De la reforma a la reacción. La burocracia sindical durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)”, en: Sartelli, Eduardo y Marina Kabat: Mentiras Verdaderas. Ideología, nacionalismo y represión en la Argentina (1916-2015), Opfyl, Buenos Aires, 2017.

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