Omisiones de clase – Por Moisés Escobar Bahamondes    

El incendio de Valparaíso como crimen social

Quince fallecidos, once mil damnificados, siete cerros quemados y dos mil novecientas casas consumidas por las llamas. Cifras más, cifras menos, el reciente incendio de Valparaíso evidenció que un evento destructivo recaído sobre una población obrera. Si quiere saber por qué no se trata de una “catástrofe natural”, si quiere saber qué papel juega el capitalismo en todo esto, lea este artículo.

Por Moisés Escobar Bahamondes. Grupo de Estudios Marxistas (Chile)

Quince fallecidos, 11 mil damnificados, 7 cerros quemados y 2900 casas consumidas por las llamas. Cifras más, cifras menos, el reciente incendio de Valparaíso evidenció que un evento destructivo recaído sobre una población obrera, que obedece a causas aparentemente naturales y ajenas al control humano, no pudo ocurrir sin individuos vistos en la necesidad de habitar zonas susceptibles de ser asoladas por incendios forestales. Tanto la experiencia histórica como los informes técnicos demuestran que las autoridades tenían perfecta conciencia del peligro que pendía sobre la población obrera sobrante que colma las colinas de una ciudad al borde del desastre.

Auge y decadencia

Valparaíso, urbe de la costa central de Chile, distante a 120 kilómetros de Santiago, emerge a principios del siglo XIX en el mapa del comercio ultramarino como el puerto más importante de la costa sudeste del pacífico en volúmenes y valor de mercancías, y márgenes de ganancias para las casas comerciales principalmente británicas. Un desarrollo desencadenado por la apertura del libre comercio (1811), la independencia del Perú (1821) como mercado consumidor del trigo chileno y el establecimiento de almacenes francos (1832). El difícil y obligado paso de los navíos a vela y primeros vapores por el estrecho de Magallanes ponía al puerto en una posición estratégica como primera recalada en costas chilenas, salida de exportaciones trigueras, pecuarias y mineras de todo el país y la provincia de Cuyo, y depósito provisional de mercancías. La ciudad puerto tuvo especial auge con la fiebre del oro en california (1848) y Australia (1851), el descubrimiento de mineral de plata en atacama (1832), y los efectos del ferrocarril que la unió tempranamente a la capital (1863).

El desarrollo del puerto atrajo población del interior agrario y el extremo minero del país, principalmente proletarios agrícolas, arrendatarios arruinados y ex obreros del salitre desempleados por la desaparición de dicha industria después de su crisis en 1914. Los mayores salarios y expectativas materiales que ofrecían la actividad portuaria, sus ramas auxiliares como ferrocarriles, y una incipiente industria de medios de consumo (alimentos, textiles, tabaco) contribuyeron al crecimiento del censo urbano. Si en 1835[1] el censo contabilizaba en 24.316, en 1920[2] ascendía a 190 mil. Valparaíso en menos de una centuria había multiplicado su población por ocho. El espacio geográfico de la bahía homónima caracterizada por un relieve elevado y accidentado que cae abruptamente al mar, surcado por fuertes vientos y tapizado de bosques y matorrales, se pobló masivamente de obreros de distintas ramas de un modo absolutamente inorgánico hasta literalmente alcanzar la punta del cerro.

La apertura del canal de Panamá (1914), la crisis mundial de 1929, la competencia del trigo argentino, californiano y australiano, la construcción del puerto de San Antonio, y la quiebra de la mayoría de las industrias asentadas en el puerto durante la segunda década del siglo XX, determinaron el estado de decadencia que impera en la actualidad. Las boscosas zonas altas y quebradas aledañas a los cursos de agua que se forman por la lluvia, se poblaron por desempleados crónicos, comerciantes ambulantes, obreros eventuales del puerto, la pesca y la construcción. Valparaíso se transformó en un enorme reservorio de población obrera sobrante, perpetuándose entre las comunas chilenas con mayor desempleo superando las dos cifras, con una desocupación siempre superior a la media del país.

El problema de la vivienda obrera en Chile y Valparaíso

Desde el retorno de los gobiernos civiles en 1990, la política estatal de vivienda para la población obrera sobrante gira en torno al concepto de “solución habitacional”. El Ministerio de Vivienda encarga a empresas constructoras privadas el erguimiento en masa de casas individuales o bloques de departamentos entre 40 y 50 metros cuadrados en la periferia de las ciudades en terrenos baratos. Generalmente, de uso agrícola o terrenos baldíos. La adquisición se efectúa por medio de subsidios que requieren de ahorro previo. Muchas de estas familias fueron erradicadas de campamentos asentados en terrenos caros, posterior objeto de crecimiento inmobiliario. Esta política manifestó, en 1997, su carácter de crimen social con las casas COPEVA que no resistieron las primeras lluvias tras su entrega a las familias, frente a lo cual el Ministerio respectivo no encontró mejor solución que cubrirlas con capas de nylon.

Tanto en Valparaíso como los sectores altos de la aledaña Viña del Mar, esta política de vivienda para la población obrera sobrante para el capital no tuvo masividad esencialmente por lo abrupto de la geografía, la baratura del suelo y la magnitud de asentamientos informales generalmente tomados sobre los que se erigen los enjambres de casas de materiales ligeros. Los municipios se limitaron a regularizar la posesión con títulos de propiedad, sin invertir en ensanchamiento de calles y avenidas para el paso de carros de bomberos, ni redes de agua y grifos de emergencia; elementos contribuyentes a que el incendio no pudiera ser sofocado sino 4 días después de iniciado. Las zonas siniestradas corresponden en parte a este primer patrón de asentamiento más reciente, y por otra, a uno regularizado y cimentado en materiales durables como ladrillo o cemento, caracterizado por la compra de grandes lotes de hacendados por cooperativas de obreros llegados al puerto en la primera mitad del siglo XX, vinculados inicialmente a la actividad portuaria o industrias porteñas.

Omisiones de clase

Tanto por la experiencia histórica acumulada, como por los informes técnicos de agencias de emergencia y universidades, las autoridades estatales y locales estaban absolutamente conscientes de la potencialidad de un siniestro devastador en los cerros de Valparaíso.

En la última década, la frecuencia y devastación de los incendios forestales en el límite urbano de Valparaíso se ha multiplicado. En enero de 2008, un incendio que se inició como forestal asoló la parte alta del cerro La cruz, también siniestrado este 2014, dejando 334 familias damnificadas, 4 muertos, 50 heridos y 70 casas destruidas. En febrero de 2013, un incendio provocado por faenas de soldadura de una empresa constructora en una boscosa quebrada, devastó la medianera de los cerros Delicias, Rodelillo y Los placeres, dejando más de 1000 damnificados, 19 heridos y 150 casas quemadas.

Según los informes de CONAF[3], del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y el Laboratorio de Incendios Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile[4], las causas del aumento de la frecuencia y efectos de los incendios se debe al ascenso de temperaturas, la larga sequía que asola la zona central, el monocultivo de Pino Radiata y Eucalipto que secan las capas freáticas facilitando el paso del fuego, la proliferación de microbasurales y la nula planificación urbana de la ciudad y sus alrededores. En 2012, el arquitecto Uriel Padilla estableció en su tesis de magister un ranking de riesgo por cuencas en Valparaíso, y el sector siniestrado fue calificado como el más riesgoso.[5] Según el presidente de la Federación nacional de sindicatos regionales de CONAF Daniel Ariz, el informe de CONAF recomienda en el caso de Valparaíso construir cortafuegos y erradicar basurales. Sin embargo, y como ha sido la tónica de los últimos años, nada se ha hecho, aduciendo las autoridades comunales, provinciales y regionales la falta de financiamiento. A la vez, denuncia que el número de brigadas regionales se reduce cada 31 de marzo de 20 a 11, lo que representa un despropósito teniendo en cuenta que la sequía y el aumento de temperaturas extienden la temporada de incendios forestales hasta el inicio de las lluvias invernales.[6]

Manejo negligente de la catástrofe

Como voluntario, el autor de esta nota ha percibido en primera persona el modo como el Gobierno y sus instituciones han actuado. A parte de las visitas de autoridades y promesas de reconstrucción, la presencia del Estado es esencialmente militar. El despliegue de fuerzas represivas en el sitio siniestrado, habilitado por el decreto de zona de emergencia, abarca 3.000 efectivos del ejército y la marina, y un nutrido contingente de carabineros.[7] En cuanto a su presencia sanitaria, más allá de las unidades de atención primaria móvil, no existe. Como botón de muestra, las vacunas antitetánicas imprescindibles para remover hojalata oxidada se agotaron inmediatamente.

Las labores de remoción de escombros, atención de salud, vestido y alimentación han sido soportadas exclusivamente por estudiantes universitarios y trabajadores voluntarios provenientes de distintas partes del país. En los cerros se escucha una sola voz motivada por la experiencia de años de abandono: “solo el pueblo ayuda al pueblo”.

Las recientes modificaciones en el plan regulador de la comuna cambiaron la zona siniestrada de uso forestal a uso inmobiliario. Algunas estimaciones hablan de plusvalías que oscilan entre 50% y 4.000% en el valor de la tierra. La burguesía local, especialmente el grupo Cruzat, propietario de extensas franjas forestales en la periferia de Valparaíso, tiene intereses en la zona por megaproyectos de desarrollo inmobiliario destinados a sectores acomodados. Bachelet no ha descartado expropiaciones.

Crimen social

La regularización de la posesión en terrenos colmados de malezas, sin inversión pública que asegure una mínima capacidad de respuesta, no obedece a una política de este o cual partido. Al contrario, junto con la solución habitacional son dos formas de contención de la población obrera sobrante en Chile. El Estado no invierte porque para el capital no es necesaria su reproducción al nivel del valor de la fuerza de trabajo. Al contrario, persigue su contención como ejército de reserva y masa pauperizada susceptible de ser cohechada con bonos y subsidios para ganar elecciones.

No puede negarse que la planificación urbana, la construcción de cortafuegos eficaces, vías de evacuación temprana, vías húmedas, y la adquisición suficiente de avionetas y helicópteros cisterna, hubieran evitado muertes y destrucción material. Empero, el “si hubiera” es historia ficción, porque efectivamente ninguna medida se adoptó pese a los nutridos antecedentes que advertían lo que se vino encima de los porteños. Al contrario, lo que debemos develar desde la ciencia son los factores que hicieron del incendio una catástrofe inevitable bajo relaciones sociales capitalistas, y por consiguiente constituye un crimen social de la burguesía.

Notas

[1] Véase http://goo.gl/tPDzwq.

[2] Véase http://goo.gl/ovhcqY.

[3] Corporación Nacional Forestal.

[4] Véase http://goo.gl/AfFBE9.

[5] Véase http://goo.gl/lr06A9.

[6] Véase http://goo.gl/I9DBZr.

[7] Policía uniformada.

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