Nota de Stella Grenat sobre el asesinato de Rucci y la causa judicial. En Tiempo Argentino.

EzeizaLa criminalización de la militancia

Por Stella Grenat

El asesinato de Rucci, nunca asumido por ninguna organización, siempre fue vinculado a Montoneros y considerado un hito en el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista.

El 25 de septiembre se cumplió el 38º aniversario de la muerte de José Ignacio Rucci, máximo dirigente de la UOM y, desde 1970, secretario general de la CGT. Como todos los años, se realizó una misa en su nombre en la catedral metropolitana con la presencia de sus familiares y de dirigentes sindicales como Gerónimo Venegas.

Este aniversario viene de la mano de novedades en la causa reabierta en el año 2008, a raíz de supuestas nuevas evidencias aparecidas en el libro Operación Traviata, de Ceferino Reato. Ese año, la familia de Rucci comenzó una investigación que condujo al reciente pedido, formulado al juez federal Ariel Lijo, para que cite a declarar a 13 militantes montoneros que habrían participado del asesinato, entre ellos a sus máximos: Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja. La lista incluye al actual diputado Miguel Bonasso y al director de la Biblioteca Nacional, Horacio González.

A pesar de su trascendencia, lo importante de este avance no es el status de los demandados ni el intento por probar la responsabilidad de Montoneros en el asesinato del líder sindical. Lo verdaderamente central es el interés por considerarlo un crimen de lesa humanidad. La querella sostiene este argumento afirmando que, en el momento de los hechos, algunos de los hoy requeridos revistaban como funcionarios del gobierno peronista, razón por la cual el deceso contaría con la anuencia del Estado.

Un paso fundamental para desentrañar esta maniobra es recordar que el asesinato de Rucci, nunca asumido públicamente por ninguna organización, siempre fue vinculado a Montoneros y considerado un hito en el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista. Enfrentamiento que terminaría con la ruptura total entre Perón y su otrora “juventud maravillosa”. ¿Por qué? Porque Rucci fue, junto al siniestro López Rega, una de las cabezas de la derecha peronista responsable, entre otras cosas, de la masacre de Ezeiza ocurrida el 20 de junio de 1973. Luego de su muerte, los sectores que representaba el líder sindical se consolidaron y constituyeron en la base desde la cual Perón y la Triple A sanearon a sangre y fuego las filas de su movimiento. El jefe de la burocracia cegetista fue considerado siempre una baja de la “derecha” provocada por la “izquierda” del mismo movimiento. De este modo, la muerte de Rucci se inscribe en el marco de la lucha de clases del período en cuestión, lucha que partió al medio al peronismo. No estamos, entonces, frente a un acontecimiento ocurrido entre individuos aislados, sino ante el enfrentamiento entre sujetos insertos en una trama social que explica y otorga sentido a sus acciones. Si perdemos esta perspectiva y sustraemos a los sujetos de sus determinaciones sociales más generales, legítimamente podrá preguntarse por qué no sentar en el banquillo de los acusados a San Martín o al Che Guevara. Sin embargo, lo cierto es que ni siquiera importa cuántos sucumbieron en sus manos.

Partir de estas consideraciones permite comprender por qué lo que verdaderamente importa no es si Montoneros mató o no a Rucci, sino que la pregunta que se impone es si hay o no hay que juzgar a los militantes que se levantaron contra el régimen en aquellos años.

Lejos de este enfoque, el rumbo que está tomando la causa Rucci pretende equiparar militancia revolucionaria con acciones genocidas. Inmersos en la teoría de los dos demonios insisten con que “los guerrilleros fueron terroristas”.

Y, en este caso, les viene al dedillo para justificar su pedido de juzgar el hecho como crimen de lesa humanidad, que algunos de estos “inefables terroristas” ocuparan cargos públicos.

Sin embargo, el hecho de que el derrotero de esta causa dé cuenta de la vigencia de lo más recalcitrante de la derecha no debe ocultar que, también, desnuda los límites de una política de Derechos Humanos que termina habilitando que luchadores y asesinos sean metidos en la misma bolsa de genocidas. ¿Cómo se llegó a este punto? La explicación debemos buscarla en la noción de ciudadano sobre la cual se construye nuestro sistema actual de justicia. Una noción abstracta que omite toda referencia material de dichos ciudadanos que, sólo así, alejados de tales determinaciones, son pasibles de ser juzgados con la misma vara.

Repetimos, la discusión no es si Montoneros mató o no, ni si se está de acuerdo o no con el asesinato de Rucci. No, la discusión que se abre con este caso es más profunda e involucra la naturaleza misma de las instituciones de un Estado que toma en sus manos la tarea de juzgar a quienes lo cuestionaron. Aquí se encuentra el eje principal del caso Rucci: abre un camino que, de seguirse, no sólo promueve juzgar a cientos de hombres y mujeres que se entregaron a la lucha en los ’70, sino que sienta un temible precedente para los luchadores de hoy.

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