Nota de Gonzalo Sanz Cerbino sobre el fallo que permitió la liberación de “Callejeros” y de los funcionarios porteños. En Tiempo Argentino (08/08/2014)

OPINIÓN

Una condena injusta

El fallo de la Corte que permitió la liberación de Callejeros y los funcionarios porteños condenados por el crimen de Cromañón no merece mayor comentario. Salieron por un tecnicismo, ya que toda condena debe ser revisada por un segundo tribunal, pero nunca se puso en cuestión el fallo original que los mandó a la cárcel. Sin embargo, el revuelo mediático y las opiniones encontradas ameritan volver sobre una pregunta crucial: ¿es culpable Callejeros?

Por Gonzalo Sanz Cerbino

El fallo de la Corte que permitió la liberación de Callejeros y los funcionarios porteños condenados por el crimen de Cromañón no merece mayor comentario. Salieron por un tecnicismo, ya que toda condena debe ser revisada por un segundo tribunal, pero nunca se puso en cuestión el fallo original que los mandó a la cárcel. Sin embargo, el revuelo mediático y las opiniones encontradas ameritan volver sobre una pregunta crucial: ¿es culpable Callejeros?
La “condena mediática” sobre Callejeros se basó en que el grupo supuestamente promovía el uso de pirotecnia en sus recitales. La culpa, por extensión, recaía entonces sobre el público, que accionó las bengalas que ocasionaron el incendio. Algo que los propios familiares y sobrevivientes cuestionaron: “ni la bengala, ni el rocanrol”. Es que la pirotecnia era un elemento secundario en el hecho. Sin la sobreventa de entradas, que generó una aglomeración de público que impidió la correcta evacuación, no hubiera habido 194 muertes. Si las salidas de emergencia hubieran funcionado correctamente, tampoco. Sin materiales inflamables y tóxicos en paredes y techos, ni siquiera se producía el incendio. En cambio, la bengala podría haber no existido y se habría llegado al mismo resultado: por un cigarrillo o por un cortocircuito.

La condena legal a Callejeros, sin embargo, pasó por otro lado. El fallo condenatorio emuló su responsabilidad a la de Chabán, el empresario que regenteaba el local, considerándolos socios. La responsabilidad empresaria era clara: Chabán, para aumentar sus ganancias, omitió cumplir las normas de seguridad, poniendo concientemente en riesgo la vida de su público. Sin embargo, la banda no era su socia, y por lo tanto no les cabía la misma responsabilidad. En el negocio del rock, las bandas aparecen formalmente asociadas a los dueños de locales en tanto cobran un porcentaje sobre las entradas vendidas. Sin embargo, la posición de una banda chica, que recién empieza, no es la misma que la de una banda con mucha convocatoria. Esta última podrá imponer sus condiciones al dueño, mientras que la primera tendrá que aceptar lo que le ofrezcan. Callejeros estaba a mitad de camino entre una y otra, y no tenía aún la capacidad de imponer al dueño de local condiciones o exigencias. Tocaron en un local que no les pertenecía, con materiales inflamables, sobreventa de entradas y salidas de emergencia inhabilitadas. Pero ellos no decidieron poner el local en esas condiciones, fue Chabán.

La justicia sostiene que Callejeros debió haber sabido que el local no estaba en condiciones, pero ¿por qué debían saberlo? El local funcionaba todos los fines de semana, desde hacía casi un año, sin que ningún inspector municipal lo multara o clausurara. El local publicitaba sus recitales en los principales medios, pero no recibía ninguna inspección. Su gerenciador era uno de los empresarios más renombrados del mundo del rock. La banda no tenía por qué desconfiar: el gobierno porteño respaldaba, por acción u omisión, las condiciones del local. Y aquí aparece la otra pata del problema: para que estos empresarios, que priorizan su ganancia a la seguridad de su público, existan, hace falta un Estado que haga la vista gorda. En la Ciudad de Buenos Aires, como lo demostraron las clausuras posteriores a Cromañón, decenas de boliches funcionaban en las mismas condiciones. Y no es que la situación no se conociera: había sido denunciada por la prensa, la Defensoría del Pueblo, por la justicia y la Legislatura porteña. El propio Aníbal Ibarra fue advertido de ella por el defensor adjunto Atilio Alimena, pero no hizo nada. Bajo su gestión, el cuerpo de inspectores municipales fue desmantelado, vaciado de recursos y condenado a la más absoluta inutilidad. Un gran favor a la “burguesía bolichera”, que seguía embolsando dinero sin reparar en los riesgos de la situación. Sin embargo, mientras que sus funcionarios fueron condenados a penas menores, Ibarra ni siquiera fue llamado a declarar. Hoy, sin empacho, el “amigo Aníbal” lanza su candidatura a jefe de gobierno porteño.

La injusta condena a Callejeros, en su momento, operó como prenda de cambio para aplacar a los padres más movilizados. Ibarra no iba preso, pero por lo menos Callejeros y Chabán sí. La historia se repite hoy: las tapas de todos los diarios se indignan con la liberación de Callejeros, pero nadie objeta que el máximo responsable de Cromañón hoy intente postularse nuevamente al cargo que ocupaba al momento en que este crimen social nos dejó 194 muertos.

*Doctor en Historia, docente de la UBA y becario del CONICET, autor de Culpable. República Cromañón, 30 de diciembre de 2004.

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