Ni golpe ni elección: Socialismo – Nicolás Grimaldi

Imagen3-GrimaldiVenezuelaLa salida del bonapartismo en Venezuela 

Venezuela refleja una problemática común de América Latina, desarmar los bonapartismos en un contexto de crisis económica. Para no caer en el juego del “mal menor”, la clase obrera debe convocar a un congreso para discutir una salida revolucionaria.

Nicolás Grimaldi

Grupo de Análisis Internacional


Los primeros años de la década pasada, fueron testigos de la aparición y ascenso de una fuerza social revolucionaria que recorrió América Latina. No logró imponerse, aunque tampoco fue destruida, produciendo un empate entre las clases sociales, lo que permitió el surgimiento de bonapartismos que lograron hacer equilibrio entre las clases, apoyándose en el aumento del precio de las comodities. Hoy en día asistimos al escenario de desarme de esos regímenes, en el contexto de una crisis económica. Esto presenta un problema grave para las burguesías locales que, por un lado, deben desarmar la fuerza social que la enfrenta, mientras que, por el otro, debe relanzar la acumulación de capital. Ambas tareas deben ser realizadas casi simultáneamente y sin contar con los ingresos provenientes de la renta. En el siguiente artículo, analizaremos como se desarrolla esta situación en Venezuela.

Ajustando bajo la crisis 

Los que justifican el apoyo a los bonapartismos, fundamentan su posición en que su caída implicaría la llegada de una derecha que viene a hacer lo que estos gobiernos no hicieron, es decir, ajustar. Veamos entonces si el gobierno venezolano ha llevado a cabo o no un ajuste. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros realiza un seguimiento mensual de la canasta básica familiar, que incluye alimentos, bienes y servicios. Según este estudio, esta había alcanzado los 139.273,68 bolívares en diciembre.1 En febrero, aumentó a 176.195,4, un 12% más, mientras que en marzo llegó a 203.943,95, un crecimiento del 15,2%, con una variación anual del 480,6%. En abril pasó a 256.146,79, un 25,6% más, y un 574,8% anual. Según los datos oficiales proporcionados por el BID, desde el 2007 a la fecha, la inflación creció un 804%. De esta manera, hoy en día, un obrero venezolano necesita más de ocho salarios mínimos para vivir.  Por otra parte, si tomamos los datos oficiales brindados por INE y el BID, podemos calcular, de manera conservadora, que el salario mínimo real cayó un 51% desde el 2012. A su vez, el PBI pasó de tener un crecimiento casi nulo en el 2013, a caer entre un 3 y 4% en el 2014, y un 11% para el 2015. Más aún, para el 2015 se registraron 1.046.523 obreros desocupados (7,4%), 5.314.801 (40,5%) en el sistema informal, 2.666.394 (12%) figuran como población inactiva por ser estudiantes, mientras que 3.234.333 (14,63%) aparecen como personas dedicadas a los quehaceres del hogar.2 Es decir, se puede estimar que un 55,45% de la población venezolana se encuentra en la situación de sobrante para el capital, con una cobertura decreciente. Esta situación derivó en una verdadera crisis social, que pone sobre la mesa el fracaso del chavismo. El desabastecimiento obliga a la clase obrera a realizar largas colas para conseguir lo necesario para el día. En una de esas colas, esperando la distribución de alimentos del programa estatal MERCAL en Guatire, murió una niña de 4 años luego de que un motoquero no identificado disparara, dejando 10 heridos. Otra persona murió también en San Cristóbal, Táchira, intentando huir de la represión a una manifestación exigiendo alimentos, mientras otros 16 manifestantes fueron detenidos. Luego se sumarían dos muertes más en manifestaciones por alimentos en Petare y Sucre. Además, se han reprimido protestas en Mérida, Aragua, Trujillo, Bolívar y Miranda. Todo esto solo en el mes de junio, mientras que existen cifras que indican que hubo 145 saqueos desde febrero.3 En la Venezuela chavista, tratar de comer se ha vuelto una actividad peligrosa.

Maduro se pinta la cara

En este contexto, el chavismo ha sancionado un “Estado de Excepción y de Emergencia Económica”, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este decreto, otorga mayor poder a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los distintos organismos de seguridad para mantener el orden público y distribuir alimentos. Por otra parte, se atribuyen funciones de vigilancia y organización a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), consejos comunales, y demás organizaciones de base, para que cooperen con las fuerzas militares y policiales. Es decir, se les da un rol y jerarquía militar al oficialismo y se determina que el presidente puede tomar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública. Por lo tanto, cualquier movilización que no apoye al gobierno puede ser reprimida. También permite suspender las sanciones de carácter político contra las autoridades del Poder Público y los funcionarios, cuando puedan “obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas referidas a la crisis económica y social”. Un funcionario que haya robado a la clase obrera, podrá mantenerse en su cargo e influir sobre las decisiones. Es decir, el gobierno de Maduro busca blindar y proteger a su personal político más cercano. Además de lo mencionado, el decreto permite al gobierno sancionar medidas que garanticen una mayor participación del sector privado en los procesos productivos fundamentales, facilitar trámites de aprobación de recursos adicionales para el abastecimiento de bienes de primera necesidad, y recibir apoyo de organismos nacionales e internacionales -así como del sector privado nacional-, para la recuperación del sistema eléctrico. O sea, su privatización. Por último, establece que el Banco Central puede fijar “límites máximos de ingreso y egreso” de efectivo, así como restricciones a operaciones financieras y eximir de trámites cambiarios legales a entidades públicas y privadas para agilizar la importación de bienes e insumos “indispensables para el abastecimiento”. Es decir, el gobierno se reserva el derecho a poder decretar un “corralito” sobre los ahorros obreros (los que no tienen cuentas en el exterior, ni propiedades), mientras que las empresas privadas pueden recibir dólares para importar sin cumplir con los requisitos legales (cualquier parecido al blanqueo de Macri no es pura coincidencia). Como podemos ver, el gobierno de Maduro busca dirigirse hacia un “autogolpe”, quitándole peso a la Asamblea Nacional, dándole más poder e injerencia a las fuerzas armadas, otorgándole status militar a las organizaciones sociales pro gobierno, y determinando discrecionalmente quiénes pueden recibir dólares, reforzando a la boliburguesía.4

Por su parte, la oposición burguesa juega la carta institucional. El pasado 2 de mayo, entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) 1,9 millones de firmas, cerca del 13% del total de votos emitidos en las últimas elecciones, para pedir la activación de un revocatorio contra Maduro. Este número de firmas significa nueve veces más que el número de rúbricas exigido como requisito. La auditoría de esas firmas concluyó el 2 de junio, momento en que el CNE debía convocar a unos 200.000 interesados a validar su rúbrica, para que luego, la MUD recaude cuatro millones de firmas. La oposición está esperanzada en realizar la consulta antes del 10 de enero de 2017, ya que, luego de esa fecha, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por Maduro. Es decir, la oposición no tiene mayor apuro. Sin embargo, el CNE invalidó 605.757 firmas, el 30,9% del total, por lo que la oposición convocó a la validación de las firmas aceptadas, y a una movilización. La oposición ha logrado realizar al menos cuatro  protestas en el último mes hacia el CNE, lo que obligó al TSJ a prohibir las manifestaciones no autorizadas a las sedes del organismo.

Como vemos, la oposición venezolana ha optado por sostener una estrategia institucional, en lugar de apelar a la acción directa, como hizo en el 2002. Seguramente, incide en esta decisión el que ya no controla plenamente a las FF.AA. En este punto coinciden con FEDECAMARAS ya que, Aquiles Martini Pietri, vocero de la corporación, sostuvo que un cambio de gobierno no es lo más importante, sino generar confianza para atraer inversiones. Ricardo Cusano, representante del sector Turismo, sostuvo que “no hacen política partidista”, aunque apoyan los mecanismos constitucionales para cambiar el rumbo político y que “se decida en las urnas” para evitar la conflictividad social. Lo que podemos observar, es que la oposición sabe que una salida golpista difícilmente pueda sostenerse en el tiempo, más aún en un contexto de crisis económica. Es decir, no quiere profundizar la crisis, para evitar el proceso que vive Brasil. Apelan al “modelo argentino”: una victoria electoral contundente que le dé suficiente legitimidad por el tiempo necesario para realizar una reestructuración política y económica profunda. Un proyecto que no será fácil de implementar, aún con los votos. El “modelo argentino” es una evidencia de eso.

Cambiar las reglas

El chavismo busca blindarse reforzando las FANB, militarizando su base social, restringiendo las protestas en nombre del orden público, y protegiendo a su personal político. Ya demostró que no lo tiembla el pulso para reprimir a los que exigen alimentos. La clase obrera no puede permitir que a la expropiación económica, se le cercenen sus derechos políticos. Hay que exigir la restitución inmediata de todas las libertades democráticas para los trabajadores y el cese del racionamiento: todo el mundo tiene que acceder a los bienes elementales. La oposición, por su parte, viene a ajustar y apuesta al desgaste chavista. Quiere liderar la oposición para subir y hacer lo mismo. Por eso espera las elecciones que le den cierta legitimidad, al menos circunstancial. Solo ante la profundización de la acción directa de la clase obrera saldrán a encabezar un golpe que impida que la calle desarrolle sus propios organismos.

La clase obrera tiene que echar a Maduro. Ella misma, sin esperar nada del MUD, ni de sus métodos. Porque nada va a cambiar si el poder permanece en manos de la burguesía. O sí, pero para peor. Por eso, el primer paso es realizar un congreso de todos los obreros (ocupados y desocupados), de todos los colectivos críticos, para discutir una salida a la crisis económica  política de Venezuela. Allí hay que trazar un plan para ir, de una vez por todas, por lo que nos prometieron durante más de una década y nunca nos dieron: el Socialismo.

 

NOTAS

1El Nacional, 25/01/2016; El Tiempo, 21/01/2016.

2Base de datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); “Encuesta de Hogares por Muestreo. Situación de la Fuerza de Trabajo. Informe semestral. 1er semestre del 2015”, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

3ABC, 14/06/2016.

4Gaceta Oficial, N° 6.227 extraordinario, 13 de mayo del 2016, Caracas. Disponible en http://goo.gl/y0h93g.

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