NACIONAL – Operativo Aprender: más allá del boicot

Por: Rocío Fernández

El 7 de noviembre se llevó a cabo el operativo Aprender 2017 en todo el país, pese al rechazo de numerosos sindicatos. Los más combativos llamaron al paro (ATEN/Neuquén, ADOSAC/Santa Cruz y las seccionales Multicolor del SUTEBA), otros se limitaron al boicot (ADEMyS, Amsafe). Mientras, los sindicatos como el SUTEBA de Baradel y UTE lanzaron apenas comunicados de rechazo, lo mismo que hizo la CTERA. Los datos son provisorios pero todo parece indicar que las medidas de fuerza tomadas por los sindicatos tuvieron menor impacto respecto al año pasado. En Santa Cruz el 70% de los alumnos fueron evaluados mientras que en 2016 sólo se alcanzó un 40%. En Neuquén el acatamiento al paro fue alto, llegando a un 80%. Sin embargo, según Cristina Storioni, Ministra de Educación de Neuquén, la muestra abarcó alrededor de 18.000 estudiantes y 1.000 secciones (o aulas), guardando representatividad. Esto parece indicar un logro para el gobierno si recordamos que el año pasado solamente un 35% de los estudiantes pudo ser evaluado. La provincia de Buenos Aires y CABA merecen un párrafo aparte. Las seccionales del Multicolor de SUTEBA de La Matanza, Ensenada, Marcos Paz, Escobar y Tigre decidieron hacer paro con movilización. Según Romina del Plá, el 75 % de los docentes acataron el paro y sólo un 30% de los alumnos se sometieron a las pruebas en La Matanza. No obstante, según los datos oficiales un 95% de los alumnos participaron de las evaluaciones en toda la provincia de Buenos Aires superando el 85 % del año pasado. Aquí la pérdida de La Plata por la oposición aparece como un dato a tener en cuenta. En la Ciudad de Buenos Aires, Ademys adoptó la estrategia del boicot, la que implicó el llamado a los docentes a negarse a ser aplicadores, a los alumnos a rechazar la prueba o bien, que las familias no envíen a sus hijos a las escuelas el día del test. Ademys afirmó que el rechazo fue de un 50%. Desde el gobierno informaron, con la mitad de las escuelas relevadas, que la participación fue cerca de un 70%. Igualmente, si tomamos sólo los datos de Ademys, la medida del boicot tuvo un éxito menor comparándola con el año pasado, donde habían contestado el 37,4% de los chicos de la primaria estatal y 44,1% de la secundaria pública, por lo que resultó ser una muestra no representativa por no superar el 50 %. En resumen, según los datos arrojados por el gobierno y por los propios sindicatos las medidas de lucha no impidieron que el operativo Aprender se realice. Es más, tuvieron un menor alcance respecto al 2016. Conclusión: la estrategia del boicot muestra sus límites y se desinfla.   Más allá del rechazo   La estrategia de los sindicatos clasistas fue obstaculizar una acción -el boicot es eso- y, para ello, recurrieron al paro. Convengamos, se trata de una acción defensiva que, para peor, culmina el día del operativo. Ello no implica que el boicot no se sostenga con argumentos. Los sindicatos denunciaron a las evaluaciones por estandarizadas y externas, es decir, por eludir las trayectorias de cada uno de los estudiantes que sí son consideradas por los docentes; o sus métodos (el repudio al multiple choice). Las pruebas servirían para culpabilizar a los docentes, para vaciar a la escuela pública, favoreciendo a la privada y generarían negocios. Quienes convocaron al paro agregaron el rechazo a la reforma educativa, laboral y previsional. Dejemos de lado por un momento esos argumentos. Lo que está claro es que la estrategia del boicot no parece estar creciendo año a año sino más bien lo contrario. Además, buena parte de los planteos de fondo son contradictorios con los postulados defendidos por el sindicato. Si los docentes luchamos por una educación centralizada no podemos criticar a las pruebas por estandarizadas. O acaso ¿no estamos defendiendo que todos los estudiantes tengan un conocimiento básico en áreas como lengua y matemática? La contradicción salta a la vista y parece ser reemplazada por la defensa de la condescendencia pedagógica. Que el gobierno saque conclusiones con las pruebas sobre la calidad de las privadas es algo que deberíamos discutir. O acaso, ¿los docentes no trabajamos para ambas gestiones? El castillo se derrumbaría si desagregaran la información por localidad. ¿O vamos a suponer que la parroquial de Lugano, que atiende casi a la misma población que la pública, rinde mejor que la estatal de la vuelta? Es predecible que las aprender arroje malos resultados. Pero los docentes no tenemos la culpa, sino el Estado y la clase que nos gobierna. Tenemos que adueñarnos de esos resultados para responsabilizar al Estado que degradó la educación poniendo en marcha la descentralización educativa, Ley Federal, La Nueva Secundaria, la del futuro y el Fines 2. Con o sin pruebas, los problemas seguirán estando allí. La pregunta que deberíamos hacernos es si vamos a esconder la cabeza o pasaremos a la ofensiva. Por eso, la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro llama a un congreso de educadores en el marco de un plan de lucha para discutir las verdaderas causas de la degradación. Una de las formas posibles para empezar a reagruparnos y salir de entre las cuerdas.

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