Nac & anti-pop. La ANSES, el 82% móvil y los límites del reformismo.

Emiliano Mussi
OME – CEICS

El gobierno finalmente vetó la ley del 82% móvil. Esta medida profundamente anti-popular tiene, sin embargo, un carácter muy pedagógico: muestra los límites sobre los que se alza esta experiencia reformista. El 82% móvil no es posible sin afectar intereses de los capitalistas. El gobierno lo sabe, y frente al veto, queda demostrado a qué clase social defiende. La oposición se contenta porque en ningún momento quiso hacer efectiva la medida. Para colmo, si se observan los niveles de haberes de las jubilaciones y pensiones, lejos están de su mejor momento, como el gobierno intenta hacer creer. De hecho, si se pensaba que la estatización de la ANSES avanzaba en ese sentido, es todo lo contrario. En efecto, luego de dos años de haber estatizado el sistema de jubilaciones, mantiene la misma estructura que el anterior sistema de AFJP. Más de la mitad de los fondos de la ANSES sigue estando en títulos públicos, es decir, papeles que difícilmente se cobrarán. El resto está puesta en la participación accionaria de las mismas empresas que tenían las AFJP, activos de capitales nacionales de ineficiencia probada. Expresión de esta incapacidad es el veto presidencial. Por su parte, las soluciones “progresistas” de Pino Solanas y el Frente Sur no superan las audacias del gobierno.

La ANSES (o cómo los jubilados de mañana estarán peor)

Todo trabajador vende su capacidad de trabajar a un capitalista para poder vivir. A cambio, recibe el precio de su fuerza de trabajo: un salario. Con éste el obrero debe comprar lo necesario para estar en condiciones renovadas todos los días: alimentarse, vestirse, pagar el alquiler, etc. Y no sólo para él, sino para toda su familia, incluyendo un fondo de reserva para cuando, al final de su vida, ya no tenga la capacidad de trabajar. En ese sentido, la jubilación no es otra cosa que un salario diferido. Es una porción de la masa de riqueza que el trabajador genera durante su actividad laboral, que no la consume de inmediato, sino al final de su existencia. Este fondo no lo acumula cada trabajador individual sino que lo garantiza el Estado, a través del sistema de jubilaciones, en el caso argentino actual, a través de la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social. En diciembre del 2008, se establece el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que pone fin al régimen de capitalización conducido por las AFJP, implementado por el gobierno menemista en 1993. De esta manera, se estatizan todas las cuentas de capitalización individual que pasan a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La estatización de los fondos jubilatorios permitió colocar estos recursos, ahora en manos del Estado, en condiciones aparentemente más influenciables por la lucha de la clase obrera. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, la forma en que funcionan los fondos jubilatorios es la misma que antes, invirtiéndolos en actividades productivas, títulos y acciones. De ahí que una condición para que el futuro beneficiario reciba lo que le corresponde, es que los capitales donde se depositaron las inversiones generen la riqueza correspondiente. El nuevo sistema, entonces, funciona igual que el antiguo y con la misma composición de activos.

Cuando se hizo el traspaso, en el 2008, comenzó a funcionar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que implicó una transferencia de 98 mil millones de pesos hacia las arcas estatales(1) . Para julio de 2010 (último dato disponible) ya cuenta con 156 mil millones. Pero creció, como decíamos, manteniendo la misma estructura. En diciembre de 2008, la tenencia de títulos públicos, es decir la deuda que tiene el Estado con la ANSES, representaba el 59,5% del total de la cartera del FGS. En julio de 2010, el 61,3%. En lo que respecta a la tenencia de títulos públicos, en el 2008 sumaban 58 mil millones de pesos, mientras que en julio de 2010, 95 mil millones. Similar evolución siguen los diferentes componentes del Fondo de Garantía: los plazos fijos pasan del 10% al 7%; las acciones, del 8% al 10%, aunque sí se redujeron los títulos en valores extranjeros, pasando del 5,2% (5 mil millones de pesos) al 1,2%. Luego de dos años de la estatización, la tenencia de títulos públicos creció en un 56%, lo que signifca que el Estado utiliza esta caja a discreción.

En efecto, para cada “agujero fiscal”, el gobierno pide un parche a la ANSES. Sobre todo, cuando esta institución tiene autonomía financiera y económica, es decir, que el gobierno puede pasar de tener deudas con acreedores extranjeros a contraerlas con la ANSES (como si ésta no formara parte del Estado). La deuda sigue estando, sólo que cambiaron los acreedores. Deuda que ocupa el 60% de los fondos del FGS, difícil de recuperar con un Estado siempre al borde del default. Para colmo, esos mismos fondos incobrables con que cuenta el FGS son los que garantizarían un nuevo endeudamiento externo por parte del gobierno, quedando “respaldado”, curiosamente, por activos imposibles de realizar. Pero aquí no se terminan los problemas.

La ANSES también cuenta con participación directa en 43 empresas privadas: el 30% del capital social del Banco Macro, el 26% de Edenor, el 20% del Grupo Galicia y Molinos Río de la Plata. También cuenta con el 9% del Grupo Clarín, y el 8% de Metrovías y Metrogás, respectivamente. La ANSES, entonces, respalda sus compromisos futuros en las ganancias de estas empresas. Lo que no se dice es que varios de estos capitales necesitan continuas transferencias de riqueza para seguir funcionando. El caso más paradigmático es el de las empresas automotrices, que están siendo subsidiadas con la caja de la ANSES. Desde marzo del 2009 se viene incentivando la producción de vehículos por “el alto impacto multiplicador en la economía”. Por ejemplo, en marzo del 2009 se entregaron 76 millones de pesos de incentivos. Pero en julio de este año se otorgaron 470 millones (0,3% del total de fondos del FGS). La principal beneficiaria fue Peugeot Citröen Argentina, pero también recibieron subsidios Volkswagen, Ford, Renault, Toyota, Mercedes y General Motors Argentina. Vale recordar que todas estas automotrices suspendieron o incluso despidieron personal a comienzos del año pasado.

Estas contradicciones se manifiestan también en los proyectos productivos que encara la ANSES. A partir de diciembre del 2008, la ANSES impulsa proyectos destinados a ampliar la producción de energía, es decir, obra pública. En ese mes se distribuyeron 2 mil millones de pesos. Un año después se destinaban casi 8 mil millones y, en julio del 2010, la partida fue de 13 mil millones. Algunos de sus destinos son la Central Atucha, AySA, Enarsa, etc. En realidad, la obra pública siempre está asociada a momentos de crisis, como la vivida durante el 2008, por su efecto antíciclico. Lo que no pone en cuestión este argumento, es que los capitales a los que se pretende alentar no tienen ninguna potencialidad para relanzar la economía. Por lo que la obra pública, con plata de los aportantes, se constituye en otra fuente de despilfarro para rescatar capitales ineficientes, incapaces de sostener al país.

La pelea por el 82% móvil

La ley del 82% móvil hubiese permitido ajustar el haber jubilatorio en ese porcentaje del salario mínimo, vital y móvil. Los argumentos del veto presidencial son, por un lado, el desfinanciamiento y hasta la quiebra del Estado; por otro, que las jubilaciones, gracias a los aumentos de los últimos años, ya estarían en sus mejores niveles históricos. Que el Estado pueda “quebrar” por esta ley resulta materia de discusión, lo que está claro es que la “oposición” busca quitarle aire financiero al gobierno de cara a las elecciones del año que viene. Esa es una de las razones por las cuales la ley no contemplaba ninguna fuente de financiamiento. Lo que no ofrece discusión seria es la supuesta “mejora” de los haberes.

El haber mínimo para marzo 2010 (último dato publicado por el Ministerio de Trabajo) sería de $895 y el medio de 1.151. El primero representaría un aumento del 496% y el segundo del 220% por encima de lo cobrado en 2001. Claro está, sin tener en cuenta la inflación. Si le agregamos la inflación real (no la del Indek), la mínima sólo aumentó un 60% de lo que cobraban en 2001, cosa bien distinta que afirmar que creció 5 veces. Pero el haber medio, que se habría multiplicado por dos, en realidad disminuyó un 13%.(2)  Es decir, que después del mayor crecimiento de la economía en los últimos 200 años y de casi 20 aumentos inéditos de la jubilación, la situación de los jubilados no sólo no fue resuelta sino que la media está peor y la mínima, aunque porcentualmente registra un aumento importante, no alcanza para nada en términos absolutos.(3)  En realidad, se redistribuyó la miseria en el interior del “colectivo” de la “Tercera Edad”.

Si el kirchnerismo se ha mostrado impotente para resolver la situación de los jubilados, las alternativas que se presentan en el campo burgués no son mucho mejores. Tal es el caso de Proyecto Sur. Este espacio político, liderado por Pino Solanas y Claudio Lozano, redactó un documento con la intención de discutir las fuentes de financiamiento del 82% móvil que no cumple su objetivo ni por asomo.(4)  En total, según sus cálculos, se necesitarían 24 mil millones de pesos. Asumen que la ANSES tiene un superávit de 8 mil millones, por lo que faltan conseguir 16 mil. Y en este punto es dónde el progresismo no puede ir más allá de su horizonte (burgués). La propuesta sería volver al nivel de las contribuciones patronales derogadas por Menem en 1993, dejando de lado a las pymes. Si bien parece más “progresivo”, el “proyecto” de Proyecto Sur es, globalmente, inviable.

En efecto, debe recordarse que el solanismo se alineó con el campo en el 2008, con lo cual es evidente que, o incumple sus promesas, o se apoya en las retenciones. Las va a necesitar, si no quiere que la medida de reimplantar los aportes patronales afecte la marcha de la acumulación del núcleo capitalista del país. La solución de este dilema llevará al solanismo a una disyuntiva: o va a fondo con su capitalismo pyme agrario o reimplanta la política que han llevado todos los gobiernos argentinos de Videla para acá. En el último caso, es obvio que, como las retenciones no van a alcanzarle, como ya no le alcanzan a Cristina, va a tener que renunciar al 82% móvil y entrar de lleno al ajuste que tanto la oposición como el gobierno planean para marzo de 2012. Si insiste en su capitalismo pyme agrario, llevará al país a una crisis sin precedentes, salvo que alguien crea que la Argentina, cuyas mayores empresas son pymes a nivel mundial, retroceda al nivel de fuerzas productivas de cien años atrás. Dicho de otra manera, las opciones que puede ofrecer la burguesía argentina son el desastre general o más de lo mismo. Como “más de lo mismo” se agota igualmente porque no se apoya en una productividad del trabajo creciendo a mayor velocidad que la productividad mundial, sino en transferencias de ingresos de otros sectores (renta diferencial, deuda, aumento de la tasa de explotación, expropiación pyme, etc.), a largo plazo ambas alternativas confluyen en el mismo desastroso resultado. Resultado que no hace más que expresar los límites históricos de la burguesía que opera en la Argentina. Desde esa perspectiva, el 82% móvil sólo puede plantearse como una medida transicional que tenga como horizonte la concentración absoluta de los medios de producción en manos de la clase obrera. Esto sólo podrá lograrlo una política que avance en el enfrentamiento del capitalismo como tal, más que a ésta o aquella variante.

El gobierno finalmente vetó la ley del 82% móvil. Esta medida profundamente anti-popular tiene, sin embargo, un carácter muy pedagógico: muestra los límites sobre los que se alza esta experiencia reformista. El 82% móvil no es posible sin afectar intereses de los capitalistas. El gobierno lo sabe, y frente al veto, queda demostrado a qué clase social defiende. La oposición se contenta porque en ningún momento quiso hacer efectiva la medida. Para colmo, si se observan los niveles de haberes de las jubilaciones y pensiones, lejos están de su mejor momento, como el gobierno intenta hacer creer. De hecho, si se pensaba que la estatización de la ANSES avanzaba en ese sentido, es todo lo contrario. En efecto, luego de dos años de haber estatizado el sistema de jubilaciones, mantiene la misma estructura que el anterior sistema de AFJP. Más de la mitad de los fondos de la ANSES sigue estando en títulos públicos, es decir, papeles que difícilmente se cobrarán. El resto está puesta en la participación accionaria de las mismas empresas que tenían las AFJP, activos de capitales nacionales de ineficiencia probada. Expresión de esta incapacidad es el veto presidencial. Por su parte, las soluciones “progresistas” de Pino Solanas y el Frente Sur no superan las audacias del gobierno.

La ANSES (o cómo los jubilados de mañana estarán peor)

Todo trabajador vende su capacidad de trabajar a un capitalista para poder vivir. A cambio, recibe el precio de su fuerza de trabajo: un salario. Con éste el obrero debe comprar lo necesario para estar en condiciones renovadas todos los días: alimentarse, vestirse, pagar el alquiler, etc. Y no sólo para él, sino para toda su familia, incluyendo un fondo de reserva para cuando, al final de su vida, ya no tenga la capacidad de trabajar. En ese sentido, la jubilación no es otra cosa que un salario diferido. Es una porción de la masa de riqueza que el trabajador genera durante su actividad laboral, que no la consume de inmediato, sino al final de su existencia. Este fondo no lo acumula cada trabajador individual sino que lo garantiza el Estado, a través del sistema de jubilaciones, en el caso argentino actual, a través de la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social. En diciembre del 2008, se establece el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que pone fin al régimen de capitalización conducido por las AFJP, implementado por el gobierno menemista en 1993. De esta manera, se estatizan todas las cuentas de capitalización individual que pasan a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La estatización de los fondos jubilatorios permitió colocar estos recursos, ahora en manos del Estado, en condiciones aparentemente más influenciables por la lucha de la clase obrera. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, la forma en que funcionan los fondos jubilatorios es la misma que antes, invirtiéndolos en actividades productivas, títulos y acciones. De ahí que una condición para que el futuro beneficiario reciba lo que le corresponde, es que los capitales donde se depositaron las inversiones generen la riqueza correspondiente. El nuevo sistema, entonces, funciona igual que el antiguo y con la misma composición de activos.

Cuando se hizo el traspaso, en el 2008, comenzó a funcionar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que implicó una transferencia de 98 mil millones de pesos hacia las arcas estatales(1) . Para julio de 2010 (último dato disponible) ya cuenta con 156 mil millones. Pero creció, como decíamos, manteniendo la misma estructura. En diciembre de 2008, la tenencia de títulos públicos, es decir la deuda que tiene el Estado con la ANSES, representaba el 59,5% del total de la cartera del FGS. En julio de 2010, el 61,3%. En lo que respecta a la tenencia de títulos públicos, en el 2008 sumaban 58 mil millones de pesos, mientras que en julio de 2010, 95 mil millones. Similar evolución siguen los diferentes componentes del Fondo de Garantía: los plazos fijos pasan del 10% al 7%; las acciones, del 8% al 10%, aunque sí se redujeron los títulos en valores extranjeros, pasando del 5,2% (5 mil millones de pesos) al 1,2%. Luego de dos años de la estatización, la tenencia de títulos públicos creció en un 56%, lo que signifca que el Estado utiliza esta caja a discreción.

En efecto, para cada “agujero fiscal”, el gobierno pide un parche a la ANSES. Sobre todo, cuando esta institución tiene autonomía financiera y económica, es decir, que el gobierno puede pasar de tener deudas con acreedores extranjeros a contraerlas con la ANSES (como si ésta no formara parte del Estado). La deuda sigue estando, sólo que cambiaron los acreedores. Deuda que ocupa el 60% de los fondos del FGS, difícil de recuperar con un Estado siempre al borde del default. Para colmo, esos mismos fondos incobrables con que cuenta el FGS son los que garantizarían un nuevo endeudamiento externo por parte del gobierno, quedando “respaldado”, curiosamente, por activos imposibles de realizar. Pero aquí no se terminan los problemas.

La ANSES también cuenta con participación directa en 43 empresas privadas: el 30% del capital social del Banco Macro, el 26% de Edenor, el 20% del Grupo Galicia y Molinos Río de la Plata. También cuenta con el 9% del Grupo Clarín, y el 8% de Metrovías y Metrogás, respectivamente. La ANSES, entonces, respalda sus compromisos futuros en las ganancias de estas empresas. Lo que no se dice es que varios de estos capitales necesitan continuas transferencias de riqueza para seguir funcionando. El caso más paradigmático es el de las empresas automotrices, que están siendo subsidiadas con la caja de la ANSES. Desde marzo del 2009 se viene incentivando la producción de vehículos por “el alto impacto multiplicador en la economía”. Por ejemplo, en marzo del 2009 se entregaron 76 millones de pesos de incentivos. Pero en julio de este año se otorgaron 470 millones (0,3% del total de fondos del FGS). La principal beneficiaria fue Peugeot Citröen Argentina, pero también recibieron subsidios Volkswagen, Ford, Renault, Toyota, Mercedes y General Motors Argentina. Vale recordar que todas estas automotrices suspendieron o incluso despidieron personal a comienzos del año pasado.

Estas contradicciones se manifiestan también en los proyectos productivos que encara la ANSES. A partir de diciembre del 2008, la ANSES impulsa proyectos destinados a ampliar la producción de energía, es decir, obra pública. En ese mes se distribuyeron 2 mil millones de pesos. Un año después se destinaban casi 8 mil millones y, en julio del 2010, la partida fue de 13 mil millones. Algunos de sus destinos son la Central Atucha, AySA, Enarsa, etc. En realidad, la obra pública siempre está asociada a momentos de crisis, como la vivida durante el 2008, por su efecto antíciclico. Lo que no pone en cuestión este argumento, es que los capitales a los que se pretende alentar no tienen ninguna potencialidad para relanzar la economía. Por lo que la obra pública, con plata de los aportantes, se constituye en otra fuente de despilfarro para rescatar capitales ineficientes, incapaces de sostener al país.

La pelea por el 82% móvil

La ley del 82% móvil hubiese permitido ajustar el haber jubilatorio en ese porcentaje del salario mínimo, vital y móvil. Los argumentos del veto presidencial son, por un lado, el desfinanciamiento y hasta la quiebra del Estado; por otro, que las jubilaciones, gracias a los aumentos de los últimos años, ya estarían en sus mejores niveles históricos. Que el Estado pueda “quebrar” por esta ley resulta materia de discusión, lo que está claro es que la “oposición” busca quitarle aire financiero al gobierno de cara a las elecciones del año que viene. Esa es una de las razones por las cuales la ley no contemplaba ninguna fuente de financiamiento. Lo que no ofrece discusión seria es la supuesta “mejora” de los haberes.

El haber mínimo para marzo 2010 (último dato publicado por el Ministerio de Trabajo) sería de $895 y el medio de 1.151. El primero representaría un aumento del 496% y el segundo del 220% por encima de lo cobrado en 2001. Claro está, sin tener en cuenta la inflación. Si le agregamos la inflación real (no la del Indek), la mínima sólo aumentó un 60% de lo que cobraban en 2001, cosa bien distinta que afirmar que creció 5 veces. Pero el haber medio, que se habría multiplicado por dos, en realidad disminuyó un 13%.(2)  Es decir, que después del mayor crecimiento de la economía en los últimos 200 años y de casi 20 aumentos inéditos de la jubilación, la situación de los jubilados no sólo no fue resuelta sino que la media está peor y la mínima, aunque porcentualmente registra un aumento importante, no alcanza para nada en términos absolutos.(3)  En realidad, se redistribuyó la miseria en el interior del “colectivo” de la “Tercera Edad”.

Si el kirchnerismo se ha mostrado impotente para resolver la situación de los jubilados, las alternativas que se presentan en el campo burgués no son mucho mejores. Tal es el caso de Proyecto Sur. Este espacio político, liderado por Pino Solanas y Claudio Lozano, redactó un documento con la intención de discutir las fuentes de financiamiento del 82% móvil que no cumple su objetivo ni por asomo.(4)  En total, según sus cálculos, se necesitarían 24 mil millones de pesos. Asumen que la ANSES tiene un superávit de 8 mil millones, por lo que faltan conseguir 16 mil. Y en este punto es dónde el progresismo no puede ir más allá de su horizonte (burgués). La propuesta sería volver al nivel de las contribuciones patronales derogadas por Menem en 1993, dejando de lado a las pymes. Si bien parece más “progresivo”, el “proyecto” de Proyecto Sur es, globalmente, inviable.

En efecto, debe recordarse que el solanismo se alineó con el campo en el 2008, con lo cual es evidente que, o incumple sus promesas, o se apoya en las retenciones. Las va a necesitar, si no quiere que la medida de reimplantar los aportes patronales afecte la marcha de la acumulación del núcleo capitalista del país. La solución de este dilema llevará al solanismo a una disyuntiva: o va a fondo con su capitalismo pyme agrario o reimplanta la política que han llevado todos los gobiernos argentinos de Videla para acá. En el último caso, es obvio que, como las retenciones no van a alcanzarle, como ya no le alcanzan a Cristina, va a tener que renunciar al 82% móvil y entrar de lleno al ajuste que tanto la oposición como el gobierno planean para marzo de 2012. Si insiste en su capitalismo pyme agrario, llevará al país a una crisis sin precedentes, salvo que alguien crea que la Argentina, cuyas mayores empresas son pymes a nivel mundial, retroceda al nivel de fuerzas productivas de cien años atrás. Dicho de otra manera, las opciones que puede ofrecer la burguesía argentina son el desastre general o más de lo mismo. Como “más de lo mismo” se agota igualmente porque no se apoya en una productividad del trabajo creciendo a mayor velocidad que la productividad mundial, sino en transferencias de ingresos de otros sectores (renta diferencial, deuda, aumento de la tasa de explotación, expropiación pyme, etc.), a largo plazo ambas alternativas confluyen en el mismo desastroso resultado. Resultado que no hace más que expresar los límites históricos de la burguesía que opera en la Argentina. Desde esa perspectiva, el 82% móvil sólo puede plantearse como una medida transicional que tenga como horizonte la concentración absoluta de los medios de producción en manos de la clase obrera. Esto sólo podrá lograrlo una política que avance en el enfrentamiento del capitalismo como tal, más que a ésta o aquella variante.


Notas

(1) Todos los datos, a menos que se especifique lo contario, fueron extraídos de www.anses.gob.ar/FGS2.
(2) Ver www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/bess/boletin1trim_2010.pdf.
(3) Este punto ya lo veníamos denunciando hace un año, afirmando que el haber mínimo no alcanzaba para vivir. Ver Kabat, Marina: “Cada vez es más difícil alquilar una vivienda” en Crítica de la Argentina, 4/8/09.
(4) Ver http://buenosairespt.org.ar/documentos/ReformaPrevisionaloJubilacionparapobres_20710.pdf.

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