Misiones: Disciplinamiento sindical, bastardeo del Estatuto del Docente y destrucción de nuestra carrera – Por Rafael Vázquez y Sandra Cubilla

portada-pagina-de-fbHace unas semanas, durante el mes de octubre, se hizo público en Misiones el caso nuestro compañero Rafael Vázquez quien fue tres veces desplazado de las horas en las que se desempeñaba como profesor de historia en la ciudad de Posadas. El elemento clave del caso es que el docente es delegado gremial por el sindicato Unión Docente Nueva Argentina de Misiones (UDNAM), con lo cual y según lo establecido en la Ley de Asociaciones Profesionales Nº 23.551, los delegados gremiales (aún con horas interinas) poseen atribuciones legales que los resguardan en sus puestos de trabajo: no pueden ser suspendidos, despedidos, ni tampoco pueden modificarse sus condiciones de trabajo mientras dure su mandato. En realidad, la Ley de Asociaciones Profesionales desarrolla el derecho ya contenido en el Artículo 14Bis de la Constitución Nacional que establece que todos “los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”. Si bien la Ley de Asociaciones solo protege gremialmente a los sindicatos que considera “sus” interlocutores (los que tienen personería) la jurisprudencia reconoce el surgimiento de distintos sindicatos y extiende la protección gremial. En efecto, la Corte Suprema dictó un fallo en 2009 (fallo 1717. XLI “Rossi, Adriana c/ Estado Nacional- Armada Argentina s/sumarísimo”) declaró inconstitucional que el llamado fuero sindical protegiera solo a autoridades y delegados de sindicatos con personería gremial, equiparando el marco de derecho para autoridades y delegados de sindicatos inscriptos. A pesar de la protección que el mismo Estado se obliga a cumplir, el Consejo General de Educación de la provincia comunicó al profesor una primera resolución en el mes de marzo donde lo desplazaba de siete horas interinas por el traslado de otra docente. Vázquez respondió al Consejo aduciendo su condición de delegado, lo que volvía ilegal al desplazamiento. Si bien el CGE reincorporó a Vázquez dejó en disponibilidad a la docente que originó el traslado y para peor, en el pedido de reincorporación de nuestro compañero, omitió su carácter de delegado (motivo que le impedía al CGE proceder a su traslado). Así, el CGE no reparó en irregularidades: omitiendo el rol de delegado de Vázquez, dio vía libre al paso a la instancia judicial al declarar en disponibilidad a una docente sin los argumentos correspondientes (cierre de curso o cambio de plan de estudio -artículo 21 del Estatuto del Docente-). Como si eso fuera poco, habilitó una nueva resolución por otro desplazamiento de cuatro horas más. Esta vez Vázquez decidió también solicitar a la justicia una medida cautelar por su situación, recibiendo un fallo a favor en el mes de agosto, en el cual se ordenaba al CGE restituir al docente a sus horas en un plazo de cinco días, con una pena económica en caso del retraso de su cumplimiento. En total desacato con la medida judicial, el CGE volvió a notificar al profesor un nuevo desplazamiento en el mes de octubre de tres horas, sumando un total de catorce horas menos de trabajo. En esta oportunidad el docente realizó, con asesoramiento legal, dos ampliaciones de la medida cautelar para considerar los tres desplazamientos como un mismo problema; luego de una semana se le notificó de una nueva resolución declarando nulo su desplazamiento y reinsertándolo en las tres horas que le fueron quitadas en esta oportunidad pero, nuevamente, se exceptúa su carácter de delegado gremial y se declara en disponibilidad a la docente que solicitó el traslado. Es decir, que comienza de nuevo la misma situación.

Un ataque al conjunto de los docentes

El caso resulta particularmente grave y testigo de una situación generalizada de vulneración de derechos de todos los trabajadores de la educación. También expresa de forma clara cómo el Estado se sirve de la precarización laboral para impedir o limitar la organización política de los trabajadores. En primer lugar, recordemos que en ausencia de concursos de titularización (la última titularización masiva fue en el año 2011) los docentes se desempeñan como interinos por años. Más precisamente, el Artículo 19 del Estatuto establece que luego de tres años de servicio en carrera,
los docentes tienen derecho a titularizar y el CGE debería convocar a concursos durante dos períodos fijos por año.
Está claro que hablamos de letra muerta. Los interinatos suelen complementarse con suplencias múltiples y, lejos de ser algo transitorio en la vida de un educador, hasta tanto se acomode laboralmente y acceda a cargos u horas estables, este “tránsito” se convierte en la forma de trabajo regular de los primeros años de un maestro o profesor joven. Lo grave de la precarización de los suplentes es que se naturalizó en la provincia el hecho de que cobren tres o hasta cuatro meses después de comenzada la suplencia (y se han denunciado casos de cobro luego de ocho meses de trabajo).

Al trascender el caso de Rafael, el viernes 21 de octubre se difundió que el CGE resolvía la titularización masiva de 1.000 docentes que se desempeñaban como suplentes antes del 31 de diciembre de 2011 y sus vacantes hubieran sido liberadas. El CGE dijo así dar respuesta al reclamo del Udpm. Sin embargo, la medida solo favorece a los suplentes que no fueron alcanzados por la última titularización que cinco años después continúan en funciones. Esto sin considerar que, las titularizaciones masivas destruyen la carrera docente al evitar los concursos y le otorgan estabilidad laboral a docentes que hoy día se desempeñan en el cargo sin título docente habilitante.

Curiosamente la medida favorece a cientos de afiliados de ADOMIS. No se trata de una casualidad sino de cómo el Estado favorece a la burocracia sindical. Como si fuera poco se trata de un pequeñísimo parche con el que se quiere aquietar las aguas y ocultar la verdadera magnitud del problema. Actualmente existen en la provincia 1.497 cargos interinos y solo hablamos de la situación de los maestros de escuelas primarias. En el caso de maestros en condición de suplentes el número asciende a 2.587 cargos. Es decir, hay 4.084 cargos docentes en condiciones de precariedad extrema en Misiones, y solo estamos considerando una parte de esa gran masa de trabajadores que ven degradadas sus condiciones de trabajo. La mayor parte de los cargos de maestro interino se concentran en la capital de la provincia con 180 cargos en planta. Los cargos suplentes rondan los 550. Y este esquema, aunque no con la misma magnitud, se repite en localidades con muchas escuelas y con gran cantidad de matrícula, como Oberá, Eldorado, Leandro N. Alem, Jardín América, 25 de mayo, El Soberbio, San Antonio, San Vicente, San Pedro, Puerto Esperanza, Bernardo de Irigoyen, Montecarlo, Iguazú y Aristóbulo del Valle.

Por lo menos el 35% de los docentes del nivel primario se encuentra en esa situación de precariedad en toda la provincia. El CGE lanza una medida que es por demás insuficiente. Y, sin embargo, algunos sindicatos compran la maniobra y la defienden. La precariedad es la forma en la que el CGE busca disciplinar a su cuerpo docente. Basta con ver la ausencia de docentes jóvenes en las movilizaciones para entender lo efectivo de la medida. Pero en el caso del profesor Vázquez se suma un ataque directo al conjunto de los trabajadores de la educación, porque el CGE decidió desplazar a un delegado sindical: es decir, aquel que representa voluntades políticas de un conjunto de trabajadores de la educación; aquel que debe representarlos y pelear por los derechos del conjunto. El caso de Vázquez es testigo de la introducción de formas de persecución política y de disciplinamiento de todos los activistas políticos.

Para hacerlo, el CGE se vale de instrumentos legales poco claros: traslados y concentración de horas sin vacancia desplazando a otros docentes, omisión del carácter de delegado del desplazado, desacato y arbitrariedad por parte del CGE a la hora de aceptar y cumplir las medidas judiciales a favor de los delegados gremiales. En este caso particular, los sindicatos afines al poder actúan de forma cómplice. No olvidemos que en el caso de Rafael, la docente que origina el traslado pertenece al sindicato adscrito al gobierno (Adomis). Hoy también quieren convencerlos de que la nueva titularización despejará los problemas en lugar de mostrarles a los compañeros lo limitado y arbitrario de la medida, que solo beneficia a un pequeño grupo. Así, los sindicatos dividen a las propias bases y por un interés mezquino son cómplices de la vulneración de los derechos sindicales del conjunto de la docencia.

No podemos desconocer que, el caso de Rafael se suma a la larga lista de persecuciones que vienen sufriendo otros trabajadores de la educación en la provincia y en el resto del país.

Por ello, desde la Corriente Nacional docente Conti- Santoro exigimos:

  • Reincorporación Inmediata de Vázquez a sus horas y de todos los docentes desplazados de forma arbitraria o vulnerando sus derechos gremiales.
  •  Basta de persecución a las organizaciones en lucha y a los delegados sindicales.
  • Basta de precarizar a los trabaja dores de la educación.

Envíanos tu solidaridad exigiendo la reincorporación de Vázquez y de todos los delegados desplazados a Facebook: ‘Docentes de Misiones en lucha contra la persecución gremial’

Firma el petitorio por la reincorporación de Vázquez en el siguiente link: Basta de persecución a los delegados sindicales. Reincorporación inmediata del docente Rafael Vázquez

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