¡Marche preso! La lucha de los estudiantes del Joaquín V. González por la reforma de la formación docente

jvgnataliaNatalia Alvarez Prieto
Grupo de investigación de educación argentina-CEICS

Desde el 2008, los estudiantes del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” (JVG) protagonizan un proceso de lucha por la reforma del plan de estudio de la carrera de Historia. La disputa tiene lugar en el marco de un proyecto gubernamental de transformación de la formación docente que lleva ya más de una década y que se profundizó en los últimos años con la sanción de la Ley de Educación Nacional (Ley nº 26.206).
La apertura de causas judiciales a dos estudiantes y un profesor del JVG en julio de este año,(1) así como los ardides a los que tuvieron que recurrir las autoridades para intentar imponer un plan acorde a los lineamientos fijados por Ciudad y Nación, ponen de manifiesto la centralidad de la reforma. Veamos, entonces, la historia del conflicto y las características de los proyectos en pugna.

La historia del conflicto

En el año 2002, la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elaboró una serie de criterios curriculares para la formación docente (Resol. nº 1.230). En aquel momento, la medida fue ampliamente resistida por las organizaciones estudiantiles en tanto avasallaba la autonomía de las instituciones terciarias. Aquella arremetida en pos de la reforma fue reforzada durante toda la década, a nivel nacional, mediante diversos decretos que establecían un plazo para que los diseños curriculares y planes de estudios se ajustasen a la estructura del Sistema Educativo Nacional aprobado por la Ley Federal de Educación y a la normativa vigente.(2) En 2006, la Ley de Educación Nacional -LEN-, que reemplazó a la Ley Federal, le dio un nuevo impulso a la reforma al crear el Instituto de Formación Docente -INFoD. Precisamente, entre sus funciones se encuentran el monitoreo y la evaluación curricular de todos los institutos del país, incluido el Joaquín V. González. En el 2008, mediante un nuevo Decreto Presidencial -nº 144- se estableció que las provincias debían iniciar el trámite de validez nacional de sus diseños curriculares y planes de estudios. Obviamente, debían ser acordes a los criterios fijados en la LEN. Además, la gestión debía realizarse antes del 31 de julio de 2009.
Fue en ese marco más general de reforma que, en 2005, comenzaron a modificarse los planes de estudios de las distintas carreras que se dictan en el JVG. En sintonía con los lineamientos nacionales y jurisdiccionales, los planes pasaron de contar con 20 materias aproximadamente, a unas 30 o 40 según la carrera. Este incremento refirió, centralmente, a un aumento de las materias pedagógicas. Por otro lado, para que cerrara la ecuación plan de estudios-tiempo de cursada, algunas asignaturas fueron puestas a contraturno. Los nuevos planes suponen un estudiante full-time, lo que deja por el camino a los miles que trabajan para sostener sus estudios y subsistir. Hasta la actualidad, sólo el profesorado de Historia no había modificado su plan ya que, desde hace varios años, se desarrolla una fuerte resistencia estudiantil a la reforma. Así, desde 1971, momento en el que Onganía reformó la formación docente, el plan de la carrera se mantuvo sin alteraciones.
En la carrera de historia el conflicto se inicia, en el 2008, cuando una comisión docente, afín a la gestión del JVG y al macrismo, elaboró un plan de estudios acorde a los lineamientos establecidos por Ciudad y Nación. La propuesta planteaba la necesidad de reformular el diseño curricular de la carrera dado que, durante las últimas décadas, todos los campos del conocimiento se habrían desarrollado aceleradamente. Sin embargo, el plan mantenía prácticamente inalterada la vieja estructura curricular. En ese sentido, se limitaba, al igual que el conjunto de los nuevos planes, a incrementar la carga horaria de las materias pedagógicas, incluyendo materias a contraturno, y a colmar la carrera de correlatividades.
A inicios de 2009, la Junta Departamental de Historia, que avalaba el proyecto, convocó a un plebiscito para decidir su suerte. En aquel momento, se argumentó la necesidad de renovar la currícula de manera inmediata ya que se aproximaba el vencimiento del plazo estipulado por el Decreto 144/08 y, por tanto, el título perdería su validez nacional. Lisa y llanamente, un chantaje. Frente a ello, los estudiantes comenzaron a organizarse para que la reforma se diera en el marco de instancias de discusión y participación de la comunidad educativa en su conjunto. Así, lograron que el INFoD extendiera el plazo para la reconversión curricular hasta mediados de 2010.
En ese marco, los estudiantes, junto con algunos docentes, conformaron el “Espacio de Discusión de una Reforma para Todos”. Desde un comienzo, su demanda central fue la democratización de la reforma del plan de estudios.(3) A partir de distintas instancias de discusión, el colectivo elaboró un plan alternativo, presentado en abril de este año. Allí, los estudiantes plasmaron una visión historiográfica distinta a la tradicional. De ese modo, incorporaron materias tales como “Historia de las formaciones sociales Mediterráneas” (interrelacionando las culturas y geografías políticas de Grecia, Roma, Egipto y Mesopotamia), “Historia de la conformación del sistema Capitalista” e “Historia de la consolidación del sistema Capitalista” (buscando romper con el esquema de las edades Media, Moderna y Contemporánea). A su vez, añadieron materias pedagógicas que, a diferencia del plan docente, incluye contenidos sustantivos como “Problemáticas sociales en el aula”.
En el mes de mayo fue organizada una votación de carácter consultivo, no obligatorio y con voto único, para elegir entre los dos planes en danza. El resultado fue contundente: más de 700 estudiantes (sobre un total aproximado de 1.100, es decir, un 63% de la matrícula) se acercaron a votar, respaldando el voto único. El resultado electoral también lo fue: alrededor de 600 votos (87,5%) fueron para el Plan del Espacio para la Reforma. Sin embargo, la Junta Departamental desconoció la votación y llamó a elecciones con voto ponderado. Nuevamente, los estudiantes impidieron esa instancia de decisión. Empantanada, la camarilla docente decidió elevar la apuesta con lo que consideraba una solución definitiva: solicitó la intervención del Consejo Directivo pidiéndole que organice una elección sin ir a Junta Electoral, espacio en el que los estudiantes tienen representación. El Consejo accedió al reclamo y decidió votar, a puertas cerradas, por uno de los dos planes. Pero, una vez más, los estudiantes impidieron la elección. Agotados los recursos “internos”, las autoridades del JVG darían lugar a una nueva etapa del conflicto, apelando a su judicialización.

Un manotazo de ahogado

Al día siguiente del intento de votación, el Consejo se dirigió al Gobierno de la Ciudad y, junto con la Dirección de Formación Docente y el aval del Rectorado, fijaron una elección para los días 13, 14 y 15 de julio. De ese modo, una vez más los directivos solicitaron la intervención antirreglamentaria del gobierno en los asuntos internos del Instituto. Casualmente (¿?), entre el 8 y el 17 de julio las clases fueron suspendidas por roturas de caños y de la caldera que, supuestamente, tornaban posible la electrificación del edificio.(4) Sin embargo, por pedido de la Junta Electoral, las elecciones se mantuvieron en pie. Es decir, desde la perspectiva del rectorado, quienes debían votar resultaban inmunes a la electrificación. Frente a las maniobras fraudulentas de los directivos, los estudiantes bloquearon la entrada del Instituto durante los tres días electorales, haciendo una barricada que impidió el ingreso de las autoridades electorales. Cabe aclarar, dada la denuncia que se realizó posteriormente, que las puertas fueron cerradas desde adentro por bedelía.
Encarnando una nueva ofensiva contra la lucha estudiantil, Delia Haydee Mariluis, presidenta de la Junta Electoral del Departamento de Historia, asesora legal y profesora del JVG, efectuó una denuncia policial a partir de la cual dos estudiantes y un profesor se encuentran imputados por obstrucción de la vía pública y obstaculización de ingreso o salida de lugares públicos o privados (ambas son causas contravencionales). Uno de los aspectos más graves de la denuncia es que fueron presentadas diversas “pruebas”, tales como videos y fotos, en las que se identifica a los imputados y que habilitan a pensar que se desarrollaron tareas de inteligencia. Por ejemplo, uno de los videos fue filmado desde un edificio en construcción. A no ser que creamos que los docentes treparon al edificio, el asunto huele a tufillo policial. En otro de los videos se señala a Patricio Finoli “hablando con altavoz (abrigo de color oscuro y pantalón marrón)”. Una de las “pruebas” más llamativas, aceptada por la justicia, es un foro de internet, de carácter anónimo, en el que se acusa de diversos asuntos disparatados a los estudiantes y al docente. Entre otras cuestiones, en ese mismo ridículo foro se llama a una “reunión para apalear zurdos y homosexuales”.
Finalmente, el 16 de julio el rectorado elevó a Ciudad el plan de estudios de la camarilla docente, sin mediar ningún tipo de votación. Sin embargo, el conflicto dista de estar cerrado. Por el contrario, los estudiantes del JVG, con el apoyo de diversas agrupaciones, sindicatos y partidos, iniciaron un plan de lucha que incluye movilizaciones, cortes de calles, tomas y asambleas, etc.

¿Qué está en juego?

Ahora bien, ¿qué lectura hacen las agrupaciones estudiantiles del conflicto? En general, existe cierto acuerdo sobre tres aristas centrales del problema. Por un lado, las reformas se orientarían hacia el vaciamiento de los profesorados en tanto alargan las carreras, incrementan las correlatividades e incorporan materias a contraturno. Evidentemente, todo ello impacta con mayor fuerza sobre aquellos estudiantes que deben trabajar. El Instituto de Enseñanza Superior “Dra. Alicia M. de Justo” es un claro ejemplo de ello ya que, desde que los planes fueron aggiornados, ningún estudiante ha egresado. Por otra parte, existe un reclamo general por la democratización de la toma de decisiones en la vida de las instituciones terciarias (demanda histórica del conjunto de los estudiantes del nivel superior de enseñanza). Por último, en relación a los contenidos, las agrupaciones coinciden en señalar que las innovaciones apuntan a formar docentes contenedores del conflicto social, es decir, que se adecuen a la penosa realidad de las escuelas en la actualidad. Las diferencias giran en torno al grado de importancia que se le otorga a esos elementos. Mientras que unos subrayan la importancia central del vaciamiento educativo, otros hacen hincapié en la necesidad de democratizar las instituciones. En ese sentido, pareciera que la pelea por los contenidos se encuentra hoy en un segundo plano. De ese modo, el Centro de Estudiantes ya planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los dos planes en pugna como una vía de resolución del conflicto.
Como hemos visto, la lucha de los estudiantes del JVG, que se desarrolla desde hace ya algunos años, se dirige contra una transformación general de la formación docente que supone la adecuación de los futuros profesores a una realidad en decadencia. La importancia de la reforma curricular se hace patente en tanto pretende ser impuesta a como dé lugar, incluyendo la judicialización de quienes luchan. Los estudiantes del JVG se han sumado a un movimiento general de ascenso de las luchas estudiantiles. Sin embargo, el conflicto asumirá una mayor profundidad una vez que la disputa por los contenidos se ubique en pie de igualdad con el resto de los reclamos. ¿Por qué? Porque allí se juega el modo en que los estudiantes de los profesorados formarán a los estudiantes de mañana. Es decir, si lo harán ideológicamente, reproduciendo los contenidos estipulados según las necesidades históricas de la burguesía, o si, por el contrario, fundarán una educación revolucionaria y, por tanto, verdaderamente científica.

NOTAS:
(1) Cristian Jurado, Presidente del Centro de Estudiantes; Patricio Finoli, Consejero Estudiantil; Mariano Rodríguez Otero, docente del Instituto.
(2) Las dificultades que encontró el Gobierno, desde un comienzo, para llevar adelante la reforma de la formación docente puede observarse en las sucesivas disposiciones que modificaron el plazo para tramitar la validez nacional de los títulos: Decreto nº 1.276/96 -plazo hasta el 1 de enero de 2000-,  Decreto nº 3/00 – hasta el 1 de enero de 2002, Decreto nº 1.394/03 -hasta el 31 de diciembre de 2004, Decreto nº 209/05 -hasta el 31 de diciembre de 2007. (3) Actualmente, el sistema de votación en el JVG es ponderado, calculándose una proporción cercana a 1 voto (docente) = 25 votos (estudiantes). La “democratización” es una demanda histórica del movimiento estudiantil en el nivel superior de enseñanza. El reclamo se orienta a instituir un sistema de “voto único”, es decir, que 1 persona (estudiante o docente) sea igual a 1 voto.
(4) “Problemas edilicios”, Informe de Rectorado, 14/07/2010.

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