Los miserables del sur – Por Viviana Rodríguez Cybulski

caridad_justicia_galleryEl gasto en asistencia social y su impacto en la pobreza en América Latina y El Caribe

El gasto en asistencia social en América Latina y El Caribe creció en las últimas dos décadas como respuesta al incremento de la pobreza. Hoy, unas 127 millones de personas de la región reciben asistencia directa del Estado. Se trata de un fenómeno que excede el carácter “neoliberal” o “progresista” del gobierno de turno.

Por Viviana Rodríguez Cybulski (OME-CEICS)

El creciente gasto en materia social de la última década es asociado a los gobiernos supuestamente “progresistas”. Los regímenes de Kirchner, Chávez, Evo Morales o Rafael Correa serían diferentes de los gobiernos partidarios del “neoliberalismo” de los años 90. Sin embargo, el incremento de las transferencias estatales en países denominados “anti-populares” pone en cuestión esta idea. En efecto, el gran imperialista, Estados Unidos, destinó en el año 2009 más de un 20% de su Producto Bruto Interno al gasto social. A su vez, países como México y Colombia no están exentos de estas medidas. En todas estas naciones hay un elemento en común: la expansión de la pobreza, la precariedad laboral y la necesidad de intervención del Estado para contener a esta población. En este artículo analizamos los límites de la asistencia del Estado en la región de América Latina y El Caribe.

Migajas

El crecimiento del gasto social en la última década aparece como una respuesta de los Estados latinoamericanos al incremento de la pobreza y la desocupación de los años ‘90 y la crisis de 2001. En particular, el gasto destinado a asistencia social (pensiones no contributivas para la vejez, asistencia directa al consumo, programas de empleo, trabajo y seguridad social) como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) tiende a crecer en varios países de América Latina y El Caribe, sobre todo a partir de la última década (ver gráfico 1).

Una parte de este gasto se materializa en distintos programas de asistencia directa del Estado. Son los programas de transferencia condicionada (PTC), tales como la Asignación Universal por Hijo en Argentina, el Bolsa Familia en Brasil o el Bono Madre Niño-Niña Juana Arzuduy y Juancito Pinto en Bolivia. En el año 2010, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo estimó la presencia de al menos 19 PTC en América Latina y El Caribe.1 Mientras que en el año 2000 estos programas beneficiaban al 5,7% de la población total de la región, en 2012 asistieron al 21,1%. Se trata de, aproximadamente, 127 millones de personas2 (ver gráfico 2).

En efecto, los PTC tienen un impacto en la disminución de la pobreza en la medida en que representan un ingreso para la población asistida como complemento del salario. Se estima que la población pobre disminuyó del 44,9%, en 2002, al 27,9%, en 2013, en toda la región latinoamericana. Es decir que la cantidad de personas consideradas pobres hace un año sumaba aproximadamente unas 164 millones de personas según datos de CEPAL. Estas cifras son calculadas en base al método del Banco Mundial según el cual un “pobre” es aquella persona que vive con menos de 2 dólares por día. En Argentina, al dólar paralelo, son un poco más de 25 pesos. De modo que, con muy poco se puede “salir” de la condición de pobre, según las estadísticas oficiales. Tan es así que a pesar de su creciente aumento, el porcentaje del PBI destinado a estos programas en la región latinoamericana y El Caribe representaba en el año 2010 solo el 0,40% en promedio.3

Además, los bajos montos destinados a los PTC se expresan en el porcentaje de cobertura de la línea de pobreza (LP) de cada país. Entre los años 2009 y 2011, los programas ejecutados en Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú constituían entre un 9 y un 15% del monto por el cual se estima la LP en esos países (medidos en dólares). Por su parte, en Colombia y Uruguay abarcaban el 23 y 37% respectivamente. Por último, el Bono Juancito Pinto de Bolivia sólo representaba el 1% de la LP.

Por hoy y por lo de ayer

Las transferencias directas del Estado operan como un complemento del salario de la fuerza de trabajo. La expansión de la asistencia estatal crece acompañando la evolución del mercado de trabajo y la caída del desempleo en América Latina. Si bien en cada país su evolución es dispar, la tasa de desempleo en la región se incrementó entre 1991 y 2003 (de un 6,9 a un 9,1%) y luego descendió a un 6,2% en el año 2013. Los jóvenes son quienes mayores dificultades tienen para insertarse en el mercado laboral, por ello el porcentaje de desempleo en esta población supera el promedio. Por esta razón, este grupo también es objeto de programas específicos y transferencias de ingresos directos por parte de los estados. Por ejemplo, en Argentina se implementó el plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en Bolivia, Mi Primer Empleo Digno y, en México, el Jóvenes con Oportunidades.

A su vez, los PTC operan como un complemento del ingreso de la fuerza de trabajo empleada “en negro”. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2012 la tasa de informalidad y empleo no registrado en América Latina era del 47,7%. Incluso, un porcentaje de la población ocupada aún se encuentra en situación de pobreza.4 Este abaratamiento de la fuerza de trabajo para el capital es parcialmente subsidiado por el Estado, a través de las transferencias directas de ingresos.

Este subsidio no solo rige para los trabajadores en activo. Los obreros jubilados también son beneficiados con programas de transferencia de ingresos del Estado a partir del gasto en pensiones sociales no contributivas, fundamentalmente destinadas a personas que perciben haberes mínimos o que carecen de él. Se estima que más de 14 millones de personas de 65 años y más reciben estas pensiones en la región de América Latina y El Caribe. Pero, al igual que los PTC, los recursos destinados a esta población son escasos.5

La agonía del reformismo

Como hemos visto, la expansión del gasto en asistencia social aparece como una forma de contener la pobreza. A su vez, el creciente rol del Estado en la reproducción de las condiciones de vida de los trabajadores opera como un subsidio al capital. Este último se ahorra un costo al emplear en negro, al no pagar jubilaciones o bien al utilizar una fuerza de trabajo abaratada. Si bien tendencialmente el gasto crece, en momentos de crisis aguda tiende a disminuir, como ocurrió en 1989 y 2001. En algunos países, la crisis de 2009 tuvo un impacto en una caída del gasto social. Por ejemplo, en Chile, Venezuela y Colombia el gasto social como porcentaje del gasto total comenzó a contraerse desde ese año hasta por lo menos el 2012, momento hasta el que se dispone de información.6 El actual estancamiento relativo de la actividad económica en la región de América Latina, motorizado en algunos países por la disminución de los precios de las materias primas y la escasez de renta, coloca sobre la mesa nuevamente el problema de la pobreza y el desempleo.

Este contexto presenta una oportunidad histórica para la izquierda latinoamericana de señalar que los verdaderos intereses de los gobiernos reformistas no defienden la mejora de las condiciones de los obreros, sino el sostenimiento del capital. Ante esta situación gran parte de la clase obrera estará predispuesta a buscar una salida bajo otro programa. Dependerá de la capacidad de la izquierda presentarse como una verdadera salida.

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Notas

1 IDRC: “Programas de transferencias condicionadas e inclusión financiera: oportunidades y desafíos en América Latina”, Bogotá, 2011. Disponible en: http://goo.gl/dXB8dC.

2 CEPAL-OIT: “Coyuntura laboral en América Latina y El Caribe”, n°10, mayo 2014. Disponible en: http://goo.gl/UDByo5.

3 Ecuador destina el mayor porcentaje que constituye el 1,17%. Le siguen México y República Dominicana con un 0,51% y Brasil con un 0,47%. Fuente, CEPAL: Base de datos de programas de transferencias condicionadas. Disponible en: http://goo.gl/lN1PgH.

4 Se trata de un 6,5% de la población ocupada en la región de América Latina y El Caribe.

5 Sólo Bolivia (1,58%), Brasil (0,72%) y Argentina (0,70%) superan el gasto promedio destinado a pensiones no contributivas como porcentaje del PBI en América Latina y El Caribe (0,44%). CEPAL: “Gasto-Inversión en protección social en América Latina”, Montevideo, 2013. Disponible en: http://goo.gl/O3n85X.

6 Para Argentina y Brasil no se dispone de información para el período posterior a 2009.

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