Los docentes, entre “Cris” y “Mauri”. El Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa macrista y el kirchnerismo – Carolina Martino y Romina De Luca

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Los docentes, entre “Cris” y “Mauri”
El Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa macrista y el kirchnerismo

¿Usted cree que lo que ocurre en materia educativa en la Ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver con las políticas nacionales? ¿Que todo lo que busca Macri es reeditar formas de neoliberalismo educativo? Quédese a leer esta nota para ver cómo el “cuco” no actúa solo…

Carolina Martino y Romina de Luca
Grupo de Investigación de Educación Argentina

Mucho se ha declarado en las últimas semanas sobre distintos proyectos de ley elaborados por el Gobierno de la Ciudad y su Ministerio de Educación. Todos ellos se encaminan a la renovación de la escuela secundaria. En particular, dos puntos han generado suspicacias. Por un lado, el reemplazo de la actual Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa, de la Ciudad, por un nuevo Instituto de Evaluación de la calidad y equidad educativa, a partir del proyecto enviado a la Legislatura porteña el pasado abril. En segundo término, la difusión del “Pre Diseño Curricular para la Nueva Escuela Orientada” [1]. Sindicatos docentes, diputados y legisladores [2], corporaciones de historiadores, autoridades universitarias manifestaron su rechazo a las reformas macristas al considerarlas una re-edición del neoliberalismo. Entre denuncias y acusaciones cruzadas, lo cierto es que poco esfuerzo se realiza por explicar y contextualizar la naturaleza de los procesos de reforma actuales.
Comenzamos con esta una serie de notas para analizar estas problemáticas. En este número, nos ocupamos de las iniciativas relacionadas con la evaluación educativa. El macrismo presentó su instituto como un espacio “autárquico” y políticamente “independiente”. Se ha especulado en torno a si el eje evaluador se ubica en el desempeño docente o si generará un ranking de escuelas, si habilitará a la injerencia de capitales privados en materia educacional o si permitirá el despido y cesantías de docentes. Pero ¿en qué se diferencia de la actual Dirección existente? ¿Es cierto que se trata de una iniciativa disruptiva producto de una ideología neoliberal? En notas posteriores nos ocuparemos de la discusión sobre la reforma del currículum porteño. Discutir seriamente el asunto implica revisar no solo el Prediseño en cuestión sino también las bases curriculares actuales así como los orígenes de esas demandas de reforma. Por último, dedicaremos una tercera nota a desenmarañar hacia dónde va la educación en la etapa actual. Comencemos por el problema de la díada calidad-evaluación.

Un Instituto demasiado Pro-metedor…

El gobierno de la Ciudad cuenta con un organismo dedicado a la generación de estadísticas y la evaluación de la calidad educativa: la Dirección General de la Evaluación de la Calidad Educativa actualmente dirigida por Silvia Montoya. La Dirección tiene como funciones casi las mismas que se le asignaron al Instituto, a saber: sistematizar un esquema de funcionamiento, relevamiento y difusión de información, impulsar y sostener una evaluación permanente del proceso educativo, producir y difundir estudios sobre el sistema educativo de la Ciudad, custodiar y difundir la documentación que generan las distintas dependencias del Ministerio vinculadas a la evaluación educativa, entre otros [3].
¿Qué se propone como función para el nuevo Instituto? El proyecto dice: evaluar los aprendizajes de los alumnos, la práctica docente y el desarrollo de la gestión de las instituciones educativas en todos los establecimientos educativos, niveles y modalidades que dependan del Ministerio de Educación, evaluar la implementación e impactos de programas y proyectos educativos, producir y desarrollar investigaciones, realizar recomendaciones, elaborar los instrumentos y definir la metodología aplicable a los procesos de evaluación, planificar e implementar las evaluaciones, gestionar la participación de las Comunas y los Distritos escolares en el desarrollo armónico del sistema de evaluación de la calidad de la educación, requerir al Ministerio informes, resultados, documentos, u otros, útiles para el cumplimiento de sus objetivos [4]. ¿Diferencias? No las hay en este punto. Únicamente se detallan un poco más los componentes del proceso educativo que serán evaluados: alumnos, docentes y directivos a través de su gestión institucional, actores integrados detrás del genérico “sistema educativo” definido por la antigua Dirección.
Lo novedoso del Instituto radicaría en una supuesta “autarquía”. En palabras del Jefe de Gobierno, constituiría un “anti-Indec de la educación con datos actualizados, estadísticas, y que salga de los gobiernos y los partidos políticos» [5]. En este sentido, es importante destacar cuál es la definición de distancia política que emplea Macri. Según el proyecto, el Director Ejecutivo del Instituto será designado por el Jefe de Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación porteño. Lo cual no le hace demasiada justicia a las declaraciones de Silvia Montoya, quien señalaba que el Instituto “permitirá tomar distancia y analizar en perspectiva la gestión” [6]. Más que crear un “anti-indec” la propuesta oficial crea uno a la altura de las necesidades del gobierno de la ciudad.

UTE: barriendo la basura bajo la alfombra

Las críticas por parte de los sindicatos afines al kirchnerismo no se hicieron esperar. Una de las posturas más difundidas, la de UTE, sostiene que las reformas se inscribirían en una “flexibilización laboral, tendiente a imponer las reglas del mercado en el campo educacional”. A su vez, permitiría una “reducción del gasto a través de la disminución de la planta docente Estatal y el aumento del sector privado”. Como si ello fuera poco, las denuncias advierten sobre la fuga de responsabilidad estatal a través de la centrifugación “de responsabilidades de las autoridades del ministerio a las regiones o distritos” [7].
Un ataque particular se dirige contra las funciones que le fueron asignadas al Director Ejecutivo del Instituto, al que se visualiza como el “gran ajustador”. Es cierto que, entre las funciones que se le asignan, figuran “establecer criterios de profesionalización y capacitación de los recursos humanos disponibles”, “promover, sancionar y disponer las cesantías del personal de acuerdo al régimen de empleo público aplicable”, “celebrar acuerdos con organismos internacionales o extranjeros, nacionales, regionales, provinciales, municipales, autárquicos, u otras entidades públicas o privadas, exclusivamente en materias de competencias del Instituto”. En realidad, la mención al recorte del personal está ligada a los empleados del instituto, no a los docentes. Lo mismo sucede con los otros puntos: se trata de la competencia del director para manejar el instituto, no para intervenir en la educación pública.
UTE ha denunciado también la injerencia del capital en la evaluación docente. En relación a este punto, Eduardo López, su secretario general, declaró que el “Instituto se halle habilitado a firmar convenios con fundaciones, detrás de las cuales hay empresas e intereses, puede afectar su independencia”. López agregó que “No nos oponemos a la evaluación, pero siempre como parte de un proceso que no vaya por fuera del sistema educativo” y que el proyecto “no garantiza la participación de todos los sectores”. En realidad, otra vez, la crítica de UTE es superficial. ¿Los programas de evaluación desarrollados por la Dirección General de la Calidad Educativa sí lo hacen? El Instituto contará con un Consejo Consultivo integrado por el Director Ejecutivo del Instituto, un representante del Ministerio de Educación (designado por el Ministro de Educación), el presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad, un representante de la primera minoría en la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad, un representante de uno de los cuatro sindicatos docentes con mayor cantidad de afiliados, que rotará cada año siguiendo el orden de cantidad de afiliados de mayor a menor (designado por el Ministro de Educación), un representante de los supervisores escolares (designado por el Ministro de Educación) y el presidente del Comité Científico Académico. En realidad, a partir de esta descripción, podríamos concluir que el Instituto será más “participativo” de lo que la actual Dirección es.
Por otro lado, los opositores al proyecto denunciaron que los resultados serían utilizados para la creación de rankings de escuelas, de primera y de segunda fomentando la competencia entre las escuelas por obtener financiamiento atado a los resultados. A su vez, todo el proceso recaería sobre las espaldas de los docentes, quienes serían culpabilizados por los resultados obtenidos. En realidad, esto no figura en el proyecto y, en sentido estricto, esta política no necesita de innovaciones institucionales, le bastaría con operar con el marco normativo actual. De hecho, como veremos en próximas notas, los temores de UTE por el “futuro”, esconden su pasividad en relación al presente, porque esta política ya está siendo implementada desde hace rato.
Las críticas de UTE buscan mostrar a Macri como campeón de la escuela capitalista. Que estas sean las pretensiones de Macri, no es algo que se pueda discutir. Lo que sí es necesario poner sobre la mesa es lo que UTE pretende ocultar: que Cristina es Macri, de la misma manera que la Ley de Educación Nacional es la Ley de Educación Federal. Como veremos a continuación, lo que hace Macri es simplemente adecuar la educación porteña a la ley impuesta por el kirchnerismo.

El origen del mal…

El nuevo Instituto Pro responde a los mandatos que fijó la Ley de Educación Nacional (LEN). La LEN, en el Título VI “La calidad de la educación”, Capítulo I, más puntualmente en el inciso d) de su artículo 85º establece que el Ministerio de Educación de la Nación “Implementará una política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de la educación”. A su vez, el capítulo III “Información y evaluación del sistema educativo”, en su artículo 94º fija como competencia del Ministerio de Educación Nacional “el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad”. El artículo 95º dispone todos los puntos a ser evaluados: “cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobre-edad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación”. Por su parte, el artículo 96º fija como instancia de concertación de las políticas de evaluación al Consejo Federal de Educación, mientras que compele a cada jurisdicción a participar “en el desarrollo e implementación del sistema de evaluación e información periódica del sistema educativo, verificando la concordancia con las necesidades de su propia comunidad en la búsqueda de la igualdad educativa y la mejora de la calidad. Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades educativas con la participación de los/as docentes y otros/as integrantes de la comunidad educativa”. En su artículo 97º establece la publicidad de los resultados resguardando la identidad de alumnos, docentes e instituciones.
A efectos de impulsar esa política, se creó en el ámbito del Ministerio el Consejo Nacional de Calidad Educativa integrado tanto por miembros de la comunidad científica y académica, representantes del Ministerio y del Consejo Federal de Educación, del Congreso y representantes sindicales docentes con personería jurídica. Pero su integración no sólo nuclea representantes del quehacer educativo o político, el capital también lo hace a través de la participación de las llamadas “fuerzas vivas”. Basta leer el artículo 98º. Recordemos que le compete a ese organismo el proponer criterios y modalidades para el proceso de evaluación así como “participar en la utilización y difusión de la información”. La creación del nuevo Instituto se ubica, entonces, dentro de esa perspectiva más general que dictamina le Ley Nacional.
En las denuncias sindicales aparecen otros elementos. La fragmentación de las responsabilidades y una evaluación centrífuga, por ejemplo. Los sindicatos k aducen que la LEN buscaría romper con la impronta neoliberal unificando el sistema educativo. Por ello, la evaluación macrista implicaría un retroceso. Sin embargo, distintas resoluciones del Consejo Federal de Educación apuntan en sentido contrario. Valga de ejemplo, la Resolución nº 88 del CFE, en noviembre de 2009, donde se aprobaron los planes jurisdicciones y los planes de mejora institucional. Allí se compele a las escuelas a la fijación de distintas metas educativas, a cumplirse en un plazo de dos años, en materia de trayectoria escolar e inclusión y de los distintos logros de aprendizaje. Se deja sentado que esas metas resultarán de los resultados previos obtenidos en “un conjunto de indicadores de calidad de los aprendizajes, trayectoria educativa e inclusión escolar” [8]. El plan invita a la fijación de metas y a la evaluación de las mismas a nivel de cada institución [9]. Y si bien el financiamiento de los planes corre por cuenta del Ministerio de Educación, el documento prevé que “a cada institución se le asignará una suma en función de su matrícula para el financiamiento de horas institucionales y recursos para acciones financiables que el plan demande”. Posteriormente, la Resolución 134, promulgada el 22 de junio de 2011, ratifica la necesidad de aplicar políticas de auto-evaluación en cada una de las instituciones alcanzando al 50% de las escuelas primarias y al 100% de los establecimientos secundarios. Tal como vemos, el atar incentivos financieros a los planes de mejora no parece idea original del PRO.
A su vez, la Resolución 99 del CFE, aprobada el 12 de mayo de 2010, formula el “Plan de Acción para la Evaluación de la Calidad Educativa 2010-2020”. Allí, se revalida el compromiso a evaluar la calidad educativa, se amplía la cantidad de grados y años sometidos a los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) y se establecen pautas generales para el desarrollo de los mismos. Si bien se afirma la confidencialidad de los datos, una vez éstos obtenidos, deben ser utilizados por las jurisdicciones provinciales para “mejorar las propuestas de enseñanza”. Posteriormente, la Resolución 116 del CFE afirma tales compromisos en sus “Lineamientos para la evaluación de componentes de la calidad Educativa, 2010-2020”. Por su parte, la Resolución 101 del CFE, del 24 de junio de 2010, aprobó los “Objetivos y acciones 2010/11 del Plan Nacional de Formación Docente”, entre otras cosas, allí comienza a esbozarse la incorporación de la evaluación del docente en su formación. Al respecto, el Anexo II de la misma pauta “aportar al desarrollo de un sistema de evaluación y monitoreo de la formación docente”. Y para ello, se busca federalmente “generar un sistema de evaluación y monitoreo del sistema formador docente”. Si bien la generalidad no especifica la evaluación de los alumnos, habilitaría a realizarlo. De hecho, los Planes de Mejora Institucional también rigen para los institutos de formación docente. Asimismo, la Resolución 134 anteriormente mencionada, determina que la formación docente debe avanzar en la “implementación de una evaluación integradora que permita identificar en los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año capacidades y saberes sustantivos para el efectivo ejercicio de la docencia, al tiempo que permita el monitoreo del desarrollo curricular y de las condiciones institucionales”. Tal como vemos, es la Nación la que desarrolla la “responsabilidad” individual del docente en materia de calidad educativa.

Juntitos

No extraña que los sindicatos kirchneristas hayan salido con fuerza a criticar la iniciativa macrista azuzando el fantasma neoliberal. Macri no solo es candidato para el 2015, sino probablemente el mejor candidato que Cristina pueda enfrentar. Frente a “Mauri”, “Cris” puede hacerse pasar como revolucionaria bolchevique. La maniobra de UTE, por lo tanto, no tiene por función defender a los docentes frente a la degradación educativa en marcha y el ataque del capital a sus condiciones de existencia, sino ocultar las bases “nacionales y populares” de la reforma porteña. El mito del progresismo K se revela, entonces, como el mejor método de ajuste, objetivo en el cual están de acuerdo Macri y Cristina.

Notas
1 El diseño puede consultarse en el siguiente link: http://goo.gl/rpV9f
2 Entre otros, han rechazado la creación del Instituto: Los diputados/as Laura García Tuñon (Bs. As. Para Todos), Virginia González Gass (Proyecto Sur), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Francisco Tito Nenna (Frente para la Victoria), Delia Bisutti (Nuevo Encuentro), María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular), Claudio Pressman (UCR) y Alejandro Bodart (MST). Ver http://goo.gl/648aC
3 http://goo.gl/CLTh0
4 Proyecto de Ley: Instituto de Evaluación de la calidad y equidad educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, exp. 65312/13
5 http://goo.gl/lF2f5
6 http://goo.gl/6XY0X
7 http://goo.gl/WB7k4
8 Consejo Federal de Educación: Resolución nº 88 y anexo, aprobada definitivamente el 27/11/2009. El texto puede consultarse en: http://goo.gl/vry07
9 El documento establece que el director de cada institución debe realizar una “determinación colectiva de las Metas Educativas de Igualdad y Calidad por escuela y la promoción del compromiso de todos los actores de realizar los esfuerzos necesarios para alcanzarlos y rendir cuenta de los avances a su comunidad”.

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