Los derechos humanos de Kirchner y los presos del FMI.

Entrevista a Omar Dib, abogado de Quebracho a propósito de los detenidos durante la marcha del día 31 de agosto

 

EA: Omar, ¿cómo fueron las detenciones?

 

Comienzan a concentrarse en Plaza de Mayo distintas agrupaciones: el MTR-CUBa, el MTL, el MIJD, el Polo Obrero, Quebracho y la CTD-Verón. Con distintos objetivos, la mayor parte, a protestar por los presos políticos y en particular por la libertad de Castells. Quebracho y la CTD para repudiar la presencia de Rodrigo Rato. De pronto los de Castells tiran el primer vallado (ahora los vallados frente a la Rosada son dos), se acercan a la casa de gobierno, porque querían ocuparla pacíficamente, hasta que bajara una autoridad para entregarle un petitorio. Cuando se estaba negociando el ingreso (por lo que tengo entendido), Quebracho prende dos o tres gomas en la puerta del Ministerio de Economía. De repente empezaron a tirar gases para el lado de Castells y para el lado de Quebracho entraron a golpear con palos y balas de goma y claro, los compañeros se tienen que defender. El objetivo policial es despejar el área. O sea que si los manifestantes retroceden la tarea está cumplida. No contentos con eso los encierran con camiones de infantería y algunos compañeros entran al subte. Baja al subte la guardia de infantería también, tirando balas de goma y gases. Además de compañeros, habían usuarios y trabajadores del subte. A un trabajador de seguridad del subte le tiraron un itacazo a dos metros y lo mandaron directo al hospital. A los detenidos los apilaban de a cuatro o cinco personas, uno arriba del otro, como los yanquis en Irak. Muchos compañeros saltaron a las vías y comenzaron a correr por ellas. La policía los persiguió con linternas. En total son 108 los compañeros de distintas agrupaciones y gente que iba a tomar el subte que terminó adentro. En la comisaría ponen a unos compañeros descalzos y a otros los dejan desnudos. En algunas filmaciones se ve cómo les sacan los pantalones. Hay compañeros que tienen fracturas en los brazos y en las piernas. A uno le bajaron la dentadura entera a golpes. A muchos se le aplicó el submarino seco (asfixia con bolsa de plástico) mientras lo golpeaban. Todavía estamos viendo los problemas más graves. Hay quienes no quieren hacer la denuncia, por miedo. Los casos más graves que nosotros tenemos relevados  son los de Adriana Sulemay una compañera a la que golpearon, le aplicaron submarino seco y perdió el bebé. A María Fernanda Dib, le hicieron lo mismo y tiene perforado el estómago. Margarita Lescano tiene traumatismo en la rótula. Valentina Fernández recibió una bala de goma cerca del ojo izquierdo y le aplicaron siete puntos. Rosario Fuentes tiene fractura de tobillo y por último Daniel Montenegro tiene fractura de tabique, del maxilar superior y la dentadura rota.

Una vez que los agarran tienen una modalidad nueva, implementada este año: no concentran detenidos en una comisaría, sino que los llevan a una dependencia en Gral. Paz y Madariaga, que es como una gran alcaldía de la Policía Federal. Y ahí tenés por un lado la Gral. Paz y por el otro un descampado, fácil para reprimir si hay protestas.

EA: Luego comienza la instrucción y el procesamiento…

 

Para realizar la instrucción se designa un juez de instrucción. En este caso es Galeano. En primer lugar hay muchos juzgados de instrucción vacantes porque hubo jueces que se quedaron sin cobertura política. Cuando sube Menem se modifica el código y con él, toda la estructura judicial. A la mayoría jueces de primera instancia (algunos de la dictadura, otros nombrados por Alfonsín) se los asciende a tribunales de juicio o a casación o a las cámaras. Y en el primer filtro, que son los juzgados de instrucción, pusieron a Galeano, Liporace, Oyarbide, Servini de Cubría, Literas… Al fuero federal concurren todos los delitos de tinte político (corrupción, manifestaciones, etc.), los juicios contra el Estado, los cortes de ruta (si son nacionales), delitos en trenes. Allí Menem puso a su gente. La causa la tomó el juez Galeano y el fiscal es Stornelli. El juzgado no puede desconocer las torturas porque esto deja marcas. Además la misma policía derivó gente al hospital. Hasta ahora el juez Galeano no hizo nada. Ninguno de ellos puede pasar por alto que los compañeros estaban golpeados. De los 108, determinaron que los revoltosos habían sido 8. Luego conseguimos la excarcelación de una compañera y quedaron siete detenidos. Cinco en Marcos Paz y dos en Ezeiza, que son los dos menores.

 

EA: ¿De qué se los acusa?

 

El problema viene en el sumario de prevención que arma la policía. Detiene a la gente, secuestra los elementos, registra los daños causados, se pone en contacto con la fiscalía, le pone una calificación provisoria y con eso se va armando un sumario. Lo que a mí me llama la atención es que los médicos de la policía tienen que revisar a los detenidos. Como tenían detenidos sin pruebas en la mano, recopilaron palos, fierros, banderas, las tortas fritas, había bombas molotov armadas con bombas de estruendo. Que en realidad a nadie le consta quien las construyó. A cada detenido le agregaban alguna mochila con palos y cadenas. En el caso de la compañera que salió en libertad, le habían adosado una mochila donde había de todo, pero se les escapó el detalle de que la mochila era de hombre y tenía cosas de hombres. Entonces tuvieron que dejarla en libertad.

El procesamiento se fundamenta en declaraciones  de personal policial exclusivamente. Son quienes se enfrentaron a los manifestantes y entonces declaran como testigos. Los manifestantes no pueden declarar como testigos porque son imputados. Unos de los declarantes es el comisario Hugo Ernesto Lompizano, autor de las torturas en la comisaría.

Galeano les imputa  “211” y 213 bis que es “prepotencia ideológica” que dice que “será reprimido de tres a ocho años … al que organizare o tomara parte en agrupaciones permanentes o transitorias que sin estar comprendidas en el 210 tuvieran por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Hay un principio en el derecho penal que es básico: cada individuo es responsable de sus actos. Este tipo penal es típico de una dictadura. Porque por el sólo hecho de ser miembro de una organización se puede procesar a cualquiera, no es necesario que hayan participado de los hechos que se le imputan. Este artículo es muy amplio y le permite a un gobierno barrer con toda la militancia. O sea que la persecución política es completamente “legal”. Además, a los compañeros detenidos le agregaron “atentado contra el orden público”, “intimidación pública”, “daño calificado” y “resistencia a la autoridad”, por lo que la sumatoria de las penas arroja un máximo de 24 años de prisión y entonces no hay excarcelación posible. Con respecto a “intimidación pública” (art. 211 bis), el juez Galeano y el fiscal Stornelli pasan por alto la cacería policial y las coerciones en la comisaría Esta metodología judicial tiene sus orígenes en los conflictos en Salta. Allí a los piqueteros se le unía toda la población. La policía realizaba tareas de inteligencia y entraba en las casas, buscaba a la gente por los barrios. El recurso legal fue sumarle distintas figuras penales groseras. En ese caso los imputaban por “atentado contra el orden constitucional” (una figura sumamente grave). Aquí en Buenos Aires estas figuras debutan con Kirchner en las detenciones de la Legislatura. Generalmente hay figuras que están contenidas en otras más graves y por lo tanto quedan subsumidas. Pero en el caso de los detenidos el 31 de agosto se les imputaron todas las figuras por separado. Entonces se dispara la escala penal, no se permite la excarcelación y si se llega a encontrar culpable al acusado, va a pasar mucho tiempo adentro.

 

EA: ¿Cuál es la posición del fiscal?

 

En el caso de Quebracho, Stornelli pide que se detengan a todos los que se liberaron para indagarlos y que se amplíe la instrucción del sumario (más videos y tareas de inteligencia) para dilatar el juicio. Hasta que no termina la instrucción no comienza el juicio y los imputados quedan presos sin condena. Así pueden pasar varios años. Este auto de procesamiento es apelado por los defensores y por el fiscal, pero Stornelli quiere que traigan a las 100 personas que quedaron en libertad, que los encierren, que los indaguen y que se les abra instrucción para someterlos a juicio. Por otro lado quiere identificar a más manifestantes. Así se van a producir nuevas detenciones y nuevas indagatorias. Probablemente también comiencen a perseguir a las otras organizaciones. Además piden a la Secretaría de Seguridad Interior que les manden un informe acerca de quiénes son  los integrantes, la dirección política y demás de Quebracho. Como le están poniendo esta figura penal de “prepotencia ideológica”, quieren apuntar a la dirección política de las organizaciones y encarcelarlos. Se está haciendo jurisprudencia. Hace un tiempo el Juez Liporace detuvo a gente de Quebracho y pidió un informe de inteligencia a la SIDE. Cuándo se preguntó quién había hecho ese informe y bajo el pedido de quién, nadie se hizo cargo, con lo que se cayó todo el juicio. Pero nadie investigó esa irregularidad. Por eso ahora no piden informes a la SIDE. Galeano y Stornelli se ajustan a la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), creada por Duhalde, y piden informes a la Secretaría de Seguridad Interior, a cargo de Iribarne, que forma parte del Ministerio del Interior (Aníbal Fernández), cuyo superior inmediato es el presidente de la nación. Así es que Seguridad Interior bajó un informe donde, además señalan a un abogado defensor en la causa por aparecer en una foto de una marcha. El Colegio de Abogados no nos da ninguna solidaridad en este punto.

De esta misma Secretaría de Seguridad Interior mandan el informe no sólo al juzgado de Galeano, sino al resto de las fiscalías. La Secretaría de Seguridad Interior está recopilando todas las causas donde hubo cortes de ruta, marchas, etc., las levanta y sale a buscar a la gente sin orden de captura. Por ejemplo Franquet (de CTD-Aníbal Verón) sale de la casa y se le aparecen autos de civil, lo obligan a entrar y lo detienen en función de una causa de un corte en una autopista pidiendo la libertad de sus compañeros en agosto del 2003, una causa que estaba dormida. La intención del gobierno es reflotar todas las causas. Ese es el sentido del proyecto de Fernández de crear un registro único. Por un lado se pretende una saturación de causas que desgastan a los abogados, que somos pocos. Pero por otro, a los imputados se le van acumulando causas. Así, en una semana entraron más 120 presos políticos (entre Plaza de Mayo, Caleta Olivia y la dirección de Quebracho).

Hoy la causa tiene secreto de sumario por lo que ni la defensa puede verla. Cuando se venza el término del secreto habremos llevado veinte días hábiles defendiendo a ciegas (si es que no prorrogan la medida por más tiempo).

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