Caída al vacío. Los acuerdos de competitividad y sus consecuencias – Damián Bil

Los acuerdos que el Gobierno está firmando con sectores de la producción profundizarán la flexibilización y la baja salarial, sin cambios estructurales de fondo. Los beneficios en productividad serán reducidos, a costa de peores condiciones para las masas.

Damián Bil

OME – CEICS


Aunque el kirchnerismo y buena parte de la izquierda acusen a Macri de neoliberal, con argumentos como la destrucción de la industria, Cambiemos expresa otra cosa. Es la reedición del programa desarrollista, condenada nuevamente al fracaso.[1] Los acuerdos de competitividad que firman con diferentes sectores de la economía son un instrumento para analizar la estrategia de Mauricio y realizar una correcta caracterización al respecto, como así también para entender los límites de la acumulación en el país.

La lógica industrial de los acuerdos

Como ya analizamos, en el plano de la producción la intención declarada del gobierno es mejorar las condiciones de acumulación. Por un lado, renovar la infraestructura interna; por otro, reducir los costos laborales para atraer inversiones privadas.[2] En este panorama se entiende la urgencia por la reforma laboral y la ronda de acuerdos iniciada a mediados de 2016 pero profundizada durante este año.

Estos arreglos se basan en el compromiso de empresarios, sindicatos y sector público. Los primeros se comprometerían a invertir, el estado a reducir el costo logístico e impositivo y favorecer importaciones de insumos, mientras que los sindicatos deberían aceptar la introducción de reformas para aumentar la productividad en los convenios. Al respecto, se avanzó en petróleo y gas, automotriz, motos, textil, calzado, construcción, siderurgia, aluminio, y en producciones agropecuarias específicas (arándanos, manejo de silobolsas, porcinos y avícola).[3] Un objetivo es reducir el costo de insumos básicos como los de producción de energía (petróleo) o de acero y aluminio, que busca un “efecto cascada” sobre los sectores consumidores, como la construcción y la metalmecánica. En abril, el gobierno firmó un pacto con Aluar (proveedor casi exclusivo de aluminio para el mercado interno) para reducir un 14% en dólares el precio del barrote, a cambio de menores incrementos en la tarifa de electricidad para la empresa; lo que repercutiría sobre los costos de la alicaída actividad de la construcción, que registra un retroceso interanual del 12,7% de 2015 a 2016.

Lo inmediato y lo estructural

Los acuerdos se producen en un contexto recesivo. Según INDEC, recién en mayo-junio se detuvo la caída interanual, llegando a una situación de suma cero con respecto al mismo período de 2016. Si bien algunos subsectores incrementaron su volumen de producción, durante este primer cuatrimestre el panorama es de caída del volumen de producción física comparada con un de por si flojo 2016: -6,3% en materiales de construcción, -11,5% en electrodomésticos y -24,4% en electrónica, por ejemplo. Por eso, los acuerdos tienen como uno de sus objetivos inmediatos fomentar el consumo en ramas como calzado, indumentaria y textil (además de otorgar el Repro Express para sostener el empleo de empresas en crisis). Es decir, insistir en la receta de Kicillof y compañía. Difícilmente podría ser de otra manera, en tanto son sectores donde la Argentina es poco competitiva, constreñidos al mercado doméstico y que precisan de la asistencia estatal para subsistir.

Otra pata para la expansión del consumo es la exportación. Para ello, lo que se propone son incentivos fiscales, aumentando los reintegros de impuestos a exportadores. Es decir, las mismas medidas que se implementan desde mediados de los ’60, sin demasiado éxito.

El último eje es el del costo laboral y la mentada productividad del trabajo, demanda machacada por los industriales y sus intelectuales, que vienen haciendo hincapié en sus elevados costos internos por efecto de elevados precios de insumos, presión tributaria y precio de la mano de obra. En este punto reside el nudo de los acuerdos, como parte de una estrategia más general de Cambiemos en torno a la “competitividad”. Un reciente informe de competitividad del Foro Económico Mundial, realizado sobre 139 economías e indicador del “clima de negocios” internacional, ubica a Argentina en el puesto 130° en ambiente macroeconómico y en eficiencia del mercado laboral (como subítem, en el 133° en “flexibilidad para determinar salario” y “normas de contratación y despido”), mientras que en el funcionamiento del mercado de bienes se coloca en el 135°. Entre las respuestas de los empresarios encuestados, los mayores problemas para realizar negocios son la inflación, la presión tributaria, el acceso al financiamiento, la corrupción y las regulaciones laborales restrictivas.

A nivel sectorial, en la minería la productividad cayó un 45% en dólares desde 2006; lo que sumado a problemas logísticos la pone en desventaja frente a competidores regionales. En acero, los consumidores se quejan de que el costo es 30% superior en el país que lo que pagan los competidores extranjeros.[4] Tomemos al sector terminal automotriz, uno de los preferidos del gobierno en esta ronda y con proyectos previos, como el Plan Un Millón. Un reclamo de ADEFA tiene que ver con el costo del aluminio, más caro en un 19% que en Brasil, 29% con respecto a Europa y más del doble que en los EEUU. En relación a sus competidores regionales, el costo de partes e insumos de las terminales argentinas supera en 12% al de las brasileñas y en 25% a las mexicanas. Por vehículo, para 2016 un sedán de gama media argentino insumía 1.400 dólares en mano de obra directa, mientras que en Brasil 800 y en México solo 300. Asimismo, se lamentan de las altas cargas sociales, muy superiores a las mexicanas. En consecuencia, el costo de producción de estos modelos en Argentina se ubica en torno a los 15.900 dólares, 25% más que Brasil (12.700) y 65% más que México (9.600). Según la consultora Abeceb el costo laboral unitario (CLU) de toda la manufactura argentina, el gasto en salarios y cargas por cada unidad de producto fabricado, en abril de 2016 era de los más altos del mundo (es decir, de los menos competitivos). Se ubicaba en torno a los 1,87 dólares, solo por delante del brasileño con 1,98 dólares; muy lejos del que lideraba entre países seleccionados, China, con apenas 0,17, e incluso de México, con 0,48.[5] No solo los países de bajos salarios tienen reducidos CLU: esto también ocurre en potencias industriales, como en EEUU, donde se ubicó en torno a los 0,44 U$S. Esto se debe a que, aun con salarios relativamente altos en comparación con otras regiones, en EEUU se fabrica con una elevada productividad; es decir, con menor cantidad de tiempo insumido que otros para producir una mercancía.

Otro problema es la escala: en automotriz, ADEFA sostiene que los niveles óptimos de competitividad se alcanzan recién desde las 50.000 unidades por modelo. En Argentina, poco más de la mitad alcanzan esa barrera, mientras que en Brasil y México el porcentaje supera el 80%. Eso repercute en la productividad: mientras en el país la productividad física promedio entre 2007-2015 fue de 17 vehículos por obrero, en Brasil llegó a 25, en México 58 y en EEUU 68.[6]

Lo que viene, lo que viene…

Por eso, los industriales exigen flexibilizar aún más. Joachim Maier, CEO de Mercedes Benz (que ya viene aplicando cambios en este sentido) y flamante titular de ADEFA, reclamó medidas sobre las cargas sociales, la rigidez de contratación de personal temporario y los convenios: “Queremos que los trabajadores sean polifuncionales, no que a un trabajador lo pueda usar para esto y no para otra cosa” y “llevar el ausentismo a un nivel internacional. Tenemos una mano de obra muy protegida”. También, avanzar sobre el adicional por antigüedad, abonar parte del salario atado a la productividad, revisar los incentivos, retirar de la jornada el tiempo de comedor, revisión de indemnizaciones, entre otras.[7]

Cerrada en gran medida la vía de reducción sustancial de la presión impositiva, dada la necesidad de financiamiento del Estado argentino, y de ampliar la escala por incorporación tecnológica, la burguesía profundizará el ataque al salario. En esto Macri no es nada original. Es lo que vienen haciendo desde hace más de 60 años. Pero la tarea que se plantean es compleja: en estas condiciones, solo para igualar el CLU de los EEUU, la Argentina debería fabricar entre 1,7 y 2 millones de vehículos (cuando recién en 2023 se pretende alcanzar el millón) o bien los trabajadores recibir 3.000U$S de ingreso anual, que es lo que hoy perciben en promedio por mes (53.000 pesos según el Boletín de Remuneraciones de Trabajadores Registrados del Ministerio). De llegar al “Un Millón”, podrían darse el lujo de cobrar 13.500U$S. Con México la comparación es más cruel: Argentina debería convertirse en el cuarto productor mundial con 4.700.000 autos, diez veces más de lo que se produce hoy y por sobre el volumen de la India o Corea del Sur, solo para empardar el CLU mexicano. O bien, reducir el ingreso anual a 570U$S, o a 2.000 si se llegara al millón de vehículos. Está claro que implicaría una masacre social que se reeditaría en buena parte de los sectores económicos, con conmociones de magnitud. Y esto para muy poco, ya que los niveles de los países que compiten con menores salarios que los mexicanos aun estarían lejos.

Los acuerdos pueden tener algún resultado para el capital a corto plazo, pero se muestran inviables en términos estructurales, entre otras cosas porque el mundo se sigue moviendo. En Argentina, mientras que la burguesía impone peores condiciones a las masas en dosis, a nivel global el capital avanza más rápido. La clase parásita y sus políticos solo tienen esa carta. Ajustarnos los cinturones para nada. El incremento de la productividad del trabajo y el aprovechamiento de sus resultados para la población solo se podrá plantear si nos sacamos de encima a estos vampiros y reorganizamos la producción y la vida social bajo otras relaciones. Es decir, la planificación socialista centralizada.


[1]Sanz Cerbino, Gonzalo: “El desarrollismo criollo”, El Aromo, n° 95, 2017.

[2]Bil, Damián: “Contra la pared”, El Aromo, n° 95, 2017; y Bil y Fontanil: “Una copia con mal futuro”, El Aromo, n° 96, 2017.

[3]Cronista, 21/4/17, https://goo.gl/xhqHJW; La Nación, 21/5/17, 14/7/17 y 25/8/17, https://goo.gl/GzwEwY, https://goo.gl/Cvu3Ay y https://goo.gl/hZ31ro; Río Negro, 29/7/17, https://goo.gl/HmqvVN.

[4]ABECEB, 31/1/17, https://goo.gl/qCPgon; La Nación, 14/7/17, https://goo.gl/wdFSeh; y Schwab, Klaus: The Global Competitiveness Report 2016–2017, WEF.

[5]Cronista, 13/4/16, https://goo.gl/eDjx5w.

[6]Ámbito, 2/5/17; https://goo.gl/HoJLPU e Infobae, 29/6/17, https://goo.gl/S6y8N9. Datos de productividad elaborados a partir de ADEFA, Ministerio de Trabajo (Argentina), ANFAVEA (Brasil), INEGI (México), BLS y OICA (EEUU).

[7]La Nación, 30/7/17, https://goo.gl/JxpBpf y Cronista, 28/7/17, https://goo.gl/skZDEh.

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