Las huelgas docentes en Brasil. Los trabajadores de la educación de Río de Janeiro resisten la política meritocrática – Roberto Simoes

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Si usted creía que la educación en Brasil distaba mucho de la argentina, se va a llevar una sorpresa. En este artículo, nuestro colaborador  Roberto Simões explica las formas de degradación y de opresión al docente que el Estado realiza. Pero también, nos cuenta las luchas que  los trabajadores educativos han emprendido para mejorar sus condiciones.

Roberto Simões
Militante del Movimiento Marxista 5 de Mayo y dirigente del Sepe/RJ

La política nacional de educación, aprobada por el gobierno de Lula da Silva, en 2007, tiene como base el documento “Compromiso Todos  por la educación”, firmado por grandes corporaciones nacionales y multinacionales, como el Instituto Gerdau, el Instituto Ayrton Senna, la Fundación Bradesco, la Fundación Roberto Marinho, la Federación de las Industrias de San Pablo, el Banco Mundial, Microsoft y Globo, entre otras. Organismos multilaterales -ONU, Banco Mundial, Unesco, UNICEF- además del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Brasil (PNUD), establecen metas a ser alcanzadas hacia 2022, año que marca el bicentenario de la independencia del Brasil.
Tales metas van desde incluir a todos los niños en la escuela, hasta índices de aprendizaje establecidos por evaluaciones centralizadas por los gobiernos (en las tres esferas, nacional, estadual y municipal), pasando por la elaboración de planes de carrera docente, cargo y salario, donde la progresión por tiempo de servicio es sustituida por el mérito. La meritocracia en la educación gana cuerpo y necesita de una dosis adicional de autoritarismo para ser implementada en las escuelas.

El autoritarismo genera resistencia

Los trabajadores de la mayor red pública de educación de América Latina, los docentes de la ciudad de Río de Janeiro, no hacían una huelga desde 1994. Sin embargo, la red fue sacudida por sus trabajadores por una de las mayores huelgas realizadas por esta categoría profesional en Brasil. Desde 2012, se viene movilizando contra el autoritarismo de la burocracia del Estado, representada por el gobierno  central de la Prefectura de Río, que impone un rígido dominio sobre las direcciones de escuela. Estas, seleccionadas a partir de una elección totalmente controlada por el gobierno y realizada cada tres años, obedecen ciegamente al poder central. Este dominio en el interior de la unidad escolar es absolutamente necesario, pues es allí donde el proletariado es controlado por la burguesía más que en cualquier institución burguesa. Es allí, al final, donde sucede todo. Los alumnos de las 1.077 escuelas de Río de Janeiro habitan, en su mayoría, en las favelas cariocas, portando consigo la violencia histórica reservada por la burguesía a los habitantes de los guetos tercermundistas. Este  alumnado no está necesariamente interesado en absorber el conocimiento del mundo, producido y acumulado por la humanidad y que  debería ser transmitido históricamente por una escuela que dejó de cumplir esa función. La producción cultural alienante ofrecida por el  poder público y los medios a estos niños y jóvenes, los llevan a una concepción de la escuela que excluye la posibilidad de esta institución  de ejercer su papel histórico de producción y transmisión de conocimiento. La escuela, para ellos, no es un lugar donde pueden encontrar  sus amigos y luchar para librarse de los obstáculos de su vida con la ayuda de los trabajadores, sean ellos docentes o no docentes, que  procuran, en la medida de lo posible, orientarlos mínimamente para tener la posibilidad de una vida menos perversa. Todo este proceso es  agravado por la falta de puestos de trabajo estratégicos que han sido eliminados en la escuela, como supervisión y orientación educacional,  sicología, coordinación de disciplina, inspec- tor de alumnos, porteros, etc. El trabajo pedagógico se torna imposible de realizar,  especialmente porque el proyecto político-pedagógico de la escuela no es construido a partir de las necesidades políticas y pedagógicas de  cada unidad escolar.
Al contrario, el proceso educacional se torna mecánico, centralizado, quitando a los docentes su autoridad y autonomía político pedagógica.  Las evaluaciones pedagógicas, tema polémico en el proceso educativo, pasan a ser centralizadas y ajenas al trabajo docente. El poder central, imbuido de su perspectiva mercantil, imprime programas que se transforman en “paquetes pedagógicos” que orientan a los docentes. Estos, sumidos en un letargo de casi dos décadas, aceptaban la condición de subalternos y ejecutores de una política de aprobación automática, bajo la amenaza de una brutal represión a los que hicieran evaluaciones contrarias a los intereses del poder central.  El “asedio moral” contra los docentes que reprueban alumnos es sorprendente. La orden era no reprobar, además de que, veladamente, los docentes tenían que ayudar a los alumnos en la evaluación externa, sea “adiestrándolos” para las pruebas, sea colaborando durante la elaboración de las mismas. Para estar arriba de los índices del IDEB (Índice de Desenvolvimiento de la Educación Básica) vale todo. Una  meritocracia impone bonificaciones a las escuelas que alcancen los índices. Profesor que pide licencia médica perjudica al colectivo, tanto  como el que reprueba. En cuanto a las reprobaciones, el poder central impone la “pedagogía de los proyectos” de variado nombre,  reuniendo en un mismo turno alumnos con desfasaje de edades y año de escolaridad. Así, se reúnen en un mismo curso alumnos con mayor dificultad, con un docente general, que independiente de su especialidad, se quedará el año entero con ellos dando lengua portuguesa,  matemática, geografía, ciencias e historia. Este (nuevo) docente impuesto por el gobierno central es fruto de una especie de soborno, ya que se le conceden horas extras y una falsa impresión de que está haciendo un trabajo humanitario.

Huelgas: el poder de fuego

Las huelgas iniciadas el 8 de agosto, tanto en la red pública del Estado de Río de Janeiro, como en la capital del estado, tienen su epicentro en el combate a esta política meritocrática. La red estadual, caracterizada por protagonizar largas huelgas históricas desde 1979 -la última, en 2011, duró 66 días- se inició con bajos niveles de adhesión, que ahora comienzan a elevarse lentamente. Al momento de escribir este  texto, 11 de septiembre (a 40 años del golpe contra Allende) una asamblea aprobó por unanimidad la continuidad de la huelga, con más de  mil trabajadores en la asamblea, mientras continúan las marchas hacia el parlamento estadual, acampando en la puerta del Palacio Tiradentes, a pesar del fuerte aparato de represión policial. Las negociaciones con el gobierno de Sergio Cabral no han producido ningún avance que indique una salida a la huelga en el corto plazo.

El desmonte

Sin embargo, las mismas organizaciones políticas, tanto de izquierda como de derecha que actúan en la organización y en la dirección del Sepe (Sindicato Estadual de los Profesionales de la Educación) y que defendieran la continuidad de la huelga estadual, desmontaron, un día antes, la huelga de los trabajadores de la red pública de la capital. De las organizaciones de derecha no podemos esperar que hicieran otra cosa, ya que existen para atender los intereses del capital. El PT (Partido de los trabajadores), el PCdoB (Partido Comunista do Brasil) y el PDT (Partido Democrático y Trabajador) no sólo están en la base de sustentación del gobierno de Dilma Roussef, sino que tienen al vice-prefecto de Río de Janeiro, Adilson Pires y varios secretarios de Sergio Cabral. Ellos cumplen bien, en el interior de la dirección del sindicato –los 48 directores del Sepe son elegidos proporcionalmente a los votos válidos depositados en la urna, concedidos a las diferentes listas- su papel histórico de traición a la clase obrera. No por casualidad, la mayoría de la dirección, que es opositora al gobierno, consiguió  desafiliar al sindicato de la CUT (Central Única de Trabajadores), y de la CNTE (Central Nacional de los Trabajadores de la Educación) en 2006, ambas al servicio del gobierno del PT/PMDB.
Sin embargo, la crítica que hacemos aquí no está dirigida a estos, que ya asumieron su posición de sustentación de los intereses de la burguesía y, por eso mismo, pidieron el fin de la huelga. Lo más grave fue ver a las principales organizaciones políticas de izquierda brasileña, el PSOL (Partido del Socialismo y la Libertad), reformista, y el PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), trotskista, defender el fin de una huelga -que comenzó con un índice alarmante de 80% de adhesión- diluyéndose con la derecha en melancólicas argumentaciones de que los índice de paro estaban cayendo al 60%, frente a un plenario de más de 3 mil huelguistas, cuya votación fue muy apretada. Lamentablemente, nosotros, el MM5, junto con otras pocas organizaciones de izquierda y militantes independientes, no conseguimos asegurar una huelga fuerte que colocara contra la pared al gobierno de Eduardo Paes. Su secretaria de Educación, Claudia Costin, ex agente del Banco Mundial y ligada a ONGs, Institutos y Fundaciones, ya anunció un calendario de recuperación de clases con todos los sábados hasta el 11 de enero. Este cuadro estratégico del gobierno para privatizar la educación pública, fue Ministra de Reforma de Estado, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
La izquierda sabe eso. Y sabe también que la huelga es nuestro instrumento de combate más poderoso. No se puede terminar una huelga que está en curso y que tiene aliento. Y cuando una huelga pierde oxígeno, creamos recursos para reanimarla. Es lo que estamos haciendo  con un campamento en el parlamento estadual. Venceremos.
¡No pasarán!

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