La viga en el propio…

Reseña de Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky

 

Los intelectuales oficialistas, comandados por Verbitsky, salieron nuevamente a denunciar las complicidades empresarias y sindicales que ostentó la dictadura. Sin embargo, se olvidaron de algunos nombres: los de aquellos que hoy son parte del “modelo”. Si quiere deleitarse con algo de relato K, tome aire y lea esta nota.

 

Verónica Baudino

Grupo de Investigación de Historia de la Burguesía

 

Verbitsky es el compilador de un libro[1] que, no lo podemos negar, parece tener intenciones acertadas: reconstruir y denunciar las alianzas económicas de la dictadura militar. A su entender, dado que el kirchenerismo ha impulsado juicios contra los militares de entonces, ahora sería tiempo de juzgar a los empresarios que acompañaron el golpe. No obstante, así como el avance judicial sobre el personal militar se mostró incapaz de saldar esa cuenta histórica con el pasado, la línea sesgada con la que el libro examina a los responsables civiles lleva a conclusiones que distorsionan el proceso y eximen a los verdaderos culpables.

El trabajo insiste en remarcar que la dictadura abrió paso a un “nuevo modelo de acumulación”, que perduró hasta 2001, idea que constituye una defensa del kirchnerismo como proyecto político de “reindustrialización”. El mismo implicaría una batalla contra los monopolios financieros, hegemónicos desde la dictadura. Lógicamente, se omite la complicidad de los socios del Gobierno, centrándose solo en sus “enemigos”. Sumado a esto, se parte de una visión que atribuye responsabilidades puramente individuales: ciertos empresarios “malos” que atentaron contra el “modelo de desarrollo” peronista. La vinculación entre las FF.AA. y los empresarios es aquí contingente y no la expresión de la pertenencia a una misma clase. Verbitsky intenta evitar una conclusión lógica: las FFAA no constituyeron un aliado circunstancial de los patrones, sino el personal político necesario para una situación de excepción en que estaban en riesgo las bases de reproducción de la burguesía en su conjunto. En ese sentido, no hay complicidad individual: el régimen de excepción fue impulsado por toda la clase dominante.

 

¿Cambio de patrón de acumulación?

 

El libro se estructura en torno a la vieja tesis de Basualdo, reciclada para la ocasión. No viene mal repasar sus puntos centrales. La dictadura de 1976 habría sido una “revancha clasista” de sectores oligopólicos y terratenientes desplazados desde el primer gobierno peronista. Los intelectuales liberales, desde sus think tanks, habrían impulsado un proyecto hegemónico contrario al Estado redistribuidor, en beneficio del mercado. Habría operado, de este modo, un cambio en el modelo de acumulación: de uno basado en la producción, se habría pasado a otro asentado en la “valorización financiera”. Detrás del modelo dictatorial, se encuentran, entonces, grupos económicos locales y transnacionales ligados con la banca extranjera. Los perdedores habrían sido la burguesía nacional y los trabajadores, que conformaron la alianza peronista.

La dinámica de la nueva forma de generación de riquezas habría consistido en adquirir préstamos en el extranjero a baja tasa de interés y recircular el dinero en el mercado financiero local, valorizando el capital en la esfera especulativa. El Gobierno militar habría obrado para recomponer las relaciones con la banca internacional, de forma tal de facilitar el negocio de los grandes especuladores, además de otorgar subsidios con el mismo objetivo. El proceso redundó en una concentración y centralización de las empresas, que incrementaron sus activos gracias a las posibilidades de valorizarse financieramente. Acindar, Fabril Financiera, Garovaglio y Zorroaquin, Dálmine-Siderca y la burguesía agraria serían algunos de los principales beneficiarios de la revancha pergeñada contra la burguesía nacional.

Como hemos sostenido en otros artículos, el proceso abierto en 1976 no implica, sin embargo, un cambio de modelo de acumulación en que la producción se vio desplazada. El endeudamiento existió, pero implicó que los capitales que accedieron a él lo utilizaron para potenciar una competitividad que ya portaban, o sobrevivir en caso de debilidad frente a sus competidores. La supuesta “desindustrialización” no fue más que la concentración y centralización del capital (o su relocalización), y expresa la primacía de las ramas más competitivas, ligadas al agro. En medio de la crisis económica, era preciso el desplazamiento de capitales más débiles en disputa por unas ganancias menguantes. En esa lucha, vencieron los más fuertes, no los especulativos. Triunfaron exponentes de la burguesía nacional industrial como Arcor y Techint y perdieron otros miembros de la misma fracción de la clase dominante, menos competitivos.

Los ganadores de ayer son los mismos que mantienen su hegemonía hasta el día de hoy, a los que se han sumado capitales menores, gracias a la particular coyuntura postconvertibilidad. Lo ocurrido en 2002 no es, como plantea el libro, un retorno al modelo industrializador, sino una combinación de devaluación, caída de salarios, protección del mercado interno y aumento de los precios agropecuarios. Todo esto, más los crecientes subsidios estatales, es lo que posibilitó el resurgir de capitales obsoletos. El kirchnerismo, por tanto, no enfrentó a los ganadores del modelo ‘76, sino que se alió con ellos y se erigió en su personal político. El apoyo abierto que obtuvo de Arcor, Techint, Clarín, General Deheza o FIAT, al menos hasta 2008, lo demuestra. Como ahora estos empresarios se enfrentan al Gobierno, porque sus ganancias ya no son las esperadas, se les recuerda su complicidad con la dictadura. Las corporaciones agropecuarias corrieron la misma suerte: recién tras el conflicto de 2008 los intelectuales K sacaron a relucir sus trapos sucios. En cambio, parece que Chevron, el Banco Mundial y la CGE tienen un pasado limpio. Claro, son “amigos” del gobierno y mejor no escarbar. Si Verbitsky lo hiciera, se encontrarían, por ejemplo, con que la mayoría de los miembros de la CGE abandonaron el reformismo, entre 1975-1976, para integrarse a la alianza golpista.

 

Contra la clase obrera

 

La dictadura, como bien reseña el libro en cuestión, impulsó políticas que implicaron un feroz ataque a la clase obrera, ya sea mediante la degradación de sus condiciones de vida, como a través de violencia física contra sus dirigentes. En el texto encontramos un capítulo dedicado a la complicidad de empresas como Acindar, Ford, Techint, Mercedez Benz y Ledesma en la desaparición de trabajadores “subversivos”. Junto a la responsabilidad del empresariado en la represión obrera, señalan la colaboración de la de la burocracia del SMATA. En especial, en la ofensiva contra la seccional cordobeza liderada por René Salamanca. Podrían haber agregado otros burócratas a la lista de colaboradores (como los que ahora son aliados del Gobierno), pero los datos que presentan, por sí mismos, contradicen la línea argumental de la “revancha clasista”: las empresas que promovieron la represión en sus plantas son los mejores exponentes de la “burguesía nacional”. Además, la ofensiva contra la vanguardia obrera comenzó bajo el gobierno peronista y contó con la colaboración activa no solo de sus funcionarios, sino también de sus dirigentes sindicales.

Pero todo cambió, nos dicen. Desde 2003, el Gobierno enfrenta los resabios del poder económico dominante desde 1976 y a sus secuaces. Se relanzó el modelo productivista…

A todo esto, la clase obrera de seguro no goza, gracias al kirchnerismo, de una vida de abundancias. Muy por el contrario, los salarios reales anuales se encuentran en el mismo nivel que los de 1976-1982 y por debajo de los 1983.[2] “Estamos en la batalla”, nos dicen. “Hay que enfrentar a la derecha”, repiten. Si la “derecha” son los empresarios que promovieron la dictadura, muchos de ellos recibieron en estos años tanta ayuda como la que les dio Videla. Techint, sin ir más lejos, fue beneficiado con el negocio del transporte del gas desde Bolivia y con la protección contra las importaciones brasileras.[3] Blaquier, sindicado como responsable de la desaparición de 29 obreros del Ingenio Ledesma, fue favorecido con cuotas de energía superiores a la de otros empresarios azucareros. Este empresario se había declarado simpatizante K, antes que la crisis lo separó de Cristina y Moreno. “Pocos gobiernos como el actual han defendido tanto a la industria nacional”, supo decir.[4]

¿Y en los sindicatos? Hasta no hace mucho, este Gobierno se apoyaba en Moyano, denunciado por su complicidad con asesinatos de dirigentes sindicales y políticos bajo el gobierno peronista (1973-1976) en Mar del Plata. Hoy tienen como aliados a Gerardo Martínez, que fue miembro del Batallón 601, y Armando Cavalieri, que se niega a que se juzguen los crímenes de la Triple A.

 

Tuertos

 

Como vemos, todo el libro se limita a enumerar una serie de complicidades civiles individuales con la dictadura, desdeñando el análisis de la totalidad que los llevaría a identificar al régimen militar como un proyecto clasista. De esa manera, muchos vasos comunicantes con la democracia en general, y con este gobierno en particular, son barridos bajo la alfombra. Al momento de analizar la colaboración de la Iglesia y de los estudios jurídicos, la cosa bordea el ridículo. En un artículo de su autoría, Verbitsky decide olvidar las denuncias que él mismo lanzó contra Bergoglio. Mientras en marzo de 2013 daba cuenta de la complicidad del flamante Papa en la entrega de los sacerdotes Jalics y Yorio a la ESMA,[5] en Cuentas Pendientes se limita a una única mención lavada: “designado en marzo de 2013 como Papa Francisco, declaró como testigo por el secuestro de dos sacerdotes jesuitas” (p. 357). De criminal pasó, en menos de un año, a ser un simple testigo. Parece que ahora que tenemos un Papa peronista. Y, como hace buenas migas con Cristina, hay que limpiarle el currículum…

El caso de los estudios de abogados que se beneficiaron con la dictadura resulta ya burdo. Nada se dice de la fortuna que amasaron los Kirchner adquiriendo inmuebles en el sur, en complicidad con cuestionadas financieras y beneficiándose de la política económica de Martínez de Hoz. En aquella época, al permitirse indexar deudas por inflación (medida conocida como “Circular 1050”), más de uno tuvo que vender su casa a precio vil. Y, claro, ahí estaba Néstor… No se trata de una omisión accidental del escriba oficialista, ni un problema de marco teórico elegido. Es una falsificación intencionada: mirar solamente la paja en el ojo ajeno. La única forma de oponer el kirchnerismo a la dictadura. Dos engendros de un mismo vientre.

1Todas las citas en el texto se refieren a Verbitsky, Horacio y Juan Pablo Bohoslavsky: Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, Buenos Aires, 2013.

2Cybulski, Viviana: “Un corte y una quebrada. El eterno tango de los salarios argentinos”, El Aromo, Nº 72, mayo-junio de 2013.

3Mussi, Emiliano y Cybulski, Viviana: “¿Por qué se pelean el gobierno y Techint?”, El Aromo, N° 62, septiembre-octubre de 2011.

4http://goo.gl/WK2dfX; La Nación, 25/7/2010.

5Página/12, 17/3/2013.

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