La vida rota. Un debate sobre el concepto de “gatillo fácil”

Por Nicolás Villanova – En varios números de El Aromo, hemos analizado los asesinatos que comete el capitalismo. Caracterizamos como un crimen social a las muertes que, como en Cromañón, ocurren independientemente de las voluntades individuales, pero como producto de la propia dinámica del capital. Sin embargo, existen otras que se cometen a partir de la voluntad expresa de la clase dominante, utilizando algún elemento del aparato represivo. Ejemplos: la muerte de Fuentealba o el asesinato de Kosteki y Santillán. En estos casos, la burguesía busca alterar las relaciones de fuerza existentes con la masa movilizada, ya sea como forma de intimidación (Fuentealba) o de testeo de reacciones (Kosteki y Santillán). Pero hay otras muertes, también provocadas por las fuerzas de seguridad, que sin ser una consecuencia directa de la dinámica de acumulación, tampoco son el resultado de un enfrentamiento político. Se trata de aquellas ocasionadas por el “gatillo fácil”. ¿Abusos de policías crueles? ¿Políticas planificadas desde el Estado? En este artículo nos proponemos plantear un debate sobre el fenómeno que se esconde detrás de este nombre genérico, así como también dilucidar sus causas.

¿El paraíso perdido?

Uno de los organismos que más ha desarrollado esta temática es el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dirigido por Horacio Verbisky, que en realidad no utiliza la expresión “gatillo fácil”, sino que se refiere a “violencia policial”. Dentro de esta categoría cabría todo hecho en el cual se encuentra involucrado un funcionario de la policía y que tiene como efecto la muerte o herida de civiles o de otros policías.1 De este modo, el CELS supone una igualdad de condiciones y por lo tanto, en su contabilización incluye también a los policías como víctimas de este tipo de violencia. Este planteo conduce a pensar que el problema no es la institución (o al menos no su naturaleza), ya que algunos miembros de ella también pueden verse afectados, sino el accionar de los efectivos que utilizan “indiscriminadamente” su fuerza. Sigamos la línea argumentativa del CELS. Este organismo supone que las causas de este tipo de muertes están determinadas por “patrones de comportamiento violento”, principalmente construidos a partir del desarrollo de una estructura militarizada. Durante los golpes de estado o momentos de “quiebre institucional”, las fuerzas militares habrían intervenido sobre la policía, nombrando militares a su frente, o subordinándola a sus actividades represivas. La consecuencia sería la no adaptación de la policía al cambio de etapa y la continuidad de prácticas “antidemocráticas” en momentos democráticos. Esta explicación, que implica un reconocimiento de que el problema tiene un carácter institucional, no tiene en cuenta, sin embargo, las relaciones de clase que imperan en la sociedad, y se basa en una ilusa diferenciación entre dictadura y democracia. Suponer que con la reapertura democrática debería haber un cambio en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad es olvidar que su función histórica es defender a la clase que gobierna, es decir, la burguesía y su propiedad y que los diferentes métodos utilizados responden a las necesidades coyunturales, de acuerdo al devenir de la lucha de clases.2 Por lo tanto, la idea de que la policía no se adapta a la nueva etapa “democrática” es falsa. Como también es falsa la ilusión de que una mayor presencia del Estado puede resolver el problema. Esto es lo que sostiene, también, la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social (COFAVI) que asegura que a partir del gobierno de Kirchner “han sido escuchados y muchas cosas están cambiando lentamente”.3 Parecen olvidar que ese mismo gobierno es el que más ha “matado” desde la reapertura democrática.

La otra causa fundamental, según el CELS, está vinculada con las redes de ilegalidad policial, entre las cuales se encuentra la corrupción y los negocios del juego clandestino, la prostitución y el narcotráfico. Este aspecto tiene un asidero en la realidad; pero la solución que presenta el CELS es conservadora y reformista. Supone que, si bien existen intentos del Estado para realizar reformas, éstas serían incorrectas, en tanto se llevaría a cabo la “política del más”: más recursos, más armas, más facultades para realizar detenciones. En consecuencia, lo importante sería realizar otro tipo de medidas que apunten a cambiar ese patrón violento, pero siempre en el interior del sistema, es decir sin cuestionar el carácter burgués del Estado. Un ejemplo de una “buena” política sería el control del uso de las armas. Otro, más educación cívica para la policía. Evidentemente, siguen añorando el paraíso perdido de la democracia burguesa.

¿La fortaleza inquebrantable?

La Coordinadora Contra la Represión Policial (CORREPI) considera que estos fenómenos se vinculan con una política represiva inherente al Estado burgués, independientemente del personal político y de la forma que asuma el gobierno. De esta manera, el Estado tiene como objetivo garantizar la reproducción del sistema y lo hace a partir del disciplinamiento social. Hasta aquí, coincidimos con esta caracterización que tiene en cuenta el carácter de clase del Estado y su función social y política.

CORREPI explica que el Estado tiene dos vías por las cuales cumple su papel represivo. Una, adopta un carácter retributivo y tendría por finalidad enfrentar a “organizaciones y militantes populares”.4 Asume, así, la forma de represión en las manifestaciones, ataques físicos a militantes y la criminalización de la protesta. Una segunda forma se refiere a una vía de carácter preventivo, cuya dinámica sería controlar a aquellos “sectores objetivamente interesados en cambiar el injusto estado de las cosas, y que por lo tanto se descarga de manera indiscriminada sobre los más pobres y en particular los más jóvenes, que son así disciplinados, en el respeto al orden y la autoridad”.5 En esta vía se incluye el “gatillo fácil”, las torturas y las detenciones arbitrarias. CORREPI contabiliza que a partir de 1983 la mayor cantidad de casos corresponde a la vertiente preventiva. Así como en la dictadura el objetivo era la aniquilación de un enemigo real, los “subversivos”, con la reapertura democrática el propósito sería disciplinar al enemigo potencial, es decir, los “marginados y excluidos del sistema”.

La organización contiene mayor archivo de la represión policial del país, resultado de un arduo trabajo de recolección de datos y de su intervención en muchos de los procesos. Veamos el criterio por el cual se selecciona los casos de “gatillo fácil”:

“1. Sólo incluimos los casos que culminaron con la muerte de la víctima. 2. Sólo incluimos aquellos casos en los que el o los homicidas eran miembros de las agencias represivas del Estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas. 3. Sólo incluimos aquellos casos en los que la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad alguna, respecto de terceros o del homicida. 4. Incluimos casos de gatillo fácil propiamente dicho (fusilamientos enmascarados como pseudoenfrentamientos), gatillo fácil ‘culposo’ (muertes de terceros causadas por la policía en enfrentamientos reales), muertes en cárceles y comisarías, tortura seguida de muerte y desapariciones.6

Ante todo, es necesario remarcar que el trabajo realizado por CORREPI, tanto en términos teóricos como políticos y organizativos, es parte de lo más avanzado en relación a la problemática de la represión policial. Pero nos interesa plantear algunos puntos de debate, a partir de los cuales apostamos a comprender mejor el fenómeno en cuestión.

En primer lugar, definir al “gatillo fácil” como parte de una política preventiva implica adjudicar al Estado un carácter omnisciente y omnipresente. CORREPI supone que el Estado tiene plena conciencia de los actos cometidos por la policía y que estos le son necesarios para reproducir el sistema. No parece admitir la relativa autonomía que tienen estos aparatos y su lógica de auto-reproducción. Consecuentemente, no ve ninguna contradicción entre estos aparatos y la propia burguesía. El caso Blumberg aparecería como un “error”, pero la cantidad de burgueses (incluyendo a Macri) afectados por el accionar de las bandas policiales, muestra un patrón de comportamiento. Por otro lado, si todos los asesinatos son digitados por el poder político, entonces, el asesinato de Miguel Bru o de Kosteki y Santillán responden a la misma lógica que el de Walter Bulacio. La distinción entre el carácter retributivo y preventivo queda, de este modo, anulada. La concepción de CORREPI parece tener muchos puntos de contacto con la visión foucaultiana de la política burguesa y del funcionamiento del Estado capitalista.

En segundo lugar, se utilizan ciertas categorías que no ayudan a clarificar el objeto de estudio. Conceptos como “pobres”, “marginados” o “excluidos” dan cuenta de un análisis aún superficial del problema y remiten a las teorías posestructuralistas (Foucault, Althusser). La clase obrera no es marginal al sistema, es un elemento indispensable. La noción de “marginal”, supone un sistema perfecto que funciona sin contradicciones y que, por lo tanto, quienes lo impugnan estarían “afuera”. A su vez, no explica qué es lo que define a un individuo como marginal. Sería necesario, antes que nada, realizar una caracterización de clase de las víctimas, ¿qué porcentaje de ellas pertenecen a la clase obrera, qué porcentaje a la pequeño burguesía, cuál a la burguesía? Se trata de un examen necesario a la hora de caracterizar el problema como una cuestión de clase.

En tercer lugar, la delimitación del objeto parece demasiado amplia. Una víctima que “no está armada” puede ser desde un militante en una manifestación a un delincuente común en una cárcel. A su vez, excluye a militantes de los ’70 que se levantaron contra el régimen. Estos, por lo tanto, estarían fuera del análisis, aunque más no sea en el aspecto retributivo.

En cuarto lugar, resulta apresurado afirmar que las víctimas resultan una amenaza potencial al sistema. Dejando de lado la confusión conceptual (“marginales” versus “clase obrera”), no cualquier obrero, por el hecho de serlo, constituye una impugnación del sistema. Su existencia es necesaria y la explotación que sufre no lo ubica necesariamente en el campo revolucionario. Mucho menos lo es un delincuente común, un sujeto sometido a un proceso de desclasamiento y descomposición. Se trata de elementos que actúan bajo los intereses del mejor postor, muchos de ellos, asociados a la policía. Si así fuera, la revolución habría llegado hace mucho. Tomar una cerveza en la calle, a la espera de un recital, no es una amenaza al sistema. Enfrentar al sistema es algo más difícil y exige acciones más sistemáticas y decididas.

Por otro lado, CORREPI asegura que las fuerzas de seguridad “primordialmente apuntan a franjas juveniles”. En realidad, no se trata de una política conciente. La razón por la cual la mayoría son jóvenes radica en que se trata de una de las fracciones más vulnerables. En efecto, ante la pérdida de horizonte que provoca la descomposición del capitalismo y del pauperismo consolidado, los jóvenes son quienes se encuentran más propensos a ingresar en redes criminales, en la drogadicción o en situaciones de descomposición personal y social. No por casualidad, el movimiento piquetero es, en los barrios más sumergidos, la única alternativa a estas salidas.

El barco se está hundiendo

Como vimos, la diferencia entre CELS y CORREPI en su caracterización del gatillo fácil está íntimamente vinculada con su concepción del Estado. Mientras la organización de Verbitsky remite a la ausencia del Estado y confía en que al hacerse presente, se acabarán los “abusos de poder”, CORREPI sostiene que el gatillo fácil es producto de un Estado demasiado presente, todopoderoso y represivo. El error que se comete en ambos casos (aunque en el CELS esto genera una consecuencia política mucho más grave) es que se toma al gatillo fácil en abstracción de las relaciones sociales existentes actualmente en la Argentina. En este sentido, si el capitalismo está en crisis, entonces el Estado burgués también lo está, al igual que las instituciones que lo integran. Por ello, el gatillo fácil es más la expresión del fracaso de un sistema, que la garantía de su reproducción. El grado de descomposición de la policía argentina puede verse, ante todo, en su comportamiento mafioso y corrupto. En efecto, las comisarías han adquirido una lógica comercial que implica el tráfico de armas, drogas y las redes de prostitución. Todos, negocios que mueven sumas astronómicas. Varios crímenes que son tenidos por “gatillo fácil” pueden responder a estos entramados de relaciones entre policías y delincuentes. Y este comportamiento no es necesariamente útil a la burguesía, ni en términos de política general (como lo demuestra la indignación popular que suelen desatar estos asesinatos), ni en términos de conveniencia personal (el problema de la “inseguridad” burguesa).

Este fenómeno “gatillo fácil”, si vale el término, sólo puede entenderse como el producto de la descomposición de las relaciones sociales. Las víctimas pueden ser, en su mayoría, obreras, pero puede haber un amplio porcentaje de ataques a elementos burgueses y pequeño burgueses. Es en definitiva, una afrenta a los derechos jurídicos que consagra la legislación burguesa. Es la incapacidad del sistema de garantizar la vida porque se están rompiendo las relaciones básicas que le daban forma. Por ello, es un ataque objetivo a las condiciones de existencia generales por parte del Estado, ya que sus perpetradores son parte de él. Sin embargo, no parece ser la consecuencia de una política consciente de represión, sino como producto de la ruptura de las relaciones que permiten la vida misma. Por ello, los movimientos políticos que surgieron a partir de estos fenómenos han ido hilvanando un programa que impugnó al personal político y, en algunos casos, al régimen mismo. Creemos que estas reflexiones pueden ayudar a contextualizar un debate necesario, debate que parte de reconocer la gigantesca y valiente tarea de organismos como CORREPI.


Notas

1www.cels.org.ar.
2Véase Harari, Fabián: “El Caso Blumberg. Ecos de un ciclo que no se cerró”, en El Aromo nº 10, mayo de 2004
3www.cofavi.org.ar.
4www.correpi.lahaine.org.
5www.correpi.lahaine.org.
6Idem.

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *