La ruta del ajuste estatal. La estrategia del Gobierno en el empleo nacional de cara al 2019


Sebastián Coiminiello
Oficina de Estadísticas Sociales (CEICS)

El acuerdo entre el Gobierno de Cambiemos y el Fondo Monetario Internacional trajo más incertidumbre acerca de la situación de los empleados estatales de Nación de cara al 2019. Desde que asumió, el macrismo venía desarrollando la estrategia de lo que nosotros denominamos como “la batalla silenciosa”.i Es decir, sobre la base de condiciones precarias heredadas del kirchnerismo, con paritarias a la baja, “premios” por productividad y presentismo, se ajustó sin la necesidad de modificar el convenio de trabajo y sin mediar una confrontación abierta contra los trabajadores. A partir del acuerdo con el FMI se puso sobre el tapete el problema del gasto estatal. En dicho acuerdo, el Estado Nacional se comprometió a reducir el déficit fiscal en conjunto con las provincias. La cuestión a dilucidar es si este acuerdo implica un cambio en la estrategia macrista en relación al empleo estatal o si se sigue en la línea planteada de un ajuste evitando una confrontación abierta. Situación que dependerá mucho de la existencia (o no) de una fuerza opositora de los trabajadores.

Del 10 de diciembre 2015 a 2018

El primer elemento para destacar es que el empleo en el estado nacional representa el 21% del conjunto del personal ocupado en todas las administraciones del Estado, las cuales incluyen provincias y municipios.Se trata de 717.000 trabajadores sobre un total de 3,5 millones. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, el empleo nacional mermó en un 3,25% (un total neto de 24.061 puestos de trabajo menos). Sin embargo, esta cantidad no remite sustantivamente a una destrucción de empleo, sino más bien al traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires en enero de 2017 (más de 18 mil efectivos). Lógicamente, esto produjo un ajuste puesto que las condiciones de trabajo difieren entre el empleo nacional y de la ciudad de Buenos Aires, razón por la cual los efectivos se manifestaron en contra de la medida. Por su parte, los sectores más perjudicados donde efectivamente hubo destrucción de empleo fueron la administración pública (4.630 puestos de trabajo menos, todos ellos contratados) y los organismos descentralizados (5.757 empleos menos), ambos pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional (en cual constituye un 56% de todo el empleo público nacional). A estos debe sumarse los más de 300 despidos en TELAM durante este año.

En lo que al costo laboral promedio se refiere, los trabajadores estatales de la administración nacional vienen sufriendo una sostenida caída que no remite sólo al período macrista, sino que deviene por lo menos del año 2012 (ver gráfico).De modo que, si bien no puede hablarse de un achicamiento del Estado, lo que se observa es un sostenido ajuste sobre la base de las condiciones heredadas del kirchnerismo: se expulsa a contratados y el salario corre detrás de la inflación cuyo poder adquisitivo, en el mediano y largo plazo, va perdiendo la carrera.

En lo que va del año 2018, el macrismo lanzó algunas medidas que fueron identificadas como una avanzada del ajuste en el Estado Nacional. Sin embargo, y como veremos, tales medidas no parecieran que van dirigidas a achicar el Estado, sino a continuar con un ajuste lento pero sostenido, gradual, de cara a las elecciones de 2019. Ni Macri ni los sindicatos peronistas buscan conflictos sustantivos en las calles.

Comodín repetido…

En el mes de abril, a través del decreto 263/2018, el Gobierno habilitó un régimen de retiro voluntario optativo con tres alternativas. La primera está destinada a los trabajadores con 65 años o más pero que no tienen los años de aportes necesarios para jubilarse. A este grupo se le ofrecerá la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas” equivalentes a su salario neto. Para los que tienen 60 años, pero que no alcancen la categoría anterior, le pagarán hasta 36 cuotas mensuales y no deberán superar las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años. El último caso es para los menores de 60 que recibirán una especie de indemnización menor de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas equivalentes al 70% de su salario neto.

Frente a esta medida, el kirchnerismo salió con los tapones de punta a cuestionar estos retiros ya que, según su parecer, se trataría de una vuelta a los denostados años ’90 y un achicamiento del Estado. No obstante, se estima que la cantidad potencial de personas que puedan acogerse a este retiro, próximas a jubilarse, serían entre 3.000 y 5.000 trabajadores, cifra que representa entre el 0,7 y el 1,24% del total de empleados de planta del Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una cifra exigua que impide hablar de un achicamiento del sector público. Por su parte, se sumaron a esta iniciativa las administraciones de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, La Rioja, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Jujuy, Entre Ríos y Santa Cruz. Entre las que decidieron no optar por esta medida quedaron Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Pampa, San Juan, Formosa, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Corrientes y Catamarca.ii

Es sintomático que, frente a cada crisis, aparezca el problema del peso del empleo estatal y que se implementen los retiros voluntarios.Raúl Alfonsín apeló a este mecanismo en dos oportunidades con igual propósito. En 1990, Carlos Menem instituyó un régimen similar no sólo en el Estado Nacional, sino también en numerosas provincias. ¿Y adivine quién fue el impulsor del retiro voluntario y el ajuste de los estatales en la provincia de Santa Cruz? Néstor Kirchner. En efecto, el ex mandatario “K”, cuando asumió como gobernador de Santa Cruz a principios de los ‘90, dictó el decreto 309/92 (rubricado por Carlos Zannini, Ricardo Jaime y Alicia Kirchner) y declaró la imposibilidad de pagar sueldos, recortó un 15% los salarios de los empleados públicos y dispuso la apertura de un registro para que el personal pudiera optar, previa indemnización, por su retiro voluntario. Es decir, el kirchnerismo ya tiene mucha escuela sobre cómo ajustar en el ámbito estatal.Y a juzgar por lo actuado hasta el momento, ni el macrismo se anima a semejante ajuste, sobre todo después del Argentinazo.

Luego, durante el año 2000, De la Rúa anunció que 113 mil empleados públicos podían optar por un sistema de retiro voluntario. La medida pretendía, por entonces, “obtener una mayor eficiencia y racionalizar el gasto público”. ¿Cuál fue el resultado de este proceso en plena crisis de 2001? Que muchos trabajadores de planta que adhirieron al retiro voluntario luego fueron contratados bajo formas más precarias.iii Evidentemente, en su estrategia de ajuste lento pero sostenido, el macrismo lanza esta medida para abaratar costos al tiempo que intenta evitar una confrontación abierta contra el gremio a los efectos de impedir mayores focos de conflicto de cara a su candidatura presidencial del 2019.

Estado embalsamado

La novedad luego del acuerdo con el FMI fue el decreto 632/2018 del 10 de julio donde se prevé un recorte de 20 mil millones de pesos, sobre todo, en gastos de movilidad (vuelos en clase ejecutiva) y viáticos. En materia de empleo, el decreto promulga que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal hasta el 31 de diciembre de 2019, con excepción de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Es decir, se congelan los ingresos a la administración pública y otros entes, cuyo personal ocupa menos del 22% del total del empleo nacional.

A su vez, los convenios vigentes entre el Estado Nacional y las Universidades nacionales, provinciales u otras instituciones de enseñanza pública o privada quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019 y no podrán firmarse nuevos acuerdos de esa naturaleza.Recordemos que en diciembre de 2015 había 15.887 contratos de asistencia técnica con universidades. Por impulso del Ministerio de Modernización, entre diciembre de 2015 y mayo de 2017 hubo 8.369 bajas y 2.184 altas, reduciéndose a 9.702 contratos por Universidad. Es probable que el próximo ajuste venga por esta vía, a saber, los despidos de contratados de la administración pública con universidades.

Otro punto que promulga el decreto es terminar con las “bonificaciones, premios, incentivos o suplementos” al salario de los empleados públicos. Ese plus, utilizado discrecionalmente para complementar los bajos salarios de los empleados públicos, no retributivo, comienza a desaparecer. Por último, la idea del Gobierno es que estas medidas sean adoptadas tanto por los poderes legislativo y judicial, como también, las administraciones provinciales.

En síntesis, en principio no se advierte un achicamiento del Estado por medio de la disminución de la planta estable ni un ajuste brutal, más bien el cese de ingresos. Aunque, de no contar con una fuerza opositora de los trabajadores, probablemente el 2019 se inicie con despidos de contratados. Por otro lado, el ajuste sigue mostrándose por la vía de disminuir los costos laborales atacando los premios, bonificaciones, cese de horas extras y el salario. Algo que, insistimos, ya se viene manifestando en los últimos años del kirchnerismo.

Oportunismo sí, mejora… ni a palos

Mientras que el gobierno de Cambiemos hace lo suyo pensando en las elecciones de 2019, el sindicalismo kirchnerista y peronista de ATE y UPCN hace exactamente lo mismo: ninguno pretende poner en peligro la gobernabilidad del macrismo ni el proceso electoral.

En este sentido, el 3 de mayo de este año ATE-Capital presentó un proyecto de ley que prohíbe “por el término de 365 días los despidos o suspensiones, sin justa causa, de trabajadores en el ámbito público nacional”. Propone, a su vez y entre otros puntos, “garantizar los mecanismos para que los trabajadores y trabajadoras contratados que ingresaron a la Administración Pública Nacional antes del 31 de diciembre de 2015 obtengan en forma definitiva la estabilidad del empleado público”. Se trata de un proyecto semejante al que se había presentado a principios de 2016, no bien asumió Macri.

Lógicamente, toda medida que intente beneficiar las condiciones de empleo de los trabajadores es progresiva. Ahora bien, la pregunta que cabe a esta propuesta es ¿acaso el problema de los contratados es una novedad del gobierno de Macri? ¿Es en los últimos años que se dispararon los contratos en el Estado para que amerite recién ahora una batalla por el pase a planta? Claro que no. En efecto, según los datos del Ministerio de Hacienda del año 2018, el empleo en el Poder Ejecutivo Nacional se conformó de 288.316 empleados de planta permanente y transitoria y 68.186 contratados, representando estos últimos un 20% del total de trabajadores estatales. Este porcentaje creció abruptamente durante la década kirchnerista: mientras que los empleados de planta aumentaron entre 2003 y 2015 en 75 mil personas (un incremento del 33%), los contratados lo hicieron en el mismo período en unos 54.500, cifra que representa una suba del 347%. Mientras que en el año 2004 el porcentaje de contratados sobre el total de los trabajadores fue del orden del 7%, al final del mandato del kirchnerismo, en 2015, ese porcentaje había aumentado al 19%. La precariedad en la relación contractual también se manifiesta en los menores costos laborales, pues un contratado le cuesta al Estado entre un 50% y un 65% de lo que le cuesta un empleado de planta permanente.

Exigir el pase a planta de los trabajadores precarizados y contratados es una consigna histórica del movimiento obrero. Ahora bien, que ATE Capital, dirigida por la lista kirchnerista Verde y Blanca, lance este proyecto a un año de las elecciones, luego de haber sido cómplice de toda la estructura de contratos truchos constituye, cuanto menos, un oportunismo ramplón electoralista. No pretende defender a los obreros estatales de la precarización laboral que opera bajo las garras del patrón Estado. No. De lo contrario, hubiera lanzado una campaña durante los 12 años en que gobernó el kirchnerismo. Más que una batalla por la mejora en las condiciones laborales de los estatales esto se asemeja a una acción que intenta canalizar el descontento de los trabajadores con el objetivo de llevar a Cristina como candidata a las elecciones de 2019. Si no fuera así, no se entiende por qué no han lanzado una campaña gigantesca en todos los lugares de trabajo, con asambleas, para avanzar en un plan de lucha en las calles que acompañe la medida legislativa.

Por su parte, UPCN tampoco parece querer quebrantar la gobernabilidad ni avanzar por mejoras salariales. En efecto, frente a la primera oferta paritaria del gobierno del 12% en junio de este año, el sindicato obtuvo un mísero 15% (que básicamente fue el piso que se impuso en el resto de los gremios), en un momento donde todas las consultoras privadas estimaban una inflación anual del 27%. Si bien ATE Nacional rechazó la oferta del 15% y exigió un incremento del 25%, en ese caso, también se trata de una carrera contra la inflación del día a día, puesto que, actualmente, la proyección de la inflación para 2018 ronda en un 30% anual. Cabe destacar que, al cierre de esta edición, el gobierno lanzó un acta compromiso de reapertura de paritarias estatales para la primera semana de agosto.

Lo cierto es que los sindicatos estatales siempre corren detrás de la inflación, tratando de mejorar uno o dos puntos, o, directamente, que no se note demasiado la reducción del poder de compra. Como ya indicamos, el poder adquisitivo de los estatales viene en picada sostenidamente. El problema más acuciante se manifiesta en los escalafones más bajos de la administración pública nacional. Por ejemplo, el salario medio de un administrativo con letra D y grado cero (un trabajador con título terciario o universitario que recién ingresa, o bien, sólo con secundario, pero con al menos 3 años de antigüedad en su puesto), obtenía en diciembre de 2015 unos 10.191 pesos. Mientras que, en marzo de este año, ese mismo trabajador obtuvo 16.500 pesos. En esos 28 meses, el incremento salarial fue de 62%, mientras que la inflación superó el 74%. Lo más acuciante es que ese salario no llega a cubrir la canasta básica de pobreza estimada por el INDEC para una familia tipo. Ni hablemos de los escalafones más bajos correspondientes a las letras E y F, cuyo sueldo apenas llega al salario mínimo, vital y móvil.

Por un 2019 en paz

Tanto Cambiemos como el kirchnerismo apuestan a las elecciones presidenciales de 2019. Y ninguno de los dos pondrá en cuestión ese proceso. El macrismo no pretende crear un conflicto abierto contra los trabajadores estatales, razón por la cual, si bien continúa con el ajuste, se mantiene en el gradualismo. La fórmula parece ser congelar la planta estatal, cerrar contratos con universidades, promover retiros voluntarios y precarizar aún más las condiciones de trabajo, incluido el salario. Por su parte, el kirchnerismo, por intermedio de ATE Capital, intenta contener a las bases para que todo se resuelva en las urnas, como Cristina manda. Es más: ni UPCN ni ATE (Capital y Nacional) se proponen una lucha de alcance que avance contra los despidos y por una suba sustantiva del salario.

Si bien la propuesta por el pase a planta es una medida progresiva y un reclamo histórico del movimiento obrero, de no ser acompañada por una movilización en las calles, no va a prosperar. Si ATE no convoca a un plan de lucha, la derrota estará asegurada. Pero no está en el horizonte del sindicalismo estatal avanzar en esta lucha. Frente al descontento de los trabajadores, la burocracia pregona por una batalla pacífica en las elecciones de 2019. La burocracia de ATE sólo motoriza y convoca a las movilizaciones de oposición política al macrismo, como fue el repudio a la vuelta al FMI, o bien, contra el decreto de las Fuerzas Armadas. Los reclamos sindicales aparecen como hechos aislados y con ausencia de sistematicidad, en un gremio completamente fragmentado.

Sólo la izquierda y las organizaciones independientes del régimen pueden poner un pie en la calle y salir a dar una batalla por la mejora en las condiciones laborales de los estatales. Y para ello no hay que esperar a ver qué negocia la burocracia en las paritarias. Sobre todo, ahora que el macrismo ya avizora una reducción de 300 mil millones de pesos del presupuesto destinado a las administraciones estatales de la nación y las provincias. Si bien todo parece indicar que la tijera se impondrá en la obra pública y servicios públicos, aunque también podría tratarse de los incentivos docentes, lo cierto es que este recorte tendrá un impacto en capacidad de compra y empleo. Pero, esa batalla debe darse de manera coordinada, por el conjunto de los ministerios, organismos y empresas estatales donde la izquierda tiene presencia. Una disputa que debe colocarse a la ofensiva del proceso y comenzar por exigir no sólo el cese de los despidos y del ajuste, sino ir más allá y reclamar el pase a planta permanente de todos los contratados y un aumento salarial cuyo piso no sea menor al equivalente a dos canastas familiares. Ya lo dijimos en el Plenario de sindicatos combativos en Lanús. No avanzar con un reclamo con ese piso salarial es conformarse con lo poco que nos ofrece la burguesía.

Gráfico

El costo laboral promedio de los empleados estatales de la administración nacional viene cayendo por lo menos desde el año 2012. Es decir que, en el corto y mediano plazo, ninguna paritaria tiende a revertir este proceso sino más bien a profundizar su caída.


Notas

iVer El Aromo, N°97. Disponible en: https://goo.gl/yHKyvM.

iiVer El Cronista 25/6/2018. Disponible en https://goo.gl/Edw7hs.

iiiVer La Nación, 16/4/2018. Disponible en: https://goo.gl/ShR8BP.

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