La revolución en peligro. Bolivia: bonapartismo y reconstrucción del Estado

Por Fabián Harari* – Bolivia se ha convertido en el corazón de la revolución en América Latina, por una serie de motivos. En primer lugar, se trata del eslabón más débil de la región. Allí donde la dominación burguesa se ha mostrado históricamente más endeble. En segundo lugar, es el país donde la lucha de clases llegó a niveles más agudos. Lo que implica dos escenarios: por un lado, una muy profunda tendencia insurreccional en las masas, que demostró ser inmune a las estrategias de desmoralización empleadas hasta ahora. Por el otro, la incapacidad de la propia burguesía de imponer disciplina en sus filas y reconstruir un Estado nacional que se encuentra fragmentado y endeble. Esto implica que sobre Bolivia pende la amenaza de la guerra civil. En tercero, por su importancia geopolítica. La nación andina se encuentra en el medio del subcontinente y abastece de energía a Argentina y a Brasil, más particularmente, a su metrópoli industrial, San Pablo.1 Por último, en Bolivia, la salida populista al proceso revolucionario (y, por lo tanto, el camino del reflujo) encuentra los más serios obstáculos. El tipo de resolución que tengan allí los enfrentamientos va a definir la tendencia política predominante en la región: la lenta reconstrucción por la vía bonapartista, la salida fascista o la profundización del proceso revolucionario.

Quid pro quo

La pregunta sobre el momento que vive la revolución en Bolivia nos lleva a examinar los avatares que ha sufrido la estructura estatal, como forma de acercamiento a las relaciones entre las clases. La primera pregunta que debe uno hacerse para poder elaborar un correcto balance del proceso es ¿qué expresa Evo Morales? Comencemos por las posiciones más endebles. Por un lado, la caterva de apologistas, que van desde el populismo criollo -en todas sus versiones- hasta el Partido Comunista. Según ellos, Evo representa el programa de la revolución que, aunque lentamente, va a terminar imponiéndose. Por el otro, una izquierda con poca vocación de masas afirma que nada ha cambiado en Bolivia y que el dirigente cocalero viene a realizar la misma tarea asignada a Quiroga. Por eso, en las elecciones del 2005, llamó a votar en blanco y el año pasado se negó a presentar candidatos para la Constituyente. Varios escalones más arriba, se encuentran aquellos que caracterizan al régimen del MAS como bonapartista, es decir, que expresa un equilibrio entre los explotados y la burguesía. El problema no es sólo examinar el carácter del régimen boliviano, sino cuál es su sustancia y hacia dónde se dirige. En concreto, si se trata de un bonapartismo, de qué tipo se trata y en qué medida está capacitado para sostenerse.

Evo Morales subió al poder con la promesa de llevar adelante la “agenda de Octubre”, un programa político votado por las masas en un gran Cabildo Abierto, en el 2003, que incluye la nacionalización sin indemnización de los hidrocarburos, la expropiación de la burguesía agraria, la restitución de los “derechos indígenas” y la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana (u “originaria”, como se dio en llamar allí), entre las reivindicaciones más importantes. En ese sentido, la caída de Mesa y el ascenso de Morales, marca una diferencia importante con el desenlace del levantamiento del 2003. En es año, la insurrección fue expropiada en una negociación entre los propios representantes de la burguesía. El resultado fue la asunción del vicepresidente, Mesa, sin ningún apoyo popular. El gobierno de Morales, en cambio, es fruto de millones de votos de los explotados en contra del candidato del régimen, que buscaba cerrar drásticamente la crisis. Claro que los antecedentes de Morales (su negativa a derrocar a Goñi y su apoyo a Mesa) permitían desconfiar de la capacidad del dirigente cocalero para cumplir con sus promesas.

Una vez llegado al poder, Evo tuvo que impulsar ciertas reformas. En primer lugar, tuvo que hacer ciertas consesiones simbólicas como la reivindicación de la condición “indígena”. De hecho, es el primer presidente que se proclama aborigen en la larga historia boliviana. En segundo lugar, anunció una política de nacionalizaciones, en particular de los hidrocarburos, y la expropiación de algunas tierras (bien que improductivas y fiscales). En estos días se estaba completando la expropiación de la metalúrgica Vinto, de la suiza Glencore. En tercero, revocó el famoso Decreto Supremo 21060, dictado en el año 1985, que inauguraba el avance del capital sobre todas las conquistas obreras2 y ordenaba la liquidación de las empresas estatales. El decreto se asociaba directamente con el “neoliberalismo” y con la destrucción de los logros de 1952. Por último, convocó a una Asamblea Constituyente, con todas las limitaciones que señalaremos. Es decir, se acepta como válido el programa de Octubre. Incluso se muestran supuestos avances en su implementación. Se trata de logros parciales (y muy pequeños) de las masas bolivianas sobre sus enemigos. Esto no desmiente el carácter burgués del gobierno, pero da cuenta de las concesiones que debe hacer a raíz de la fuerza que han adquirido los explotados. Eso significa que no se puede caracterizar la llegada de Evo al poder como una derrota de la revolución. Aunque tampoco, como veremos, constituye un triunfo.

Así como el gobierno tuvo que realizar concesiones, aunque tímidas, a la clase obrera, también debió contemplar los intereses burgueses. En primer lugar, la famosa “reforma agraria” se circunscribió sólo a las tierras improductivas y a algunas fiscales. La “nacionalización” de los hidrocarburos se reduce a recuperar, para el Estado, el 32% de las acciones de las empresas. En ninguna forma esta entrega es gratuita. A cambio, el Estado debe hacerse cargo de los bonos Bonosol, en manos de las AFP, las compañías de previsión, cuyos fondos estaban asociados a las empresas. Las petroleras conservan la propiedad de las reservas que son inscriptas en los activos a la hora de cotizar en bolsa.3 Tampoco se estableció ningún precio nacional a boca de pozo. Los precios se van a conformar de acuerdo a la declaración de costos de cada empresa. El primer presidente de la refundada YPFB, miembro del MAS, renunció en junio del año pasado y denunció que Evo suscribió un acuerdo con Petrobrás que significa una pérdida de 39 millones de dólares al Estado boliviano. El arquitecto del proyecto, Andrés Solís Rada, renunció en septiembre ante la negativa de su presidente de recuperar las empresas a costo cero. Acto seguido, comenzó una campaña política acusando a Evo de acordar con la derecha.4 La mejor definición sobre el proceso de nacionalizaciones la dio el Presidente General de Petrobrás, José Fernando de Freitas: “Los nuevos contratos ofrecen óptimas condiciones”.5

Las concesiones no se limitan a las empresas. Evo también ha cedido ante los partidos de la derecha, el personal político derrocado en el 2005. La Asamblea Constituyente no será “originaria”, sino “derivada”. Es decir, no alterará los fundamentos del régimen social imperante en Bolivia. Se modificará sólo el 20% de la Constitución y queda expresamente afuera toda mención a la reforma agraria y a cualquier nacionalización. Para los artículos que quedan, Morales aceptó que se aprueben con un mínimo de dos tercios (hasta el 2 de julio) y no por mayoría simple. El MAS tiene mayoría, pero no llega a esa proporción. Por lo tanto, se está sometiendo a consensuar la reforma con la derecha. A cambio de la celebración de la Constituyente, Evo aceptó autorizar el referendo por las autonomías, por el cual se habilita a los departamentos separatistas a plebiscitar su posición de forma vinculante.

En cuanto a su relación con los reclamos, el MAS ya demostró que no le temblará el pulso a la hora de enfrentar a las masas. En diciembre del 2006, reprimió nada menos que a cocaleros que intentaban participar de una cumbre social en defensa de sus cultivos. Evo quiere legalizar los cultivos del Chapare a costa de erradicar a los de Yunga Vandiola. En febrero de este año, envió al ejército contra los trabajadores que tomaron la empresa de gas en Camiri, quienes exigían la completa nacionalización sin indemnización y bajo control obrero. A nivel internacional, el MAS se alineó con la ONU, dejando las tropas en Haití y enviando soldados al Congo.

El gobierno de Evo conforma un régimen bonapartista que, sin perder su carácter burgués, se eleva por encima del equilibrio entre las clases. Es el producto de la relación de fuerzas. Su autoridad se la debe a la revolución. En circunstancias normales, nunca hubiera llegado al poder. Por eso, debe dar alguna respuesta a quienes lo pusieron allí, sin poner en riesgo la naturaleza del Estado. Pero, a su vez, sabe que la clase dominante puede provocar su caída, por lo que debe demostrar su capacidad para garantizar las relaciones capitalistas. Debe, indefectiblemente, mantener el equilibrio que le da fundamento a su gobierno. Toda su existencia se basa en un quid pro quo, la sustitución de una cosa por otra: las nacionalizaciones por acuerdos con las petroleras, las expropiaciones por entregas de tierras improductivas, la Constituyente originaria por la derivada, los Cabildos Abiertos por el Estado Mayor del Pueblo, la “Agenda de Octubre” por el “socialismo siglo XXI” y, por fin, la revolución por la “democracia indígena”.

Una nación para los hidrocarburos

El bonapartismo del MAS ocupa un lugar caricaturesco con respecto al del MNR de 1952. En ese entonces, se creó la COMIBOL, con la nacionalización de todos los yacimientos, e YPFB se conformó como una empresa con activos propios. En cambio, en 2006, como vimos, sólo llega a un lugar testimonial. Se trata de un régimen aún más tímido que el de Chávez. Sin embargo, Evo tiene un objetivo claro y, en ese sentido, se muestra audaz: la reconstrucción del Estado boliviano.

Desde el año 2003, la burguesía ha perdido la capacidad de monopolizar la violencia moral y material. Cada prefecto tiene su propia fuerza de choque. Los departamentos del Oriente (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni), tienen sus propios ejércitos. Las masas toman medidas por sí mismas y llegan a nombrar autoridades paralelas, como la Prefectura Revolucionaria en Cochabamba o la expropiación proclamada por la toma de Camiri. Evo Morales necesita reconstruir el poder material del Estado. Eso significa ante todo que la autoridad central debe concentrar recursos propios. ¿De dónde va a extraerlos? De la renta minera, de dónde más. Kirchner lo hizo con la soja y Chávez con el petróleo. Ese es el sentido de las llamadas “nacionalizaciones”: una mayor parte de la plusvalía extraída a los obreros será confiscada, para ser utilizada en el restablecimiento del órgano que asegura la dominación. Este año, si los acuerdos se firman, la renta minera en manos del Estado va a pasar de 60 a 2.000 millones de dólares. La supervivencia de esa experiencia histórica burguesa llamada Bolivia depende de la diferencia entre estos dos números. Asimismo, la burguesía nacional exige una mayor participación en las ganancias. Las autonomías no son más que el intento de las empresas de asegurarse la apropiación de la mayor parte de la renta, por la vía de producir bajo una legislación propia, con una burocracia reducida. En estos momentos, el alza de los precios de los hidrocarburos le permite a Evo lograr ciertos acuerdos. Si la renta sigue ensanchándose, tendrá mayores posibilidades de mantenerse en el poder y de ejercer más férreamente su rol de Bonaparte. El escenario regional lo ayuda.

Sin embargo, a diferencia de Chávez, Tabaré y, hasta cierto punto, Kirchner, el MAS no cuenta con ninguna estructura política. Su base son el conjunto de organizaciones sociales que votaron el programa de Octubre, aunque haya logrado cooptar a varios dirigentes. La gran parte de los explotados, por su parte, mantienen sus organizaciones movilizadas y una fracción importante exige el cumplimiento de la Agenda. No obstante, por ahora, cada una de las clases mantiene el poder de veto. Es decir, sólo tiene la potestad para evitar que su enemigo le dé salida a la crisis. Sin embargo, el veto no produce más que su prolongación, con la consiguiente profundización de sus causas. En el campo revolucionario no se ve, aún, una dirigencia con la capacidad de acaudillar la etapa, lo que analizaremos en otra entrega. Así las cosas, la revolución ha entrado en una encrucijada.


Notas

*Con la colaboración de Marcelo Novello.
1Para una ampliación de este punto véase de este autor “Bolivia: el amanecer de la revolución”, en El Aromo, nº 28, mayo de 2006.
2El decreto dictaba, entre otras cosas, la libre contratación y el libre despido de cualquier trabajador por cualquier empresa.
3www.bolpress.org
4Véase sus artículos en www.rebelion.org
5En www.marxismo.org y www.lahaine.org

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