La preferida de papá. La burguesía planera en la industria del vestido


Julia Egan
Grupo de Investigación de la Historia de la Clase Obrera Argentina – CEICS

Cualquier movimiento negativo de la economía alcanza para que la burguesía de la industria del vestido inunde los periódicos con sus lamentos sobre los golpes del gobierno de turno a la actividad. El retraso cambiario hace más atractivas las importaciones provenientes de los países más competitivos, mientras que la devaluación licúa los salarios, que hace décadas muestran una tendencia a la caída, afectando el consumo interno, que es el principal mercado de la producción de ropa argentina. Sea cual sea la situación, estos empresarios presentan siempre la misma receta: la protección del Estado para abaratar costos internos.

El eterno lamento 

La preocupación de los empresarios por los costos internos y la competencia externa parece ser una constante. En general, la imposibilidad de competir en el mercado internacional, así como frente a los importadores, es asociada a la política económica de los distintos gobiernos y su efecto sobre los precios y los costos internos. Por ejemplo, en el caso de Muñóz S.A., en el balance de la campaña de 1975 pide al nuevo gobierno que se ocupe de reducir la inflación, alentar la inversión, promover las exportaciones, proveer de planes de financiación a las empresas y liberar los precios. En 1979, el problema de la política económica se conjuga con el de los costos internos, que no pueden competir con los internacionales. En el marco de un aumento del volumen físico de las ventas, la empresa se plantea el objetivo de dejar de operar con resultados negativos. Sin embargo, esto se dificultaría por los costos crecientes de la industria textil local, superiores a los vigentes en el mercado internacional. Como el gobierno posibilitaba la importación de telas y algunos productos confeccionados, esto aparecía como un camino para abaratar los costos de producción y ofrecer precios razonables.i En distintos términos se expresaba la empresa Los Andes, que veía como problema la afluencia de mercancía importada.ii Al respecto, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en su informe económico anual afirmó que la protección real a esta industria resultaba prácticamente nula o negativa en algunos casos, como consecuencia de que el tipo de cambio estaba retrasado en relación con la evolución de los costos de producción, como también por la rebaja de aranceles. Además, se quejaba de que los reembolsos por exportaciones eran solo del 15 o 20%, lo que era insuficiente para cubrir la brecha cambiaria y habría provocado la pérdida de importantes mercados en Latinoamérica y Europa. También se destacaba el lugar de las importaciones uruguayas y brasileras. El informe finalizaba solicitando a las autoridades frenar la aplicación del programa de reducciones arancelarias hasta que se realice un ajuste en el sector público, para que mejore su eficiencia y alivie la presión tributaria. A la par, afirmaba que “no hay arancel más bajo que el tipo de cambio, notoriamente subvaluado y que ha facilitado la pérdida de competitividad de diversos productos”.iii

Otro indicador de la situación del sector se manifestaba en que, durante 1979, en medio de un proceso inflacionario, el índice de precios de la indumentaria fue uno de los que menos creció en relación con otros rubros. La CIAI denunciaba que la importación de camisas había llegado a dominar el 65% del mercado, fundamentalmente las provenientes de Asia, que explicaban el 90% de las importaciones de este rubro. Esto se explicaba porque mientras el precio promedio de exportación de las camisas asiáticas era de US$ 2,5 por unidad, los demás países exportadores las cotizaban a precios que iban de US$ 8,5 la camisa norteamericana a US$ 13 la inglesa.iv Una denuncia similar se reiteró en 1991 a través de la Unión Industrial Argentina, que afirmó que los precios de las camisas procedentes de China estaban totalmente subsidiados, dado que allí se utilizaba mano de obra de prisioneros políticos. La UIA ubicó el problema en la falta de aplicación de la legislación antidumping y la ausencia de un mecanismo de topes al volumen de importación, así como derechos específicos.v

En los primeros años de la década del 90, se denunció la importación de prendas nuevas pero arrugadas que llegaban enfardadas como usadas para luego plancharse y venderse en los comercios como nuevas.vi Como consecuencia de las denuncias públicas sobre dumping, competencia desleal y el rol de la Aduana en el ingreso de ropa nueva como usada, en julio de 1991 se prohibió la importación de prendas usadas y se acordó un impuesto fijo sobre 198 posiciones arancelarias que representaban el 20% de las telas e indumentaria elaborada en el país. Desde ese año la indumentaria argentina contó con una protección del 22%, que era el arancel máximo vigente. En 1992, la protección efectiva para la actividad ascendió al 30%.vii A partir de 1996 comenzaron a aplicarse las certificaciones de origen para identificar la procedencia de todas las importaciones de los rubros textil y confecciones.viiiA pesar de contar con estas medidas, en 1994 la empresa Muñóz señalaba que no alcanzaba con el aumento de las ventas que registraba para cubrir los gastos comerciales.ix Dos años más tarde, denunciaba que el mercado era abastecido por tejidos y confecciones importadas a “precios de dumping”. Para la empresa, la solución no radicaba en una mayor protección sino en el contralor de los precios de las importaciones.x

La crisis de 2001 aparejó pedidos de mayor intervención por parte del Estado. En junio de ese año el Gobierno Nacional, cámaras empresariales y sindicatos acordaron una serie de subsidios tributarios y el compromiso de simplificar la aplicación de medidas de salvaguardia y antidumping y de profundizar medidas efectivas que atiendan problemas de importaciones desleales y las restricciones al acceso de mercados externos.xi A cambio, los empresarios se comprometían a mantener los puestos de trabajo y aumentar la productividad, la producción y las exportaciones; mientras que los trabajadores debían contribuir a tales fines.xiiEse año la protección arancelaria se incrementó al 35%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta actividad se encuentran vigentes valores de referencia y derechos antidumping, por lo que la protección efectiva es aún mayor.

La devaluación de 2002 implicó de hecho una reducción de costos y una barrera a las importaciones, gracias a la cual la producción local presentó un crecimiento. Sin embargo, hacia 2005 el gobierno tuvo que implementar valores de referencia a cerca de 314 productos de la rama. En 2006, el director ejecutivo de la CIAI reconoció que hubo una recuperación debido a la protección natural por el tipo de cambio y la mejora del consumo interno, pero que, sin embargo, el problema de la inserción en el mercado internacional continuaba presente. La ausencia de inversiones y el tamaño del mercado impedían competir por cantidad, por lo que las empresas debían abocarse al desarrollo de productos diferenciados.xiii En este panorama contradictorio, las importaciones amenazaban con acercarse al promedio de la década de 1990, situación ante la cual los empresarios reclamaban un mayor control.xiv

El pedido de contralor de los productos chinos se reitera en 2008, ya que la importación de ropa de niños había crecido catorce veces en tres años, a la vez que el costo por kilogramo había descendido. A mediados de año, el tipo de cambio subvaluado había alentado un nuevo ingreso de importaciones de prendas de vestir, que en los primeros seis meses había alcanzado el conjunto de las de 2001. Si bien desde 2006 se aplicaban licencias no automáticas de importación para el sector, los empresarios reclamaban medidas más fuertes, como la imposición de cupos a los productos de origen chino.xv Aunque el retraso en la autorización de las licencias no automáticas generó la queja de marcas internacionales e importadores, hacia junio de 2010 se había registrado una baja de las importaciones del 7% respecto del año anterior, pero que se revirtió nuevamente en el segundo semestre. El escenario se percibía como relativamente estable y se anunciaba que el próximo desafío era contener los costos de producción en un marco de tipo de cambio estable e inflación interna en dólares.xvi

En algunas oportunidades, las Memoria y Balance de las empresas señalan que los movimientos hacia el mercado interno o externo se vinculan, sobre todo, con la capacidad de absorción del mercado local. Por ejemplo, desde mediados de la década del 70 la empresa Agrest se proponía organizar un Departamento de Exportación para compensar la caída del mercado interno. Estas gestiones continuaban en 1978, pero estaban supeditadas a las medidas que pudiera tomar el gobierno nacional para mejorar la competitividad externa.xvii En el caso de Alpargatas, se señalaba que las exportaciones de telas y prendas se pudieron aumentar en forma paulatina, para no desabastecer el mercado interno.xviii En 1984, la empresa explicaba que no se pudo exportar más a pesar de un aumento de la demanda externa, debido al alto nivel de colocación de productos en el mercado interno. Estos ejemplos dan cuenta de que no se trata tanto de que el mercado interno demande una gran cuota de producción, sino, más bien, que la pequeña escala en que producen las empresas, incluso las más grandes, no alcanza para cubrir ambas demandas. Las exportaciones parecieran ser, más que una meta, una estrategia paliativa ante la recesión del mercado local, siempre y cuando el contexto económico permita esa colocación.

Seducidos y abandonados

Como en muchas otras actividades, la burguesía suele apelar al apoyo de los trabajadores bajo el lema de defensa de la industria nacional, muy caro al discurso del peronismo, que promueve la conciliación de intereses entre obreros y patrones. En este caso, el sindicato de la rama, ligado históricamente al movimiento peronista, incluso aceptó incorporar al convenio colectivo de trabajo una clausula de compromiso de colaboración para enfrentar la competencia desleal externa (dumping) e interna (talleres clandestinos). Este eufemismo oculta una realidad dura y triste: la pieza de cambio para el sostenimiento de la actividad fue un brutal avance sobre el trabajo registrado y el salario real de los costureros argentinos. Solo de esa forma es posible compensar los bajos costos laborales de los países asiáticos y otros grandes productores regionales, como Brasil y México.

No conformes con eso, los empresarios de la rama también se vieron beneficiados por la protección estatal. Como vimos, es falso que a la actividad le hace falta más y más protección, ya que ha gozado de los aranceles aduaneros más altos, además de otros subsidios encubiertos, como el tipo de cambio alto, tasas de interés negativas, programas de promoción industrial que eximen del pago de impuestos y RePro para el pago de salarios, entre otros. Obviamente, lo que no se paga en un lugar tiene que volver por otro. La fuente de todo este despilfarro inútil es la plusvalía extraída al conjunto de la clase obrera argentina, que se canaliza a través del pago de todo tipo de impuestos.xix Los costureros, y la mayoría de la clase, tienen condiciones de vida miserables y a la vez sostienen a un conjunto de burgueses parásitos. Si no pueden sobrevivir por sus propios medios, es hora de que los trabajadores tomen el problema en sus manos. Para echar a la dirección del SOIVA, cómplice de la degradación histórica de las condiciones laborales, y para expropiar y organizar la producción bajo control obrero.


Notas

iLa Bolsa, 15/5/1979.

iiLa Bolsa, 2/5/1979.

iiiClarín, 8/1/1980.

ivClarín, 22/4/1981.

vClarín, 5/6/1991.

viClarín, 30/7/1991. Encontramos denuncias similares durante el año 80, Clarín, 5/2/1980.

viiVéase “La hegemonía desarrollista en tiempos de ajuste. La gran burguesía industrial y el menemismo”, en El Aromo nro. 102, disponible en https://bit.ly/2xTQlC0.

viiiMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Res. 36/1996.

ixLa Bolsa, 23/5/1994.

xLa Bolsa, 25/3/1996.

xiBoletín Oficial, Decreto 761/2001. Nro. 29.667, 12/6/2001.

xiiBoletín Oficial de la República Argentina, Decreto 761/2001. Nro. 29.667, 12/6/2001, p. 1.

xiiiClarín, 12/3/2006.

xivLa Nación, 8/11/2005.

xvLa Nación, 24/12/2008.

xviLa Nación, 27/8/2010.

xviiLa Bolsa, 17/11/1976.

xviiiLa Bolsa, 14/4/1977.

xixSobre el sostenimiento estatal a la burguesía en la actualidad véase “Sobre la burguesía planera. Las transferencias estatales al capital, de Cristina a Mauricio”, en El Aromo nro. 102, disponible en https://bit.ly/2Dz3EOp

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