La marcha de la bronca. A propósito de la marcha blanca docente de mayo de 1988

a60_ges_marchaRomina De Luca y Carlos Di Paolo
Grupo de investigación de educación argentina- CEICS

La marcha protagonizada por decenas de miles de docentes atravesó todo el país para confluir un 23 de mayo de 1988 en el Obelisco. Intentaremos ver aquí las características que asumió esa lucha, dentro de qué contexto más general se enmarcó y, al mismo tiempo, señalar sus límites. En buena medida, la resolución final del conflicto colocó en un lado al sindicato conciliador y en el otro extremo a los sindicatos combativos donde la izquierda había ganado algunas posiciones; brecha que se acentuaría, entre unos y otros, hacia fines de los noventa y post-2001. Veamos.

Con la democracia no se educa

Los antecedentes más inmediatos de la marcha del ’88 deben rastrearse hacia fines del ciclo lectivo de 1987 cuando la CTERA realizó un paro docente de 24hs, con movilización y concentración en Capital Federal, reclamando la utilización del nomenclador salarial único que fijara como piso un sueldo de 570 australes para el cargo testigo (maestro de grado con jornadas simple). El paro había sido suscripto por las dos fracciones en las que se encontraba dividida la CTERA, la que encabezaba el mendocino Marcos Garcetti (secretario general de la gremial) por la lista peronista celeste y la de Wenceslao Arizcuren quien nucleaba a sectores de izquierda y algunos radicales en la lista verde.

El mes de febrero de 1988 encontró a los docentes en pie de lucha. Mientras el gobierno ofrecía a sus docentes fijar el salario mínimo en 430 australes, la lista Celeste de Garcetti pedía 770 y la verde de Arizcuren, 1.000. Ambas fracciones reclamaban por la aplicación del nomenclador salarial único en todo el país.(1)  Por ello, el gremio convocó a sesión plenaria de delegados para los primeros días de marzo. Allí resolvió declarar la emergencia educativa. El gobierno de Alfonsín levantó la apuesta y propuso fijar el piso en 501 australes. Por su parte, la CTERA rechazó la oferta y llamó a un Congreso Extraordinario donde se fijarían los medidas de un “plan de acción gremial” para los próximos meses.

Los distintos gremios provinciales fueron fijando una política de paro por tiempo indeterminado, a partir del 14 de marzo, día en que debía iniciarse el ciclo lectivo de 1988 en todas las escuelas primarias del país. La primera en lanzar la medida fue la Unión de Docentes Argentinos (UDA), seguida por los gremios de las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Salta, Neuquén, Santa Fe, Jujuy, Chubut, Corrientes y el SUTEBA bonaerense. La decisión que ya se estaba poniendo en marcha a nivel jurisdiccional fue lanzada por CTERA el 8 de marzo cuando anunció el inicio de un paro por tiempo indeterminado, a partir del 14 de marzo. La medida alineó también a sindicatos no encuadrados en la CTERA tales como ADEMYS, FEB, AMET y CONADU.

El paro alcanzó un acatamiento de entre el 90 y el 95%, existiendo provincias donde los índices de adhesión llegaron al 100%, tales como Buenos Aires, Neuquén, Tucumán, Catamarca y Chaco; situación similar se vivía en la ciudad de Rosario. Como hecho inédito se sumó una altísima adhesión entre los docentes del sector privado. Frente a la parálisis completa del sistema educativo, en su primera semana de huelga, el Ministro Jorge Sábato declaró que ni el gobierno ni las provincias disponían de recursos para garantizar un salario mínimo de 770 australes y mucho menos escalonado. Es más, sostuvo que muchas provincias ya tendrían dificultades para alcanzar los 501 australes que se habían ofertado. En ese punto, su argumento recuperó la plataforma electoral del gobierno y esgrimió que la mejora de la educación no respondía sólo a cuestiones salariales. Las declaraciones del Ministro fueron formuladas el mismo día que debían iniciarse las clases en el nivel secundario. Y los profesores decidieron sumarse al paro iniciado una semana atrás por los docentes del magisterio.

Bronca, ¿también es esperanza?

Fue en la segunda semana de paro por tiempo indeterminado que comenzó a gestarse la idea de una Marcha Blanca. Si bien Garcetti como conducción oficial la reivindicó como suya, la idea se gestó en las filas de Arizcuren.(2)  Esto no resulta un dato menor en tanto, el gobierno desde el primer momento salió a denunciar los peligros de “infiltración” en el conflicto docente de sectores pro-desestabilización. Concretamente, Alfonsín declaró: “se están montando ya sectores que nada tienen que ver con la democracia, de uno y otro lado” (Clarín, 23 de marzo de 1988).

Tal vez, el presidente aludía a algunos de los muchos sectores que habían manifestado su solidaridad y apoyo al conflicto tales como la CGT de Ubaldini, la Juventud Universitaria Intransigente, la Federación de Estudiantes Terciarios, las federaciones universitarias de Córdoba, UTN, San Juan, San Luis, La Pampa y Bahía Blanca. En el mismo sentido, se habían proclamado el Centro de Comunicación de la UBA, Radicalismo Liberación 29 de Mayo, UTPBA, Lista Celeste de Prensa, Partido del Trabajo y del Pueblo, el MAS, el PO, el Frente Estudiantil Santiago Pampillón, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; ATE, UPCN, UTPBA, la Lista Naranja de Gráficos, personal del Hospital Italiano entre otros. Ese aval se expresó en la primera marcha blanca que recorrió, el viernes 25 de marzo, Congreso- Plaza de Mayo reuniendo cerca de 20.000 personas. Algunas de las consignas de la marcha fueron “a ver, a ver quién decide los salarios, el pueblo unido o el Fondo Monetario”; “dicen que habrá aumentos escalonados, quiere decir que vamos a comer salteado”.

Una de las estrategias del gobierno fue la de apelar al desgaste. Sin embargo, ello no ocurrió. A pesar de la intentona, la huelga continuó registrando elevados índices de adhesión en todo el país al punto tal que ya, en la cuarta semana de paro, Raúl Alfonsín declaró que los docentes tenían razón en su reclamo salarial “pero ya ven, todos tendremos que esperar”.(3)  Sólo veinticuatro horas más tarde, el presidente espetó un mensaje de media hora por cadena nacional. En su elocución pidió a los maestros que terminen con la huelga y advirtió que utilizaría toda la fuerza del Estado para combatir al golpismo (Clarín, 5 de abril de 1988).

Al cumplirse un mes de huelga, el gobierno dictó la “conciliación obligatoria”. El anuncio fue oficializado por el Ministro de Trabajo, Ideler Tonelli. La entonces titular del SUTEBA, María “Mary” Sánchez denunció que el gobierno se estaba valiendo de un decreto de Onganía para implementar tal medida. Los docentes acataron, aunque ya se proyectaba el lanzamiento de una nueva huelga a partir del 11 de mayo, si todas las jurisdicciones no concurrían a la mesa de negociación salarial. Y como a la reunión que pretendía destrabar el conflicto pegaron el faltazo Córdoba, Capital Federal y Río Negro, provincias gobernadas por la UCR y por el otro, Catamarca, Salta y Santa Cruz -gobernadas por el PJ, la CTERA convocó a un Congreso Extraordinario donde, por mayoría absoluta, con la abstención de las provincias de Santa Fe y de Salta, se decidió declarar paro por tiempo indeterminado a partir del 18 de mayo. Allí se lanzó, al mismo tiempo, la “marcha desde los cuatro puntos cardinales” a realizarse entre el 17 y el 25 de mayo. A los reclamos docentes se adicionaba el rechazo al descuento de los días de huelga que ya se habían realizado en Capital Federal y Tierra del Fuego. Cabe destacar que, en algunas jurisdicciones, los docentes habían percibido salarios por apenas 12 australes al descontárseles el 90% de sus haberes.(4)

El día 18 de mayo se dio inicio a la marcha partiendo las caravanas desde las provincias de Tucumán, Mendoza, Misiones y Neuquén. El acatamiento del paro fue más dispar y el gobierno nacional anunció que descontaría los días caídos. No obstante, a medida que la marcha y el paro se desarrollaban, el gobierno decidió intentar una solución definitiva. En una mediación entre Ubaldini y el “Coty” Nosiglia se dejó entrever que desde Nación se resolvería mandatar a las 25 jurisdicciones para que no descontaran los días de huelga a los docentes. Ese era uno de los prerrequisitos para que los maestros aceptaran la oferta salarial del gobierno.

La marcha concluyó el día 23 de mayo en el Obelisco y reunió a más de 30.000 manifestantes de todo el país. Luego, se marchó hacia Plaza de Mayo, una vez que Garcetti informara que las cinco provincias que habían aplicado los descuentos de los días de huelga se negaban a revertir la medida. La marcha contó con el apoyo de trabajadores estatales y de otros gremios, del PI, PH, MAS, FRAL, JP, MTP y PTP PO; así como de organismos de derechos humanos. Culminada la marcha, la CTERA aceptó la oferta salarial del gobierno: 640 australes para abril, 700 para mayo y 760 para el mes de junio.

De ilusiones reformistas e inocencias perdidas

Una de las principales controversias se desencadenó dentro del gremio, una vez que su conducción (Garcetti) aceptara la oferta del gobierno, aún cuando no estaba echada la suerte de los descuentos. Sólo se había conseguido la creación de una comisión que los estudiaría. Los sectores de izquierda que hacían pie en algunos gremios, al igual que la fracción que nucleaba Arizcuren, criticaron con fuerza la decisión. De hecho, Garcetti era identificado como el sucesor de Ubaldini en la CGT ¿Cuál era la base material de la discusión? La licuación en un 60% del salario docente desde 1984. Mientras el salario que cubriera el costo de vida de mayo de 1988 se estimaba en 1.700 australes, los docentes, luego de su sostenida lucha, obtendrían 750.(5)  De hecho, la hiperinflación que se desataría entre agosto de 1988, Plan Primavera mediante, y estallaría en 1989 socavaría aún más los ingresos de todos los trabajadores.

Lo que sí resulta importante para destacar del evento es cómo allí, en la huelga previa y en la marcha, comenzó a gestarse un proceso que detonaría en los noventa. Por un lado, la tendencia de los docentes a la acción directa. Por el otro, una conducción de tipo reformista, que en ese momento está ligada a la CGT. No extraña que los alineados de un bando depositaran sus ilusiones reformistas en la Alianza o el gobierno K tales como “Mary” Sánchez o Hugo Yasky y otros hicieran crecer los sindicatos combativos hacia fines de los noventa hasta la actualidad.

En definitiva, el paro se levantó a cambio de una promesa. Los descuentos, en varias provincias, se terminaron realizando. Se consiguió el piso salarial 700 (mayo) y 760 (junio), que después se terminó licuando la inflación. La masa de docentes, en estos años, apoya a la conducción sindical peronista y sigue una estrategia reformista. Sólo una minoría sigue a la izquierda. Hay que tener en cuenta que el docente, si bien estaba proletarizándose, no había adquirido, de conjunto, la conciencia que corresponde a semejante situación. En ese sentido, esta marcha marca un quiebre en esa conciencia y da inicio a una trayectoria que llevará a los docentes hacia una conciencia obrera, en general, y en varios, revolucionaria.

Notas:

(1) Diario Clarín, 26 de febrero de 1988. La reconstrucción del proceso la hemos realizado en base al relevamiento del Diario Clarín entre noviembre de 1987 y julio de 1988. Por cuestiones de espacio omitimos las referencias.
(2) Diario Clarín, 22 de marzo de 1988.
(3) Diario Clarín, 4 de abril de 1988.
(4) Diario Clarín, 3 de mayo de 1988.
(5) Las estimaciones se basan en los datos publicados en el Diario Clarín, el 27 de mayo de 1988.

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