Juventud, divino tesoro – Por Nicolás Viñas

Sobre los planes sociales para la inserción laboral de los jóvenes

La proliferación de programas de inserción laboral para las crecientes masas de jóvenes desocupados, lejos de elevar la condición social de los mismos, funciona como un paliativo de contención para una población a la cual se reproduce como sobrante para el capital. Además, operan como verdaderas cajas para el desarrollo de entramados punteriles.

Por Nicolás Viñas (TES-CEICS)

Usualmente, cuando se habla del trabajo juvenil, se lo asocia con condiciones laborales deplorables. Y si hay un lugar donde la figura del adolescente superexplotado se ha tornado un ícono, es la del empleado de McDonald’s. Sin embargo, los jóvenes que allí se emplean resultan ser obreros de elite al lado de los adolescentes que el Estado subsidia para que se empleen. En esta nota le contamos por qué los programas de “inclusión social” destinados a la juventud no modifican su condición social, sino que perpetúan una situación deplorable. Vamos a analizar tres de estos programas implementados en Capital Federal, Córdoba y Buenos Aires.

Capital Federal

En medio de la debacle capitalista de fin de milenio, el gobierno de Aníbal Ibarra decidió implementar en el año 2001 un programa de reclutamiento juvenil para “formar mano de obra” y “brindar oportunidades laborales”. El Programa Reconstruyendo Lazos se destinó desde sus inicios a los jóvenes de entre 16 y 21 años que se encontraran “en situación de vulnerabilidad” y fueran derivados por alguna institución gubernamental, organizaciones sociales y/o comunitarias (escuelas, hospitales, juzgados, etc.) de la que participen. Su objetivo declarado es el de “fomentar la cultura del trabajo” y “la inclusión socio-laboral” mediante “prácticas de formación educativo-laborales”. Para ello, se realizan talleres que buscan explicar “¿qué significa trabajar?” y se realiza una “práctica laboral” por el transcurso de entre seis meses hasta dos años. A su vez, se busca que, una vez finalizado el período de esta “práctica”, los jóvenes queden como trabajadores efectivos en los “espacios de inclusión socio-educativo-laborales”. Como veremos, por las condiciones laborales que imperan en el programa, este objetivo no suele alcanzarse.

A lo largo de sus más de 10 años de existencia, el programa tuvo conexión con casi 100 “espacios de capacitación y producción en el marco de la economía social solidaria” (empresas “sociales”, fábricas y empresas recuperadas, cooperativas, espacios de capacitación, etc.) y con algunas empresas de renombre como Coca-Cola, Medialunas del Abuelo, Data Factory, Tea Connection o la peluquería Leo Paparella, entre otras. Los rubros en los que se emplearon los jóvenes van desde lo administrativo y la atención al público, pasando por telemarketing, gastronomía, peluquerías, gráficas, medios audiovisuales, mecánica, chapa y pintura, diseño, hasta llegar a espacios de recreación, reparación de pc, textiles, oficios varios y servicios generales. Estos establecimientos no tienen un límite en la cantidad de chicos que pueden emplear. De esta forma, algunos lugares llegaron a incorporar hasta 37 jóvenes, como la empresa Scrap & Rezagos, dedicada a la reutilización y reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.1

A cambio de su labor, los “beneficiarios” del programa percibían, hacia el año 2010, una beca estímulo por el monto de $500 mensuales otorgada por la Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGNyA) a través de una tarjeta del Banco Ciudad. En otras palabras, lo que un part-time de McDonald’s podía embolsar en una semana, el Estado lo abonaba por el trabajo de un mes entero. A su vez, mientras los trabajadores del fast-food yanqui cuentan con obra social, jubilación y todos los beneficios de un empleo en blanco, la beca estatal conlleva solamente un seguro de accidentes de trabajo y vida contratado por la DGNyA. Sin embargo, según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre una muestra de 33 legajos relevados, en 25 casos (75,7% de la muestra) se detectó la ausencia de la constancia de seguro de responsabilidad civil contratado por la dirección.2 Por otra parte, la diferencia salarial entre ambos puestos de trabajo se ha incrementado en los últimos años como consecuencia del congelamiento del monto de la beca estatal.

En relación a la jornada laboral, formalmente estos jóvenes deben cumplir con un régimen de 16 horas semanales divididas en 4 días de trabajo por el transcurso de un año, con posibilidad de extenderse medio año más o incluso hasta dos años. Sin embargo, es usual que los establecimientos les ofrezcan a los adolescentes extender sus jornadas más allá de la establecida por el programa hasta alcanzar, en algunos casos, una carga horaria semanal equivalente a la de un trabajador full time. En todos los casos, estas horas extras se abonan por un valor irrisorio que varía según el rubro. Para el caso de aquellos cuya edad se ubica entre los 16 y los 18 años, esto se constituye en una violación de la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, que en su artículo 9º estipula un máximo de 36 horas semanales de trabajo. Esta situación irregular provocó que en el año 2012 el Gobierno de la Ciudad tuviera que intervenir el programa debido a que una de los menores, que se encontraba alojada en un hogar y bajo la responsabilidad de un tutor público, realizaba jornadas que excedían las establecidas. Por este motivo, se iniciaron una serie de denuncias que concluyeron con el pago de multas por parte de la DGNyA.

Como producto de las condiciones en las cuales se desenvuelve el Programa Reconstruyendo Lazos, no resulta extraño que en el transcurso de 2010 hayan desertado del programa unos 199 jóvenes sobre un total de 746 inscriptos, es decir, un 26,7%. En el gráfico se observan las distintas razones por las cuales los beneficiarios se dieron de baja en el transcurso de ese año. Entre ellas, encontramos también que tan sólo en tres casos los adolescentes fueron incorporados como personal efectivo por los lugares de trabajo, es decir solo un 0,4%. Esto estaría indicando que los empleadores sólo están dispuestos a aceptar jóvenes abaratados gracias al subsidio estatal.

Si bien el programa cuenta con un “equipo técnico” encargado de acompañar integralmente a los jóvenes durante el proceso laboral y monitorear sus condiciones de trabajo, las propias condiciones laborales de estos supervisores se constituyen en un impedimento para llevar a cabo sus tareas. Ya vimos la consecuencia de esto reflejada en la jornada que realizan algunos jóvenes del programa. Para efectuar un seguimiento básico de los chicos, como mínimo se debe armar una red de trabajo con los actores que los rodean, entrevistarlos al menos una vez por mes, visitar su espacio de trabajo y hacer una evaluación del mismo. Sin embargo, este seguimiento se reduce en muchos casos al control del presentismo.

Los supervisores del Lazos son en su mayoría estudiantes universitarios que el Gobierno contrata como monotributistas, lo cual se torna en una traba para la realización de denuncias contra los espacios convenientes por miedo al despido. A esto debe agregarse que en algunos casos la cantidad de chicos que cada supervisor tenía a su cargo excede con creces su capacidad de efectuar un trabajo acorde. De esta forma, el seguimiento de los adolescentes puede reducirse a un llamado telefónico. Como si esto fuera poco, los supervisores deben convivir con una falta absoluta de equipamiento elemental: para todo el programa, el Gobierno de la Ciudad dispuso de una oficinita con tan sólo un teléfono y una computadora. Nos comenta al respecto un trabajador:

“Para hacer los llamados, nos sentábamos todos alrededor de la mesa y hacíamos una ronda, pasándonos el teléfono uno al otro tras cada llamado. Y si a vos te daba ocupado tenías que esperar a que el teléfono diera toda la vuelta para volver a comunicarte. Imaginate qué control podés hacer así de tus 20 o 30 chicos.”

Por otra parte, estos trabajadores precarizados son obligados a “difundir los beneficios del programa” mediante el reparto de folletos proselitistas en escuelas de la ciudad y barrios de la zona sur. Esta práctica adquiere una impronta importante en tiempos cercanos a las elecciones. Lejos de ser una situación aislada, el macrismo utiliza a los empleados estatales para fines electorales en varios programas. A modo de ejemplo pueden mencionarse los “concientizadores ambientales”.

A esto debe agregarse la desprolijidad institucional. Al finalizar cada año, todos los legajos de los chicos iban a parar a la basura, lo que evidencia que este programa no fue controlado correctamente en ningún momento a lo largo de 10 años de existencia. Esta situación recién se modificó tras la “intervención” ya mencionada.

Córdoba

A través del Decreto Provincial Nº 1.759/99 se creó en Córdoba el “Programa Primer Paso” (PPP) con el objetivo de promover la inserción laboral de jóvenes entre 16 y 25 años, desempleados y sin experiencia previa relevante, mediante “procesos de capacitación y entrenamiento en ambientes de trabajo de empresas o empleadores privados”. Del mismo también participan personas con discapacidad o trasplantadas de hasta 49 años de edad inclusive, que se encuentren desocupadas y registren domicilio en la Provincia de Córdoba. Actualmente, el plan abarca a 15 mil jóvenes y su costo fiscal se elevó en 2014 a 270 millones de pesos. A su vez, hay 8.845 empresas que tienen al menos un beneficiario del PPP. En el último programa, el 49,8% de las empresas que recibieron PPP eran Pymes de uno a cinco empleados, mientras que el 88% de los empleadores tenía menos de 25 trabajadores.3

Los empleadores pueden incorporar jóvenes a través del PPP mediante dos modalidades. La primera, “Acciones de entrenamiento”, tiene una duración de un año y no le infringe costo alguno a la empresa, a la vez que no genera relación laboral alguna entre esta y los becarios, ni entre éstos y el Estado Provincial. A través de la misma, los jóvenes perciben un monto de $1.500 no remunerativo (es decir, no se percibe el derecho a aportes jubilatorios ni cargas sociales), por una carga de 20 horas semanales. Bajo esta modalidad sólo pueden participar empresas o empleadores con empleados registrados, a excepción de aquellos radicados en el Noroeste Cordobés para los cuales no rige la condición de tener a sus trabajadores registrados. Por otra parte, los empleadores pueden establecer una relación formal con los becarios a través de la segunda modalidad de “Contrato por Tiempo Indeterminado”. En este caso, las patronales pueden descontar del sueldo de bolsillo del obrero el beneficio que este recibe del programa, siendo la carga horaria la acorde al contrato establecido con la empresa y no menor a 20 horas semanales, mientras que los aportes al sistema provisional, obra social y seguro por riesgo de trabajo corren por cuenta del empleador. De la totalidad de jóvenes bajo la égida del programa, en el año 2012 un 11,5% se encontraba bajo esta modalidad. En el cuadro se registra la relación entre la cantidad de empleos registrados y la cantidad de becarios del programa establecida para distintos establecimientos.

En noviembre de este año, la legislatura provincial le otorgó a este proyecto de emergencia el carácter de ley, todo un síntoma de lo que deja la “década precarizada”. Al mismo tiempo, hay que destacar las denuncias que marcan el reemplazo de trabajadores despedidos por becarios del gobierno. A modo de ejemplo, el ex Secretario General de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC), José Luis Oberto, denunció en 2012 que en distintos momentos se detectaron despidos en supermercados y en empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Córdoba en favor de la incorporación de jóvenes del PPP. En suma, estos últimos no sólo debían realizar las mismas tareas que un trabajador estable, sino que efectuaban jornadas de 8 horas y también trabajaban los fines de semana reemplazando al personal franquero, algo prohibido en los decretos que regulaban el plan. A su vez, es importante remarcar que mientras un empleado de comercio tenía en ese año un salario de alrededor de $2.000 por medio día de trabajo, los jóvenes del PPP percibían una suma de $1.000.4

Buenos Aires

El “Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión” fue creado en el año 2009 por la cartera bonaerense de Desarrollo Social para “apoyar a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad en el desarrollo de sus capacidades, conocimiento y habilidades y el fortalecimiento de sus vínculos sociales” y su “integración al mundo de trabajo y la educación”. Los “enviones” son sedes cedidas por cada municipio que proporcionan apoyo escolar, talleres, cursos de capacitación y prácticas laborales. Al igual que en el caso del FinEs, las sedes funcionan en clubes barriales, sociedades de fomento, centros comunales, delegaciones municipales, bibliotecas, etc., siendo en algunos casos locales con filiación partidaria abierta. Actualmente, se brindan cerca de 1.130 talleres en 284 sedes que el programa posee en toda la provincia, de los cuales participan alrededor de 40.000 chicos, quienes reciben una beca mensual de $350. La inversión anual del Programa fue de 252 millones de pesos en 2013 y de cerca de 284 para 2014: casi su totalidad se distribuye en concepto de transferencias a los municipios, siendo esto un motivo de disputa política en la provincia. Por ejemplo, cuando Giustozzi, intendente de Almirante Brown, abandona el kirchnerismo, el programa comienza a recibir una menor partida presupuestaria para el distrito, lo que redundó en un empeoramiento notable del mismo. A su vez, junto con el cambio político en el municipio sobrevinieron las persecuciones políticas y los despidos contra los trabajadores del programa. Esta situación, de la mano de los contratos precarios que englobaron siempre a los trabajadores del Envión -casi todos ellos monotributistas que sufren atrasos en las pagas-, se ve reflejada en algunas de las expresiones recabadas en las entrevistas, tales como: “¿Venís al plenario de Giustozzi no? Porque el mes que viene tenés que renovar el contrato…”. Por su parte, se realizaron “excursiones” de los chicos y trabajadores a un acto de Cristina en Tecnópolis o actos de distintos barones del conurbano.

El programa se divide en varios ejes, entre los cuales se encuentran los de participación comunitaria, trabajo, salud y educación. Su implementación se encuentra bajo la discreción del coordinador de cada sede y son impulsados por un equipo técnico que no siempre tiene una calificación adecuada, siendo esta una salida laboral para muchos estudiantes universitarios. El equipo de trabajo del programa lo completan los talleristas a cargo de actividades deportivas o recreativas como murga y pintura, entre otras. Los logros del programa en torno a cada uno de los ejes resultan dispares, siendo el del trabajo el menos desarrollado: sólo una minoría de los beneficiarios ha alcanzado un empleo o ha transitado por su sistema de pasantías. Al respecto puede ubicarse a la figura del tutor, jóvenes de entre 18 y 25 años que en muchos casos fueron beneficiarios del programa, aunque en otros tantos simplemente se trata de acomodados por un puntero del barrio. Es importante remarcar que los 3.500 tutores que aproximadamente trabajan en Envión no son reconocidos como trabajadores sino que perciben, a cambio de su labor, una “beca” por un monto de $1.000 a través de una tarjeta social. A su vez, el hecho de que sea el mismo programa quien deba emplear a los jóvenes luego de haberlo transitado es una demostración del fracaso rotundo en la posibilidad de abrirles un camino laboral. Resulta interesante contrastar esta cantidad de tutores con los 3.169 chicos que consiguieron un puesto laboral a partir de su participación en Envión, de los cuales 2.358 se emplearon en el sector privado y 911 en el sector estatal, mientras que 174 habrían comenzado “su propio negocio”. De los que consiguieron trabajo, el 38% se insertó en sectores vinculados a las industrias alimenticias (panificadoras, distribución de alimentos, supermercados, casas de comidas rápidas), 22% en áreas de servicios (construcción, logística, seguridad, consultoras, expendio de combustibles), 17% en indumentaria, 16% en electrónica y 7% en áreas vinculadas al entretenimiento. 5

A pesar de los objetivos “ideales” del programa ligados a la inserción de los jóvenes en algún tipo de institución que les permita desarrollarse laboralmente, se observa que en muchos casos su implementación real se acerca más bien a la contención social. Nos dice uno de los trabajadores entrevistados: “El programa termina funcionando más bien como un comedor que un espacio donde se desarrollan actividades, debido a que muchos chicos no van a la escuela y el comedor del barrio está superpoblado. Y la comida no es la mejor: viandas de sanguche o una milanesa en estado dudoso. Y nosotros cumplimos muchos roles por fuera de la parte “técnica”, cocinamos, les llevamos ropa a la casa, los acompañamos a la comisaría o el centro de salud ante algún inconveniente, hacemos apoyo escolar. Inclusive, para efectuar nuestra labor contábamos con muy pocos recursos. Por ejemplo, si necesitábamos preservativos para hacer una campaña de salud no había, parches para el taller de murga tampoco, y los teníamos que conseguir nosotros”.

Conclusiones

Como se ha visto, la proliferación de programas de inserción laboral para las crecientes masas de jóvenes desocupados, lejos de elevar la condición social de los mismos, funciona como un paliativo de contención para una población a la cual se reproduce como sobrante para el capital. Estos jóvenes no tienen aquí una salida real a su deplorable situación. Por el contrario, el Estado facilita la mayor explotación de estos jóvenes por parte de pequeños capitales. Además, estas políticas encuentran un límite en la posibilidad de ampliar el gasto estatal. En este sentido, el avance de la crisis actual se expresa en el recorte salarial: de los tres programas observados, dos mantienen congelados los montos de sus becas hace casi un lustro, mientras que el PPP no actualizó su paga en relación a 2013.

El Gobierno nacional no se ha quedado atrás en la carrera por ofrecer esta fuerza de trabajo abaratada. En agosto de este año, lanzó el Pro.EmpleAr, que financia a 374.000 empresas y abarca a 815.000 trabajadores mediante una partida presupuestaria de $3.034.000.000. Por un lado, se subsidia parte del salario del trabajador con hasta $2.000 y por un plazo máximo de 12 meses mediante el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que tendrá una ampliación para el sector de las PyMEs. En segundo lugar, se encuentran los subsidios provenientes del Plan Progresar, que podrán elevarse de $600 hasta $2.000 por el lapso de 6 meses, para jóvenes de entre 18 y 24 años que retomen o comiencen sus estudios. A este mismo beneficio, de cobrar $2.000 pesos por mes durante medio año y hacer un entrenamiento en empresas, podrán acceder los adultos desocupados que hayan egresado de los Cursos de Formación Profesional y quienes cobran seguro de desempleo. De esta manera, en caso de que, luego de los seis meses de entrenamiento, los empresarios decidan contratar a los jóvenes del Plan Progresar, o a los adultos desocupados, recibirán una suma de $2.700 durante un año, para costear parte del salario del nuevo empleado.

La expansión de este tipo de planes es la contracara de un incremento de la tasa de explotación, verdadera fuente de compensación para la acumulación de los ineficientes capitales locales. A través de estos programas, el Estado subsidia el salario (miserable) que debieran abonar los pequeños capitales individuales. A su vez, aquellos que busca “incluir” reciben un salario que apenas les garantiza su subsistencia y no asegura un empleo estable ni un futuro laboral prometedor.

Desde mediados de la década del setenta, el capitalismo argentino tiene como uno de sus pilares de sustentación la generación de empleo precario. Como hemos señalado en otras ediciones de El Aromo, los altos niveles de pobreza no son “lo que falta” de la “década ganada”, sino una variable sobre lo que se ha construido “el modelo”.6 Estas iniciativas, lejos de buscar revertir esta situación, la consolidan. Pero además, detrás de estos “programas de inclusión social” y “políticas de responsabilidad social empresaria”, se esconde una enconada disputa por los crecientes recursos destinados a la asistencia, verdaderas cajas para el desarrollo de entramados punteriles.

Gra_Vi_as

Notas

1 Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, proyecto Nº 9.11.02.

2 Ídem.

3 http://goo.gl/HYqY0f.

4 http://goo.gl/8DYkzG.

5 http://goo.gl/Wdoz18.

6 Seiffer, Tamara: “El plan PROGRESAR y los límites del capitalismo argentino”, en El Aromo, n° 77, marzo-abril de 2014.

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