Infancia perdida – Maximiliano Mujica

pobreza-iInfancia perdida. Las condiciones de asistencia y de trabajo en un centro para niños

El macrismo ha descentralizado parte de su política asistencial en ONG’s desde su asunción en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007. A la miseria de la asistencia se suma la de los trabajadores que la ejecutan. Ahora pretende proyectar su política asistencial para niños a nivel nacional.

Maximiliano Mujica
Oficina de Estadísticas Sociales-CEICS


El macrismo comenzó sus primeros ensayos descentralizadores de servicios de asistencia del Estado desde su asunción en la ciudad de Buenos Aires durante el 2007. Uno de ellos fue el Programa de Centros de Primera Infancia (CPI), creado en 2009, cuyo objetivo pregonaba “garantizar el desarrollo sustentable de niños y niñas de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”. Pero, en lugar de ser garantizado por el Gobierno de la Ciudad, la resolución 407/2013 del Ministerio de Desarrollo Social (a cargo de Carolina Stanley, hoy titular de esa cartera a nivel nacional) encomendó la ejecución del Programa a “Organizaciones de la Sociedad Civil”, bajo control permanente y supervisión del GCBA. Además, se autorizó la transferencia de subsidios a estas ONG’s para la adecuación edilicia, equipamiento y mantenimiento. Los CPI son uno de los brazos más importantes del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de instituciones encargadas de asistir durante una jornada de 8 horas a niños de hasta 4 años, con el objetivo de desarrollar una estimulación temprana, actividades lúdico-recreativas, el impulso de la psicomotricidad fina y una alimentación adecuada. Actualmente, en la ciudad porteña se encuentran distribuidos 62 CPI (principalmente ubicados en la zona sur), que reciben gran parte de la demanda de las familias obreras que trabajan todo el día y que no pueden ocuparse de sus hijos. En este artículo describimos la situación particular de uno de esos centros, ubicado en el barrio de Floresta, cuyas características muestran no solo la miseria de la asistencia social sino también las pésimas condiciones de trabajo de los trabajadores que ejecutan el programa de asistencia.

Como animales

Este centro lleva el nombre de una ONG privada originada en Brasil: “Legión de La Buena Voluntad”. Esto facilita el lavado de manos del Gobierno de la Ciudad ya que las tareas que ahí se desarrollan son responsabilidad de la ONG. Puertas para afuera, la institución aparenta atravesar una buena situación. El prestigio que busca ganar no se ve en peligro, mientras no trasciendan sus problemas. Pero en su interior, la lista de carencias es interminable, de las que solo mencionamos algunas.

El CPI posee una sala de niños de 1 año ubicada en un primer piso con tres escaleras y un ascensor que pocas veces funciona. En caso de evacuación, ¿cómo se haría para bajar a 15 bebés siendo dos personas las encargadas de cuidarlos? En el parque del CPI hay una pared que está a punto de derrumbarse, peligrando no solo la integridad física de los niños, sino de los trabajadores que allí concurren. No hay ventilación adecuada en varias salas y en cuatro de ellas no hay aire acondicionado ni ventiladores. Los baños se tapan constantemente, porque no están preparados para evacuar el uso de tantas personas que los utilizan. Las puertas tipo rejas están rotas y no responden a la seguridad necesaria para contener a los niños.

Si bien no es un jardín de infantes, en el CPI se realizan muchas actividades propias de un jardín. La institución posee una rutina que consta de un desayuno, un almuerzo y una merienda. Cada sala alberga a 28 niños, en las cuales siempre hay una docente acompañada de un auxiliar relacionado con la educación o el trabajo social, pero sin tener título habilitante. Por eso pueden encontrarse estudiantes a mitad de carrera o cercanos a recibirse, pero sin una formación sobre el cuidado de niños. Además de la falta de preparación otra deficiencia es la carencia de personal. La reglamentación estipula un máximo de 15 niños por sala con un personal a cargo. En esta ONG, dos trabajadores sin la suficiente formación se tienen que encargar en una misma sala que alberga a casi 30 niños, lo que provoca malestar e incomodidad en ellos por el ruido y el hacinamiento.

Introduciéndonos en el tema de la alimentación, la comida deja mucho que desear. El desayuno consta de un vaso de leche con galletitas de agua o rellenas de chocolate pero de pésima calidad, que no dan garantías de haber sido sometidas a los controles que rigen para las primeras marcas. El almuerzo no cambia demasiado, siendo fideos siempre pasados en aceite, carnes duras, pollo con gusto raro que más de una vez produjo gastroenteritis en los niños.

Por último, la población que acude al centro en un 90% proviene de familias inmigrantes (peruanos y bolivianos en su mayoría). Los obreros que llevan a sus hijos al CPI viven en condiciones habitacionales paupérrimas. Ciertas familias de hasta cinco miembros alquilan habitaciones en las que sólo se podría albergar a una sola persona, ambientes que no tienen ventilación alguna, con baños compartidos y, en ciertos casos sin agua caliente. Los principales ingresos de esas familias provienen de la venta de ropa en la vía pública y el empleo en talleres textiles.

La otra mejilla

Por el lado del personal, la situación laboral es muy precaria. En total trabajan 20 personas, todas ellas contratadas, de las cuales dos son de limpieza, dos cocineras, solo cinco maestras jardineras y el resto poseedores de otros títulos que nada tienen que ver con educar a niños de primera infancia. En su recibo de sueldo figura que el empleador es la Legión de la Buena Voluntad, pero se trata de una tercerización, ya que en realidad son trabajadores estatales que el Gobierno precariza financiando a esta ONG. El salario es bajísimo y se ubica por debajo de la canasta familiar. Si bien los contratados con título reciben un diferencial, éste no alcanza para llegar a fin de mes, considerando que la mayoría de quienes allí se emplean son jefes de familia.

Los auxiliares trabajan nueve horas de lunes a viernes. No obstante, su jornada se ve extendida puesto que en ocasiones se le demandan la elaboración de actividades e informes por sala y de cada niño (que luego no son entregados a sus padres), tarea que desarrollan en sus casas. A su vez, el personal no sólo recibe un salario miserable, sino que además es obligado a rezar una oración de gracias a Jesús al comienzo de cada almuerzo y en las reuniones mensuales que lleva a cabo, avasallando las creencias y la ideología de cada trabajador.

El personal contratado se encuentra bajo convenio de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), con el cual ningún trabajador tiene relación, ya que nunca apareció un representante sindical. Cabe destacar que las funciones del Asistente Social se encuentran reguladas por el Colegio de Trabajadores Sociales, el cual posee una ley federal y una ley provincial, que regulan su correcta funcionalidad y servicio ético. Según sus enunciados, la reglamentación establece que es un deber ético y ciudadano del trabajador social denunciar las irregularidades que se cometan institucionalmente y que pongan en peligro o vulneren aún más derechos sociales. Pero obviamente esto es impracticable bajo las condiciones laborales de un CPI como el que estamos describiendo, donde los trabajadores no pueden hacer una denuncia sin poner en peligro su puesto de trabajo.

Una ayuda… para el capital

En resumen el Gobierno de la Ciudad, con el discurso de la eficiencia y la eficacia que otorgan la descentralización, terceriza sus funciones y ofrece un servicio paupérrimo para las fracciones más empobrecidas de la clase obrera, aunque beneficioso para el capital. Bajo las condiciones de la asistencia social que ofrece el Estado se mantiene (siempre con limitaciones) la reproducción de la fuerza de trabajo. Incluso, el macrismo ya ha proyectado en el presupuesto 2017 la concreción de Centros de Primera Infancia en todo el país. Por su parte, las ONG’s lavan su conciencia haciendo caridad con fondos públicos y disfrazando sus fraudes laborales de tareas solidarias.

Los trabajadores de los CPI, además de estar en condiciones muy precarias, se ven desbordados en sus tareas y cargan con el peso de uno de los problemas más sensibles de las familias obreras: la crianza de sus hijos. Todo esto en instalaciones que son un Cromañón latente. Los trabajadores sociales debemos organizarnos para denunciar no sólo nuestra situación laboral, sino el verdadero carácter de estos programas asistenciales. Es decir, la manutención al límite de la reproducción biológica de los hijos de las fracciones de la clase obrera más pobre. No podemos simplemente ser agentes pasivos de los programas de miseria que impulsa el Estado burgués. Debemos aunar esfuerzos y denunciar estas políticas truchas, en conjunto con otros gremios, pero también, con los obreros beneficiarios de estas políticas, los desocupados y los precarizados. Sólo organizando la sociedad de otra manera podemos conquistar soluciones reales a los problemas del conjunto de la clase obrera.

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