Hermanos macristas – Roberto Muñoz

Imagen8-MuñozIndígenasSobre la creación del Consejo Consultivo de los Pueblos Originarios y los realineamientos de las organizaciones indígenas.

Recientemente, el Gobierno nacional creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, herramienta que le permite el desmantelamiento de las dependencias creadas durante el kirchnerismo y el desplazamiento de funcionarios indígenas por dirigentes afines.

 

Roberto Muñoz

TES-CEICS


A mediados de mayo, el Gobierno nacional creó por decreto 672/2016 el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la Argentina. El mismo fue el resultado de las negociaciones entre el macrismo y los dirigentes indígenas que se habían mantenido opositores al kirchnerismo durante todos estos años. De esta manera, se intenta desmantelar parte de las estructuras estatales diseñadas durante la década pasada, habilitando el recambio de los agentes indígenas devenidos en funcionarios durante el gobierno anterior.

Veamos entonces de qué se trata este Consejo y cómo se van realineando las diferentes entidades que se disputan la representación del sector frente al gobierno de Cambiemos.

La estatización de la cuestión indígena

En notas anteriores señalábamos cómo el kirchnerismo había logrado cooptar al grueso de las organizaciones indigenistas, transformándolas en parte de su clientela política, de la misma manera que lo supo hacer con el movimiento piquetero1. Eso implicó no solo su regimentación a través de planes sociales, sino también la inserción de algunos de sus dirigentes en el entramado de instituciones estatales creadas ad hoc. Así, varios referentes indígenas pasaron a ocupar cargos de gestión en áreas dedicadas a la temática: la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Afirmación del Derecho Indígena en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y, sobre el final del segundo mandato de Cristina, la Dirección de Pueblos Originarios en el Ministerio de Agroindustria. Todas dependencias sin ningún poder real de intervención, que le aseguraban una base adicta al kirchnerismo. Fueron principalmente las organizaciones agrupadas en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ETNOPO) las que sirvieron de cantera para reclutar funcionarios. Ejemplo paradigmático de esto fue Roberto Ñancucheo, líder de la Confederación Mapuche de Neuquén2, que estuvo durante cinco años a cargo de la dependencia creada en el Ministerio de Medio Ambiente. Desde allí, se convirtió en el vocero indígena oficial, para contrarrestar la figura mediática de Félix Díaz, minimizando los casos recurrentes de muertes por desnutrición en gran parte del norte argentino. Tampoco denunció la escalada represiva en diferentes provincias, que implicó la muerte de varios referentes de organizaciones indígenas no alineadas con el gobierno anterior. Todavía más, avaló la brutal represión desatada contra los manifestantes en la legislatura neuquina al momento de aprobarse el acuerdo YPF-Chevron, muchos de los cuales eran miembros de la Confederación Mapuche.

Con los mismos métodos…

Con la llegada de Cambiemos al poder, Macri hizo lo que no había hecho Cristina hasta entonces: recibió a los referentes indígenas –con Félix Díaz a la cabeza- que venían sosteniendo un acampe en el centro de la Ciudad de Buenos Aires de más de 10 meses. Así, logró el levantamiento inmediato de la medida. Con la apertura de un espacio de diálogo, el primer gesto consistió en el traspaso del INAI de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social al de Justicia y Derechos Humanos, algo que venían reclamando estas organizaciones desde hacía tiempo. Además, se lo tentó a Félix Díaz para asumir la presidencia de dicho Instituto, aunque finalmente no aceptó. Como contrapuesta, en febrero de este año se realizó una Asamblea de Pueblos Originarios, en Burzaco, provincia de Buenos Aires. Allí, se constituyó una Mesa de Trabajo y Diálogo Político, conformada por el arco de organizaciones que se aglutinan detrás de la figura de Díaz. La misma –reclamaban- debía institucionalizarse de manera inmediata y tener carácter resolutivo y vinculante con el Estado Nacional. La toma de las instalaciones del INAI en la ex Esma durante marzo por estas mismas organizaciones se explica en el sentido de acelerar la implementación de estas propuestas. De alguna manera, la Mesa vendría a reemplazar en sus tareas al INAI, desde el momento que toda política pública hacia los indígenas tendría que ser tratada en este nuevo espacio. A su vez, se exigía la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas. El gobierno, por su parte, reconoció enseguida a esta instancia como interlocutor válido, dejando fuera a todo el entramado de entidades que respondían al kirchnerismo.

Producto de este proceso, el 12 de mayo se publica el decreto presidencial que establece la creación del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la Argentina. Se trata de un cuerpo colegiado que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y estará conformado por “los representantes que los Pueblos, Comunidades y/u Organizaciones de Pueblos Indígenas asignen a tales fines, respetando el auto-reconocimiento y las formas, usos y costumbres tradicionales de organización de cada pueblo y comunidad”, y por la Mesa de Trabajo y Diálogo Político surgida de la Asamblea de febrero. De esta manera, esta nueva institución viene a reorganizar el entramado estatal abocado a la cuestión. Al centralizar las tareas en este espacio, se habilita el desmantelamiento de las diferentes dependencias creadas durante el kirchnerismo, y consiguientemente, el desplazamiento de funcionarios indígenas por dirigentes afines. Así, siguiendo los mismos métodos kirchneristas, el gobierno logra desmovilizar a las organizaciones más activas y avanzar en su cooptación.

… y la misma política

Esta reorganización de las áreas estatales que se ocupan de la cuestión indígena, sin embargo, no implica un cambio de política para el sector. En efecto, el nuevo Consejo se ocuparía de llevar adelante las mismas tareas diagramadas por el gobierno anterior. El decreto que lo constituye establece que el mismo tendrá por funciones: a) reglamentar el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT; b) Fortalecer la identidad sociocultural y el autogobierno; c) Impulsar el relevamiento y ordenamiento del territorio para la efectiva posesión de las tierras por las comunidades; d) Proponer al Estado Nacional la implementación de  programas, planes y proyectos para la población indígena; e) Promover la redefinición de las diferentes áreas relativas a políticas hacia Pueblos Indígenas en los diferentes Ministerios y organismos públicos del Estado Nacional; f) Impulsar medidas para la protección, defensa y desarrollo de los recursos naturales, genéticos y de biodiversidad de los territorios, los conocimientos y saberes ancestrales.3

Para Félix Díaz y su grupo “esta es una herramienta importante para exigir al Estado que cumpla con su obligación de garantizar la aplicación de los derechos adquiridos por los Pueblos Indígenas, como la solución de cuestiones jurídicas en los territorios, la mejora en la atención de la salud y la educación, la posibilidad que los indígenas puedan conducir sus instituciones”4. Por su parte, los que quedaron afuera de las negociaciones, el ya mencionado ETNOPO y el Parlamento de Naciones Originarias de Argentina, rechazaron el decreto, pero no por las funciones fijadas, sino precisamente por reproducir una lógica que muchos de ellos habían protagonizado hasta hace poco: crear “una burocracia indígena y desvirtuar los objetivos de las organizaciones y de sus autoridades, que es depender de sus instituciones propias y no de un gobierno momentáneo, convirtiendo a los dirigentes más débiles ideológicamente, que terminan defendiendo una fuente laboral personal”.5 

En definitiva, el macrismo no hace más que continuar con la misma política estatal, con un personal político afín y haciendo propias las consignas más caras de la ideología indigenista. Es decir, se refuerza la idea de los “pueblos originarios” como sociedades no integradas a la Argentina. El problema no radicaría en la condición de población sobrante para el capital de esta fracción de la clase obrera, sino en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de sus supuestas diferencias culturales, confinándolos en espacios de relativa autonomía para que puedan desarrollar sus “prácticas ancestrales” de reproducción. Bajo el artilugio del “respeto intercultural” puede desentenderse de la vida de los pobladores de estos asentamientos rurales, a la vez que consolida la fractura de esta fracción con el resto de su clase, de la mano de dirigentes indígenas que actúan como agentes estatales de contención.

 

NOTAS

1Véase Muñoz, Roberto: “¿Cómo se mide una entelequia? Acerca de las fuentes estadísticas oficiales para delimitar a la población indígena en Argentina”, en El Aromo n° 87.

2Actualmente esta organización se fracturó, a partir del rechazo de parte de sus miembros al liderazgo de Ñancucheo.

3Decreto 672/2016

4http://goo.gl/CEnv12

5http://goo.gl/fblDjK

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